Juan Rulfo imaginó un pueblo donde los muertos siguen hablando porque nadie les avisó que todo había terminado. En Comala, las voces circulan, los mandatos se cumplen, la tierra obedece a un poder que ya no existe en ningún sentido material. Colombia celebró su segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026 con una participación histórica, más de veinticinco millones de votos emitidos, filas largas en Corferias y en los municipios del Caribe donde el sol aplasta a las cuatro de la tarde. Y sin embargo, nadie sabe con exactitud quién ganó. El preconteo de la Registraduría le atribuye una ventaja de 247.000 votos al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sobre el senador izquierdista Iván Cepeda. El escrutinio formal, el único con validez jurídica, todavía no ha concluido. En el intermedio, el presidente Gustavo Petro ha denunciado la manipulación de 122.000 formularios electorales, acusado al Estado de Israel de vulnerar los servidores de la Registraduría y llamado a decenas de miles de abogados a movilizarse hacia los centros de escrutinio del país. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ya felicitó al ganador.
La maquinaria como infraestructura permanente
Antes de hablar de fraude digital o de injerencia extranjera, conviene recordar lo que ya estaba documentado antes de que se abriera una sola urna. Entre enero y marzo de 2026, durante las elecciones legislativas y las consultas previas a la primera vuelta presidencial, las fuerzas de seguridad colombianas incautaron más de 3.800 millones de pesos en 56 operativos vinculados a la compra y venta de votos. El dinero circulaba en fajos dentro de vehículos particulares, en maletas transportadas por carreteras secundarias, en fajas corporales ceñidas al cuerpo de personas que viajaban entre municipios del Urabá antioqueño, la Guajira y el Caribe. No eran transacciones individuales ni improvisadas. Eran cadenas logísticas con geografía propia, rutas establecidas y actores identificables.
Los nombres que aparecen en los expedientes son los de siempre. Los clanes Trujillo, Chagüi y Correa Villarreal, estructuras con décadas de implantación territorial en Córdoba, Sucre y la costa norte, funcionaron como nodos de distribución. Cundinamarca concentró las mayores incautaciones absolutas, más de 630 millones de pesos en Bogotá, seguidos por los 434 millones encontrados en Montería; Antioquia dispersó el flujo entre Apartadó, Puerto Triunfo y La Pintada, sumando más de 600 millones. La Misión de Observación Electoral registró que el 28,7% de los reportes ciudadanos del 21 de junio hacían referencia a presiones sobre comunidades y entrega de dinero a cambio del voto, verificado en algunos casos mediante fotografías del tarjetón electoral.
Lo que estos datos describen no es una anomalía del sistema colombiano. Es su modo de funcionamiento bajo condiciones de baja supervisión. La compra de votos no requiere una conspiración; requiere una red, un presupuesto y la certeza acumulada de que el sistema no tiene ni la voluntad ni los medios para desmantelarla. Las capturas son reales. Las liberaciones también. El ciclo se repite.
El software y sus custodios privados
El formulario E-14 es el documento que los jurados de votación diligencian en cada mesa al cierre de la jornada; registra los votos por candidatura, los blancos, los nulos y las tarjetas no marcadas. En las elecciones de 2026, ese documento se convirtió en el terreno de una disputa que todavía no tiene resolución.
Desde febrero, el presidente Petro había advertido públicamente sobre los riesgos del software electoral gestionado por Thomas Greg & Sons, empresa privada que administra las bases de datos del Estado. Señaló también que el sistema actual carecía de los mecanismos de trazabilidad que habían garantizado la integridad de los datos en 2022, específicamente la “estampilla de tiempo” y el “candado hash”, herramientas que permiten verificar que un formulario no ha sido modificado tras su carga al sistema. Solicitó una auditoría técnica antes de la primera vuelta. El registrador nacional Hernán Penagos no la autorizó.
