En Puerto Bolívar, el agua que alimentaba los jagüeyes wayúu se desvió hace cuatro décadas para servir a la mina de carbón más grande de Suramérica. El Cerrejón la necesitaba para lavar mineral y controlar el polvo; las comunidades wayúu y afrodescendientes de La Guajira, para sus animales, sus cultivos y sus rituales. La apropiación del agua por la megaminería desplazó territorialidades hidrosociales enteras, y fueron las mujeres quienes encabezaron la respuesta, exigiendo un vínculo con el territorio ajeno a la ingeniería extractiva.
La genealogía teológica del ecofeminismo
En 1974, una mujer le dio nombre a ese vínculo. Françoise d’Eaubonne, escritora francesa, militó en el Partido Comunista entre 1946 y 1956, fundó en 1971 el primer movimiento revolucionario gay de Francia y publicó ese año, en el marco del incipiente frente de ecología y feminismo que animaba dentro del movimiento de liberación de las mujeres, Le féminisme ou la mort. Ahí acuñó la palabra ecofeminismo. Su tesis era escueta y radical, la opresión de las mujeres y la destrucción de la naturaleza comparten una misma raíz, el patriarcado, y ambas crisis, la ecológica y la de género, no pueden resolverse por separado. El libro tardó décadas en traducirse al español. Su idea, en cambio, cruzó el Atlántico casi de inmediato.
Lo hizo primero como teología. A principios de los años noventa, en el contexto de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y del quinto centenario de la invasión europea, un grupo de teólogas feministas latinoamericanas decidió romper con el antropocentrismo de la teología de la liberación. Nació entonces Con-spirando, colectivo chileno fundado en 1991 por, entre otras, la uruguaya-venezolana Gladys Parentelli, epicentro regional de lo que se conoció como teología ecofeminista. Su figura más influyente, la monja brasileña Ivone Gebara, definió el proyecto en términos que todavía se citan.
“El ecofeminismo puede ser considerado como una sabiduría que intenta recuperar al ecosistema y a las mujeres.”
Con-spirando publicó sesenta números de su revista homónima entre 1992 y 2009. Trató el aborto, la violencia intrafamiliar, la agroecología, el sida, la división sexual del trabajo. Reivindicó la mirada de los pueblos mapuche, aimara y maya. Formó una escuela anual de teología ecofeminista que sigue activa. Y dejó una genealogía de nombres propios, Coca Trillini en Argentina, Fanny Geymonat-Pantelís en Bolivia, Marcia Moya en Ecuador, Gladys Parentelli en Venezuela.
Esas teólogas no llegaron al ecofeminismo desde la academia. La mayoría militaba en las Comunidades Eclesiales de Base, el brazo pastoral de la teología de la liberación, entre las mujeres más pobres del continente. Eso las distinguió del ecofeminismo estadounidense de la misma época, más cercano a los departamentos universitarios que a los barrios populares, y también las expuso a un doble rechazo, el de una jerarquía eclesiástica que consideró heterodoxa su relectura de la Trinidad y el de sectores del propio feminismo, que las acusó de esencialistas por su lenguaje espiritual. La etiqueta no logró apagar el trabajo político que sostenían en paralelo.
El giro hacia el territorio
El segundo momento del ecofeminismo latinoamericano llegó con el auge extractivista de las últimas dos décadas y desplazó el eje de la espiritualidad al territorio. En un trabajo publicado en 2018 en la revista Ecología Política, el colectivo venezolano LaDanta LasCanta identificó al menos cincuenta organizaciones que se definen como ecofeministas o que operan bajo lo que llaman “imaginario ecofeminista”, presentes en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países de la región, activas desde finales de los años ochenta. El mismo colectivo acuñó otro término para nombrar la escala del problema, el Faloceno, una manera de rebautizar el Antropoceno señalando que la crisis ambiental global no es obra de la humanidad en abstracto, sino de un orden patriarcal concreto. Entre las cincuenta organizaciones nombran a Comunitar, en Colombia, constituida en 1987 como Corporación para el Ecodesarrollo Comunitario y reconvertida en 2010 en una organización explícitamente ecofeminista. Su trabajo se ha concentrado en el acompañamiento psicosocial y jurídico de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Dos episodios anteceden ese giro y explican su urgencia. A finales de los años ochenta, las mujeres indígenas de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, se rebelaron contra la explotación petrolera de su territorio y contra el patriarcado dentro de su propia comunidad. Y en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh, fundado en 1993 y liderado después por Berta Cáceres) construyó una lucha simultáneamente antipatriarcal, antiimperialista y antineoliberal. Su batalla más conocida fue contra la represa de Agua Zarca, en el río Gualcarque, un proyecto hidroeléctrico que Cáceres y su organización lograron frenar tras años de resistencia lenca. Ninguna de las dos organizaciones se nombró a sí misma ecofeminista en su momento. Ambas quedaron leídas, en retrospectiva, como parte de su genealogía.
