A tres años del ataque del 7 de octubre de 2023 y casi un año después del alto el fuego del 10 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza cuenta más de 74.000 muertos y señala más de 1.400 muertes posteriores a la tregua. AcidReport sostiene que el genocidio en Gaza continúa. Ningún tribunal lo ha declarado aún, y por eso este episodio no se limita a decretarlo. Examina, con la Convención de 1948 y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, lo que las instancias han decidido y lo que ninguna ha decidido, y somete la afirmación a tres preguntas, el deber de prevenir, el estándar de la intención y el carácter continuado de los hechos, frente a la mejor defensa en contra. La acusación apunta a un Estado, a un gobierno y a dirigentes con nombre, y a ninguna pertenencia religiosa o étnica.
La pregunta mal formulada
El debate público sobre Gaza gira en torno a una pregunta que parece simple y está mal planteada. Se pregunta si lo que ocurre es o no es un genocidio, como si la palabra fuera un veredicto moral que cada cual concede o retira según sus lealtades, y la respuesta se reparte por campos con la regularidad de las encuestas. Raphael Lemkin acuñó el término en 1944 para nombrar un crimen que el derecho no sabía designar, y la Convención aprobada el 9 de diciembre de 1948 le dio una definición técnica, con elementos que se prueban o no se prueban. Su artículo II exige dos cosas a la vez, la comisión de alguno de cinco actos, entre ellos la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a su integridad física o mental y el sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, y la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
El artículo I añade lo que casi nadie cita, porque obliga a los Estados partes a prevenir y a sancionar el crimen, y no solamente a castigarlo una vez cometido. De esa arquitectura se desprenden tres preguntas distintas que el debate mezcla sin cesar. La primera concierne al deber de los Estados que saben, y cuándo nace. La segunda concierne al estándar con que se prueba la intención. Al tiempo se refiere la tercera, porque un crimen que se define por la destrucción de un grupo puede cometerse durante años, y la cuestión es si sigue cometiéndose. AcidReport responde a las tres, y antes establece con precisión lo que la justicia ha decidido, pues es en ese terreno donde se cometen más errores.
Lo que la justicia ha decidido y lo que no
Sudáfrica llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de diciembre de 2023, al amparo de la Convención. El 26 de enero de 2024 la Corte estimó plausibles los derechos que Sudáfrica reclamaba para los palestinos de Gaza, entre ellos el de ser protegidos frente a actos de genocidio, apreció un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y ordenó seis medidas cautelares, entre ellas la de impedir los actos comprendidos en la Convención y la de permitir la entrada de asistencia humanitaria. Completó esas medidas con dos órdenes más, el 28 de marzo y el 24 de mayo de 2024. La orden de enero no prejuzga el fondo, y plausible quiere decir que los derechos existen y pueden ser lesionados, no que la violación esté probada.
El procedimiento sobre el fondo avanza con lentitud. Israel presentó su contramemoria el 12 de marzo de 2026, con objeciones a la competencia, y el 21 de mayo fue fijada la réplica de Sudáfrica para el 22 de noviembre de 2027 y la dúplica de Israel para el 22 de mayo de 2029. La Corte Penal Internacional, que juzga a individuos, emitió el 21 de noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el hambre como método de guerra. Ninguna imputa genocidio. Quien afirma que esa Corte lo ha declarado afirma algo falso, y quien afirma que la Corte Internacional de Justicia lo ha descartado se equivoca.
Existen pronunciamientos sin fuerza jurisdiccional. La Comisión de Investigación de la ONU concluyó el 16 de septiembre de 2025 que Israel es responsable de genocidio y de no haberlo prevenido ni castigado, y pidió a los Estados detener la transferencia de armas. Amnistía Internacional lo sostiene desde diciembre de 2024, y la relatora Francesca Albanese veía motivos razonables desde marzo de ese año. La Asociación Internacional de Especialistas en Genocidio lo adoptó con el 86 % de los votos, y más de quinientos especialistas lo impugnaron.
Primera pregunta, la obligación de prevenir
La sentencia que fija la doctrina es la que la propia Corte dictó el 26 de febrero de 2007 en el asunto entre Bosnia y Herzegovina y Serbia y Montenegro. Esa sentencia, que reconoció como genocidio la matanza de Srebrenica de julio de 1995 y declaró que Serbia no la previno, establece el momento en que nace el deber.
