El lunes 21 de septiembre de 2026, un operativo antinarcóticos en la zona rural de Santa Marta mató a siete presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre ellos alias Cholo, presentado como segundo cabecilla, en el mismo territorio donde una operación militar en junio ya había sido seguida de bloqueos. Un comunicado a nombre del grupo anunció un paro armado de cuarenta y ocho horas, y hombres en moto recorrieron la ciudad disparando contra comercios hasta cerrarla. El Estado respondió con militarización, un presidente armado y setenta y seis presos trasladados, mientras la gobernadora hablaba de «dos pelagatos» y el alcalde, de normalidad. La Defensoría del Pueblo había emitido ocho documentos de advertencia sobre la Sierra Nevada en cinco años, y su alerta de diciembre de 2025 describía ya los cobros y los controles que ahora se hicieron visibles. Ninguna medida anunciada hasta el 23 de septiembre, según la prensa consultada, se dirige a esos cobros. Se responde al cadáver y no a la caja.
Una represalia con antecedentes
El lunes 21, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía ejecutó un operativo en Quebrada del Sol, en Guachaca, zona rural de Santa Marta, que según El Espectador dejó siete muertos y tres capturados. Entre los muertos estaban José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, y un hijo de alias Pinocho, jefe máximo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN, conocidas también como Los Pachenca), un grupo armado que las autoridades describen como heredero del paramilitarismo de la Sierra Nevada.
Cholo tenía una historia jurídica singular.
Según El Espectador, la Resolución 0-0337 A de la Fiscalía, del 20 de noviembre de 2025, había suspendido sus órdenes de captura en el marco de los diálogos sociojurídicos de la llamada paz total que el gobierno de Gustavo Petro sostenía con las ACSN, y por eso quedó libre cuando lo interceptaron en diciembre. Las órdenes se reactivaron el 1 de septiembre de 2026, con el desmonte de esa política, y veinte días después estaba muerto.
El comunicado a nombre de las ACSN anunciaba un paro armado de cuarenta y ocho horas, es decir, un cierre forzado del comercio y del transporte impuesto con armas. Según Cambio, la mañana del martes 22 trajo comercios cerrados, dos buses quemados en el puente de Once de Noviembre, un taxi incendiado y disparos contra un almacén Olímpica. Las autoridades regionales sostuvieron ese día, según el mismo medio, que no había paro armado activo y que todos los puntos de bloqueo estaban liberados desde el amanecer.
Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos, recuerda en La Silla Vacía que la organización ya había respondido con bloqueos a la muerte de alias 80 en 2020 y durante las elecciones de marzo de 2022. En junio de 2026, tras una operación militar en la misma zona de Quebrada del Sol, hubo además, según su recuento, siete bloqueos. El mismo lugar, la misma reacción. El paro armado del Clan del Golfo de mayo de 2022, otro grupo y otro detonante, la extradición de alias Otoniel, alcanzó según El Espectador a 119 municipios. Leo en esa serie una respuesta previsible, y es una lectura mía. Consta en la prensa que la fuerza pública se desplegó el martes 22, con patrullajes y sobrevuelos, cuando el comercio ya estaba cerrado, y en los reportes que consulté no aparece un dispositivo de protección anunciado antes del operativo, lo que no prueba que no existiera.
Comercios baleados y una ciudad que se cierra sola
El Espectador citó ese martes una estimación de más del noventa por ciento de negocios cerrados, transporte suspendido hacia La Guajira, clases canceladas y amenazas denunciadas por el Cabildo Arhuaco. La Silla Vacía habló de entre ochenta y noventa por ciento, una ciudad casi entera detenida. Seguimiento, medio digital del Magdalena, describió a dos hombres en moto que dispararon contra los refrigeradores de una tienda de barrio mientras tres niños reparaban una bicicleta en el taller vecino y huían llorando. «Para que las empiecen a creer», dijo uno de los atacantes según ese medio, y anunció que seguirían hacia El Rodadero, el balneario.
El miércoles 23 el problema cambió de forma. Seguimiento registró filas de cientos de personas ante Olímpica, Ísimo, D1 y Ara, que abrieron con ingreso controlado, y una compra de pánico de alimentos básicos ante la posibilidad de un cierre prolongado. Noticaribe seguía listando comercios cerrados, entre ellos el mercado y el centro. Ambas descripciones pueden corresponder a barrios y horas distintas.
La ciudad que describen sus habitantes es menos ordenada. Fuentes locales, ciudadanos que viven en Santa Marta y a quienes AcidReport consultó, cuentan que los pocos supermercados abiertos fueron tomados por oleadas de compradores, que queda poco en los estantes y que las tiendas de barrio reciben disparos delante de menores. Lo último coincide con lo que documentan Seguimiento y varios videos. Lo demás no ha podido contrastarse con una segunda fuente independiente, y ninguno de los medios consultados reporta estanterías vacías ni desabastecimiento. Se publica como lo que es, un testimonio de quienes viven la crisis, bajo la responsabilidad expresa del autor.
