La ambigüedad de Basilea era retórica, un texto que evitaba la palabra Estado para no cerrar ninguna puerta. La de Balfour es jurídica, sesenta y siete palabras que prometen un hogar nacional judío en la misma frase en que prometen no perjudicar a nadie, y que Londres firmó apenas dos años después de haber prometido, por escrito, la independencia árabe a cambio de una revuelta contra el Imperio otomano. Entre 1917 y 1948 esa contradicción original no se resolvió, se administró. Un mandato de la Sociedad de Naciones, un alto comisionado sionista al frente de un territorio de mayoría árabe, y treinta años de inmigración organizada convirtieron una carta privada dirigida a un lord en la infraestructura demográfica de un Estado que todavía no existía. Jabotinsky, en el episodio anterior, imaginaba un muro de hierro construido por los propios colonos. Antes de que ese muro se construyera con fusiles, lo construyó una potencia imperial con archivos, censos y comisiones de investigación.
Dos promesas que Londres firmó a la vez
En julio de 1915, en plena guerra contra el Imperio otomano, el alto comisionado británico en Egipto, Henry McMahon, inició un intercambio de diez cartas con Hussein bin Ali, jerife de La Meca, que se prolongaría hasta marzo de 1916. A cambio de una revuelta árabe contra Estambul, McMahon prometía, con reservas territoriales redactadas de forma tan imprecisa como después lo sería el propio Programa de Basilea, el reconocimiento de la independencia árabe en una amplia franja de Oriente Próximo. La revuelta árabe estalló en junio de 1916. Thomas Edward Lawrence se sumó como enlace británico sobre el terreno recién en octubre de ese mismo año, varios meses después del estallido, no en su origen como simplifica el relato popular posterior. Un mes antes, en mayo de 1916, dos diplomáticos, el británico Mark Sykes y el francés François Georges-Picot, habían firmado en secreto un acuerdo que repartía ese mismo territorio entre Londres y París, sin mencionar ninguna independencia árabe. Rusia conocía el acuerdo, los árabes no. Cuando los bolcheviques lo publicaron en noviembre de 1917, semanas después de Balfour, la coincidencia terminó de exponer el patrón, cada promesa británica de esos años se sostenía sobre el supuesto de que las otras partes nunca compararían los textos entre sí.
La declaración que Arthur Balfour, secretario de Exteriores, firmó el 2 de noviembre de 1917 se inscribe en esa misma lógica de promesas paralelas, aunque su origen fue menos una improvisación diplomática que un cálculo de guerra deliberado. El Gabinete de Guerra británico discutió el texto durante meses, con Lord Milner y Leo Amery entre sus redactores, y lo aprobó el 31 de octubre de 1917 antes de que Balfour lo enviara, un día después, a Lionel Walter Rothschild, segundo barón Rothschild y presidente de la Federación Sionista Británica. Los historiadores no coinciden sobre qué pesó más en esa decisión. Circula desde hace un siglo la versión que atribuye la declaración a la gratitud británica hacia Chaim Weizmann por su aporte a la síntesis industrial de acetona para la producción de explosivos durante la guerra, una historia que el propio Weizmann alentó en sus memorias y que historiadores posteriores, entre ellos Tom Segev, han relativizado como mito de origen más persuasivo que verificable. Las explicaciones que la historiografía académica sostiene con más solidez documental apuntan a otra cosa, el valor de la declaración como propaganda dirigida a la opinión judía de Estados Unidos y de la Rusia todavía no bolchevique, ambas potencias cuya permanencia en la guerra preocupaba a Londres en el otoño de 1917, y el interés estratégico imperial en asegurar, tras la guerra, el control de un corredor territorial entre el canal de Suez y el resto del imperio.
