El 27 de septiembre de 2026, en una alocución televisada, el presidente Abelardo De la Espriella declaró que el saldo de las cuentas públicas estaba en rojo y encargó a su ministro de Hacienda las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Un mes antes, ese mismo ministro había descartado ante los banqueros cualquier acuerdo con el organismo. Hasta hoy no existe crédito ni programa de ajuste firmado, y presentar el episodio como una imposición de Washington sería un error de método. Los documentos muestran algo menos cómodo. La cifra del déficit que justifica la urgencia la eligió el propio Gobierno entre varias posibles, el recorte se decidió antes de que el Fondo llegara al país, y el servicio de la deuda de 2027 supera, en las cifras disponibles, a la inversión pública. El Fondo llegará, si llega, a certificar una política que en buena parte ya existe.
Un mes entre el no y la petición
El 28 de agosto, al clausurar la Convención Bancaria de Cartagena, el ministro Miguel Gómez Martínez anunció un recorte de gasto y un proyecto de ley de rescate, y afirmó que el Gobierno no buscaría un acuerdo con el FMI, según Valora Analitik. Un mes después, su presidente decía lo contrario, y La República ha recordado la contradicción.
Reuters informó el 28 de septiembre, con tres fuentes anónimas, de conversaciones técnicas con el Fondo en las últimas semanas, entre ellas sobre financiación a tasas más favorables. Sus fechas no están establecidas, de modo que no puede afirmarse si empezaron antes o después de la negativa del ministro, ni que Hacienda ocultara nada. Las declaraciones consultadas tampoco explican el desfase, y esa es una pregunta que este texto deja abierta a la parte implicada.
El calendario posterior sí consta. El Fondo retomó el 25 de septiembre reuniones periódicas con las autoridades económicas tras más de un año, según El Tiempo. Su subdirector gerente, Nigel Clarke, pasó tres días en el país y se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo y con Gómez. El 28 el Gobierno pidió iniciar la consulta del Artículo IV, revisión anual en la que el personal del organismo analiza los datos y las políticas del país y redacta un informe para su Directorio. Clarke declaró que el Fondo apoya un “programa de reformas propio”, según La Silla Vacía, y anunció el viaje de una delegación de Hacienda a Washington la semana siguiente. No habló de financiación.
El gobierno anterior había mantenido las distancias. Colombia tuvo desde 2009 una Línea de Crédito Flexible, un seguro que el Fondo concede a países de políticas sólidas y que se activa sin negociar condiciones nuevas. El Fondo suspendió el acceso el 26 de abril de 2025 tras la evaluación del Artículo IV, y a fines de septiembre de 2025 el Banco de la República comunicó la cancelación del acuerdo. Petro celebró este año haber devuelto los 5.400 millones de dólares desembolsados en 2020, y el ministro Germán Ávila canceló la misión de abril de 2026, según El Tiempo. En junio de 2025 el Gobierno había activado la cláusula de escape de la regla fiscal, que suspende hasta 2027 los límites legales al déficit y la deuda en circunstancias extraordinarias. La Contraloría advirtió que el propio Gobierno proyectaba entonces un déficit superior al límite.
Un déficit que se elige
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, la hoja de ruta que Hacienda presenta cada junio, situaba el déficit de 2026 en 5,3 % del PIB, unos 106 billones de pesos, y la deuda neta en 58,9 %. En Colombia un billón equivale a un millón de millones. El mismo texto suponía que los ingresos pasarían de 16,1 % a 17,3 % del PIB en un año sin reforma aprobada. El exdirector de la DIAN Lisandro Junco calificó el documento de “puro humo” y cuestionó esa hipótesis, según Cambio. Contaba además con 30,2 billones contingentes de una reforma que nunca se tramitó, según ANIF.
