Colombia ha firmado la paz con sus guerrillas más veces de las que un país debería necesitar. Cada firma repite el mismo gesto, la promesa de una tierra que finalmente cambiará de manos, y cada vez la tierra se queda casi exactamente donde estaba. Del despeje del Caguán al Teatro Colón pasaron dieciocho años, dos generaciones de negociadores y un Premio Nobel entregado cinco días después de una derrota electoral. Lo único que no llegó a moverse del todo, ni siquiera en el acuerdo más ambicioso de la historia del país, fue la estructura de propiedad rural que esta serie viene señalando desde su primer episodio.
I. El teatro de San Vicente
En julio de 1998, todavía candidato presidencial, Andrés Pastrana viajó en secreto a la selva para conocer a Manuel Marulanda, comandante histórico de las FARC. El gesto funcionó al mismo tiempo como maniobra electoral y como apertura diplomática, y le sirvió. Pastrana ganó la presidencia semanas después, y cumplió lo prometido con una velocidad que incomodó a su propio gabinete militar. El 14 de octubre de 1998, por resolución presidencial, ordenó el despeje de cinco municipios de Caquetá y Meta, San Vicente del Caguán, La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vista Hermosa. La zona sumaba cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados sin presencia del Estado, comparable en extensión a Suiza, entregada a la guerrilla como condición previa para sentarse a hablar.
La ceremonia formal se celebró el 7 de enero de 1999, con Marulanda ausente de su propia silla vacía y Pastrana sentado junto a ella durante horas frente a las cámaras internacionales. La imagen recorrió el mundo y la prensa colombiana no se la perdonó nunca del todo. La agenda de doce puntos que se discutió durante los tres años siguientes incluía, formalmente, la reforma agraria, junto a narcotráfico, derechos humanos y participación política, acompañada por gobiernos de más de veinte países y por delegaciones de sociedad civil que viajaban hasta el corazón de la zona despejada para dejar constancia de sus propuestas. Nada de eso impidió que, mientras los negociadores hablaban de tierra en las mesas oficiales, las FARC usaran el territorio despejado para reorganizar tropas, entrenar combatientes y consolidar el negocio de la coca a una escala que el país todavía no había visto. El despeje pensado como gesto de confianza se convirtió, en la práctica, en retaguardia militar y santuario económico.
El final llegó con el secuestro de un avión comercial el 20 de febrero de 2002, en el que viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Esa misma noche Pastrana anunció, en veintidós minutos de televisión, el fin de la zona de distensión y el regreso inmediato de la Fuerza Pública a los cinco municipios. La derrota del proceso benefició electoralmente a un solo hombre. Álvaro Uribe Vélez, que venía subiendo en las encuestas desde meses antes gracias a un discurso de mano dura frente a una guerrilla que la opinión pública ya daba por incorregible, ganó la presidencia en primera vuelta con el cincuenta y cuatro por ciento de los votos, algo inédito desde que el país adoptó la doble vuelta presidencial.
La zona de distensión de 1998 ocupó cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados en cinco municipios de Caquetá y Meta, desmilitarizados por decisión presidencial durante tres años sin resultado negociado.
II. Los años del hierro
Uribe gobernó ocho años sobre la premisa exactamente contraria a la de Pastrana, no había nada que negociar con una organización armada mientras conservara capacidad militar. El Plan Colombia, ya en marcha desde el gobierno anterior, se convirtió en el instrumento presupuestal de esa doctrina, y el país entero se reorganizó alrededor de la guerra como proyecto nacional, con la asistencia militar estadounidense narrada en el episodio anterior de esta serie. Los resultados fueron reales en el terreno estrictamente militar, la guerrilla perdió territorio, mandos históricos y capacidad de golpe estratégico, y varios de sus jefes cayeron en operaciones que hace una década habrían sido impensables.
