Toda guerrilla nace de una misma negativa, la de resolver por ley lo que el campo reclama desde hace generaciones. Pero la negativa produce gramáticas distintas. El ELN heredó del cura su disciplina de catecismo armado. El M-19 heredó del fraude electoral su vocación de espectáculo. Dos respuestas a la misma pregunta sin responder, dos destinos que el tiempo terminó de separar.
I. Simacota, o la guerra como liturgia
En 1964, mientras en Marquetalia se consolidaba la resistencia campesina que un año después tomaría el nombre de FARC, otro grupo se organizaba con una lógica distinta en las montañas de Santander. Los hermanos Vásquez Castaño, Fabio, Manuel y Antonio, habían pasado por Cuba en plena efervescencia revolucionaria y volvieron convencidos de que Colombia necesitaba su propio foco guerrillero, uno que combinara la disciplina militar con un perfil ideológico más cristiano que el guevarismo ortodoxo. No estaban solos en esa convicción, en esos mismos años brotaban focos similares en Venezuela, Guatemala y Perú, una generación continental que leyó en la Revolución Cubana la prueba de que el poder se tomaba con fusiles y no con boletines electorales, y que en Colombia encontró además un terreno abonado por la persistencia de la violencia bipartidista de las décadas anteriores. A su alrededor se sumaron estudiantes enviados por el Partido Comunista, jóvenes de las Juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal y militantes del Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, una alianza generacional que reflejaba el desencanto de una clase media universitaria con el bipartidismo del Frente Nacional, el pacto entre liberales y conservadores que desde 1958 se repartía el poder excluyendo cualquier tercera vía electoral.
La marcha hacia Simacota había comenzado en diciembre de 1964, bajo los alias de Andrés, Alberto, Wilson, Camilito, Ricardo, Libardo, Alí y Mariela, esta última nombre de guerra de Paula González Rojas, conocida como La Mona, primera mujer vinculada a la organización. El 7 de enero de 1965 el grupo tomó el municipio, asaltó la sucursal de la Caja Agraria y leyó en voz alta el documento que dio nombre público al Ejército de Liberación Nacional. El comandante de la toma escogió Simacota por su carga simbólica, allí se habían alzado los Comuneros contra la corona española en 1781, una genealogía rebelde que la organización reclamó para sí desde el primer comunicado. En el cruce de disparos murió Pedro Gordillo, alias Parmenio, ascendido póstumamente a capitán y convertido en el primer mártir de una lista que con los años se volvería interminable.
Lo que distinguió al ELN desde el origen no fue la táctica militar, modesta y aprendida de manuales guevaristas, sino la calidad de sus cuadros fundadores. Meses después de Simacota se incorporó Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y capellán de la Universidad Nacional, una de las figuras intelectuales más influyentes de su generación. Torres había agotado antes la vía del Frente Unido, un movimiento de masas que llenó plazas en todo el país y que se disolvió entre divergencias internas y represión policial. Convencido de que el país tenía cerrados los caminos legales, cambió la sotana por el fusil. Murió en su primer combate, el 15 de febrero de 1966, cerca de San Vicente de Chucurí. La organización convirtió esa muerte temprana en mito fundacional, y el mito resultó más duradero que el hombre.
El Manifiesto de Simacota proclamó como objetivos la toma del poder para un Estado socialista, la reforma agraria, un plan de vivienda y un sistema popular de crédito, el mismo repertorio de reclamos que el país llevaba décadas postergando por vía parlamentaria.
II. El cura y el oleoducto
El ELN escogió su geografía con sentido simbólico y material a la vez. Santander, Arauca y el sur de Bolívar no eran solo corredores de montaña, eran también el territorio de la incipiente industria petrolera colombiana, con Barrancabermeja como capital obrera y refinera. Atacar un oleoducto tenía el mismo valor que atacar un cuartel, golpeaba al Estado en su renta y a la multinacional en su infraestructura, dos enemigos que la organización trataba como uno solo. Esa elección territorial marcó una diferencia de fondo con las FARC, cuya base era agraria y campesina, mientras el ELN combinó campesinado con obrero petrolero y estudiante universitario, una alianza de clases que el lenguaje de la teología de la liberación, la corriente católica latinoamericana que leía la pobreza como pecado estructural y la liberación como tarea histórica, supo articular mejor que cualquier panfleto ortodoxo.
La muerte de Camilo Torres no cerró el capítulo religioso de la organización, lo abrió. Años después se incorporaron dos sacerdotes españoles, Manuel Pérez Martínez, conocido como el cura Pérez, y Domingo Laín, ambos formados en la misma lectura combativa del Evangelio, y el primero llegó a ocupar el mando máximo de la organización durante casi dos décadas, una anomalía sin equivalente en ninguna otra guerrilla del continente, un sacerdote al frente de un ejército. Esa continuidad clerical produjo una cultura interna que merece el nombre de litúrgica, asambleas prolongadas donde las decisiones se tomaban por consenso colectivo y no por jerarquía vertical, escuelas de formación de cuadros, comunicados que parecían homilías, una disciplina de conversión más que de obediencia militar.
