El reconocimiento de derechos para las mujeres en América Latina no fue un solo hito sino una acumulación lenta y desigual de leyes que se extendió durante todo el siglo veinte y sigue abierta hoy. Antes de que ninguna mujer pudiera votar, algunos países ya le permitían administrar sus propios bienes. Después de que el voto quedara asegurado en toda la región, en 1961, todavía faltaban décadas para que las mujeres casadas dejaran de estar bajo la tutela legal de sus maridos, o para que la interrupción voluntaria del embarazo dejara de ser un delito en la mayoría de los países. Esa secuencia larga, con derechos que llegan en momentos distintos y a velocidades distintas según el país, es la que hoy los organismos internacionales resumen bajo el concepto de autonomía de las mujeres. Es también el telón de fondo frente al cual conviene leer el fenómeno tradwife que circula hoy en redes sociales.
La ciudadanía llegó en oleadas distintas, no en una sola fecha
Antes de que ninguna colombiana pudiera votar, ya podía, al menos en el papel, administrar su propio patrimonio. La reforma de 1922 le reconoció a la mujer casada el derecho a manejar sus bienes sin autorización marital, y en 1933 se le abrió formalmente el acceso a la educación superior en las mismas condiciones que a los hombres. El voto llegaría veintiún años después. El patrón se repite en buena parte de la región, los derechos patrimoniales o educativos solían llegar antes que la ciudadanía política plena.
La primera mujer que votó en América Latina no lo hizo por una ley que la amparara sino por un vacío legal, y su caso fue individual y efímero. Julieta Lanteri, médica de origen italiano nacionalizada argentina, se empadronó en 1911 aprovechando que el reglamento municipal de Buenos Aires no especificaba el sexo de quien podía inscribirse, y votó ese mismo año en una elección de concejales. La hazaña llegó a los diarios porteños, pero también alertó a las autoridades, que de inmediato ataron el padrón electoral al servicio militar para cerrarles la puerta a otras mujeres. El voto de Lanteri no abrió un ciclo, fue una anomalía que tardó treinta y seis años en repetirse de forma legal en su propio país.
La primera vez que un grupo de mujeres votó de manera colectiva ocurrió en Uruguay en 1927. Una disputa administrativa entre tres departamentos por la jurisdicción del pueblo de Cerro Chato se resolvió mediante un plebiscito local, y como la legislación uruguaya ya permitía el voto femenino en contiendas municipales, decenas de mujeres del pueblo sufragaron ese día. Uruguay confirmó el sufragio a escala nacional en 1932, aunque las mujeres solo llegaron a las urnas en una elección general hasta 1938. Ecuador dio el paso institucional más temprano, en 1924, cuando la médica lojana Matilde Hidalgo logró que el Consejo de Estado le permitiera sufragar, fallo convertido en norma constitucional en 1929, primero de la región en reconocer la ciudadanía política femenina.
Chile reconoció la ciudadanía política de las mujeres en 1931 y extendió el sufragio a elecciones municipales en 1934, pero tardó quince años más en permitir que votaran por presidente. Ese rezago no se explica, como suele asumirse, por la resistencia católica y conservadora, que según la historiografía chilena fue de las primeras en impulsar el voto. El freno vino de los partidos anticlericales y de izquierda, que temían que el nuevo electorado femenino favoreciera al conservatismo.
Argentina reconoció el sufragio pleno en 1947, con la Ley 13.010 impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón y promovida activamente por Eva Perón. Colombia llegó en 1954, bajo el general Gustavo Rojas Pinilla, tras una Asamblea Nacional Constituyente donde la reforma se aprobó con sesenta votos a favor y ninguno en contra, luego de que los opositores se retiraran del recinto para romper el quorum.
El cierre regional llegó en 1961, cuando Paraguay y El Salvador incorporaron el sufragio femenino, treinta y dos años después de que Ecuador abriera el camino.
Esas fechas no cuentan toda la historia. La reforma constitucional colombiana de 1945 ya había concedido la ciudadanía a las mujeres, pero les negó el voto y el derecho a ser elegidas, una fórmula que dejó a miles de colombianas con nacionalidad plena y participación política nula durante nueve años más. Detrás de esa demora hubo organizaciones como la Unión Femenina de Colombia y figuras como Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, que llevaron el debate al Congreso desde bancadas enfrentadas entre sí.