La obligación de un Estado de prevenir, y el deber correlativo de actuar, nacen en el instante en que el Estado conoce, o debería normalmente haber conocido, la existencia de un riesgo serio de que se cometa un genocidio. (CIJ, Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, sentencia del 26 de febrero de 2007, párr. 431; traducción propia)
El deber no espera a la sentencia ni a la certeza. Se activa con el conocimiento de un riesgo serio y obliga a emplear los medios de que se dispone, en una medida que depende de la capacidad de influir de cada Estado sobre el autor. Es una obligación de diligencia y no de resultado. Desde el 26 de enero de 2024 existe una apreciación del propio tribunal, que dio por real e inminente el riesgo de perjuicio irreparable y se aproxima a ese umbral sin confundirse con él.
Debe decirse aquí lo que la doctrina precisa y un militante omitiría. Según esa misma sentencia, un Estado solo responde por haber incumplido el deber de prevenir si el genocidio se llegó a cometer efectivamente. El deber nace del riesgo, pero la responsabilidad por violarlo depende de que el crimen exista, y eso es lo que la Corte debe resolver en el fondo. AcidReport no afirma, por tanto, que Estados Unidos, Alemania o cualquier otro proveedor de armas haya incurrido hoy en responsabilidad jurídica. Afirma que su obligación de actuar existe desde que el riesgo fue conocido, que pocas capacidades de influencia superan la del proveedor de armamento, y que esperar a la sentencia invierte la lógica de un tratado concebido para impedir y no solo para juzgar.
Segunda pregunta, la intención y su estándar
La intención es el terreno donde se decide el caso, porque los actos están ampliamente documentados y la discusión recae sobre su significado. La Corte exigió en la sentencia de 2007, y reiteró en la de 3 de febrero de 2015 entre Croacia y Serbia, que la intención de destruir al grupo sea la única inferencia razonable que pueda extraerse de la conducta del Estado. En el caso croata los jueces tuvieron por probados la matanza y las lesiones graves a miembros del grupo serbio, y rechazaron el genocidio porque el conjunto de los hechos admitía una explicación distinta de la intención genocida. Ese precedente es el arma de la defensa de Israel, y es un arma seria.
La defensa dice lo siguiente. Hamás combate entre población civil, el 7 de octubre de 2023 mató a cerca de 1.200 personas, según la cifra revisada que recoge NPR, y tomó unos 250 rehenes, y una guerra de destrucción de esa organización explica por sí sola muchas víctimas civiles y una devastación urbana extensa. Israel sostiene que emitió órdenes de evacuación y facilita la ayuda, e invoca la legítima defensa, a lo que Sudáfrica replica que ese derecho no es una defensa frente a un genocidio. Entre quienes sostienen la calificación figuran organizaciones israelíes de derechos humanos.
Frente a esa hipótesis, quienes sostienen la calificación acumulan indicios de otra naturaleza. Están las declaraciones de dirigentes, desde el ministro Gallant anunciando el 9 de octubre de 2023 un asedio completo sin electricidad, sin alimentos y sin combustible, hasta el presidente Herzog afirmando cuatro días después que una nación entera era responsable, palabras que cita la demanda de Sudáfrica y que Israel presenta como retórica de guerra descontextualizada. Está el patrón de conducta, la destrucción de hospitales, de infraestructura hídrica y de viviendas, el bloqueo de la ayuda y la hambruna que el sistema IPC declaró en agosto de 2025 en la gobernación de la ciudad de Gaza. Amnistía Internacional sostiene que ese conjunto excluye toda explicación distinta de la intención de destruir a los palestinos de Gaza.
Mi lectura es que el estándar de Croacia se cumple cuando la hipótesis de una guerra de objetivos militares con daños colaterales deja de explicar el conjunto del comportamiento, y que ese punto se alcanza con la combinación de las declaraciones, el asedio, la destrucción sistemática de lo que permite vivir y la persistencia de esas condiciones después del cese de los combates de gran escala. Esa lectura es una inferencia de conjunto y no una prueba directa, y tiene un costo. Si la Corte exigiera una prueba más estricta o aceptara que el propósito de eliminar a Hamás explica razonablemente la conducta, AcidReport habrá sostenido una calificación que el tribunal rechaza. El riesgo se asume porque la alternativa, esperar una sentencia que llegará años después, equivale a renunciar a calificar mientras los hechos ocurren.
