El 24 de junio de 2026, el Consejo Nacional Electoral proclamó presidente de Colombia a Abelardo de la Espriella para el período 2026-2030, con una ventaja oficial sobre Iván Cepeda de 250.830 votos, menos de un punto porcentual. Esa misma tarde, Gustavo Petro confirmó el inicio del proceso de empalme con su sucesor, el traspaso formal de gobierno entre el mandatario saliente y el entrante, que es la última forma institucional disponible del reconocimiento. Lo que comienza el 7 de agosto no es una alternancia normal entre programas de gobierno distintos. Es el regreso al orden que Colombia había intentado, con resultados parciales e imperfectos, interrumpir desde 2022. El hombre que ocupará la Casa de Nariño nació en Bogotá, creció en Montería, tiene triple nacionalidad colombiana, estadounidense e italiana, dirige una firma de abogados con sede en Miami y firmará el 7 de agosto noventa decretos presidenciales cuyo contenido anunció con precisión antes de la elección. El análisis de lo que viene no requiere especulación.
El hombre antes del cargo
Antes de convertirse en el outsider que nunca había ocupado un cargo público, Abelardo de la Espriella fundó y dirigió la Fundación Iniciativas por la Paz, FIPAZ, durante los diálogos entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, Córdoba. FIPAZ organizó foros universitarios con la participación activa de Ernesto Báez, exjefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, invitando a estudiantes a apoyar un referendo para que los desmovilizados fueran juzgados por sedición y no por concierto para delinquir, lo que les habría permitido penas más bajas y participación en política. En 2011, la Corte Suprema de Justicia estableció que FIPAZ “no promovió la paz cuando los grupos de autodefensa masacraban, desaparecían, mataban y torturaban, sino cuando buscaban proyectarse políticamente”, y ordenó que se investigara a De la Espriella. Dos investigaciones penales fueron archivadas a su favor, la primera en 2009 bajo la Fiscalía de Mario Iguarán, amigo cercano de De la Espriella y cuya llegada al cargo, según declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP en 2024, habría contado con el respaldo de las AUC. La Jurisdicción Especial para la Paz, que De la Espriella llamó farsa y prometió eliminar, investiga los crímenes de esas mismas estructuras. El presidente que vendrá a desmantelar ese tribunal construyó su carrera pública en el entorno de quienes el tribunal debe juzgar. Que nadie formule esta coincidencia en esos términos no significa que la información no esté disponible. Significa que hay preguntas que el periodismo colombiano ha decidido no hacer.
De la Espriella nació en Bogotá el 31 de julio de 1978 y creció en Montería, donde conoció desde niño a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar que declaró ante la JEP en 2024 sobre los vínculos entre FIPAZ y las AUC. Su firma de abogados opera con sedes en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami. Tiene triple nacionalidad colombiana, estadounidense e italiana; la ciudadanía americana la obtuvo en 2023, tras más de una década viviendo en Florida. Donald Trump lo respaldó públicamente desde el primer semestre de 2026, cuando el candidato todavía no figuraba entre los primeros lugares de las encuestas. El senador republicano Bernie Moreno actuó como intermediario en la llamada entre Trump y De la Espriella la noche del 21 de junio, cuando el escrutinio oficial todavía no había concluido. El secretario de Defensa Pete Hegseth lo felicitó el lunes siguiente. Marco Rubio ya lo había hecho el domingo. La biografía no necesita interpretación adicional. Es su propio análisis.
Los noventa decretos
El 7 de agosto, en el momento de su posesión, Abelardo de la Espriella firmará noventa decretos. No es una metáfora de campaña ni una aspiración vaga. Es un plan anunciado con ese número exacto.
“Mientras armamos la agenda legislativa vamos a suscribir el mismo 7 de agosto noventa decretos en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de salud y en temas de educación.” (Abelardo de la Espriella, entrevista con El Tiempo, junio de 2026)
El contenido está documentado. En materia de seguridad, el nuevo gobierno intervendrá trescientas treinta mil hectáreas de cultivos de coca mediante fumigación aérea, uso de drones y erradicación manual. Iniciará la construcción de diez megacárceles en zonas apartadas del territorio, inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, con administración privada mediante contratos de largo plazo. Liquidará el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el organismo estatal que administra las prisiones del país, y transferirá esa función a operadores privados. En materia económica, ejecutará una reducción del cuarenta por ciento del aparato del Estado, que equivale, según sus propias estimaciones, a entre setecientas mil y ochocientas mil posiciones en el sector público. Declarará una emergencia económica para tomar decisiones rápidas. La declaratoria de emergencia económica es un instrumento que la Constitución permite bajo condiciones específicas y con control judicial posterior; que el presidente electo lo anticipe como herramienta ordinaria de gobierno revela una lectura de las instituciones que no es neutral. La secuencia es la misma que Milei aplicó en Argentina y que Bukele institucionalizó en El Salvador antes de disolver la Asamblea Legislativa. La velocidad como sustituto del consenso, los hechos consumados antes de que la oposición tenga tiempo de organizarse.
