A comienzos de diciembre de 2025, la administración Trump publicó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, descrita por sus propios autores como un corolario a la doctrina Monroe de 1823. El texto exige acceso a ubicaciones estratégicas del hemisferio y cooperación de los gobiernos de la región, mientras renuncia, al menos en el papel, a disputarle a China y a Rusia otras regiones del mundo. Detrás del lenguaje diplomático hay una decisión de fondo, Estados Unidos recupera el control directo de América Latina como zona de influencia exclusiva.
El instrumento favorito de esa recuperación no son los marines, son los gobiernos amigos, indultados o tolerados mientras sirvan al propósito, y las agencias migratorias convertidas en arma de política exterior. Coral, Hernández en Honduras y las sospechas sobre el presidente ecuatoriano son tres expresiones del mismo corolario.
La agencia que cambió de naturaleza
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, nació en marzo de 2003 dentro de la reorganización gubernamental que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Heredó funciones del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización y del Servicio de Aduanas, integrado al recién creado Departamento de Seguridad Nacional. Su rama investigativa, HSI, terminó siendo la unidad que protagonizó la detención de Coral, aunque su mandato original apuntaba al crimen organizado transnacional, no a la vigilancia política de activistas. La retórica fundacional hablaba de antiterrorismo, pero la agencia heredó desde el principio las tensiones raciales de la política migratoria del país. Veintidós años después, esa herencia es su rasgo dominante.
La llegada de Trump a su segundo mandato aceleró ese rasgo hasta volverlo doctrina. En los primeros cincuenta días se realizaron 32.809 arrestos, comparables a todo el año fiscal anterior, y para noviembre de 2025 había 65.735 personas bajo custodia, un 67% más que a comienzos de ese año. La administración no ha ocultado el objetivo, basta oír a sus funcionarios explicar en televisión que un acento o un tatuaje ya es motivo de sospecha.
El fallo que legitima la sospecha
El punto de inflexión jurídico llegó el 8 de septiembre de 2025, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos levantó, por seis votos contra tres, una orden judicial que prohibía a los agentes de ICE detener personas con base en su apariencia étnica, el idioma que hablan o el tipo de trabajo que ejercen. El caso se conoce como Noem contra Vásquez Perdomo, y su alcance, por ahora, se limita a siete condados de California, aunque el efecto psicológico se ha sentido en todo el país. El juez conservador Brett Kavanaugh escribió que la etnicidad por sí sola no basta para justificar una detención, pero que sigue contando como un elemento más cuando se combina con otros indicios. Eso significa, en la práctica, que hablar español en una parada de autobús o trabajar en la construcción puede convertirse en evidencia.
Según el fallo, los agentes de ICE basaron sus controles en cuatro factores, la raza o etnia aparente, el hecho de hablar español o inglés con acento, la presencia en lugares como paradas de autobús o lavaderos de carros, y el tipo de empleo en sectores como la construcción o la agricultura.
La jueza Sonia Sotomayor advirtió en su disidencia que el fallo permite detener a cualquiera que parezca latino, hable español y tenga un trabajo de salario bajo, sin necesidad de ninguna otra prueba. El costo humano de esa autorización ya tiene cifra propia.
Según un análisis de ABC News basado en datos oficiales del ICE y en reportes enviados al Congreso, unos cincuenta migrantes han muerto bajo custodia de la agencia desde enero de 2025, la cifra más alta registrada en veinte años.
Honduras y Ecuador, el mismo guion
Lo que ocurre con los migrantes dentro de Estados Unidos tiene su espejo en lo que Washington hace fuera de sus fronteras. El primero de diciembre de 2025, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado el año anterior a 45 años de prisión por narcotráfico, y una corte de apelaciones anuló formalmente la condena el 8 de abril siguiente. El hombre que un jurado federal había encontrado culpable de facilitar el envío de cocaína a gran escala salió libre por decreto presidencial, mientras decenas de personas siguen muriendo en el Caribe bajo ataques militares estadounidenses justificados, precisamente, como operaciones antidrogas. La asimetría no necesita comentario.
