Entre 1958 y 2022, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica registró 14.380 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. De ellas, el 87 % eran afrocolombianas. La cifra no es un dato de archivo. En los primeros tres meses de 2026, la Defensoría del Pueblo recibió 3.664 casos de violencia sexual en el país, y más de la mitad de las víctimas eran niñas y adolescentes. Entre esos dos números caben casi setenta años de guerra, un acuerdo de paz y una jurisdicción especial creada para juzgar estos hechos.
Cuerpos en territorio de guerra
La guerra colombiana se libró, en buena parte, sobre cuerpos de mujeres. La Corte Constitucional lo dijo sin rodeos en el Auto 092 de 2008. La violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida y sistemática en el conflicto armado, ejercida por guerrillas, paramilitares y agentes del Estado. El tribunal atribuyó esa sistematicidad a condiciones históricas de discriminación, exclusión y marginación que se ensañaron, sobre todo, con las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Las razones tienen nombre de territorio. Las comunidades negras, raizales y palenqueras, y los pueblos indígenas Nasa, Awá, Wounaan, Tikuna y Wiwa, entre otros, habitan corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y el control militar, entre ellos el Pacífico chocoano, el Cauca, Nariño, la Amazonia y el Caribe rural. Donde hay recursos y rutas, hubo actores armados. Y donde hubo actores armados, las mujeres de esas comunidades cargaron un peso doble, el de género y el de la raza.
La violencia tomó formas documentadas, acceso carnal violento, esclavitud sexual, prostitución forzada, anticoncepción y aborto forzados, reclutamiento de niñas mediante engaños seguido de abuso dentro de las filas. Mujeres del pueblo Awá relataron a la Comisión de la Verdad haber presenciado asesinatos de líderes y autoridades indígenas de su propia comunidad a manos de las FARC y de paramilitares. Mujeres Tikuna, Wounaan, Wiwa, Nasa y Embera describieron reclutamientos forzados desde la niñez. Entre 1995 y 2011 más de 2.700.000 mujeres fueron desplazadas por el conflicto, según cifras de ONU Mujeres, y el 15,8 % de ellas declaró haber sido víctima de violencia sexual. De 3.445 homicidios de personas indígenas y afrocolombianas documentados, el 65,5 % de las víctimas fueron mujeres.
Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales con sede en Bogotá, recogió el testimonio de Bibiana Peñaranda Sepúlveda, integrante de la Red de Mariposas de Alas Nuevas, quien describió un largo historial de insultos y degradaciones ligado al reclutamiento forzado, denuncias que muchas veces no se hicieron por miedo. La investigadora Diana Quigua, de la misma organización, documentó que los estereotipos raciales heredados de la Colonia, la exotización y la hipersexualización de las mujeres negras, no son un telón de fondo cultural, sino un motor concreto de la violencia armada contra ellas.
El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica registró 14.380 mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano entre 1958 y 2022. El 87 % de ellas eran afrocolombianas.
La guerra que no cesó
La firma del Acuerdo de Paz de 2016 no cerró el conflicto, lo reconfiguró. Según el más reciente balance de la Fundación Ideas para la Paz, el ELN, el Clan del Golfo, hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y las distintas disidencias de las antiguas FARC suman en conjunto más de 27.000 integrantes, una cifra que devuelve al país a niveles de pie de fuerza armada similares a los de 2011, justo antes de que arrancara el proceso de paz. La diferencia es que hoy no hay un solo enemigo central, sino un mosaico de estructuras fragmentadas que compiten, pactan y se dividen sin cesar.
Esa fragmentación no ha significado tregua para las mujeres. El Ministerio de Defensa reportó 32.985 delitos sexuales denunciados en el país durante 2025. La Defensoría del Pueblo, por su parte, documentó 296 casos de violencia sexual directamente relacionados con el conflicto armado entre enero de 2025 y abril de 2026, y realizó el diligenciamiento del Formato Único de Declaración, la puerta de entrada a la justicia transicional, a 1.368 personas en ese mismo periodo. En los primeros tres meses de 2026, la misma entidad emitió 61 declaraciones por violencia sexual, con niñas y adolescentes concentrando más de la mitad de las víctimas.
