Diez años después de la firma en el Teatro Colón, la guerra no ha vuelto a empezar y tampoco ha terminado. Se ha fragmentado en procesos paralelos, algunos judiciales, otros militares, casi todos inconclusos. El acuerdo que debía cerrar un siglo de conflicto agrario sigue abierto en sus puntos más difíciles, mientras el país elige un gobierno que promete desmontarlo. Esta es la última entrega de una serie que empezó con la United Fruit y termina, apropiadamente, sin final claro.
I. Lo que la tierra sí cambió, y lo que no
El Punto 1 del Acuerdo Final, la Reforma Rural Integral, fue siempre la promesa más difícil de cumplir porque tocaba lo que ninguna administración anterior había tocado, la estructura misma de la propiedad. Diez años más tarde, el balance es mixto de una manera que ninguna de las dos narrativas dominantes, ni el triunfalismo oficial ni el desprecio de la oposición, logra capturar con honestidad.
El Fondo de Tierras, mecanismo central de la reforma, incorporó 779.483 hectáreas en el último cuatrienio, de las cuales 348.514 fueron adjudicadas a campesinas y campesinos. Se formalizaron más de 2,2 millones de hectáreas adicionales y se constituyeron veinte nuevas Zonas de Reserva Campesina, hasta llegar a un total de veintisiete en todo el territorio nacional. Son cifras reales, verificables, y representan el avance más significativo en materia de tierras desde la firma del acuerdo.
Pero la cifra no cuenta la historia completa. Académicos que han seguido la implementación desde el primer año documentan una tensión persistente entre el texto negociado en La Habana y su ejecución posterior, una tensión que privilegia sistemáticamente al sector agroindustrial y a los grandes propietarios sobre el campesinado que el acuerdo decía priorizar. La sustitución de cultivos ilícitos, por ejemplo, chocó durante años con la erradicación forzada ordenada desde el sector defensa, dos políticas del mismo Estado operando en sentido contrario sobre las mismas familias.
Entre 2022 y 2026 se incorporaron 779.483 hectáreas al Fondo de Tierras y se adjudicaron 348.514 hectáreas a población campesina, el mayor avance en reforma rural desde la firma del Acuerdo de Paz. (Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, comunicado conjunto, 3 de julio de 2026)
Investigadores que documentaron los primeros años de implementación describen algo más grave que la simple lentitud burocrática. En varios momentos, el Gobierno nacional radicó decretos y proyectos de ley sobre reforma rural sin contar con la aprobación de la instancia bilateral creada para ese propósito exacto, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Mientras la Alta Consejería para el Posconflicto firmaba acuerdos de sustitución de cultivos con familias cocaleras, el Ministerio de Defensa continuaba aplicando, en las mismas regiones, la estrategia de erradicación forzada heredada de la Resolución 3080 de 2016. Dos oficinas del mismo Estado, dos políticas contradictorias, una sola población rural pagando el costo de la descoordinación.
La pregunta que abrió esta serie, por qué la guerrilla colombiana nació de una cuestión agraria nunca resuelta por vías legales, sigue teniendo la misma respuesta incómoda diez años después del acuerdo. No es que nada haya cambiado. Es que lo que cambió llegó demasiado tarde y de forma demasiado parcial para desactivar la lógica que produjo el conflicto en primer lugar.
II. La sentencia que no cierra nada
El 16 de septiembre de 2025 la Jurisdicción Especial para la Paz leyó su primera sentencia restaurativa contra el último Secretariado de las extintas FARC-EP. Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda fueron declarados máximos responsables de una política de secuestro sistemático ejecutada entre 1993 y 2012, con 21.396 hechos victimizantes documentados y 4.325 víctimas acreditadas ante el tribunal. La sanción, ocho años de restricción efectiva de libertad y derechos bajo trabajo restaurativo, es la máxima que contempla ese modelo de justicia.
Nueve meses después, en apelación, la Sección respectiva del Tribunal para la Paz confirmó la condena pero reescribió partes sustanciales del fallo original, precisando con mayor exactitud qué decisiones y qué periodo comprometen a cada excomandante. El 1 de julio de 2026 quedó en firme, de manera definitiva, la primera condena de segunda instancia dictada bajo el trámite dialógico de la JEP.