Si la Corte concluyera algún día que la intención no está probada, los ataques contra civiles, la persecución y el hambre como método de guerra no se volverían lícitos por esa razón. La calificación de genocidio no agota la responsabilidad, y discutir sobre ella no autoriza a posponer las demás.
Tercera pregunta, lo que el alto el fuego no detuvo
El 10 de octubre de 2025 entró en vigor el alto el fuego y fueron liberados los rehenes israelíes que seguían con vida. La intensidad de los combates descendió de forma notable, como reconoce la agencia AP, e Israel sostiene que Hamás se rearma y viola el acuerdo, y que por eso responde con ataques. Los muertos, de todos modos, se siguen acumulando.
Desde el alto el fuego del 10 de octubre de 2025, más de 1.400 palestinos han muerto en ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza. (AP, 30 de septiembre de 2026)
La misma agencia cuenta cinco soldados israelíes muertos en ataques de milicianos durante ese periodo. El Ministerio de Salud, que depende de las autoridades de la Franja, registraba el 30 de septiembre 74.032 muertos y 175.142 heridos. AP considera esos registros detallados y por lo general fiables, y la Universidad Brown juzga la cifra probablemente inferior a la real. Una investigación de +972 Magazine, Local Call y The Guardian de agosto de 2025 reveló que una base de datos de la inteligencia militar israelí registraba un 83 % de civiles entre los muertos identificados, lectura que el medio israelí Israel Hayom cuestionó.
Las condiciones de vida cuentan una historia paralela. El 19 de diciembre de 2025 el sistema IPC anunció que la hambruna había sido revertida gracias a la entrada de ayuda tras el alto el fuego, mantuvo toda la Franja en fase de emergencia y advirtió de que las mejoras eran frágiles. Israel afirma, por medio de COGAT, el organismo militar que coordina la ayuda, que entran entre 600 y 800 camiones diarios, y Refugees International replicó que los coordinados por la ONU rondaban los cien. El 20 de agosto de 2026 la ONU advirtió de que el 94 % de la población necesita ayuda para alojarse y cubrir sus necesidades básicas, y un análisis del centro satelital de la ONU, citado por Al Jazeera, indicó que las estructuras destruidas habían aumentado un 9 % desde la tregua. Amnistía Internacional sostuvo el 27 de noviembre de 2025 que Israel seguía infligiendo condiciones de vida calculadas para destruir físicamente a la población, sin señal de cambio de intención.
El artículo II enumera esas condiciones entre los actos constitutivos, y un acto de esta clase no se agota en un episodio, porque dura mientras duran las condiciones y la voluntad que las mantiene. La tesis contraria merece su peso. Quien sostiene que el genocidio terminó con el alto el fuego invoca el fin de la hambruna declarada, más ayuda y menos combates, y lee los 1.400 muertos como la violencia de una tregua frágil. Todo depende de si las condiciones actuales cierran una campaña o la continúan. AcidReport las lee como su continuación, por razones comprobables. Persiste un acceso controlado a lo necesario para sobrevivir, persiste una destrucción física que no se detiene, y Amnistía Internacional no observa señal alguna de cambio de intención, sin que las fuentes consultadas recojan ningún acto que la contradiga.
El tiempo de la justicia
La respuesta jurídica llega tarde, y las cifras lo muestran. Bosnia y Herzegovina presentó su demanda contra Serbia el 20 de marzo de 1993 y la sentencia llegó el 26 de febrero de 2007, casi catorce años más tarde y casi doce después de Srebrenica. Croacia presentó la suya en 1999 y obtuvo sentencia en 2015. Gambia llevó a Myanmar ante la Corte en noviembre de 2019, las audiencias sobre el fondo comenzaron el 12 de enero de 2026 y a fecha del 24 de septiembre de 2026 no hay sentencia. En el caso de Israel, con una réplica fijada para finales de 2027 y una dúplica para 2029, una sentencia sobre el fondo antes de 2030 parece improbable, estimación mía que no figura en ningún calendario de la Corte.