Human Rights Watch documentó, en su balance de 2025, que los esfuerzos recientes de negociación con grupos armados no han logrado frenar su expansión territorial, y que la violencia sexual continúa siendo utilizada por los grupos que se disputan el territorio como forma de control social. Naciones Unidas coincide. En junio de 2023, la representante especial del Secretario General para la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, visitó Bogotá y Cartagena y advirtió que la violencia sexual sigue siendo un rasgo del conflicto colombiano que afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+ y lideresas sociales. Patten expresó particular preocupación por el aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual operada por grupos armados y redes criminales.
Macrocaso 11, la justicia que llegó tarde
Colombia tardó siete años en abrir, dentro de su sistema de justicia transicional, un caso dedicado exclusivamente a la violencia sexual. La Jurisdicción Especial para la Paz inició labores en marzo de 2018. El macrocaso 11, sobre violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes por prejuicio, se abrió formalmente en septiembre de 2023, después de años de incidencia de organizaciones de mujeres agrupadas en la alianza Cinco Claves. Antes de esa apertura, la violencia sexual se investigaba de forma transversal, diluida dentro de otros macrocasos.
El caso se divide en tres subcasos, hechos cometidos por las extintas FARC-EP contra población civil, hechos cometidos por la Fuerza Pública contra población civil, y violencia intrafilas cometida al interior de ambas estructuras contra sus propios integrantes. El universo documentado por la JEP, con corte entre 1957 y 2016, asciende a 35.178 víctimas de violencia sexual y otras violencias de género; el 89,2 % son mujeres, y al menos el 35 % eran niñas al momento de los hechos. A finales de 2025, la JEP había acreditado a más de 700 víctimas en los tres subcasos, y en el mismo año reconoció colectivamente a 104 hombres como víctimas adicionales, sin que ello alterara la centralidad de las mujeres y las niñas en la investigación.
En abril de 2025, la Sección de Apelación de la JEP emitió el Auto TP-SA 1958, que permite a una misma víctima participar simultáneamente en más de un macrocaso cuando sus hechos se entrecruzan con patrones investigados en otros casos, por ejemplo cuando la violencia sexual estuvo acompañada de privación ilegal de la libertad o de violencia contra comunidades étnicas. La Comisión Colombiana de Juristas, que hace seguimiento a la JEP, calificó la decisión como un avance hacia un enfoque pro víctima, aunque advirtió que aún falta precisar su metodología y fortalecer el análisis diferencial de género.
Con todo, la Alianza Cinco Claves, integrada por Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide y Colombia Diversa, advirtió en 2025 que el macrocaso 11 dispone de menos tiempo que los otros diez casos abiertos por la JEP, cuyo mandato legal es de quince años y del que ya han transcurrido más de siete.
La segunda herida
El caso más citado en Colombia sobre revictimización institucional tiene nombre propio. Jineth Bedoya, periodista y activista, víctima de violencia sexual por parte de paramilitares en 2000, denunció públicamente que, en el marco de la investigación judicial de su propio caso, tuvo que narrar lo ocurrido al menos doce veces. Su denuncia dio origen, en 2014, al Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado, que se conmemora cada 25 de mayo.
La propia JEP reconoce el riesgo como estructural. El Observatorio sobre la Jurisdicción de la Comisión Colombiana de Juristas documenta que las víctimas de violencia sexual enfrentan barreras particulares para acceder a la justicia, entre ellas el temor a no ser creídas, la vergüenza, el estigma social y el riesgo de ser culpabilizadas. Por eso la Jurisdicción invoca, al menos en el papel, un principio de no revictimización que busca evitar que las mujeres deban repetir su testimonio en múltiples instancias, algo que, advierte el mismo Observatorio, puede agravar el sufrimiento emocional y debilitar la confianza en el sistema de justicia.
Colombia Diversa documentó que ese temor no es abstracto. Muchas víctimas, en particular personas LGBTI, prefieren guardar silencio antes que declarar ante una entidad estatal o vincularse a procesos organizativos que impliquen narrar lo sucedido. Un estudio sobre víctimas del conflicto en Norte de Santander encontró, además, fallas concretas en la ruta de atención, entre 2012 y 2013 varias víctimas de violencia sexual del conflicto armado fueron remitidas al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, una dependencia de la Fiscalía diseñada para casos de abuso sexual común, no para hechos ocurridos en el marco de la guerra.