El voto no cerró el ciclo, fue apenas uno de sus tramos. En 1948, la Novena Conferencia Interamericana, reunida en Bogotá, aprobó la Convención sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, un tratado que buscaba armonizar la capacidad legal de las mujeres casadas. Aun así, la capacidad civil plena, el derecho a actuar ante la ley sin el permiso del esposo para administrar bienes o firmar contratos, tardó décadas en llegar país por país. Uruguay la reconoció en 1946, Brasil en 1962, Argentina en 1968 y Chile hasta 1989, ya dentro de la transición democrática posterior a Pinochet.
La capa más reciente es la de los derechos reproductivos, y su cronología es igual de desigual. Cuba despenalizó el aborto en 1961, Uruguay lo hizo hasta 2012, Argentina en 2020 tras la marea verde, y Colombia en 2022, cuando la Corte Constitucional lo despenalizó hasta la semana veinticuatro mediante la sentencia C-055. México llegó al reconocimiento federal apenas en 2023. Cada fecha equivale, en la práctica, a una ciudadanía distinta según el país donde haya nacido una mujer.
La ley existe, pero la autonomía no llega a todas por igual
Ese mosaico resolvió apenas una parte de lo que hoy se agrupa bajo tres marcos jurídicos internacionales. Desde 1979, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obliga a los Estados que la ratifican a garantizar la igualdad ante la ley. Desde 1994, la Convención de Belém do Pará, suscrita por treinta y dos países de América Latina y el Caribe, reconoce por primera vez en el mundo que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos sancionable. Y desde hace cuatro décadas, las Conferencias Regionales sobre la Mujer, coordinadas por la CEPAL, dan seguimiento a lo que llaman autonomía de las mujeres, en sus tres dimensiones, física, económica y de toma de decisiones.
La Agenda Regional de Género, acordada por los gobiernos de la región en la Conferencia Regional sobre la Mujer celebrada en Ciudad de México en agosto de 2025, tradujo esos compromisos en sesenta y ocho metas medibles hacia 2030. El informe conjunto más reciente de CEPAL y ONU Mujeres sobre esos indicadores, presentado en abril de 2025 en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, encontró que los mayores retrocesos se concentran en el acceso a servicios de salud, al empleo decente, a la protección frente a la violencia y a los espacios de toma de decisiones, y que solo el 13 por ciento de los países de la región cuenta con sistemas de monitoreo de igualdad de género con asignación presupuestal propia.
Solo 13 de las 68 metas analizadas en la Agenda Regional de Género de América Latina y el Caribe, un 19,1 por ciento, muestran un ritmo y una tendencia adecuados para cumplirse hacia 2030, según el informe conjunto de CEPAL y ONU Mujeres presentado en 2025.
La brecha se concentra de forma desigual entre países y entre mujeres de distinta condición social. Las encuestas de uso del tiempo de CEPAL y ONU Mujeres muestran que la carga doméstica no remunerada recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, de poco más de cuatro horas diarias en Argentina a más de siete en Guatemala, mientras los hombres rara vez superan las dos horas. Esa carga explica por qué las mujeres con hijos tienen, según la OIT, una probabilidad de conseguir empleo remunerado de apenas 54 por ciento, frente a 88 por ciento entre los hombres con hijos.
Colombia refleja ese patrón con matices propios. El país reconoce hoy derechos que en 1954 ni siquiera estaban en discusión, como la despenalización del aborto en 2022 o el reconocimiento jurisprudencial de la violencia de género como categoría autónoma de análisis judicial. Pero el ejercicio de esos derechos sigue mediado por el territorio y la clase social. Una mujer rural en zonas de conflicto armado enfrenta obstáculos que no aparecen en las cifras nacionales, desde la distancia a un centro de salud habilitado hasta el estigma comunitario que rodea a quienes denuncian violencia sexual donde el control social sigue en manos de actores armados.
Tradwife, una renuncia sin precedente exacto en la región
En los últimos meses, un fenómeno de redes sociales originado en Estados Unidos empezó a discutirse también en medios latinoamericanos. Se trata de las llamadas tradwife, mujeres que en plataformas como TikTok e Instagram muestran una vida doméstica idealizada, dedicada por completo al hogar y a un esposo presentado como único proveedor. Durante la Women’s Leadership Summit 2026, celebrada en Estados Unidos entre el 5 y el 7 de junio, varias participantes defendieron públicamente la idea de un voto en familia, según la cual el hombre debería representar políticamente a la unidad conyugal completa, una postura que cuestiona de manera directa el derecho al sufragio individual que a las mujeres estadounidenses les tomó setenta y dos años de movilización conseguir.