Lo que no cambió durante esos años, porque nadie lo puso seriamente sobre la mesa, fue la estructura de propiedad rural que las FARC llevaban cuatro décadas invocando como argumento fundacional. Peor aún, la misma década del hierro coincidió con la expansión paramilitar documentada en el episodio anterior, y con ella llegaron despojos de tierra a escala industrial en regiones enteras del Caribe y el Urabá, ejecutados bajo la sombra de la Fuerza Pública mientras el Estado negociaba, en paralelo, la desmovilización de las AUC bajo la Ley de Justicia y Paz. Se ganaba la guerra contra una guerrilla agraria sin tocar la concentración de tierra que la guerra decía combatir, y en algunas regiones esa concentración incluso se profundizó.
Hay además un detalle semántico que pesa más de lo que parece. Uribe se negó durante los ocho años de su gobierno a reconocer oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, y prefirió hablar de una amenaza terrorista contra instituciones legítimas. La diferencia no es retórica, tiene consecuencias jurídicas directas, porque un conflicto armado abre la puerta a mecanismos de justicia transicional y reparación de víctimas que una simple amenaza terrorista no exige. Mientras la palabra oficial fue terrorismo, la restitución de tierras despojadas careció de marco legal propio.
III. La Habana, discreción y método
El giro llegó del lugar menos esperado. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Uribe y arquitecto de buena parte de la ofensiva militar de la década anterior, asumió la presidencia en 2010, y antes incluso de sentarse con la guerrilla hizo algo que su antecesor nunca quiso hacer, sancionar en junio de 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que abrió por primera vez un camino jurídico para devolver predios despojados durante décadas. Con esa ley el país aceptó oficialmente, por vía legislativa y no solo retórica, que la violencia rural no había sido una simple sucesión de hechos delictivos aislados sino un conflicto con estructura y con víctimas identificables. Aprobada un año antes de que se confirmara cualquier mesa de negociación, fue la primera señal de que el nuevo gobierno pensaba la paz como algo más amplio que un acuerdo de desarme. Meses después comenzaron, casi de inmediato, contactos exploratorios secretos con la guerrilla. El aprendizaje del Caguán se notaba en cada decisión posterior. Nada de zona desmilitarizada, nada de cámaras antes de tiempo, nada de silla vacía frente al mundo. Durante casi dos años, delegados del gobierno y de las FARC se reunieron discretamente en La Habana y en Oslo, con Cuba y Noruega como países garantes y Venezuela y Chile como países acompañantes, hasta que Santos confirmó públicamente la existencia de la mesa el 4 de septiembre de 2012.
Las FARC llegaban esta vez debilitadas militarmente, un hecho que cambiaba por completo la correlación de fuerzas respecto a 1999 y que explica en buena medida por qué el proceso llegó a puerto donde el anterior había naufragado. Las negociaciones formales se instalaron en La Habana un mes después, ordenadas alrededor de una agenda de seis puntos pactada de antemano en el llamado Acuerdo General, y se extendieron durante cuatro años, con mesas paralelas dedicadas a género, víctimas y verificación técnica, y sin cese al fuego bilateral hasta las etapas finales del proceso, otra lección directa del fracaso del Caguán. Delegaciones de víctimas del conflicto viajaron a Cuba para hablar directamente frente a los negociadores de ambas partes, un mecanismo que no había existido en ningún intento anterior. El texto definitivo se anunció el 24 de agosto de 2016.
IV. Seis puntos, un solo silencio de fondo
El primer punto del acuerdo, y el que ocupa más páginas del documento final, se llama Reforma Rural Integral. Prometía la formalización de siete millones de hectáreas cultivadas por campesinos sin título legal y la distribución estatal de tres millones de hectáreas adicionales a población rural sin tierra, además de un catastro multipropósito que por primera vez pretendía saber, con precisión, quién es dueño de qué en el campo colombiano. Los otros cinco puntos, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, ordenaban el resto de la arquitectura del acuerdo. El punto de drogas creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, dirigido a los mismos cultivadores de coca que la política de erradicación forzosa había perseguido durante dos décadas. El punto de víctimas creó la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, dos instituciones de justicia transicional sin precedente comparable en la región. El punto de participación política garantizó diez curules temporales en el Congreso para el partido que naciera de la desmovilización, que terminaría llamándose Comunes.