El gremio de transportadores Colfecar advirtió, según El Diario, que una interrupción prolongada podría comprometer el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles. Una advertencia no es un hecho, y la distinción pesa en una ciudad que come cada día de lo que compra ese día.
Según la Cámara de Comercio de Santa Marta, el paro armado dejó pérdidas por 39.590 millones de pesos en la ciudad, con más de 22.000 establecimientos y más de 100.000 trabajadores afectados. (Cámara de Comercio de Santa Marta, citada por Vanguardia, 23 de septiembre de 2026)
El Diario precisa que esa cifra corresponde a la primera jornada. La misma Cámara estima que la economía informal representa alrededor del sesenta por ciento de la economía local y que el turismo pesa algo más de la mitad del producto de la ciudad. En una economía así, dos jornadas de cierre no se registran como balance contable sino como comida que alguien no compra.
Normalidad, firmeza y pistola al cinto
El martes 22, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, dijo según El Tiempo que cerrar el comercio sería «darle gabela al paro armado que anunciaron los Conquistadores», y pidió firmeza. En otra declaración recogida por La Veintitrés sostuvo que no había paro armado y describió a los autores como «dos pelagatos» que llegan en una moto, disparan y mandan a cerrar. Las dos frases se pisan entre sí. El argumento de fondo tiene su lógica, pues ceder el comercio equivale a ceder el territorio, pero la politóloga Karol Solís Menco le respondió, citando taxis quemados y disparos contra supermercados con niños dentro, que negar los hechos desde un carro blindado y con escolta era una falta de respeto hacia los gobernados.
Los comerciantes pedían acompañamiento de la Fuerza Pública para abrir, según Publimetro, y exigirles que reabran sin él, frente a hombres que ya dispararon contra tiendas vecinas, traslada a su caja registradora el costo de la firmeza del Estado.
El alcalde Carlos Pinedo declaró, según Vanguardia, que «todo va llegando a la normalidad», pidió abrir los negocios y cifró el refuerzo en seiscientos policías y quinientos militares. Lerber Dimas Vásquez, defensor de derechos humanos, respondió en X que su concepto de normalidad no coincidía con el del alcalde y la gobernadora. El Tiempo registraba ese mismo miércoles que numerosos negocios continuaban cerrados pese al despliegue institucional.
Conviene preguntar de qué normalidad se habla, porque la que describe la Defensoría en su alerta de 2025 incluye cobros periódicos a las actividades económicas y controles de horarios y conductas sobre la población civil.
La respuesta presidencial tuvo otra escala y otro destinatario.
La Silla Vacía registra que De la Espriella ordenó el martes la militarización de la ciudad con una frase de tono marcial, «a los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado». El miércoles anunció un refuerzo de 1.100 uniformados para Santa Marta y Ciénaga y llevaba una pistola al cinto, algo que ese mismo medio califica de hecho inédito para un mandatario civil. Según Cambio, recorrió los barrios Cristo Rey y Gaira con chaleco antibalas y escoltas armados, llamó al barrio Once de Noviembre centro de operaciones de las ACSN, y describió la zona como «tranquila». La Silla Vacía recogió además que caminó junto a los siete cuerpos de los abatidos, en bolsas blancas, y que ordenó trasladar a setenta y seis presos de las ACSN a cárceles de máxima seguridad, con la fórmula «quien no se someta termina en bolsas».
Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, dijo en una entrevista con Daniel Coronell que militarizar sirve de plan de choque y no resuelve el fondo, que el control no es evidente si siguen circulando hombres en moto que disparan contra tiendas, y que las imágenes y lo que cuentan los lugareños contradicen la narrativa oficial. Preguntó dónde están la inteligencia y la prevención.
Esa secuencia parece una política dirigida sobre todo al público que está fuera de Santa Marta. Las tropas, los presos trasladados y el arma responden al actor armado visible, y ninguna de esas medidas, según lo que consta en la prensa consultada hasta el 23 de septiembre, se refiere al cobro que lo sostiene ni a los comercios que lo pagan. Es una lectura y no un dato, y descansa en una ausencia, la de cualquier anuncio sobre la extorsión, que puede corregirse mañana con un solo decreto.
Hay además una liturgia. Un jefe de Estado que camina junto a siete cuerpos en bolsas blancas y promete que quien no se someta termina en bolsas practica una estética de la fuerza para la que la historia política tiene un nombre. Leo en ella un rasgo fascista, calificación mía y no dato, que no se desprende de haber ganado unas elecciones sino de convertir el cadáver en argumento de gobierno.