Cinco meses después de recuperar la libertad, Hernández quedó en el centro de un nuevo escándalo. Una serie de audios filtrados entre enero y abril de 2026, publicados por el medio español Diario Red y por el portal Hondurasgate, lo muestran hablando con el actual presidente hondureño Nasry Asfura sobre el montaje de una célula de noticias digitales destinada a golpear a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México. En una de esas grabaciones, Hernández menciona haber hablado con el presidente argentino Javier Milei y afirma que este habría aportado 350.000 dólares al proyecto. Milei no se ha pronunciado, los peritajes técnicos concluyeron que las voces son humanas y no fueron manipuladas, y nadie ha podido confirmar de manera independiente que el dinero efectivamente haya cambiado de manos. Lo que sí está confirmado es la intención, narrada por el propio Hernández, de construir desde Estados Unidos un aparato mediático contra los gobiernos de la región que no comparten la línea de Washington.
El patrón se repite más al sur. En febrero de 2026, el narcotraficante Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de la banda Los Lobos, declaró ante la Fiscalía de Zaragoza que alguien cercano al ministro del Interior ecuatoriano le había contado que el presidente Daniel Noboa ordenó el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en 2023. Es una acusación de tercera mano, hecha por un capo detenido con motivos evidentes para sembrar dudas sobre quienes lo persiguen, y el gobierno ecuatoriano la calificó de disparate, lo mismo que las hijas de Villavicencio. Nada de esto prueba nada, pero ilustra el mismo patrón, presidentes alineados con Washington bajo sospechas no resueltas de crímenes graves, mientras sus aliados del norte les garantizan cobertura política.
El caso de Beto Coral
En ese mapa de operadores y beneficiarios encaja la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes como Beto Coral, ocurrida el martes 16 de junio de 2026 en Phoenix, Arizona. Coral es hijo del capitán de policía Humberto Coral, miembro del Bloque de Búsqueda que participó en la operación contra Pablo Escobar y que fue asesinado cinco meses después, en circunstancias que su hijo nunca dejó de investigar. El capitán Coral había sido comandante antinarcóticos en El Dorado y llegó al Bloque de Búsqueda con un historial de investigar policías corruptos dentro de la propia institución, lo que según su viuda generó recelos entre sus compañeros antes del crimen. Esa investigación sobre el asesinato de su padre, y las amenazas que generó, llevaron a Beto a pedir asilo en Estados Unidos en marzo de 2016, apenas tres meses después de haber entrado al país con una visa de turista válida por seis meses. El permiso de trabajo derivado de esa solicitud le permitió conducir taxis, sacar licencias en Florida y Arizona, y sostener a su familia durante once años.
Días antes, Coral había estado en Miami demandando a De la Espriella por grabarlo presuntamente sin autorización, y denunciándolo públicamente en la votación anticipada del Watsco Center. Simpatizantes de De la Espriella exigieron de inmediato en redes su expulsión, etiquetando al subsecretario de Estado Christopher Landau, conocido entre la derecha colombiana como el quitavisas por su papel en la cancelación de visas a funcionarios del gobierno de Petro. Cuarenta y ocho horas después llegó el arresto.
Los agentes de HSI lo interceptaron cuando volvía a casa con su hijo menor de edad después de hacer mercado, le permitieron buscar sus documentos de asilo, y lo trasladaron a detención. Según contó Coral al periodista Daniel Coronell, un agente le dijo que la orden venía del Departamento de Estado, y un amigo suyo asegura haber visto un memorando firmado por Marco Rubio dentro del vehículo. Ninguna autoridad lo ha confirmado. La respuesta oficial de Seguridad Nacional es mucho más aburrida que cualquier teoría de persecución política, no hay cargo criminal, dice el comunicado, Coral simplemente permaneció once años más de lo que permitía su visa, una infracción administrativa que el propio gobierno reconoce que no es delito. Es esa misma respuesta la que mejor describe el mecanismo, no hace falta perseguir a nadie por sus ideas cuando una visa vencida hace el trabajo igual de bien.