El 21 de junio, durante el preconteo, Petro publicó en X evidencia de una modificación de formularios E-14 “a escala empresarial”, con una comparación entre los documentos de 2022 y los de 2026 que mostraba, según el mandatario, una “ofuscación total” de los datos de identificación. Solicitó la revisión de 122.000 actas y una auditoría experta al software en el marco del escrutinio. La Misión de Observación Electoral calificó varios casos verificados de desinformación. Ninguna de las dos posiciones ha sido respaldada por una verificación técnica independiente con el rigor que el caso exigiría.
“Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público. Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió.” (Gustavo Petro, X, 21 de junio de 2026)
Lo que sí puede afirmarse es la estructura del problema. Colombia delega la gestión de su infraestructura electoral a una empresa privada, sin haber implementado los mecanismos de auditoría que su propio Consejo de Estado consideró necesarios en 2018, y sin que exista un protocolo público de verificación de integridad disponible para partidos y ciudadanía. Esa vulnerabilidad es anterior al 21 de junio y lo sobrevive.
Un Estado sin instrumentos para saber
La noche del 21 de junio, Petro fue más lejos que cualquier jefe de Estado colombiano antes que él. Afirmó tener evidencia de un cambio en las direcciones IP de varios servidores de la Registraduría, lo que habría permitido a actores externos escribir datos sobre mesas y puestos de votación. Nombró a un responsable. “El único con capacidad de hacer eso en el mundo es el Estado de Israel.” La acusación, sin soporte técnico pericial verificado de manera independiente al cierre de esta nota, no puede ser confirmada ni descartada por las instituciones colombianas. Ese es el punto.
Colombia no dispone de los mecanismos para responder a esa pregunta. Los instrumentos de trazabilidad que habrían permitido rastrear modificaciones en los servidores electorales ya no están activos. La auditoría técnica que Petro solicitó antes de la primera vuelta fue rechazada. No existe un protocolo de ciberseguridad electoral con plazos y responsables definidos. Si un actor externo intervino los servidores de la Registraduría, el Estado colombiano no tiene cómo demostrarlo. Y si no intervino, tampoco tiene cómo refutarlo. La acusación queda suspendida por falta de infraestructura técnica, no por falta de pertinencia.
Un hecho verificable complementa el contexto. Colombia había roto relaciones diplomáticas con Israel en 2024, y el canciller Gideon Sa’ar felicitó a De la Espriella el mismo domingo. La coincidencia no es una prueba. Forma parte del registro factual que el escrutinio no tiene mandato para examinar.
Washington felicita primero
Marco Rubio no esperó al escrutinio. El secretario de Estado de la administración Trump publicó su felicitación a De la Espriella el mismo domingo de la votación, antes de que el proceso formal de verificación hubiera comenzado, con un mensaje centrado en tres prioridades, cooperación en seguridad regional, control de la migración hacia los Estados Unidos y fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales. El presidente Donald Trump señaló, en comunicación posterior, que había apoyado al candidato desde que este ocupaba el décimo lugar en las encuestas.
La postura de Washington frente a las denuncias ha sido el silencio. No hay declaración del Departamento de Estado sobre los 122.000 formularios disputados, ni mención de la acusación sobre los servidores, ni referencia a los 3.800 millones incautados en operativos contra la compra de votos. Lo que existe es la felicitación temprana, la promesa de relaciones más estrechas y la comunicación directa de Trump con el ganador del preconteo. Para Washington, la elección colombiana terminó el domingo por la noche.
Esta velocidad no es neutral. Es un mensaje a las instituciones colombianas sobre cuál resultado tiene respaldo internacional. En un país donde la credibilidad institucional depende en parte de la validación externa, ese mensaje tiene peso material. Los jueces y notarios que conducen el escrutinio saben qué candidato cuenta con el apoyo de la Casa Blanca. Ese conocimiento no determina su actuación, pero forma parte del entorno en que actúan.