Es un hito jurídico real, la primera vez que un modelo de justicia restaurativa opera a esta escala en Colombia. También es, para el bando contrario, la prueba de que el sistema entero merece desaparecer. El mismo tribunal ya había sancionado, en el macrocaso paralelo sobre falsos positivos, a doce exmilitares del Batallón La Popa por homicidio y desaparición forzada. La jurisdicción juzga a ambos lados del conflicto, dato que rara vez aparece en el discurso que la reduce a un instrumento de impunidad guerrillera, y que se ha convertido, precisamente por juzgar a ambos lados, en el blanco político más señalado de la transición de gobierno en curso. Al cierre de este texto, la Sección de Apelación había proferido más de dos mil doscientos autos y seiscientas sentencias, un volumen de trabajo judicial sin precedente en la historia reciente del país, y aun así apenas dos de esas decisiones corresponden a condenas definitivas del trámite dialógico. La justicia transicional colombiana no avanza despacio por negligencia, avanza despacio porque investiga con un nivel de detalle que la justicia ordinaria nunca aplicó a los mismos hechos.
III. El costo que nadie negocia
Mientras los tribunales avanzan, el país sigue enterrando a quienes defienden el territorio. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 2025 cerró con 187 líderes y lideresas sociales asesinados, un aumento de 8,1 por ciento frente a los 173 registrados el año anterior. La violencia contra los firmantes del Acuerdo de Paz creció todavía más, con 39 exguerrilleros asesinados, 25,8 por ciento más que en 2024.
La geografía de esa violencia no es aleatoria. Cauca concentró cuarenta homicidios de líderes sociales, Antioquia treinta, Valle del Cauca diecisiete, y el patrón se repite año tras año en los mismos corredores donde confluyen minería ilegal, cultivos de coca y disputas territoriales entre estructuras armadas que sustituyeron a las FARC sin heredar ninguna de sus limitaciones ideológicas. Entre los firmantes, Norte de Santander fue el departamento más golpeado, con siete asesinatos.
Colombia cerró 2025 con 187 líderes sociales asesinados, 8,1 por ciento más que el año anterior, y 39 firmantes del Acuerdo de Paz muertos, un incremento de 25,8 por ciento frente a 2024. (Indepaz, Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, informe anual)
Firmar un acuerdo nunca implicó que el Estado pudiera garantizar la vida de quienes lo firmaron. Esa es, quizás, la lección más dura de la implementación, el papel se cumple con relativa facilidad, el territorio no.
El propio Indepaz advirtió, antes de que terminara el año electoral, que los ciclos de votación en Colombia se acompañan históricamente de una nueva ola de amenazas y homicidios dirigidos a reorganizar el poder local. La violencia contra el liderazgo social no es, en ese sentido, un daño colateral del conflicto armado. Es, muchas veces, una herramienta deliberada de control territorial que antecede a cada elección y que sobrevive a cualquier cambio de gobierno, precisamente porque responde a intereses económicos y disputas por rentas criminales que ningún acuerdo de paz, por ambicioso que sea, tiene la capacidad de desmontar por sí solo.
IV. Paz total, resultado parcial
La Paz Total fue el proyecto más ambicioso del gobierno saliente, negociar simultáneamente con todos los grupos armados del país bajo una sola arquitectura jurídica. El balance, a un mes de la entrega del poder, es de fragmentación más que de éxito.
La mesa con el ELN lleva congelada desde abril de 2024, sin retomarse pese a al menos seis intentos documentados del gobierno por reabrir el canal. La ofensiva elena de comienzos de 2025 contra el frente 33 de las disidencias dejó, solo en el Catatumbo, quinientos desplazados en cinco días, la prueba más cruda de que el congelamiento de una mesa no congela la guerra que la mesa debía resolver. El Estado Mayor Central, la disidencia más numerosa de las FARC, se dividió entre las facciones lideradas por alias Calarcá y alias Mordisco, cada una con su propia relación, o ausencia de relación, con el proceso de paz. La mesa con la Segunda Marquetalia, la disidencia comandada por Iván Márquez, fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado en julio de 2026, decisión judicial que puso en entredicho el fundamento legal de toda la política y que amenaza con arrastrar consigo a la mesa paralela con la Coordinadora Nacional, cuyos noventa y nueve integrantes ya habían sido trasladados a una zona de ubicación temporal en Putumayo.