Dos meses después el nuevo equipo calculó que sin correctivos el déficit de 2026 sería de 8,2 %, y de 7,2 % con un recorte de 21,9 billones, 1,1 % del PIB. De ellos, 16,3 son exigidos por la ley tras el fracaso de la última reforma tributaria y 5,6 son discrecionales, según Bloomberg Línea. Según el Banco de Bogotá, unos 30 billones reconocen presiones de gasto y otros 30 nacen de suponer que en 2026 nada se hará para reducir los vencimientos de 2027, supuesto que los analistas llaman inusual.
Para 2027 el proyecto de presupuesto calcula 9,4 %, unos 200 billones, frente al 4,5 % del Marco Fiscal. Ese 9,4 % no es un pronóstico, y no por ello resulta falso. Es el escenario inercial, el que resultaría si nadie hiciera nada, y el Gobierno lo presenta así. Según Bloomberg Línea, partir del peor caso convierte cualquier avance en buena noticia. El Gobierno anuncia una ley de ajuste de 2,2 puntos del PIB, unos 45 billones, que dejaría 2027 en 7,2 %. Son dos montos distintos, el recorte de 2026, ya decidido, y el ajuste de 2027, que depende de una ley aún sin votar. Goldman Sachs y Citi estiman entre 7,2 % y 7,4 % si el Congreso la aprueba.
El Estado colombiano gasta cerca de 40 billones de pesos al mes y recibe alrededor de 29 billones, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez.
Hacienda sostiene además que el proyecto de Petro omitía o subestimaba partidas por unos 23 billones, entre ellas 6,5 para pensiones y 9,6 para el fondo de combustibles. Son afirmaciones del Ejecutivo que este texto no ha podido contrastar con el documento original.
Dos relatos se disputan ese terreno, y los datos alimentan a ambos. El de la derecha habla de un agujero dejado por Petro. Su gobierno suspendió la regla fiscal y, según Valora Analitik, gastó medio punto del PIB más con parte de los 20,9 billones que ahorró en intereses. El de la izquierda habla de un problema heredado y estructural. Entre 2019 y 2024 los ingresos crecieron 0,3 puntos del PIB y los gastos 4,6, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal citado por El Colombiano, y el Congreso dejó sin trámite la ley de financiamiento. Ninguno de los dos relatos basta. Las dos líneas de base de 2026 distan casi tres puntos del PIB entre junio y agosto, y el Ministerio atribuye la brecha al reconocimiento de partidas y al servicio de la deuda. La responsabilidad se reparte entre una pandemia, una decisión de no corregir, un Congreso que negó ingresos y un equipo que escogió el punto de partida más oscuro.
Quién cobra el interés
Los intereses de 2026 subieron de 3,2 % a 3,8 % del PIB en el plan financiero actualizado, según Forbes Colombia.
Los intereses de la deuda pública ascenderán en 2027 a 83,9 billones de pesos, el 3,9 % del PIB, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026.
Con las amortizaciones, el servicio de la deuda de 2027 alcanzaba 118 billones frente a 89 de inversión pública en el proyecto del gobierno anterior, según Forbes Ecuador.
Alguien cobra. La deuda interna se emite en Títulos de Tesorería, los TES, y su saldo llegó a 763,6 billones a fines de mayo, según Casa de Bolsa. Los mayores tenedores son los fondos de pensiones, con unos 249 billones según El Nuevo Siglo, es decir, el ahorro obligatorio de los trabajadores. Los extranjeros ocupan el segundo lugar, con 149,9 billones y 19,6 % según Davivienda. Un solo fondo estadounidense, PIMCO, explica 38,7 de los 44,9 billones que crecieron las tenencias extranjeras en el último año hasta junio, el 86 %, según La República a partir de Corficolombiana. La Silla Vacía advirtió en 2025 que si el Estado no pudiera pagar, los más afectados serían los pensionados.
