Entre 1948 y 1958, Colombia vivió una guerra que prefirió no llamarse así. La Violencia no fue una guerra civil en el sentido clásico; no había frentes delimitados ni ejércitos en campaña, sino una maquinaria de despojo rural donde el color del partido decidía la suerte de las fincas y de los cuerpos. Doscientos mil muertos después, las élites pactaron el Frente Nacional, una alternancia de poder que resolvió el problema de los notables sin tocar la tierra. En 1964, cuando el Ejército llegó a Marquetalia con 16 000 soldados a desalojar a un núcleo reducido de campesinos armados, no entendió que estaba fabricando lo que pretendía destruir. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no nacieron de una doctrina importada ni de una consigna habanera. Nacieron de un cálculo que la historia había verificado lentamente; cuando todos los caminos legales se cierran, el fusil deja de ser una opción y se convierte en una conclusión.
I. La guerra de los colores
La Violencia colombiana tiene fechas oficiales (1948-1958) y un número de muertos que los historiadores sitúan entre 180 000 y 300 000 según la metodología de conteo. Tiene también una narrativa conveniente que la historiografía oficial cargó durante décadas; dos partidos atávicos que se masacraron mutuamente en una espiral de venganza sin sentido, pasión primordial, irracionalidad campesina. Esa lectura es cómoda y falsa. La primera gran reforma agraria del siglo veinte en Colombia fue La Violencia, solo que de signo inverso; no redistribuyó la tierra hacia quienes la trabajaban sino que la reordenó hacia quienes tenían el partido correcto. El Liberal y el Conservador compartían la misma economía de hacienda, el mismo desdén por cualquier reforma estructural, los mismos apellidos en los mismos directorios. Lo que disputaban era quién administraba los contratos públicos, los cargos de alcalde y los registros de propiedad en el interior del país. La violencia fue el mecanismo de esa disputa, no su causa.
El campesino que migraba tras el Bogotazo a una vereda conservadora con cédula liberal no cargaba un manifiesto político. Cargaba el miedo de haber nacido del lado equivocado de una frontera invisible que nadie había elegido. En zonas del Tolima, el Huila, los Llanos, Antioquia y los Santanderes, la pertenencia partidista decidía si la finca sobrevivía o ardía, si el alcalde firmaba los papeles o los extraviaba, si la policía protegía o allanaba. La chulavita y los pájaros, fuerzas irregulares de origen conservador que operaban con listas y mandos, no eran anomalías del sistema sino instrumentos de administración territorial; bandas con lógica de despojo que transferían predios hacia familias del partido correcto, con la cobertura de jefes locales que luego registraban las compras en notarías que no hacían preguntas. El desplazamiento fue el mecanismo real de la guerra; la ideología partidista fue su coartada.
En ese clima, las autodefensas campesinas no fueron una invención ideológica. Fueron una respuesta de supervivencia. Comunidades liberales perseguidas organizaron grupos armados de vigilancia mutua, herederos de una tradición que venía de las guerras del siglo diecinueve y que encontró en el monte una lógica elemental; si el Estado viene a matar, hay que estar en posición de responder. Hombres como Pedro Antonio Marín, que tomaría el alias Manuel Marulanda Vélez, aprendieron el oficio de las armas no en una escuela soviética sino en las veredas del sur del Tolima, donde sobrevivir exigía organización, disciplina y un territorio que se defendiera. Esa pedagogía del monte sería el sustrato real de lo que vendría después, más decisiva que cualquier manual marxista que circulara por los campos.
Según estimaciones de la Comisión Nacional de Investigación de las Causas de la Violencia, el conflicto bipartidista dejó entre 1948 y 1957 un saldo cercano a doscientos mil muertos en un país que no superaba los doce millones de habitantes, con más de dos millones de desplazados internos. (Comisión Nacional de Investigación de las Causas de la Violencia, 1958)
La dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) ofreció una amnistía que desmovilizó parcialmente el ciclo de violencia, pero no tocó la raíz. La tierra no se redistribuyó, los latifundios sobrevivieron intactos, los desplazados no recuperaron sus predios. Rojas Pinilla prometió orden, no justicia. El efecto fue una pausa armada, no una pacificación. Cuando los partidos pactaron su salida en 1957 mediante el plebiscito que abrió camino al Frente Nacional, lo hicieron para restaurar la alternancia oligárquica, no para resolver el agravio campesino que había alimentado la masacre. Ese cálculo, tomado en despachos de Bogotá, tendría consecuencias que se medirían en décadas y en territorios que sus autores nunca pisaron.