Ninguno de esos cinco puntos, sin embargo, tocaba la pregunta que las FARC habían puesto sobre la mesa desde La Violencia de los años cincuenta. El primero sí lo hacía, al menos en el papel, y por eso ocupa el lugar que ocupa en el documento. La diferencia con los intentos anteriores no estaba en la ambición del texto, que era considerable, sino en el reconocimiento explícito de que la tierra seguía siendo el asunto no resuelto. El problema, como quedaría claro en los años siguientes, no fue la redacción del acuerdo sino su aplicación.
El acuerdo de 2016 fijó como meta la entrega de tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra. Nueve años después, la Misión de Verificación de Naciones Unidas registraba menos de trescientas mil hectáreas efectivamente entregadas, muchas de ellas de forma provisional o aún sin registro definitivo.
V. El plebiscito que dijo no
Santos sometió el texto a votación popular el 2 de octubre de 2016. El resultado sorprendió a su propio gobierno y a buena parte de los observadores internacionales, el No ganó con el cincuenta coma veintiuno por ciento de los votos frente al cuarenta y nueve coma setenta y ocho del Sí, una ventaja de menos de medio punto porcentual según el escrutinio final de la Registraduría Nacional. La abstención rozó el sesenta y tres por ciento, agravada por las lluvias que el huracán Matthew dejó ese domingo sobre buena parte de la Costa Caribe, precisamente una de las regiones donde el Sí ganaba con más fuerza. Una diferencia tan mínima refleja menos un rechazo mayoritario al fin del conflicto que una desconfianza profunda hacia los términos concretos de la desmovilización y la justicia transicional, agravada por una jornada electoral que el clima mismo terminó inclinando. La campaña del No, liderada por Uribe y por sectores conservadores que llegaron a difundir la idea de que el acuerdo imponía una supuesta ideología de género en los colegios, se concentró en las ciudades y en regiones que habían sufrido menos directamente el conflicto armado. El Sí, en cambio, ganó de forma abrumadora en los territorios donde la guerra había sido más larga y más brutal, Chocó, Cauca, Nariño, buena parte de la costa Pacífica, exactamente las regiones que llevan nueve episodios apareciendo en esta serie como escenario recurrente del conflicto. La geografía del plebiscito reprodujo, con precisión casi cartográfica, la geografía de la guerra, y eso decía más sobre la distancia entre el país urbano y el país rural que sobre el contenido técnico del acuerdo mismo. Quienes habían sufrido el conflicto en carne propia votaron mayoritariamente por cerrarlo. Quienes lo habían visto por televisión durante treinta años se dieron el lujo de dudar.
Cinco días después de la derrota en las urnas, el comité noruego le otorgó a Santos el Premio Nobel de la Paz, en una decisión que muchos colombianos leyeron como un homenaje internacional a un proceso que su propio país acababa de rechazar. Santos no llamó a un segundo plebiscito. Renegoció puntos específicos con los sectores del No durante semanas, produjo un texto modificado y lo firmó por segunda vez el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Esta vez la refrendación no pasó por el pueblo sino por el Congreso, que aprobó el acuerdo el 1 de diciembre. El procedimiento fue legal y estuvo dentro de las facultades presidenciales, pero dejó una marca política que acompañaría toda la implementación posterior, un acuerdo nacido de una derrota electoral y ratificado sin el respaldo popular directo que el propio gobierno había buscado en primer lugar.