Los abogados y el candado
Iván Cepeda anunció 57.189 reclamaciones formales sobre la jornada del 21 de junio, el mayor número de impugnaciones presentadas en una elección presidencial colombiana. Para gestionarlas, el Pacto Histórico movilizó decenas de miles de abogados hacia los centros de escrutinio en todo el país. Petro los llamó públicamente a presentarse en Corferias. Lo que los abogados encontraron al llegar fue un sistema diseñado para procesar, no para investigar.
El Código Electoral establece de forma cerrada las causales que permiten abrir una mesa o corregir un dato. Errores aritméticos, tachaduras, falta de firmas de los jurados, sufragios que superen el censo. Fuera de esas causales, no hay recurso. El magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE, lo formuló sin ambigüedad
“No es un libre albedrío que tengan los abogados o los testigos. Lo que se puede reclamar es taxativo.” (Cristian Quiroz, presidente del CNE, 22 de junio de 2026)
El sistema es preclusivo, las etapas que se cierran no pueden reabrir por voluntad de los competidores. Para que Cepeda revirtiera el resultado del preconteo, la variación tendría que ser más de diez veces mayor que cualquier diferencia registrada históricamente. Los especialistas lo consideran posible en abstracto, sin precedente verificable. El dispositivo jurídico no impide las reclamaciones; las procesa y las descarta cuando no cumplen los requisitos formales. Su función real no es garantizar que todas las irregularidades sean investigadas, sino garantizar que el proceso tenga un final dentro de los plazos constitucionales. La diferencia entre ambas funciones es la diferencia entre una institucionalidad democrática y una maquinaria de legitimación. Colombia tiene la segunda.
Sin resultado oficial en Comala
El 23 de junio de 2026, Colombia no tiene presidente oficial. Tiene un preconteo que le atribuye 247.000 votos de ventaja a un candidato que Washington y Tel Aviv ya tratan como si el proceso hubiera concluido. Tiene un escrutinio con 57.189 reclamaciones pendientes que el propio sistema califica de insuficientes para revertir el resultado. Tiene una acusación de intervención extranjera sobre sus servidores que ninguna institución puede confirmar ni desmentir. Tiene 3.800 millones de pesos incautados en operativos contra la compra de votos que no generaron ninguna consecuencia sobre la validez de los comicios.
Rulfo no necesitó inventar el fraude. Le bastó imaginar un pueblo donde la autoridad persistía después de la muerte del poder, donde las órdenes se cumplían porque nadie había dado la contraorden. En Colombia, el preconteo no tiene validez jurídica. El escrutinio no ha concluido. Nadie investigará el cambio de IP de los servidores con los plazos que una acusación de esa magnitud requeriría. Nadie reabrirá el debate sobre el software de Thomas Greg & Sons. El dinero incautado en Montería representa una fracción de lo que circuló. El proceso habrá funcionado dentro del marco constitucional, con la MOE desplegada, con los testigos acreditados, con los jueces firmando las actas. Y al final lo que quedará no es un resultado verificado, sino la certeza de que el aparato diseñado para registrar la voluntad popular no estaba equipado para hacerlo, y que nadie tenía instrucciones de intentarlo…
G.S.
Fuentes
- Petro denuncia irregularidades en 122 mil formularios E-14
- Primer informe MOE · Segunda vuelta 21 de junio de 2026
- Tachones en actas E-14 no prueban fraude · El Filtro, El Tiempo
- Petro acusa a Israel de vulnerar el software electoral · Milenio
- Petro denuncia hackeo de Israel · Pulzo
- Petro acusa a Israel · The Jerusalem Post
- CNE · Proceso de escrutinio elecciones 2026
- Preguntas frecuentes sobre los escrutinios · La Silla Vacía
- Compra de votos · El Colombiano
- Software Thomas Greg & Sons · Infobae
- Sistema electoral colombiano · CELAG
- Cepeda presentó 57.000 reclamaciones · El Tiempo
- Pedro Páramo · Juan Rulfo, Fondo de Cultura Económica, 1955