Esa misma estructura explica su persistencia y su fragilidad. Persistencia, porque una organización que se piensa a sí misma como comunidad de fe resiste mejor los golpes militares que una que se piensa como ejército convencional. Fragilidad, porque el mando federado en frentes regionales con alto grado de autonomía produjo una y otra vez la misma escena, negociaciones nacionales que un frente regional desconoce con un atentado. El patrón se repitió bajo gobiernos de signo opuesto, los diálogos de Caracas y Tlaxcala en los noventa, el intento fallido bajo Pastrana, la ruptura definitiva con Duque en 2019 tras el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía, y la mesa abierta por Petro en 2022 que terminó declarada rota a mediados de 2025 sin que el gobierno y la guerrilla coincidieran siquiera en quién incumplió primero. El financiamiento de la organización, que mezcló cobros a empresas con secuestros y que la presente serie examinará con detalle en su próximo episodio, terminó de erosionar la legitimidad moral que la sotana de Camilo Torres le había prestado en sus primeros años.
III. El fraude del 19 de abril
Mientras el ELN crecía en el monte, otra herida se abría en las ciudades. El 19 de abril de 1970 Colombia votó en unas elecciones presidenciales que enfrentaron al conservador Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional, con el general Gustavo Rojas Pinilla, dictador militar entre 1953 y 1957 reconvertido en líder populista de la Alianza Nacional Popular, una coalición heterodoxa de liberales, conservadores disidentes y militantes de izquierda que apelaba directamente a los sectores populares que el bipartidismo había dejado sin representación. El conteo se hizo con una tecnología de transmisión precaria, los resultados regionales tardaron en llegar a Bogotá, y cuando Pastrana fue declarado ganador con un margen estrecho, buena parte del país anapista, incluida la hija del general, María Eugenia Rojas, quedó convencida de que le habían robado la presidencia. El viejo militar, derrocado en 1957 por un acuerdo de las élites bipartidistas que temían su deriva populista, había vuelto a la arena electoral como tribuno de los barrios populares y del campesinado migrante que la urbanización acelerada de los sesenta había expulsado del campo sin ofrecerle nada en la ciudad. La Anapo creció con el símbolo de dos triángulos enfrentados, una geometría que el M-19 heredaría como logotipo propio, y con un discurso que mezclaba nacionalismo católico, nostalgia autoritaria y promesas de vivienda y empleo que el bipartidismo nunca había cumplido.
De ese fraude, nunca probado ante un tribunal pero instalado como certeza popular, nació el nombre de un movimiento. Sus fundadores venían de tres canteras distintas, el ala juvenil de la Anapo encabezada por Carlos Toledo Plata, exparlamentario conservador devenido insurgente, el grupo sacerdotal de Golconda, una corriente colombiana de teología de la liberación distinta y más urbana que la que había marcado al ELN, y un núcleo de exmilitantes de las FARC y el Partido Comunista que buscaban una guerrilla menos rural y más mediática, entre ellos Jaime Bateman Cayón, comandante carismático de los primeros años, Iván Marino Ospina y Andrés Almarales. Entre diciembre de 1973 y enero de 1974 apareció una serie de avisos publicitarios que anunciaban la llegada de algo llamado M-19. El 17 de enero de 1974 el grupo robó la espada de Simón Bolívar del Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, su primera acción y también su declaración de principios, un gesto que convertía el símbolo más sagrado del nacionalismo colombiano en arma de los pobres contra los mismos que decían venerarlo. El robo, lejos de provocar rechazo, generó filas de jóvenes que buscaban inscribirse en un movimiento del que apenas se conocían las siglas, el grupo pasó de treinta militantes a cerca de doscientos en pocas semanas. La espada permaneció diecisiete años en manos de la organización, primero como trofeo itinerante y después como rehén simbólico de un conflicto que la propia entrega de armas en 1990 terminaría por devolver al Estado. El M-19 nació nacionalista, bolivariano, antiimperialista, urbano hasta la médula, una organización que entendió la política como dramaturgia antes que como doctrina.
IV. El teatro de la ciudad
Donde el ELN producía comunicados con cadencia de sermón, el M-19 producía operaciones con cadencia de guion cinematográfico. El primero de enero de 1979 un comando se robó cerca de cinco mil armas del depósito militar del Cantón Norte en Bogotá, cavando un túnel bajo las narices del Ejército, una humillación que el alto mando nunca perdonó. En 1980 otro comando tomó la embajada de República Dominicana durante una recepción diplomática y mantuvo como rehenes a varios embajadores, entre ellos el de Estados Unidos, durante dos meses, una toma que terminó sin un solo disparo y que convirtió a la organización en protagonista de la curiosidad nacional más que del miedo nacional. Pero el teatro tenía también su costado sombrío. En 1976 un tribunal interno de la organización condenó y ejecutó al dirigente sindical José Raquel Mercado bajo cargos de traición, un episodio que adelantó la dimensión más oscura de la justicia revolucionaria que la organización decía representar.
