El 8 de marzo de 2026, ONU Mujeres lanzó una alerta con un dato que resume el fracaso colectivo, ningún país del planeta ha alcanzado la igualdad jurídica plena entre mujeres y hombres. A escala mundial, las mujeres solo tienen 64 por ciento de los derechos legales de los que gozan los hombres. En 54 por ciento de los países, la violación sigue sin definirse sobre la base del consentimiento, lo que significa que una mujer puede ser agredida sexualmente sin que la ley lo reconozca como delito. Ese vacío jurídico convive con extremos documentados y medibles, desde el régimen talibán que ha convertido a Afganistán en el país peor calificado del mundo para las mujeres, hasta las guerras de Sudán y República Democrática del Congo, donde la violencia sexual funciona como táctica militar. Este texto reconstruye esa geografía de la opresión, los derechos concretos que ha arrebatado, y las formas en que las mujeres, aun bajo represión directa, siguen resistiendo.
El índice que mide el costo de nacer mujer
El Índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS Index) 2025/26, elaborado por el Instituto Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad junto con el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, evalúa a 181 países con 13 indicadores que combinan inclusión, justicia y seguridad. Dinamarca encabeza la clasificación por tercer periodo consecutivo. Afganistán ocupa el último lugar, con una puntuación tres veces menor a la danesa. El propio informe del Secretario General de Naciones Unidas que acompañó la alerta de marzo confirma que 87 por ciento de los países ha promulgado leyes contra la violencia doméstica, y más de 40 han reforzado la protección constitucional de mujeres y niñas en la última década. Las normas existen. Lo que falla, según ese mismo informe, es la aplicación, bloqueada por estigmatización de las víctimas, miedo comunitario y presión social que silencia las denuncias.
El propio WPS Index ubica entre los países con menor seguridad para las mujeres a Siria, Afganistán, Yemen, Haití, Sudán y República Centroafricana, y extiende calificaciones bajas a buena parte de África, Medio Oriente, Asia meridional y Centroamérica. En América Latina, Guatemala y Honduras comparten el puesto 144 de 181, en el quintil más bajo de la clasificación global, México también figura entre los países con mayores desafíos de seguridad para las mujeres, y Colombia se ubica en el puesto 149, con un puntaje de 0,551 sobre 1.
Según el WPS Index 2025/26 (Georgetown Institute for Women, Peace and Security), a escala mundial las mujeres solo tienen 64 por ciento de los derechos legales de los hombres, y en 54 por ciento de los países la violación no está definida por consentimiento.
Afganistán, el sistema jurídico de la exclusión total
Incluso antes del regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, Afganistán ya figuraba entre los países con mayor desigualdad de género del mundo, según ONU Mujeres. Lo ocurrido después no fue un endurecimiento gradual, sino la construcción deliberada de un entramado normativo. El nuevo gobierno se instaló sin mujeres en sus filas, disolvió el Ministerio de Asuntos de la Mujer y desactivó los mecanismos judiciales de protección y rendición de cuentas frente a la violencia de género. En noviembre de 2022, el líder supremo talibán ordenó por decreto la aplicación plena de la sharia como sistema de conducta. En 2024 entró en vigor la ley conocida como ley del silencio, que prohíbe que la voz de las mujeres sea escuchada en espacios públicos. Este año, el nuevo código penal talibán fijó penas de apenas 15 días de cárcel por fracturarle el brazo a una mujer, frente a cinco meses de prisión por maltratar a un camello, una desproporción que revela el lugar que ocupan las mujeres en la jerarquía legal del régimen.
Los talibanes sostienen que estas restricciones existen dentro del marco de la ley islámica, una frase que dentro del propio islam admite lecturas muy distintas entre sí. La sharía se construye sobre el Corán, las enseñanzas atribuidas al profeta Mahoma y siglos de interpretación jurídica que varían según la escuela de pensamiento y la región. Estudiosos como Simon Perfect, del centro de pensamiento británico Theos, señalan que el islam alienta la búsqueda de conocimiento por igual para hombres y mujeres, y que las mujeres musulmanas tuvieron derecho a la propiedad desde los inicios del islam, siglos antes de que ese derecho existiera en buena parte de Europa. En enero de 2025, durante una cumbre internacional sobre educación de niñas en comunidades musulmanas celebrada en Islamabad, la premio Nobel Malala Yousafzai calificó ante decenas de líderes musulmanes las acciones talibanas como apartheid de género, y los acusó de encubrir sus crímenes bajo justificaciones culturales y religiosas. De esa disputa depende la vida de millones de mujeres que no eligieron nacer bajo esa interpretación específica, y que no cuentan, dentro del propio sistema talibán, con ningún mecanismo legal para cuestionarla.