El congelamiento actual no es una anomalía, es una repetición. Betancur lo intentó en los años ochenta, Gaviria retomó los contactos en Venezuela y México tras el asesinato de un exministro, Pastrana logró abrir espacios de diálogo que la agenda paralela con las FARC terminó devorando, y solo Santos, casi tres décadas después del primer acercamiento, consiguió instalar una mesa formal en Quito. El ELN sigue siendo, como lo era en la época retratada en el episodio cuarto de esta serie, la guerrilla más antigua y más reacia a negociar en los términos que cualquier gobierno colombiano ha estado dispuesto a ofrecer.
Ninguno de estos procesos produjo un acuerdo firmado. Todos produjeron, en distinto grado, ceses al fuego parciales, gestos de buena voluntad y, con la misma frecuencia, rupturas violentas que dejaron muertos entre la tropa y desplazados entre la población civil. La ambición de negociar con todos a la vez terminó demostrando lo que la historia de esta serie ya había sugerido, que cada grupo armado colombiano responde a una economía y una lógica territorial distinta, y que tratarlos como un bloque uniforme fue, en el mejor de los casos, un optimismo mal calculado.
V. El giro que cierra el ciclo
El 21 de junio de 2026 Colombia eligió presidente a Abelardo de la Espriella, abogado de extrema derecha, con el 49,66 por ciento de los votos frente al 48,70 por ciento de Iván Cepeda. La diferencia, menos de un punto porcentual, no deja margen de ambigüedad sobre el mensaje que una parte casi idéntica del electorado quiso enviar en dirección contraria.
De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto de 2026 con un programa que declara explícitamente el fin de la Paz Total y la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha dado a los grupos armados un plazo de un mes para entregarse a la justicia ordinaria, ha advertido públicamente a comandantes de las disidencias que su gobierno irá por ellos, y ha calificado la reciente comparecencia de Rodrigo Londoño ante la JEP como prueba de una impunidad que promete terminar sin perdón ni olvido.
Que pueda cumplir esa promesa es otra pregunta. El Acuerdo de Paz de 2016 y la JEP tienen blindaje constitucional bajo el Acto Legislativo 02 de 2017, lo que exigiría una reforma constitucional completa para desmantelarlos, no un simple decreto presidencial. Analistas consultados por medios especializados coinciden en que el nuevo gobierno enfrentará un país más fragmentado que el de hace una década, con estructuras armadas más numerosas y economías criminales más diversificadas que las que existían cuando se firmó el acuerdo original. La retórica de mano dura puede resultar, frente a esa complejidad, tan insuficiente como lo fue en su momento la promesa de una paz total sin condiciones para sostenerla.
Cierre
Esta serie empezó hace nueve semanas con una plantación bananera y una masacre que el Estado colombiano decidió no investigar. Terminó con un tribunal que sí investiga, que sí condena, y que un nuevo gobierno se propone desaparecer. Entre ambos extremos hay un siglo de la misma pregunta sin resolver, quién tiene derecho a la tierra y qué hace el Estado cuando esa pregunta se plantea por canales legales.
La respuesta colombiana, durante cien años, fue mayoritariamente la misma, aplazar, reprimir, y dejar que la violencia ocupara el espacio que la reforma dejaba vacío. El acuerdo de 2016 fue la primera vez que esa respuesta cambió de forma sustancial, y las cifras de esta última entrega, hectáreas formalizadas, sentencias confirmadas, también líderes asesinados y mesas congeladas, muestran exactamente lo que cuesta sostener un cambio así en un país que no ha dejado de estar en guerra en ningún punto de su historia moderna.
El largo fuego no se apaga con una firma ni con una sentencia. Tampoco se apaga, previsiblemente, con un cambio de gobierno que promete extinguirlo por decreto. Cambia de combustible, cambia de nombre, y sigue ardiendo en el mismo terreno que nunca se repartió a tiempo…
G.S.
Fuentes
- Comunicado Conjunto, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
- La JEP dicta su primera sentencia por los secuestros, el último Secretariado de las Farc-EP es condenado
- Caso 01, JEP
- En 2025 fueron asesinados 187 líderes sociales y 39 firmantes del Acuerdo de Paz
- Elecciones presidenciales Colombia 2026, presidente electo Abelardo de la Espriella
- Abelardo de la Espriella lanzó dura advertencia para los exlíderes de las antiguas Farc
- El justo medio de una paz segura que deberá buscar De la Espriella, La Silla Vacía
- El único grupo con estatus político y con el que puede haber un proceso de paz es el ELN