Esa lentitud es una propiedad estructural de la justicia internacional y explica el sentido del artículo I. Si la Convención solo obligara a castigar, su eficacia se mediría en décadas, después de los muertos. La obligación de prevenir existe para que los Estados actúen en el intervalo. Entre tanto Estados Unidos sanciona a jueces y al fiscal de la Corte Penal Internacional, el secretario de Estado Marco Rubio sancionó a la relatora que documentó el caso, y Alemania, que había restringido ciertas exportaciones de armas a Israel, las reanudó el 17 de noviembre de 2025 invocando el alto el fuego, pese a la petición de la Comisión de la ONU de detener esas transferencias. Esa distancia entre lo que el derecho exige y lo que los gobiernos hacen es un hecho político de primera importancia, y la ausencia de sentencia sirve de coartada para no decidir.
Lo que AcidReport sostiene
En octubre de 2026, AcidReport sostiene que el genocidio en Gaza, en curso desde octubre de 2023, continúa. Lo sostiene como una conclusión motivada y no como un veredicto, pues ningún tribunal ha declarado la existencia del crimen y ninguno su inexistencia. Las tres preguntas conducen a la misma afirmación. El deber de prevenir pesa sobre los Estados que conocen el riesgo, y la propia Corte apreció en 2024 un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable, que se aproxima al umbral del artículo I. La hipótesis de la guerra contra Hamás basta para explicar las primeras semanas y resulta insuficiente para explicar el conjunto de la conducta, de modo que la intención genocida es, a mi juicio, la única inferencia razonable. Las condiciones destructivas que describen la ONU y Amnistía Internacional se prolongan después del alto el fuego, y por eso el crimen, si existe, continúa.
Dos cosas cambiarían esta conclusión, y se nombran para que pueda ser puesta a prueba. Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que considere no probada la intención obligaría a rectificar la calificación, sin que eso devolviera su legitimidad a los crímenes de guerra y de lesa humanidad ya documentados. Una modificación verificable de las condiciones, con acceso libre a la ayuda, reconstrucción posible y cese de los ataques, obligaría a decir que el crimen terminó. Hasta que una de las dos ocurra, el criterio que impone la Convención es el de quien conoce el riesgo y debe actuar. La Convención no condiciona el deber de actuar a una sentencia, y una palabra que solo se pronunciara después del fallo llegaría cuando no pudiera servir para prevenir.
La acusación recae sobre un Estado, un gobierno y dirigentes identificados por su nombre y por sus actos, y excluye toda atribución colectiva a los judíos, entre quienes se cuentan algunos de los críticos más constantes de esa política. A tres años del 7 de octubre las instancias que han mirado de cerca dicen lo mismo, el tribunal que debe decidirlo escribe aún su calendario, y en Gaza, mientras tanto, se siguen contando los muertos…
G.S.
Fuentes
- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948, Naciones Unidas
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, ICJ
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, ICJ
- Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), ICJ
- Application of the Genocide Convention (The Gambia v. Myanmar), ICJ
- Netanyahu, arrest warrant issued on 21 November 2024, International Criminal Court
- Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, A/HRC/60/CRP.3, Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, 16 September 2025
- Amnesty International, Israel’s genocide against Palestinians in Gaza, 5 December 2024 and analysis of 27 November 2025
- Israeli strikes kill five Palestinians in Gaza, AP, 30 September 2026
- Journalist among eight people killed by Israeli attacks on Gaza, Al Jazeera, 30 September 2026
- Gaza famine pushed back, but millions still face hunger and malnutrition, UN News, 19 December 2025
- Gaza Strip Special Snapshot, 16 October 2025 to 15 April 2026, IPC
- Gaza IPC Snapshot Highlights Need for Urgent Humanitarian Assistance, Refugees International
- Direct and Indirect Death from 7 October 2023 to 3 October 2025, Costs of War, Brown University
- What is Gaza’s Ministry of Health and how does it calculate the war’s death toll, PBS NewsHour
- IDF database suggests 83% of Gaza dead were civilians, +972 Magazine, Local Call y The Guardian, agosto de 2025
- Israeli data shows 83 percent of Gaza war dead are civilians, Al Jazeera, 21 de agosto de 2025
- Israel revises down its death toll from the Oct. 7 Hamas attacks to about 1,200, NPR, 11 de noviembre de 2023
- Germany lifts curbs on arms exports to Israel, citing Gaza ceasefire, Al Jazeera, 17 de noviembre de 2025
- Informe A/HRC/55/73 de la Relatora Especial sobre los territorios palestinos ocupados, Consejo de Derechos Humanos, marzo de 2024
- Legal Analysis of Francesca Albanese’s March 2026 Report to the Human Rights Council, UN Watch