II. El pacto de los notables
El Frente Nacional fue la solución más elegante que la élite colombiana pudo diseñar para resolver su propio problema. Desde 1958 hasta 1974, la presidencia alternó entre liberales y conservadores cada cuatro años, los ministerios se repartieron en proporciones iguales y cualquier partido distinto quedó excluido de la participación en el gobierno por disposición constitucional. El acuerdo puso fin a La Violencia bipartidista porque eliminó el objeto de la disputa; si el reparto del poder está garantizado por la Constitución, no hay razón para matarse por las alcaldías. Para las élites, el Frente Nacional fue un éxito técnico. Para el campesino sin tierra, fue la confirmación de que el sistema no tenía lugar para él.
La reforma agraria fue la promesa que el Frente Nacional agitó sin cumplir. En 1961 se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria con el mandato de redistribuir baldíos, titular parcelas y dotar de tierra a familias campesinas desplazadas por La Violencia. Durante sus primeros veinte años de existencia, el organismo tituló tierra con una lentitud que convertía en ilusoria cualquier estadística de avance. La concentración no cedió. El índice Gini de tierras, que mide la desigualdad en la distribución de la propiedad agraria en una escala de cero (distribución perfectamente igualitaria) a uno (concentración total en un solo propietario), se mantuvo en Colombia por encima de 0,85 durante las décadas del Frente Nacional, uno de los registros más altos del hemisferio. La hacienda y el latifundio sobrevivieron al cambio constitucional con la misma comodidad con que habían sobrevivido a La Violencia, siendo escenario de la exclusión y no su víctima.
Para el campesino del Tolima o del Meta que había sobrevivido a la guerra de colores, el Frente Nacional no trajo nueva gramática. Trajo el mismo mapa de poderes locales, los mismos apellidos en la alcaldía, las mismas condiciones de arrendamiento y de jornal. La diferencia es que ahora la exclusión estaba constitucionalizada. No era el resultado de una conspiración coyuntural sino el diseño visible del sistema. La percepción de que la vía legal era un callejón cerrado no requirió elaboración teórica sofisticada; bastaba con vivir en una vereda del sur del país y calcular cuántos años llevaría que el instituto de reforma agraria llegara, si es que llegaba, y cuánta tierra quedaría disponible cuando los terratenientes regionales terminaran de registrar lo que de hecho ya controlaban.
Fue en ese vacío donde las comunidades campesinas de autodefensa encontraron una razón para persistir. No como guerrilla todavía, sino como gobierno local de facto en zonas donde el Estado no era presencia sino ausencia organizada. En territorios del Sumapaz, el Pato, el Duda, Riochiquito y Marquetalia, grupos que venían de la resistencia liberal construyeron formas rudimentarias de administración comunitaria; resolvían conflictos, organizaban la producción y mantenían una capacidad defensiva que les había permitido sobrevivir a La Violencia. El senador Álvaro Gómez Hurtado los llamó repúblicas independientes en un discurso de 1961 que convirtió esas comunidades en amenaza para la seguridad nacional. La etiqueta fue una decisión política; nombrar el problema de ese modo exigía una respuesta militar, no una reforma agraria. Y las élites siempre prefirieron la respuesta que no les costaba tierra.