Un dato de contexto. Luis Carlos Sarmiento Angulo preside el Grupo Aval, del que forman parte el Banco de Bogotá, cuyo análisis se cita aquí, y Corficolombiana, de donde procede otra voz citada más abajo. Es también dueño de El Tiempo y de Portafolio, y su grupo participa en Porvenir, administradora de pensiones con deuda pública en cartera por cuenta de sus afiliados. Ello no invalida los datos, contrastados con otras fuentes. Quien lee que la deuda no admite discusión debe saber que varios de quienes lo dicen tienen intereses en ella.
El Gobierno no ha detallado qué partidas tocará el recorte discrecional. Sí ha anunciado, por boca del ministro los días 14 y 15 de septiembre, que la Ley de Rescate, que llegará al Congreso en octubre, reducirá de forma gradual el impuesto del 4 por mil sobre las transacciones financieras y desmontará el impuesto al patrimonio y su sobretasa a las grandes fortunas, según La FM y Portafolio. El texto no se conoce, y los documentos consultados no dan el coste fiscal de esas supresiones. Lo que consta es que el ajuste se anuncia por el lado del gasto, que los impuestos a las mayores fortunas figuran entre lo que se suprime, y que el pago de los intereses no aparece entre las partidas en discusión.
El terremoto y la cuenta que se suma
Falta el 10 de agosto. Ese día un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente del país. Al 12 de agosto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contaba 241 muertos y más de 45.000 viviendas afectadas, según La República. BTG Pactual estimó la reconstrucción inicial en 20 billones, 1 % del PIB. El Banco de Occidente calcula entre 30 y 40 solo en infraestructura, hasta el 45 % de la inversión pública de este año.
Según BTG, esa cifra equivale en orden de magnitud a los 21,9 billones que el ministro pensaba recortar. De ser así, el recorte no libera espacio fiscal y lo absorbe la reconstrucción. El terremoto cumple aquí una doble función, que este texto propone como lectura y no como hecho. Es una variable exógena que enturbia la atribución de responsabilidades, porque parte del déficit de 2026 viene de una catástrofe que ningún gobierno provocó. Es también un argumento disponible para justificar tanto la desviación como la severidad del recorte. Gómez ha dicho que el daño de cuatro años no se resuelve en cincuenta días de administración.
Lo que el Fondo firma y lo que el Gobierno decide
Nadie ha confirmado oficialmente qué acuerdo busca Colombia. César Pabón, de Corficolombiana, apunta a la Línea de Precaución y Liquidez, para países que necesitan respaldo pero no califican para la Línea de Crédito Flexible. Luis Fernando Mejía, de Lumen, ve más plausible una facilidad extendida, pensada para problemas estructurales y usada por Colombia en 1999 por 2.700 millones de dólares. En 2003 y 2005 hubo acuerdos stand-by. Las cifras de 15.000 a 20.000 millones que circulan carecen de respaldo oficial. Lo que distingue a los instrumentos son las condiciones, y las condiciones son el asunto.
El senador Iván Cepeda, jefe de la oposición, sostuvo que la negociación exige transformaciones del Estado que empobrecerían a las capas medias. El Fondo, por boca de Clarke, habla de un programa propio del país. Ninguna de las dos afirmaciones puede verificarse hoy, porque no hay texto.
Los precedentes permiten separar dos cosas que el debate mezcla. Ecuador firmó en 2024 una facilidad extendida por 4.000 millones de dólares, ampliada a 5.000 en julio de 2025. En septiembre de 2025 el presidente Noboa eliminó el subsidio al diésel, redujo los ministerios de veinte a catorce y anunció 5.000 despidos. Un mes de protestas indígenas no obtuvo nada, según EFE. El riesgo país bajó de más de 2.000 puntos a menos de 500. Pero Ecuador Chequea comprobó que el Fondo no había planteado en ningún informe la eliminación del subsidio al gas que un exministro presentó en junio de 2026 como compromiso ineludible. La condicionalidad escrita y la que un gobierno atribuye a su acreedor no siempre coinciden.