El traslado a El Paso
El jueves 18 de junio, dos días después del arresto, la familia confirmó que Coral había sido trasladado de la cárcel de Florence a un centro de procesamiento del ICE en El Paso, Texas, a más de ocho horas por carretera. Según relató a su madre y a la madre de su hijo por teléfono, lo subieron a un camión sin decirle a dónde lo llevaban, viajó encadenado de pies y manos, y al llegar fue presionado para firmar su autodeportación. Coral aseguró haber recibido golpes y haber sido sumergido en agua fría, sin que le leyeran sus derechos Miranda. Ninguna autoridad estadounidense ha confirmado ni desmentido estos hechos, que llegan únicamente por el relato que la familia hizo al periodista Daniel Coronell.
La familia emitió un comunicado exigiendo su liberación, en el que insiste en que Coral ingresó legalmente, solicitó asilo dentro de los plazos legales, y al momento del arresto tenía un permiso de trabajo vigente hasta 2028, dato que solo la familia ha precisado. Resumen el caso en una frase, “quieren silenciar a Beto, pero las ideas no se encarcelan”. El ICE notificó horas después que la audiencia de deportación quedó fijada para el 30 de junio a las ocho y media de la mañana.
Las denuncias que nadie leyó en Bogotá
Mientras el caso de Coral ocupaba los noticieros colombianos, once representantes demócratas del Congreso estadounidense, entre ellos Jesús García, Greg Casar, Rashida Tlaib y Pramila Jayapal, enviaron una carta a Marco Rubio, a Todd Blanche y a Scott Bessent. El documento pide investigar al candidato Abelardo de la Espriella por presuntos vínculos con las AUC, por su cercanía con Álex Saab, señalado de operar como testaferro de Nicolás Maduro, y por al menos catorce sociedades en Florida de origen poco claro. La carta también acusa a la administración Trump de interferir en la elección colombiana a favor de De la Espriella, y pide que se abstenga de seguir haciéndolo.
En Colombia, el senador Iván Cepeda fue más allá. El 11 de junio denunció penalmente a De la Espriella, y ante la Corte Penal Internacional, sosteniendo que no fue solo financiador de las AUC sino que pudo haber pertenecido a la organización a través de la Fundación Iniciativas por la Paz, creada cuando el grupo paramilitar aún no se desmovilizaba. De la Espriella respondió llamando la denuncia una jugada de desespero y acusando a Cepeda de vínculos con las FARC. Ninguna acusación está probada en corte, pero ambas llegan a diez días de la segunda vuelta. Ningún canal colombiano les dedicó el tiempo que a la celebración de un influencer detenido en Arizona.
Los que celebran
Horas antes de que se conociera la detención de Coral, De la Espriella publicó en sus redes un mensaje que sus seguidores leyeron como un anuncio, habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior, escribió, acompañado de una imagen que volvía a aludir a Landau. No existe ninguna prueba de que el mensaje estuviera coordinado con la detención, y conviene no afirmar lo que no se puede probar, pero la coincidencia de horarios fue suficiente para que varios sectores políticos colombianos la leyeran como una confirmación.
Quien sí se pronunció sin ambigüedad fue José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar y exsenador cercano a Álvaro Uribe, que calificó la detención de obra maestra de la justicia y describió a Coral como uno de sus opositores más feroces y vociferantes. El presidente Petro respondió recordándole a Gaviria su paso por el poder durante los años en que aparecieron las fosas comunes de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. El intercambio resume con precisión el reparto de papeles en esta historia, el hombre cuyo apellido remite al cartel que mandó matar al padre de Coral celebra públicamente que el hijo termine detenido en una cárcel de Arizona.