Entre diciembre de 1984 y enero de 1985 el M-19, bajo el mando de Carlos Pizarro, resistió en Corinto, Cauca, el ataque del Ejército en lo que se conoció como la batalla de Yarumales, el enfrentamiento más prolongado registrado en territorio colombiano desde el siglo diecinueve. En 1988 otro comando secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, liberado semanas después, un episodio que abrió canales informales de diálogo con sectores del establishment. Esa fórmula, violencia espectacular combinada con apertura política intermitente, fue la que mejor describió al M-19 durante una década, y fue también la que el 6 de noviembre de 1985 dejó de funcionar.
Ese día un comando de 35 guerrilleros, bajo el mando de Andrés Almarales y Luis Otero Cifuentes, tomó por las armas el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. La organización buscaba un juicio político al gobierno de Belisario Betancur por el incumplimiento de una tregua previa. Lo que encontró fue la decisión del Ejército de retomar el edificio por la fuerza, sin negociación efectiva, con tanques entrando por la puerta principal mientras el Palacio ardía. Entre los muertos estuvo el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, y el incendio destruyó expedientes judiciales completos junto con la vida de magistrados, guerrilleros y civiles.
Del asalto al Palacio de Justicia resultaron once personas desaparecidas, entre ellas trabajadores de la cafetería del edificio que ni siquiera pertenecían a la organización guerrillera, una cifra que la justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han confirmado en procesos que continúan abiertos.
V. Dos destinos
El Palacio de Justicia marcó para el M-19 el final de su teatro impune. La organización perdió de un golpe el capital simbólico acumulado en una década, fue replegada hacia el monte, y en 1986 intentó una ofensiva militar de mayor escala en el Cauca que tampoco rindió los frutos esperados. Lo que vino después fue, paradójicamente, su decisión más lúcida. Bajo el mando de Carlos Pizarro León-Gómez, el M-19 negoció con el gobierno de Virgilio Barco y entregó las armas el 8 de marzo de 1990, transformándose en el partido Alianza Democrática M-19. Pizarro pagó esa decisión con la vida, asesinado el 26 de abril de 1990 cuando hacía campaña presidencial, uno de los tres candidatos de izquierda asesinados ese mismo año junto a Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo. Antonio Navarro Wolff tomó su bandera y llevó a la naciente Alianza Democrática a un resultado que ningún analista esperaba, diecinueve delegados de setenta en la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, segunda fuerza del país solo detrás del Partido Liberal, lo bastante grande para compartir con liberales y conservadores la presidencia tripartita de la Asamblea que redactó la Constitución de 1991, el texto que amplió derechos y mecanismos de participación que el bipartidismo del Frente Nacional había mantenido cerrados durante tres décadas.
El ELN nunca tuvo un Palacio de Justicia que la obligara a una decisión semejante. Su estructura federada y su identidad litúrgica, que le permitieron sobrevivir a cada golpe militar, le impidieron también producir el gesto único y reconocible que una negociación necesita para volverse irreversible. Sesenta años después de Simacota, la guerrilla más vieja de América sigue sentada y levantada de mesas de diálogo en un mismo movimiento, la última vez en 2025, sin que ningún gobierno haya logrado todavía el cierre que el M-19 encontró en un solo año. La diferencia no es de coraje ni de sinceridad, es de arquitectura organizativa. Una guerrilla urbana que vive de la visibilidad encuentra en la política su escenario natural, hasta el punto de que uno de sus exmilitantes, Gustavo Petro, llegaría a ocupar la presidencia de la República en 2022, cuarenta y ocho años después del robo de una espada en un museo. Una guerrilla rural que vive de la dispersión territorial encuentra en cada acuerdo nacional un techo que sus frentes regionales no siempre están dispuestos a respetar.
Cierre
Las dos organizaciones nacieron de la misma negativa estructural, un país que prefirió el garrote a la reforma agraria y la represión a la negociación temprana. Pero la negativa, una vez convertida en guerra, no produce un solo lenguaje. El ELN heredó la disciplina del catecismo y la persistencia del mártir, una guerrilla que todavía hoy negocia y rompe con la cadencia de quien confunde la resistencia con la salvación. El M-19 heredó la lógica del espectáculo, pagó por ella un precio mayor del que calculó en el Palacio de Justicia, y sin embargo encontró en esa misma lógica la salida que el país le exigió después del horror. Sesenta años después de Simacota, Colombia sigue esperando que la cuestión agraria se resuelva por ley y no por las dos liturgias que estas páginas describen, la del fusil que dispara y la del fusil que se entrega…
G.S.
Fuentes
- Toma de Simacota, Wikipedia
- Ejército de Liberación Nacional, Wikipedia
- Camilo Torres Restrepo, su historia revolucionaria, Indepaz
- El robo de la espada de Bolívar y los 50 años del M-19, El Espectador
- Movimiento 19 de abril, Wikipedia
- Toma del Palacio de Justicia, Wikipedia
- M-19 cumple 25 años después de la desmovilización, La Patria
- A 32 años del fallecimiento de Carlos Pizarro, Señal Memoria
- La Alianza Democrática M-19 y la Constitución de 1991, Señal Memoria
- El ELN propone al próximo Gobierno de Colombia un acuerdo nacional, Infobae