Ocho advertencias y una renta que nadie toca
La Defensoría del Pueblo había emitido ocho documentos de advertencia sobre la Sierra Nevada antes de marzo de 2024. Volvió a hacerlo el 2 de diciembre de 2025 con una alerta temprana para veintiún municipios que, según El Heraldo, describe a las ACSN con control hegemónico en zonas como Ciénaga y Santa Marta, con cobros periódicos por actividades económicas y controles de horarios y conductas sobre la población civil.
La Defensoría del Pueblo informó en marzo de 2024 que había emitido ocho documentos de advertencia sobre la Sierra Nevada de Santa Marta en los cinco años anteriores, y el 2 de diciembre de 2025 emitió una alerta temprana para 21 municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira. (Defensoría del Pueblo y El Heraldo)
Norma Vera Salazar sostiene en La Silla Vacía que la muerte de Cholo no desarticuló a la organización, que conserva redes familiares, control territorial y economías ilegales.
Dos doctrinas opuestas, la negociación de la paz total y la mano dura de De la Espriella, convergen en un punto que ninguna de las dos menciona. La primera dio cobertura jurídica a los interlocutores sin que conste que tocara las rentas, y la segunda elimina a los interlocutores sin que conste que las toque tampoco. En un territorio donde el turismo pesa algo más de la mitad de la economía y la informalidad alrededor del sesenta por ciento, la renta funciona como un impuesto privado cobrado a quienes menos margen tienen para pagarlo, y el paro armado es la forma que toma ese impuesto cuando alguien lo discute.
La incompetencia no está en no haber impedido un paro armado que la Defensoría y tres precedentes anunciaban, está en haber respondido con soldados, pistolas y discursos, y con ninguna medida anunciada contra la extorsión que financia al grupo.
El paro terminará, o ya terminó, y la ciudad recuperará el ritmo tibio de los días de sol y de turistas. Si la respuesta sigue la lógica descrita, el comercio abrirá con la Policía en la esquina una semana, dos, hasta que el despliegue se traslade a otra crisis, y alguien pasará a cobrar, porque el cobro no depende de que el jefe esté vivo. El Estado habrá cumplido con haber sido visible durante cuarenta y ocho horas, un lapso que en Santa Marta se mide en más de treinta y nueve mil millones de pesos y en tres niños huyendo de una tienda…
G.S.
Fuentes
- El Espectador, Muerte de alias «Cholo» desata caos en Santa Marta
- El Espectador, Muere alias «Cholo», presunto segundo jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada
- Cambio, Santa Marta, así fueron las primeras horas del paro armado atribuido a las ACSN
- Cambio, Con chaleco antibalas y arma al cinto, así fue el recorrido de De la Espriella por los barrios de Santa Marta
- La Silla Vacía, Santa Marta continúa el paro armado tras la muerte de alias «Cholo»
- La Silla Vacía, Abelardo ordena militarizar Santa Marta por paro armado
- La Silla Vacía, Con arma en cinto, Abelardo anuncia medidas de seguridad para Santa Marta
- La Silla Vacía, Acsn, 76 miembros serán trasladados a cárceles de máxima seguridad
- La Silla Vacía, Norma Vera Salazar, El paro armado de Santa Marta sobrevive a sus jefes
- Defensoría del Pueblo, Defensor del Pueblo solicita mayor atención y protección para quienes habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta
- El Heraldo, Disputa entre estructuras armadas en la Sierra Nevada de Santa Marta mantiene en peligro latente a las comunidades
- El Heraldo, Policía realiza patrullajes en zonas comerciales y la FAC hace sobrevuelos en Santa Marta
- Seguimiento, Aberrante, ante la mirada de tres niños, Acsn ataca a bala una tienda en Santa Marta
- Seguimiento, Largas filas e incertidumbre, samarios acuden a supermercados por temor al desabastecimiento
- Seguimiento, Escalada terrorista, queman taxi en Santa Marta y un camión de carga en la Troncal
- Noticaribe, Santa Marta amaneció desolada y con negocios cerrados
- Noticaribe, Terror, a bala integrantes de las ACSN obligan a cerrar los negocios en Santa Marta
- Vanguardia, Santa Marta calcula millonarias pérdidas tras jornada de violencia
- Vanguardia, Alcalde de Santa Marta anuncia refuerzo de seguridad tras jornada de violencia
- La Veintitrés, Polémica en Santa Marta, gobernadora niega paro armado y politóloga la contradice con pruebas
- El Tiempo, Gobernadora del Magdalena se pronuncia tras problemas de orden público en Santa Marta
- El Tiempo, Santa Marta intenta recuperar la normalidad
- Publimetro, Paro armado en Santa Marta, comerciantes piden garantías para abrir sus negocios
- El Espectador, Clan del Golfo, ¿qué hubo detrás del paro armado?
- Juan Carlos Losada, entrevista con Daniel Coronell, septiembre de 2026
- El Diario, Paro armado en Santa Marta deja pérdidas por $39.000 millones y golpea al transporte de carga