El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) han documentado el caso como un ejemplo de apartheid de género, término que describe la exclusión sistemática e institucionalizada de un grupo por razón de su identidad. Las mujeres no pueden trabajar fuera de casa sin un pariente masculino que las acompañe, no pueden cerrar tratos con comerciantes hombres, no pueden ser atendidas por médicos varones y tienen vedado el acceso a la educación secundaria y universitaria. Quien visite el hogar de un familiar sin permiso de su esposo puede enfrentar cárcel, igual que quien la reciba. En enero de 2025, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención contra dirigentes talibanes, un paso que Amnistía Internacional describió como decisivo para la justicia de mujeres, niñas y personas LGBTQI de Afganistán. Ese mismo organismo documentó en diciembre de 2025 millones de devoluciones forzadas de personas afganas, muchas de ellas mujeres, hacia el país que las persigue por su género.
La violencia sexual como arma de guerra
En Sudán, la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, iniciada en abril de 2023, ha convertido la violencia sexual en herramienta de combate en Darfur y Kordofán. Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 546 casos verificados de violencia sexual en tres años de conflicto, con 838 víctimas, entre ellas 539 mujeres y 284 niñas, cifra que el propio informe califica como apenas la punta del iceberg del alcance real. Ochenta y cinco organizaciones lideradas por mujeres que operan en el país reportaron en 2025 un incremento significativo de estos casos, mientras que 99 por ciento enfrenta dificultades operativas por falta de financiación y restricciones de seguridad.
En el este de la República Democrática del Congo, Naciones Unidas registró al menos 80.000 casos de violación entre enero y septiembre de 2025, un aumento de 32 por ciento frente al mismo periodo de 2024. Human Rights Watch atribuye la violencia a grupos armados como el M23, las Fuerzas Democráticas Aliadas, milicias locales y también a miembros del propio ejército congoleño, mientras la asistencia disponible para las sobrevivientes se ha reducido de forma marcada por los recortes de la ayuda internacional. A escala global, Naciones Unidas verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con conflictos armados en 2025, más del doble que el año anterior, documentados en 21 escenarios distintos e incluyendo violaciones, esclavitud sexual, matrimonios forzados y trata de personas. República Democrática del Congo, Haití, Sudán y República Centroafricana concentraron el mayor número de casos verificados. Noventa y dos por ciento de las víctimas fueron mujeres y niñas. Naciones Unidas reconoce, sin embargo, que la cifra real es mucho mayor, porque por cada caso que llega a atención clínica, entre diez y veinte nunca se denuncian.
Naciones Unidas verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con conflictos armados en 2025, más del doble que en 2024, el nivel más alto desde que existe registro.
Lo que se pierde cuando el derecho se vuelve excepción
Lo que estos países comparten no es un único mecanismo, sino un resultado similar alcanzado por vías distintas. En Afganistán, la exclusión se construyó por decreto, artículo por artículo, hasta convertir a las mujeres en sujetos jurídicos de segunda categoría. En Sudán y República Democrática del Congo, el colapso de las instituciones estatales dejó el territorio en manos de actores armados que usan el cuerpo de las mujeres como campo de batalla. En ambos escenarios, los derechos concretos que desaparecen son los mismos, el acceso a la educación, la posibilidad de trabajar y moverse sin tutela masculina, la participación en la vida pública y política, y el acceso a la justicia cuando el abuso ya ocurrió. Ese último punto es el que sostiene todo lo demás. Cuando más de la mitad de los países del mundo no reconoce el consentimiento como el eje legal de la violación, y cuando los mecanismos judiciales que deberían perseguir estos crímenes están desactivados por decreto o desbordados por la guerra, la impunidad deja de ser una falla del sistema para convertirse en su lógica de funcionamiento.