III. Marquetalia
La Operación Soberanía, lanzada en mayo de 1964 bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, fue presentada como la recuperación del territorio nacional en manos de un grupo de forajidos. La lógica era simple en su formulación; un Estado que no puede ejercer soberanía en su propio suelo no es Estado. La realidad del operativo era menos heroica. Aproximadamente 16 000 efectivos del Ejército colombiano, con apoyo aéreo y asesoramiento estadounidense en el marco de la doctrina de seguridad hemisférica, se desplegaron contra un núcleo que los propios sobrevivientes recordarían como cuarenta y ocho combatientes en la mesa de Marquetalia, en la cordillera central del Tolima. La proporción no era un dato accidental. Era la medida del miedo que esas comunidades producían en la élite y en sus asesores externos, y también la medida de cuánto costaba no haber distribuido la tierra a tiempo.
Marulanda y Jacobo Arenas escaparon al monte con sus hombres antes de que el cerco se cerrara. El Ejército tomó la mesa, plantó banderas y declaró el éxito de la operación. Lo que no tomó fue a los hombres. Y los hombres eran la organización. En julio de 1964, desde el monte, se redactó el Programa Agrario de los Guerrilleros, primer documento político del grupo que en 1966 adoptaría el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El Estado había desalojado a un núcleo de campesinos de una parcela de montaña. Ese núcleo había fundado una guerrilla. Ese intercambio resume con exactitud lo que Colombia pagó por no haber hecho la reforma agraria.
La Operación Soberanía, ejecutada en mayo de 1964, movilizó aproximadamente 16 000 efectivos del Ejército colombiano contra un núcleo reducido de combatientes en la mesa de Marquetalia. Los sobrevivientes se replegaron y emitieron el Programa Agrario de los Guerrilleros el 20 de julio de 1964, documento fundacional de la organización que en 1966 adoptaría el nombre de FARC. (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015)
La paradoja de Marquetalia no fue accidental. Fue el resultado de una elección deliberada entre dos opciones que el Estado tenía disponibles; distribuir tierra a las comunidades campesinas o desalojarlas militarmente. La primera hubiera requerido enfrentar a los grandes propietarios regionales, cuya alianza sostenía el Frente Nacional. La segunda requería helicópteros y soldados, un gasto que no tocaba ningún latifundio. El cálculo político no fue difícil. Lo que nadie en el Ministerio de Guerra calculó, o nadie quiso calcular, es que el desalojo de Marquetalia no resolvería el problema agrario. Lo convertiría en problema de seguridad por los siguientes cincuenta años, y ese problema sería cobrado con una moneda que el país todavía está pagando.
IV. El programa agrario
El documento que Marulanda y sus compañeros emitieron el 20 de julio de 1964 es revelador precisamente por su modestia ideológica. El Programa Agrario de los Guerrilleros no es un texto de vanguardia leninista; no hay dialéctica hegeliana ni referencias a la Internacional Comunista. Es un inventario de agravios campesinos formulado en lenguaje directo; redistribución de la gran propiedad agraria, entrega de tierras a quienes las trabajan, cancelación de las deudas de los arrendatarios, crédito y asistencia técnica para el pequeño productor, respeto a los resguardos indígenas. El texto podría haber sido redactado por cualquier movimiento agrario latinoamericano de los años sesenta sin necesidad de un fusil. La diferencia es que quienes lo firmaron ya habían aprendido que formularlo sin fusil no conducía a ninguna parte.
La conexión con el Bogotazo y con La Violencia es directa y documentada. Marulanda tenía diecisiete años cuando el 9 de abril alteró el país. Creció en una región golpeada por el bipartidismo armado, vio cómo la promesa de reforma se disolvía en cada cambio de gobierno, entendió que las instituciones del Frente Nacional eran un diseño para perpetuar el reparto entre quienes ya tenían todo. Su trayectoria no fue la de un intelectual seducido por la Revolución Cubana, aunque la revolución de 1959 ofreció un modelo y alentó cierta mística regional. Fue la de un campesino que había acumulado un aprendizaje empírico sobre lo que el Estado colombiano hacía y lo que no hacía cuando alguien le pedía tierra y justicia. Ese aprendizaje tenía fecha de inicio, tenía cuerpos contados y tenía la consistencia de una estructura que se repetía con la regularidad de las cosechas.