Esa pregunta no tiene una respuesta simple. La región sí conoció un conservadurismo político femenino organizado y activo. En Chile, la Sección Femenina del Partido Conservador, fundada en 1941, agrupó a mujeres católicas que hacían política de tiempo completo defendiendo un modelo tradicional de familia. En Colombia, la historiografía del sufragio identifica la resistencia a los valores de la mujer tradicional como uno de los factores, junto al cálculo electoral liberal, que retrasaron su reconocimiento.
Hubo, en otras palabras, mujeres que ocuparon la vida pública para defender el orden que hoy las tradwives reivindican en video.
Lo que no aparece documentado es una demanda explícita, sostenida y pública de mujeres latinoamericanas para ceder su voto o su ciudadanía política a los hombres de su entorno. La oposición histórica al sufragio, cuando existió, vino de sectores políticos masculinos que temían el efecto electoral del nuevo padrón, no de mujeres reclamando renunciar a derechos que apenas empezaban a tener. Eso distingue al fenómeno tradwife del conservadurismo femenino que sí tuvo la región, y lo convierte en una novedad real, no en la repetición de un patrón conocido.
Para quienes estudian el mercado laboral y la economía del cuidado, la respuesta es más económica que ideológica. Ana Güezmes, directora de Asuntos de Género de CEPAL, sostuvo ante Bloomberg Línea que para la mayoría de las mujeres de la región la vida doméstica de tiempo completo no es una opción sino un destino inevitable que las mantiene atrapadas en pobreza, trabajo precario y violencia estructural. Mia Perdomo, de la consultora Aequales, lo plantea más directo, las condiciones económicas obligan a mujeres y hombres a trabajar juntos porque ningún hogar promedio puede prescindir de un segundo ingreso, algo que distingue a Latinoamérica de los mercados donde la tendencia se ha viralizado con más fuerza.
En el continente americano, las mujeres dedican en promedio 268 minutos diarios a trabajo de cuidado no remunerado, frente a 155 minutos entre los hombres, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo de 2020.
Más de la mitad de las mujeres fuera de la fuerza laboral en la región, un 55 por ciento según las mismas fuentes, declaran dedicarse exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado, frente a apenas 7 por ciento de los hombres en la misma situación. Esa cifra sugiere que buena parte de lo que en redes se presenta como elección estética y política ya era, antes de tener nombre en inglés, la realidad cotidiana de millones de mujeres sin cámara ni audiencia. El fenómeno tradwife no importa tanto por su tamaño real, que sigue siendo marginal, sino por lo que revela frente a esa base estructural, y por la pregunta que deja abierta, si la exposición masiva de esos contenidos puede convertir en aspiración voluntaria lo que hasta ahora ha sido, para la mayoría, una limitación impuesta por la falta de otras opciones.
A.B.
Fuentes
- El voto femenino en Colombia, la conquista que transformó la democracia
- La conquista del voto femenino, un camino que empezó antes de 1954, Centro Nacional de Memoria Histórica
- 60 años del voto de la mujer, Registraduría Nacional del Estado Civil
- Sufragio femenino en Argentina, antecedentes de Julieta Lanteri
- Día Nacional del Voto Femenino, Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador
- Voto femenino, Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile
- Catholicism, Anticlericalism, and the Quest for Women’s Suffrage in Chile, Kellogg Institute
- Historia del voto femenino en Colombia, origen y evolución
- La sanción de la capacidad civil plena de la mujer en los países del Cono Sur, 1945-1990, Latin American Research Review
- Aborto en Cuba, primer país de la región en despenalizar
- 28S, Aborto Legal en América Latina, panorama actual y desafíos en la región, Share-Net Colombia
- México despenalizó el aborto a nivel federal en 2023
- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género, CEPAL
- CEPAL y ONU Mujeres presentan informe conjunto de indicadores de género a 2024
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, OEA
- Se cumplen 30 años de la Convención de Belém do Pará, Secretaría Distrital de la Mujer
- Publicaciones, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL
- Familias latinoamericanas, organización del trabajo no remunerado y de cuidado, CEPAL
- ‘Tradwife’ o esposas tradicionales, qué tan real es la tendencia para mujeres de Latam, Bloomberg Línea
- ¿Qué es una tradwife y por qué algunas quieren renunciar al derecho al voto?, Excélsior