La defensa del territorio-cuerpo, la fórmula que terminaría por resumir ese segundo momento, no es una metáfora decorativa. Une dos escalas de despojo que el extractivismo produce a la vez, la del suelo y la del cuerpo de las mujeres que lo habitan. Rosa Dominga Trapasso, teóloga ecofeminista peruana, lo planteó así en 1993, en las páginas de la revista Con-spirando.
“El feminismo necesariamente tuvo que evolucionar hacia el ecofeminismo al poner en evidencia las vinculaciones de todas las formas de opresión.”
En Colombia, esa evolución tomó forma institucional en 2015. Del 18 al 20 de agosto de ese mismo año, cuarenta y una mujeres de todo el país y cuatro invitadas internacionales se reunieron en Fusagasugá para el Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras de la Vida frente al Extractivismo, convocado por Censat Agua Viva, la Escuela Mujer y Minería, el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe y Ammucale. El objetivo declarado del encuentro fue discutir las afectaciones directas que el avance extractivista produce sobre los cuerpos y los territorios de las mujeres, desde las experiencias de resistencia que ya sostenían organizaciones y colectivos de base. Entre las invitadas estaba la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada meses después, en marzo de 2016, por su liderazgo contra la represa de Agua Zarca. La Escuela Mujer y Minería, un proyecto itinerante de Censat que arrancó en 2007 dentro de la red de Amigos de la Tierra Internacional, sigue formando a mujeres vinculadas a territorios con megaproyectos minero-energéticos, buscando su participación directa en el diseño de política pública sobre minería.
El Cerrejón, agua y despojo
El caso de El Cerrejón condensa lo que ese activismo enfrenta sobre el terreno. La mina opera desde los años ochenta y ha desviado o intervenido varios cursos de agua para sostener su operación, entre ellos el arroyo Bruno, cuyo desvío la Corte Constitucional suspendió en 2017 mediante la Sentencia SU-698, al amparar los derechos al agua, la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades wayúu afectadas. La apropiación del agua (por captación, contaminación y desviación de cauces) produjo un despojo territorial que confinó a las comunidades a márgenes cada vez más estrechos. Frente a esa territorialidad minera, centrada en la acumulación de recursos, las comunidades wayúu sostienen una relación con el agua que no se agota en lo productivo; la que riega el cultivo también nombra la memoria y sostiene el ritual. El propio seguimiento de la sentencia sobre el arroyo Bruno constató, años después del fallo, discrepancias sobre la calidad del agua aguas arriba y aguas abajo de la desviación, y sobre si el caudal debía o no restituirse a su cauce natural. Las mujeres wayúu y afroguajiras encabezaron la respuesta organizativa a ese desencuentro, y disputaron además las lógicas racistas y coloniales que la minería trajo consigo junto a la contaminación.
Ese despojo tiene, además, una segunda declaración judicial que lo respalda, más reciente y más severa. La Corte Constitucional declaró en la Sentencia T-302 de 2017 un estado de cosas inconstitucional por la vulneración generalizada de los derechos al agua, la alimentación y la salud de la niñez wayúu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. La Sala Especial de Seguimiento a esa sentencia sigue activa nueve años después. En una inspección judicial realizada entre el 26 y el 28 de agosto de 2026, encontró que comunidades como Waimpiralein siguen abasteciéndose de un reservorio de agua de escorrentía superficial contaminada con heces de animales y partículas de plantas, y ordenó medidas cautelares transitorias para dotarlas de agua apta para consumo humano. El estado de cosas inconstitucional, casi una década después de declarado, sigue sin superarse.