El Programa Agrario fue también la primera articulación pública de lo que sería el eje político de las FARC durante sus primeras dos décadas. No era una propuesta de revolución socialista al estilo de La Habana, aunque el lenguaje de la época y la solidaridad continental añadieran esa coloración. Era, en su núcleo, una exigencia de que el Estado colombiano cumpliera lo que su propia Constitución y sus propias leyes prometían. La insurgencia comenzó exactamente donde terminó la promesa incumplida, en el punto en que el agotamiento de la vía legal se volvió verificable y la alternativa armada dejó de ser una opción entre otras para convertirse en la única que quedaba.
V. La montaña como Estado
En la Segunda Conferencia del Bloque Sur, celebrada en 1966, el grupo adoptó formalmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y aprobó su primer estatuto organizativo. Dejaba de ser una autodefensa local para convertirse, al menos en proyecto, en una organización nacional con mandos regionales, frentes territoriales y una estructura de mando vertical que disciplinó la expansión. El salto no fue militar sino político; la decisión de disputar territorios, no solo defenderlos. La diferencia entre una autodefensa que protege su parcela y una guerrilla que expande su mapa de influencia implica una apuesta distinta sobre el tiempo y sobre los recursos. Las FARC eligieron el tiempo largo, y en Colombia el tiempo largo siempre había favorecido a quienes podían esperar.
Lo que el Estado construyó en Marquetalia no fue una victoria. Fue un modelo. La siguiente vez que un grupo campesino armado se organizara en un territorio sin reforma agraria, sin jueces y sin escuelas, ya existiría una plantilla disponible; nombre, estatutos, conferencia fundacional, programa agrario. El Ejército colombiano, al operar Marquetalia con 16 000 soldados en lugar de con 16 000 títulos de propiedad, enseñó a sus adversarios que la única institución que reconocía era la que tenía capacidad de resistir un cerco militar. Fue una pedagogía involuntaria que tardó décadas en ser reconocida como tal, y más en ser desmentida.
Cierre
El recorrido de la autodefensa campesina liberal de los años cincuenta a la Segunda Conferencia de 1966 no fue una ruptura con la historia colombiana sino su culminación lógica. Cada etapa se puede leer como la respuesta a una puerta que se cerraba; La Violencia clausuró la convivencia en las veredas, el Frente Nacional clausuró la representación política a cualquier tercera fuerza, la Operación Marquetalia clausuró la autonomía comunitaria sin armas. Las FARC no nacieron de una teoría sino de un inventario de cierres sucesivos, y el Estado colombiano, con la lógica de quien apaga un incendio con gasolina, eligió en cada coyuntura la opción que reproducía el agravio en lugar de la que lo disolvía.
La tierra es la constante que recorre todo este período sin descanso. No como símbolo ni como consigna, sino como variable material que determina quién come, quién manda, quién puede decir no. En ningún momento de este recorrido la élite colombiana estuvo dispuesta a pagar el costo real de una reforma agraria; ese costo no es solo económico sino también político, implica perder el control de los territorios que la tierra garantiza, y ese control es la fuente última del poder regional en Colombia. El INCORA llegó con formularios donde debía llegar con títulos. El Frente Nacional llegó con alternancia constitucional donde debía llegar con representación real. La Operación Marquetalia llegó con 16 000 soldados donde debía llegar con ingenieros y escuelas. El resultado fue siempre el mismo; la promesa se quedó en Bogotá y el agravio se quedó en el monte. Mientras esa ecuación se mantuviera intacta, la montaña seguiría siendo el único lugar donde encontraba respuesta. Y en la montaña las respuestas se construyen con tiempo, con paciencia, y con algo que no figura en ningún informe oficial pero que determina todo lo demás…
G.S.
Fuentes
- Programa Agrario de los Guerrilleros, FARC, 1964
- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, 2015
- Comisión de la Verdad, Hay futuro si hay verdad, 2022
- Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos* (El Áncora Editores, 1983)
- Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994* (Norma, 1995)
- Centro Nacional de Memoria Histórica, El origen de las FARC-EP
- Verdad Abierta, Marquetalia: el mito fundacional de las FARC