La decisión no fue unánime ni siquiera dentro del propio Gabinete. Edwin Montagu, secretario de Estado para India desde julio de 1917 y único miembro judío del gabinete británico en ese momento, aunque no del reducido Gabinete de Guerra de cinco hombres que redactaba materialmente el texto, se opuso al proyecto con una dureza que sus colegas cristianos no esperaban, y presentó en agosto de 1917 un memorando titulado El antisemitismo del actual Gobierno, en el que sostenía que convertir a los judíos en una nacionalidad aparte, con un hogar propio en Palestina, equivalía a negarles la ciudadanía plena en los países donde ya vivían, Gran Bretaña incluida. Montagu logró retrasar varias semanas la aprobación final del texto. No logró impedirla. El propio Lloyd George, primer ministro desde diciembre de 1916, había conocido a Weizmann en 1914 gracias a una presentación de Charles Prestwich Scott, director del Manchester Guardian y aliado sionista de la primera hora, contacto que resultaría más determinante para el resultado final que cualquier objeción interna.
“El Gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará todo lo posible para facilitar el logro de ese objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gozan los judíos en cualquier otro país.” (Declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917, traducción propia del texto conservado en los National Archives del Reino Unido)
San Remo y la letra que se volvió derecho internacional
Una carta de intención no gobierna un territorio. Eso exigió otro paso, uno menos citado que Balfour pero más determinante en términos jurídicos. Entre el 19 y el 26 de abril de 1920, el Consejo Supremo de las potencias aliadas se reunió en San Remo y asignó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, incorporando de forma literal el lenguaje de la declaración de 1917 al instrumento que lo haría exigible. El Consejo de la Sociedad de Naciones aprobó el texto definitivo del mandato el 24 de julio de 1922, y entró en vigor el 29 de septiembre de 1923, una vez resueltas las fronteras con los mandatos francés en Siria y Líbano. Ese mismo pacto, en su artículo 22, hablaba, para los territorios desprendidos del Imperio otomano, de un depósito sagrado de civilización a favor de pueblos aún no capaces de gobernarse por sí mismos. El mandato sobre Palestina fue el único de los mandatos de clase A que incorporó, además de esa fórmula tutelar genérica, el compromiso expreso con un proyecto de colonización nacional de una comunidad que en ese momento representaba menos de una décima parte de la población del territorio. La historiadora Susan Pedersen, que ha revisado con más detalle el archivo del sistema de mandatos, señala que esa doble función, tutela hacia una población mayoritaria y patrocinio simultáneo de un proyecto nacional minoritario, no tenía precedente ni paralelo en ningún otro territorio bajo supervisión de la Sociedad de Naciones, una anomalía jurídica que el propio Consejo nunca resolvió de fondo durante los veinticinco años que duró el mandato.
Herbert Samuel, político liberal británico y sionista declarado, asumió en 1920 como primer alto comisionado de Palestina, cargo que ocupó hasta 1925. Su nombramiento generó sospechas inmediatas entre la población árabe, que veía en él a un juez incapaz de arbitrar con neutralidad un conflicto en el que su propia comunidad era parte interesada. La administración de Samuel resultó, en la práctica, más cautelosa de lo que sus propios correligionarios sionistas esperaban, especialmente después de los disturbios de 1921, cuando restringió temporalmente la inmigración judía y buscó fórmulas de gobierno compartido que nunca llegaron a cuajar. La paradoja no se resolvió con su salida. Durante el resto del mandato, la administración británica en Jerusalén tendría que gobernar, al mismo tiempo, como potencia colonial neutral ante dos comunidades rivales y como garante jurídico de un proyecto nacional que solo una de esas dos comunidades reivindicaba como propio.
Treinta años de ingeniería demográfica
El censo británico de 1922 registró en Palestina algo más de setecientos cincuenta mil habitantes, de los cuales los judíos apenas superaban el diez por ciento. El censo de 1931 ya mostraba una comunidad judía cercana al diecisiete por ciento de un millón treinta y cinco mil habitantes. Para 1947, en vísperas del fin del mandato, la población total rondaba los dos millones, con una comunidad judía que se acercaba a un tercio del conjunto. Ese salto no fue el resultado de una dinámica demográfica espontánea, fue el producto administrado de sucesivas oleadas migratorias que el propio mandato permitió y, en ciertos periodos, restringió con la misma capacidad discrecional. La Tercera Alá, entre 1919 y 1923, trajo sobre todo jóvenes pioneros socialistas del Imperio ruso derrumbado. Entre 1924 y 1929, la Cuarta Alá incorporó a una clase media polaca golpeada por nuevas restricciones económicas. La Quinta Alá, desde 1929 hasta el estallido de la guerra en 1939, absorbió a decenas de miles de judíos de Alemania y Europa central que huían, con una urgencia creciente después de 1933, de un régimen cuyas intenciones todavía la mayoría de las cancillerías europeas prefería no nombrar del todo.