Según la Corporación Sisma Mujer, más del 90 % de los hechos de violencia sexual reportados entre enero de 2020 y marzo de 2025 permanecen sin sanción. La Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 515 de 2018 de la Corte Constitucional documentó que apenas el 2 % de los casos termina en sentencia condenatoria, y que en el 82,6 % de las investigaciones nunca se identifica a los responsables. Solo el 18 % de las víctimas denuncia.
De 12.062 mujeres víctimas de violencia sexual incluidas en el Registro Único de Víctimas entre enero de 2020 y marzo de 2025, solo 110 han recibido indemnización, según la Corporación Sisma Mujer.
El espejo internacional
Colombia no es un caso aislado, aunque durante décadas se haya hablado de su guerra como si lo fuera. Según el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas presentado en 2026, los casos verificados de violencia sexual relacionada con conflictos armados en el mundo pasaron de menos de 5.000 en 2024 a 9.788 en 2025, más del doble en un año, el nivel más alto jamás registrado. El informe documenta 21 situaciones de conflicto en el mundo, y Colombia figura entre ellas. Cerca del 90 % de las víctimas identificadas globalmente son mujeres y niñas. La representante especial de la ONU, Pramila Patten, fue explícita ante el Consejo de Seguridad, estos crímenes no son daños colaterales, sino estrategias deliberadas para desplazar poblaciones, castigar comunidades y consolidar control territorial. Menos del 1 % de la ayuda humanitaria mundial se destina a atender la violencia sexual relacionada con conflictos.
Ese deterioro tiene, según Naciones Unidas, una causa estructural más amplia. En marzo de 2026, ONU Mujeres presentó un informe que concluyó que ningún país del mundo ha alcanzado la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres. En promedio, las mujeres solo disfrutan del 64 % de los derechos legales que tienen los hombres. En el 54 % de los países, la violación todavía no se define legalmente a partir del consentimiento. En casi tres de cada cuatro países del mundo, la legislación permite todavía el matrimonio infantil forzado. La directora de Políticas de ONU Mujeres, Sarah Hendriks, lo resumió así, el retroceso democrático global viene acompañado de un rechazo cada vez más organizado a la igualdad de género, y los sistemas de justicia no son ajenos a esas presiones, las reflejan.
El mismo informe documentó que, en 2024, 676 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de un conflicto mortal, la cifra más alta desde los años noventa. Colombia contribuye a esa cifra desde 1958, con sus 14.380 mujeres registradas por la guerra interna, y desde 2025, con sus 296 casos documentados en apenas quince meses.
A.B.
Fuentes
- Mujeres afrocolombianas, las más afectadas por la violencia sexual ejercida por actores armados
- La impunidad domina los casos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano
- Los impactos del conflicto armado colombiano en las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
- Las mujeres en Colombia, UN Women
- Violencias sexuales, Informe Final Comisión de la Verdad
- Cuando el cuerpo es lugar en disputa, Dejusticia
- Balance de grupos armados 2025, El Espectador sobre informe de Pares y FIP
- Defensoría conmemora Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
- Informe Mundial 2025, Human Rights Watch, capítulo Colombia
- Representante Especial de la ONU Pramila Patten renueva su apoyo a Colombia
- La JEP abre macrocaso 11
- Macrocaso de violencia sexual de la JEP, un mecanismo de acceso a la justicia, El Espectador
- Recomendaciones a la JEP para la investigación del macrocaso 11, Corporación Humanas
- Boletín #83 del Observatorio sobre la JEP, Comisión Colombiana de Juristas
- All Survivors Project celebra las históricas decisiones de la JEP
- El Caso 11, un compromiso con las víctimas de violencia sexual, Colombia Diversa
- Victimización y violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, SciELO Argentina
- La guerra inscrita en el cuerpo, Centro Nacional de Memoria Histórica
- La violencia sexual en los conflictos se duplica y alcanza un nivel sin precedentes, Noticias ONU
- Violencia sexual en conflictos armados, datos e impunidad, Fundación Serraschonthal
- Los derechos de las mujeres están retrocediendo en todo el mundo, Noticias ONU
- Ningún país del mundo ha alcanzado la plena igualdad jurídica para las mujeres y niñas, ONU Mujeres