Argentina firmó en abril de 2025 un acuerdo de 20.000 millones. El Fondo informa de menos pobreza y de un regreso anticipado a los mercados, y admite que las reservas se recomponen con lentitud. Esos resultados son del propio Fondo y no se han contrastado aquí con el instituto estadístico argentino.
Falta el texto. La Ley de Rescate llegará al Congreso en octubre y la delegación viaja a Washington la semana próxima, y solo con ambos documentos podrá saberse qué parte del ajuste responde a un acreedor y qué parte a una preferencia política que busca en el Fondo una firma. Hasta entonces lo único establecido es la dependencia de la deuda, y no la impone ninguna misión. La imponen un calendario de vencimientos, un mercado de bonos y la costumbre, adoptada por sucesivos gobiernos mucho antes de esta semana, de tratar el pago de los intereses como el único gasto que no se discute…
G.S.
Fuentes
- Reuters vía ThePrint, Colombia holds IMF financing talks as fiscal strain mounts
- La Silla Vacía, Colombia se sentará con el FMI en Washington para revisar sus cuentas
- La Silla Vacía, En gráficas, a quién le debe el Estado colombiano
- Asobancaria, 60ª Convención Bancaria 2026
- Valora Analitik, De la Espriella no buscará acuerdo con el FMI para ejecutar ajuste fiscal
- La República, Gobierno toca las puertas del FMI por cuarta vez desde comienzos de siglo
- El Tiempo, Tras más de un año, el FMI retoma reuniones periódicas con autoridades económicas de Colombia
- El Tiempo, Gobierno anuncia recorte de 21,9 billones al gasto y prepara ley para profundizar el ajuste fiscal
- Banco de la República, Cancelación de la Línea de Crédito Flexible
- FMI, Conclusión de la consulta del Artículo IV 2025 con Colombia
- Bloomberg Línea, Déficit fiscal superior al 9 %, el peor escenario que calcula el Gobierno
- Bloomberg Línea, Colombia busca corregir su crisis fiscal con el apoyo del FMI
- Bloomberg Línea, El terremoto le costará a Colombia hasta el 45 % de su inversión pública
- Cambio, Déficit de 106 billones, el reto económico que heredará el próximo presidente
- Forbes Colombia, Sinceramiento fiscal eleva el déficit a 9,4 % del PIB para 2027
- Colombia.com, El Gobierno prepara un fuerte ajuste del gasto en 2026
- Valora Analitik, Balance fiscal del gobierno Petro
- El Colombiano, La deuda está en el punto más alto de la historia
- Yahoo Noticias, Colombia deberá pagar 83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027
- Yahoo Noticias, Fondos de pensiones y bancos comerciales impulsan compras de TES en mayo
- El Nuevo Siglo, Fondos de pensiones con 249 billones, los mayores tenedores de deuda colombiana
- La República, Pimco impulsó cerca de 86 % del crecimiento de los TES en manos de extranjeros en el último año
- La FM, Gobierno reducirá gradualmente el 4×1.000 y desmontará el impuesto al patrimonio
- Portafolio, Gobierno alista reducción progresiva del 4×1.000, Ley de Rescate será presentada en octubre
- Forbes Ecuador, Terremoto en Colombia, reparar los daños costará 6.350 millones de dólares
- La República, La reconstrucción por el terremoto costaría 6.350 millones de dólares
- BusinessCol, Colombia considera nuevo acuerdo con el FMI
- Swissinfo (EFE), Ecuador pasa quinto examen del FMI
- Swissinfo (EFE), Ecuador anuncia su segunda emisión de bonos soberanos en 2026
- FMI, Ecuador, segunda revisión del acuerdo SAF y ampliación del programa
- FMI, Ecuador, quinta revisión del acuerdo SAF
- Ecuador Chequea, FMI no exige eliminar subsidio al gas
- FMI, Argentina, segunda revisión del acuerdo SAF