El Fondo Nacional Judío, creado en el Quinto Congreso Sionista de 1901, financió buena parte de la compra sistemática de tierra que acompañó esas oleadas, con un mecanismo legal, la tierra adquirida quedaba inalienable, arrendada de forma permanente a colonos judíos, nunca revendida a propietarios árabes. Según los levantamientos de tierras que la propia administración mandataria completó hacia el final del periodo, la propiedad judía no llegó a superar el siete por ciento del territorio total de Palestina en 1947, una cifra baja que sin embargo bastó para desplazar a un número indeterminado de aparceros árabes cuya tierra cambiaba de dueño sin que ellos tuvieran parte en la negociación. Esa acumulación sumaba, hacia el final del mandato, cerca de millón y medio de dunams sobre un territorio total de poco más de veintiséis millones, concentrados sobre todo en la llanura costera y en el valle de Jezreel, las dos regiones agrícolas más fértiles del país, y precisamente las que la partición de 1947 terminaría asignando casi por completo al futuro Estado judío.
El caso más documentado de ese mecanismo ocurrió en el valle de Jezreel, donde entre 1921 y 1925 la Compañía de Desarrollo de Tierras de Palestina, financiada por el Fondo Nacional Judío, compró cerca de doscientos mil dunams a la familia Sursock, terratenientes cristianos libaneses que nunca habían residido en el valle. La operación desplazó a un número de aparceros árabes que la historiografía sigue disputando, desde varios miles según el historiador Kenneth Stein hasta cifras notablemente más altas según el investigador Charles Kamen, ninguno de los dos con acceso a un censo confiable de la población desplazada en su momento, un patrón que ambos documentan de todas formas como el mecanismo legal más eficaz, y menos visible, de toda la colonización mandataria.
La comunidad judía de Palestina no se limitó a crecer, se organizó como un Estado en miniatura dentro del Estado mandatario. El Va’ad Leumi, consejo nacional electo, se constituyó en 1920 como interlocutor reconocido por Londres, la Histadrut, central sindical y motor económico del sionismo laborista, se fundó en diciembre de ese mismo año, y la Haganá, milicia de autodefensa, nació en junio de 1920 como respuesta directa a los disturbios de Nabi Musa. En 1929, por exigencia del propio texto del mandato, la Agencia Judía se reorganizó para incorporar a organizaciones judías no sionistas, ampliando su legitimidad internacional sin ceder el control político a la dirigencia laborista. Cuando el mandato terminó en 1948, ese aparato paralelo no tuvo que inventarse un Estado, tuvo que anunciarlo.
Entre el censo de 1922 y las estimaciones previas a la partición de 1947, la proporción judía de la población de Palestina pasó de poco más del diez por ciento a cerca de un tercio del total, mientras la propiedad territorial judía se mantuvo por debajo del siete por ciento de la superficie del país. (Censos del Gobierno de Palestina, 1922 y 1931; Survey of Palestine, 1946)
Las revueltas, las comisiones y la partición que nadie firmó
La resistencia árabe a ese proceso no esperó a 1936. Los disturbios de Nabi Musa en abril de 1920 y los de Jaffa en mayo de 1921 ya habían dejado decenas de muertos de ambos bandos y una primera generación de comisiones de investigación británicas, la Palin y la Haycraft, cuyos informes recomendaban moderar el ritmo de la inmigración sin que Londres los aplicara con consecuencia. En agosto de 1929, una disputa sobre el acceso al Muro de las Lamentaciones derivó en una semana de violencia que dejó ciento treinta y tres judíos muertos, sesenta y siete de ellos en la matanza de Hebrón, y ciento dieciséis árabes muertos, la mayoría a manos de las fuerzas británicas que reprimieron los disturbios. La comisión Shaw que investigó esos hechos identificó, por primera vez con reconocimiento oficial, el desplazamiento de aparceros árabes como una causa estructural del malestar, hallazgo que el Libro Blanco Passfield de 1930 tradujo en una propuesta de restringir la inmigración y la compra de tierra. Semanas de presión de la Organización Sionista Mundial, con la renuncia pública de Weizmann como gesto de protesta, obligaron al primer ministro Ramsay MacDonald a desactivar esas restricciones mediante una carta de febrero de 1931 que la prensa árabe bautizó de inmediato como la carta negra.