Hay, sin embargo, señales puntuales de que esa impunidad no es absoluta en todas partes. En República Democrática del Congo, 35 portadores de armas fueron condenados por violencia sexual el año pasado, y más de 45.000 personas desplazadas recibieron atención médica, psicosocial y de medios de vida. En Iraq, más de 2.500 solicitudes de reparación de sobrevivientes yazidíes fueron aprobadas. En Colombia, excomandantes de las extintas FARC han sido acusados ante la Jurisdicción Especial para la Paz por crímenes de guerra que incluyen violencia sexual, un proceso que la propia representante especial de la ONU para la Violencia Sexual en los Conflictos citó, en julio de 2026, como una de las pocas señales de esperanza dentro del retroceso global documentado este año.
Cómo resisten las mujeres frente a la opresión
En Afganistán, la resistencia no toma la forma de manifestaciones masivas, que fueron reprimidas con detenciones y torturas hasta volverse escasas. Toma la forma de redes clandestinas. La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán organiza clases secretas en habitaciones de casas particulares, donde adolescentes y jóvenes estudian materias de secundaria mientras ocultan sus libros de texto de la mirada de hermanos o esposos vinculados al régimen. Pashtana Durrani fundó Learn Afghanistan, una red que hoy reúne a 230 estudiantes mayores de 12 años, y sostiene que educar en la clandestinidad, con todos los riesgos que implica, dejó de ser una opción para convertirse en la única alternativa disponible.
En Irán, la resistencia tomó forma de calle. La muerte de Jina Mahsa Amini bajo custodia de la policía de moralidad, en septiembre de 2022, por presuntamente llevar mal puesto el velo, encendió el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Las protestas no se han apagado. En enero de 2026, nuevas movilizaciones enfrentaron munición real, apagones de internet y detenciones masivas, y activistas como Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de Paz 2023, continúan presas en la cárcel de Evín. El régimen sigue ejecutando a manifestantes vinculados a esas protestas, la más reciente en junio de 2025. Y aun así, cada aniversario de la muerte de Amini vuelve a llenar calles que el Estado insiste en vaciar por la fuerza.
Ninguna de las dos resistencias ha logrado revertir la legislación que las oprime. Pero ambas sostienen, con métodos distintos, la misma convicción, la de que ceder el espacio público o el conocimiento sin pelear no es una alternativa real…
A.B.
Fuentes
- Ningún país del mundo ha alcanzado la plena igualdad jurídica para las mujeres y niñas
- WPS Index 2025/26 – Georgetown Institute for Women, Peace and Security
- Colombia – Georgetown Institute for Women, Peace and Security
- Informe internacional sitúa a Guatemala y Honduras entre los países más inseguros para las mujeres viajeras – Infobae
- La lucha global de las mujeres afganas por la incorporación del apartheid de género en el derecho internacional
- ‘Apartheid’ de género en Afganistán, la arquitectura jurídica de la opresión – E&J
- Los derechos humanos en Afganistán – Amnistía Internacional
- Los derechos de las mujeres en Afganistán dependen de una ley islámica. ¿Qué es la sharía? – Prensa Libre
- Malala Yousafzai pide a líderes musulmanes que rechacen abiertamente el trato de los talibanes a las mujeres afganas – VOA
- La violencia sexual se consolida como arma de guerra en Sudán después de tres años de conflicto
- La ONU denuncia el uso sistemático de la violencia sexual como arma de guerra en Sudán – El Tiempo
- Aumenta la violencia sexual en el este de la República Democrática del Congo
- La violencia sexual en los conflictos se duplica y alcanza un nivel sin precedentes – Noticias ONU
- Afganas desafían a los talibanes con escuelas secretas – Milenio
- Las niñas que desafían el veto del Talibán en las escuelas secretas de Afganistán – Yahoo Noticias
- Mahsa (Jina) Amini, qué pasó y qué es “Mujer, Vida, Libertad” – Amnistía Internacional
- Irán 2026, Protestas con mujeres al frente
- Mujeres iraníes se rebelan contra el régimen por libertad y derechos