Lo que se desmonta
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por el Acuerdo de 2016 con las extintas FARC. Este año cumple su décimo aniversario. En ese tiempo ha procesado casos de lesa humanidad, recibido confesiones de excomandantes guerrilleros e imputado a militares por ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, en los que soldados presentaban civiles asesinados como bajas en combate para acumular méritos. Es imperfecta, lenta y políticamente costosa para todos los sectores ante quienes comparecer implica reconocer algo. Es también el único mecanismo disponible en Colombia para que las víctimas accedan a alguna forma de verdad judicial sobre lo que les ocurrió. El programa de gobierno de De la Espriella propone recortar su presupuesto en un noventa por ciento con el objetivo declarado de cerrarla en 2030.
“La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria.” (Abelardo de la Espriella, declaraciones públicas, 2026)
La JEP no es la única institución en la lista. El nuevo gobierno ha anunciado la eliminación o absorción de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la entidad que acompaña el proceso de reintegración de los exguerrilleros a la vida civil; la Unidad de Restitución de Tierras, que tramita la devolución de predios a familias desplazadas por el conflicto; y el Centro Nacional de Memoria Histórica, el archivo institucional que documenta lo que les ocurrió a las víctimas durante décadas de guerra. Estas instituciones tienen blindajes constitucionales derivados del Acuerdo de Paz. Que el presidente las anuncie como objetivos de su gestión dice menos sobre la viabilidad jurídica de su eliminación que sobre la señal que su gobierno quiere enviar desde el primer día. En este medio documentamos el 14 de junio de 2026 que bajo el gobierno de Gustavo Petro la pobreza monetaria en Colombia llegó al 28,0 por ciento en 2025, la cifra más baja en la historia estadística del país. La arquitectura que hizo posible esa reducción, las transferencias sociales, los subsidios focalizados, los programas de atención que dependen del aparato del Estado, es exactamente lo que una contracción del cuarenta por ciento haría, en la práctica, inviable.
La internacional del orden
El 17 de junio de 2026, diecisiete congresistas demócratas estadounidenses enviaron una carta formal solicitando que su gobierno investigara los vínculos de De la Espriella con las AUC y con Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y cliente del abogado entre 2013 y 2019, así como el origen de sus activos en Florida. En esa carta, los legisladores pidieron a Trump que cesara su injerencia en las elecciones colombianas a favor de un candidato que, en sus palabras, podría representar una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Trump ignoró la carta. Milei publicó que el tigre y el león rugen en América Latina. Kast felicitó desde Chile. Noboa desde Ecuador. Bolsonaro desde Brasil. Machado desde Venezuela. El bloque continental saludó el resultado como una victoria compartida. Lo es; hay una infraestructura política transnacional, con fondos, redes de comunicación y asesores compartidos, que ha producido resultados en Argentina, en El Salvador, en Chile y ahora en Colombia, con un programa reconocible en cada país donde llega. Siempre el mismo. Velocidad, decretos de emergencia, privatización acelerada, supresión del diálogo con los actores del conflicto.
Colombia tiene cincuenta millones de habitantes, es el primer exportador mundial de flores cortadas, tiene reservas de petróleo cuya explotación el gobierno Petro intentó desacelerar y comparte frontera con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. Lo que Washington tiene interés en administrar no es un Estado pequeño y periférico. De la Espriella asume el 7 de agosto con menos del cincuenta por ciento de los votos, sin mayorías legislativas propias y en un país que Petro describió la noche del 21 de junio como partido por la mitad. Colombia tendrá un nuevo presidente con ese perfil, ese respaldo y ese programa. Que todo ocurra dentro del marco constitucional, con observadores internacionales validando el proceso y el escrutinio mostrando una coincidencia del 99,997 por ciento entre el preconteo y el resultado oficial, no modifica lo que el resultado instala. Solo confirma que la institucionalidad colombiana funciona, tal como está diseñada, para producir exactamente este tipo de resultados…
G.S.
Fuentes
- Perfil de De la Espriella, FIPAZ y las AUC · La Silla Vacía
- Denuncia Cepeda, vínculos paramilitares · La Silla Vacía
- Los 90 decretos · El Tiempo
- Planes de choque, primeros 100 días · El Universal
- Propuestas bomba · La Silla Vacía
- JEP y acuerdos de paz · El Espectador
- Retrocesos en derechos · Rolling Stone ES
- Carta congresistas demócratas estadounidenses · Chuy García / House.gov
- Fortuna y trayectoria · La Nación Argentina
- Trump, Bernie Moreno, Hegseth · El Tiempo
- Reducción histórica de pobreza · AcidReport