La revuelta árabe de 1936 a 1939 fue de otra magnitud, una huelga general de seis meses seguida de una insurgencia armada sostenida que la administración británica reprimió con una dureza cuyo saldo exacto sigue disputado. Los registros coloniales de la época hablan de cerca de dos mil combatientes árabes muertos en enfrentamientos directos, mientras historiadores como Rashid Khalidi, sumando ejecuciones, represalias y muertes fuera de combate que esos registros no contabilizaron, elevan la cifra a unos cinco mil, entre ellos buena parte del liderazgo político y militar de una generación, junto a alrededor de trescientos judíos y más de dos centenares de soldados y policías británicos. En julio de 1937, en medio de esa violencia, la comisión Peel presentó la primera propuesta oficial de partición de Palestina, un Estado judío reducido a la llanura costera y Galilea, un Estado árabe unido a Transjordania, y un corredor bajo control británico entre Jerusalén, Belén y Jaffa. La Agencia Judía la aceptó como base de negociación en el vigésimo Congreso Sionista de Zúrich, en agosto de 1937, con una votación reñida y con la oposición frontal de los revisionistas de Jabotinsky, fieles a su doctrina de las dos orillas del Jordán. El Alto Comité Árabe, encabezado por el muftí de Jerusalén Amín al Husseini, la rechazó sin matices. Ninguna de las dos partes firmó nada, y la propuesta murió sin aplicarse.
Lo que sí se aplicó, dos años más tarde, fue lo contrario. El Libro Blanco de mayo de 1939, firmado por el secretario colonial Malcolm MacDonald, limitó la inmigración judía a setenta y cinco mil personas repartidas en cinco años, sujeta después al consentimiento árabe, y restringió la venta de tierra a judíos en la mayor parte del territorio. El movimiento sionista lo denunció como una traición abierta a Balfour, precisamente en el momento en que Europa central empezaba a cerrarse sobre su población judía. Cuatro meses después, en septiembre de 1939, estalló la guerra que convertiría esa restricción, fijada sobre el papel como un simple ajuste de política colonial, en la frontera exacta entre la supervivencia y el exterminio para un número de personas que nadie en Londres, en 1939, se atrevió todavía a calcular…
G.S.
Fuentes
- The Balfour Declaration, 1917 (texto y facsímil)
- The Mandate for Palestine, 1922, Consejo de la Sociedad de Naciones (texto íntegro)
- The Sykes-Picot Agreement, 1916 (texto)
- The Hussein-McMahon Correspondence, 1915-1916
- Tom Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the British Mandate (Henry Holt, 2000)
- Jonathan Schneer, The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict (Random House, 2010)
- Kenneth W. Stein, The Land Question in Palestine, 1917-1939 (University of North Carolina Press, 1984)
- Charles Kamen, Little Common Ground: Arab Agriculture and Jewish Settlement in Palestine, 1920-1948 (University of Pittsburgh Press, 1991)
- Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine (Metropolitan Books, 2020)
- Susan Pedersen, The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire (Oxford University Press, 2015)
- Peel Commission Report, 1937 (resumen y hallazgos), Jewish Virtual Library
- The MacDonald White Paper, 1939 (texto)
- A Survey of Palestine, 1946 (Government of Palestine, datos censales y de propiedad territorial)