A esa disputa se suma un dato que rara vez se cruza con el discurso ecofeminista; según el estudio sectorial de equidad de género del Ministerio de Minas y Energía, las mujeres apenas representan el 13 % de la fuerza laboral minera colombiana, proporción que cae al 20 % en los cargos operativos, los que producen directamente el mineral, y que solo se invierte en la minería de subsistencia, sin título minero, donde son mayoría y donde están más expuestas a la violencia de género y al conflicto armado.
La respuesta organizada
El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, desde su sede en Bogotá, documentó en 2016 los mismos impactos repetidos con variaciones locales en toda la región. Pérdida de autonomía económica cuando la agricultura de subsistencia cede terreno a la economía minera. Pérdida de soberanía alimentaria cuando el agua y el suelo se contaminan. Deterioro del derecho a la salud de las mujeres y comunidades que conviven con el enclave extractivo. Erosión de la identidad cultural en comunidades donde el territorio es también memoria y sostén de la lengua propia. Y un patrón que las organizaciones documentan una y otra vez, el aumento de la violencia intrafamiliar y sexual en las zonas donde se instalan los enclaves extractivos, ligado a la llegada de mano de obra foránea y a la militarización del territorio.
La respuesta no ha sido individual ni reciente. Se ha organizado en ONG, colectivos ambientalistas y articulaciones que cruzan lo étnico y lo sectorial, mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas coincidiendo en asambleas, escuelas itinerantes y redes regionales que no siempre comparten origen ni lenguaje, pero sí un adversario común, y a veces ni siquiera comparten el mismo nombre para nombrarlo.
La investigadora uruguaya Lucía Delbene-Lezama, del Centro Latinoamericano de Ecología Social, ofreció en 2015 una definición que sirve como cierre provisional de esta genealogía; el ecofeminismo no es una corriente única sino un conjunto amplio de miradas y prácticas que abordan la dominación simultánea sobre las mujeres y la naturaleza. En algunos territorios, según registró la misma investigadora, las mujeres reaccionan de forma distinta a los hombres cuando el entorno donde viven se contamina o se amenaza; son ellas quienes primero organizan la respuesta.
Esa amplitud es también su utilidad práctica. Permite nombrar, con una sola categoría, lo que ocurre cuando se desvía un río en La Guajira, lo que ocurre cuando un tribunal constitucional constata, nueve años después de ordenarlo, que el agua sigue sin llegar limpia a un territorio wayúu, y lo que ocurrió cuando una escritora francesa, en 1974, decidió que la crisis ecológica y la crisis de las mujeres eran, en el fondo, la misma crisis…
A.B.
Fuentes
- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), “Quiénes somos”
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-302 de 2017 y seguimiento (auto de medidas cautelares, agosto de 2026)
- Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-698 de 2017 (caso arroyo Bruno)
- Françoise d’Eaubonne, Le féminisme ou la mort, 1974
- LaDanta LasCanta, “De la teología al antiextractivismo: ecofeminismos en Abya Yala”, Ecología Política n.º 54, 2018
- LaDanta LasCanta, “El Faloceno: redefinir el Antropoceno desde una mirada ecofeminista”, Ecología Política n.º 53, 2017
- Lucía Delbene-Lezama, “Las mujeres no se rinden: ecofeminismos y desarrollos en América Latina”, CLAES, 2015
- Censat Agua Viva, Escuela Mujer y Minería / Escuela de la Sustentabilidad
- Cosal Uviéu, “Documental: Mujeres defendiendo territorios”, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres Defensoras de la Vida frente al Extractivismo, Fusagasugá, 2015
- Sandra Teherán Sánchez, dir. William Sacher Freslon, “Megaminería de carbón en Colombia, caso El Cerrejón: apropiación del agua y defensa territorial de las mujeres”, 2025