VI. El desarme y lo que vino después
Desde el 1 de diciembre de 2016, con el acuerdo ya ratificado, empezó el proceso de dejación de armas bajo verificación de una misión política de Naciones Unidas, la primera de este tipo desplegada en Colombia. Durante los meses siguientes, casi nueve mil armas individuales fueron entregadas y destruidas en veintiséis zonas veredales transitorias de normalización y siete puntos transitorios repartidos por todo el país, un mecanismo tripartito entre el gobierno, los excombatientes y la ONU que resultó, según la propia organización, uno de los procesos de desarme más rápidos y con mayor proporción de armas por combatiente jamás verificados en un conflicto de esta duración. Esas zonas transitorias se convertirían meses después en veinticuatro espacios territoriales de capacitación y reincorporación, la sigla que la prensa colombiana terminó adoptando como nombre corriente. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz acreditó, en total, a trece mil doscientas dos personas como exintegrantes de las FARC con derecho a los beneficios de reincorporación previstos en el acuerdo.
Los años que siguieron mostraron la brecha entre la firma y la implementación con una claridad que ningún comunicado oficial pudo disimular del todo. La Jurisdicción Especial para la Paz contabilizaba, a comienzos de 2025, más de cuatrocientos cincuenta antiguos combatientes reincorporados asesinados desde la firma, en su inmensa mayoría en las regiones donde el Estado nunca llegó a ocupar el vacío que dejaron las FARC, y disidencias armadas que rechazaron el acuerdo desde el principio, algunas nacidas antes de la firma y otras después de ella, se disputaron ese mismo vacío con el ELN y con estructuras herederas del paramilitarismo descrito en el episodio seis de esta serie. El patrón se repetía con una regularidad casi mecánica, el Estado desmovilizaba a un actor armado y otro ocupaba el territorio antes de que llegara cualquier institución civil a sustituirlo. La Reforma Rural Integral, el punto que debía cerrar la pregunta abierta desde los años de la United Fruit, avanzó a un ritmo que la propia Misión de Verificación de la ONU calificó de insuficiente frente a la magnitud de lo prometido, y el catastro multipropósito destinado a saber quién es dueño de cada hectárea del país sigue hoy, casi una década después de la firma, lejos de completarse.
Cierre
Dieciocho años separan el despeje del Caguán de la firma del Teatro Colón, y en ese intervalo Colombia cambió de estrategia militar, de interlocutor internacional y de generación política completa. Lo único que no cambió fue la pregunta de fondo, quién es dueño de la tierra y bajo qué condiciones puede seguir siéndolo. El acuerdo de 2016 fue el primero en nombrarla con precisión jurídica y en construir instituciones para intentar resolverla. Nombrarla no bastó para resolverla, y esa distancia entre el texto firmado y las hectáreas efectivamente entregadas es, con toda probabilidad, la clave real para entender por qué Colombia sigue enterrando firmantes de paz casi una década después de haber apagado oficialmente la guerra…
G.S.
Fuentes
- El Caguán, Informe Final, Comisión de la Verdad
- Recorridos por los paisajes de la violencia, Caquetá, Centro Nacional de Memoria Histórica
- Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, Gobierno de Colombia
- Explicación de los puntos del acuerdo, Portal para la Paz
- El acuerdo de paz con las Farc cumple nueve años entre avances y nuevas amenazas, El Tiempo
- El Acuerdo de Paz de 2016 ha logrado avances notables, Naciones Unidas en Colombia
- Así fue la dejación de armas de excombatientes de las antiguas FARC hace nueve años en Mesetas, Meta, El Espectador
- La reforma agraria, la paz con las FARC, un compromiso aplazado de nuevo, Redalyc
- Plebiscito por la paz, una derrota inesperada, Señal Memoria
- Resultados plebiscito 2016, El Tiempo
- Plebiscito por la paz, resultados de la votación del plebiscito, Semana
- Cifras oficiales indican que 98% de exguerrilleros se mantienen en proceso de paz, ColombiaCheck
- JEP reporta que 456 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, Noticias RCN