Hay algo que merece nombrarse sin rodeos. De la Espriella tiene nacionalidad estadounidense y atravesó él mismo los mecanismos migratorios de ese país. Que un aspirante a la presidencia celebre, o al menos no condene, el uso de una agencia que discrimina a sus propios compatriotas en el exterior mientras compite por sus votos, no es un matiz menor. Es la prueba de que el voto en el extranjero le importa menos que la lealtad a quien puede otorgársela.
Lo que decide su suerte
El patrón no es exclusivamente americano. El mismo 17 de junio en que la familia de Coral denunciaba malos tratos, el Parlamento Europeo aprobó con 418 votos el Reglamento de Retornos, que habilita centros de devolución de migrantes fuera de la Unión. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos ya negocian dónde instalarlos. Migración como mecanismo de control, no como problema humanitario, es ya el lenguaje común de gobiernos que se llaman a sí mismos democracias, a un lado y otro del Atlántico.
Las opciones reales que le quedan a Coral son menos simples de lo que sugiere el comunicado de DHS. La abogada Maritza Choicer explicó, en la transmisión de Coronell, que la clasificación jurídica pesa más que el relato político, un arriving alien no tiene derecho a fianza, pero Coral entró hace diez años y nunca salió, lo que en principio lo excluye de esa categoría y le abre la puerta a un bond hearing.
Hay un dato que rara vez se menciona, los jueces de inmigración no pertenecen a la rama judicial sino al Departamento de Justicia, son funcionarios con metas mensuales de deportación y pueden ser destituidos si no las cumplen. Choicer lo resumió sin rodeos, no son jueces independientes, son subalternos del poder ejecutivo. Si la fianza es negada, el camino es apelar ante el Board of Immigration Appeals o saltar a una corte federal, donde este año más de diez mil detenidos ya obtuvieron fallos favorables.
Es ahí, y no en los discursos de Petro o de Bernie Moreno, donde se decidirá si Beto Coral vuelve a Phoenix o a Bogotá. El 30 de junio, en una audiencia de minutos en El Paso, sabremos algo más. Ninguna de esas instancias exige demostrar nada sobre sus ideas políticas, y esa es, quizás, la lección más incómoda de todo esto, los mecanismos de control ya no necesitan justificarse en términos políticos para producir exactamente los efectos que la política busca…
G.S. & R.C.
Fuentes
- Influenciador Beto Coral fue capturado por agentes de inmigración en EE.UU.
- Quién es Beto Coral, el activista colombiano detenido por ICE en Arizona
- Quién es Beto Coral, el activista e influencer cercano al petrismo
- ¿Quién es Beto Coral? Lo que se sabe del arresto del activista colombiano en EE. UU.
- El fallo de la Corte Suprema que otorga al ICE la potestad de arrestar
- Luz verde al perfil racial de ICE
- Indulto a Juan Orlando Hernández, implicaciones para la política exterior de Estados Unidos
- Hondurasgate, los audios que salpican a Milei
- Narco ‘Pipo’ acusa a presidente de Ecuador de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio
- Ecuador tilda de “disparate” acusar a Noboa de asesinato de Villavicencio
- Excandidata al Senado vincula la “tigreseñal” de De la Espriella con la detención de Beto Coral
- Gustavo Petro arremete contra política migratoria tras captura de Beto Coral
- Elecciones en Colombia, Iván Cepeda denuncia a Abelardo de la Espriella por vínculos paramilitares
- La Eurocámara aprueba el reglamento que permite centros de migrantes en el extranjero
- La «Doctrina Monroe 2.0» de Trump. Dossier
- Detención de Beto Coral, ¿qué es y qué hace el HSI?
- El Reporte Coronell, transmisión en vivo del 17 de junio de 2026
- Beto Coral dice que ha sido maltratado. Se encuentra recluido en Texas, El Reporte Coronell
