AÑO II  ·  No. 613  ·  MARTES 18 DE AGOSTO DE 2026

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INVESTIGACIÓNCOLOMBIA

Colombia cuenta sus muertos mientras De la Espriella abre paso a soldados israelíes y reparte balones con su marca

El primer texto sobre este gobierno describía una jerarquía revelada en las primeras setenta y dos horas de la emergencia, quién recibe rescate y quién recibe abandono. Una semana después, con el país todavía contando sus muertos y sus desaparecidos, la misma administración añade dos capítulos al expediente. El primero abre el territorio nacional a contingentes militares extranjeros, israelí primero, estadounidense después, sin que el Congreso, único poder constitucionalmente facultado para autorizar esa presencia, haya sido consultado con precisión. El segundo convierte la ayuda humanitaria en material publicitario del movimiento político del propio presidente. Ninguno de los dos episodios es un accidente aislado. Los dos comparten la lógica ya identificada la semana anterior, decidir primero, explicar después, si acaso.

La delegación con uniforme militar y el vacío constitucional

El viernes 14 de agosto, cinco días después del sismo, ochenta y dos integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel aterrizaron en Cali. La misión, encabezada por el general de brigada Yossi Pinto, llegó como apoyo técnico a las labores de búsqueda en el edificio Vanessa, donde equipos colombianos, estadounidenses y mexicanos trabajaban ya desde días antes. Su vocero, el capitán Roni Kaplan, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí desde hace casi quince años, se convirtió de inmediato en la cara pública del contingente.

La llegada no pasó sin objeción. La senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, recordó que la Constitución colombiana reserva al Congreso, y solo al Congreso, la facultad de autorizar presencia militar extranjera en el territorio nacional, y pidió al presidente que explicara en qué condiciones jurídicas entraba la delegación. No hubo respuesta pública detallada. Gustavo Petro planteó la misma duda desde otro ángulo, preguntó si lo que llegaba a Cali era ayuda humanitaria o eran soldados de guerra.

La senadora Carolina Corcho advirtió que el contingente llegado a Cali está comprometido en crímenes atroces, como el genocidio, el asesinato de civiles, niños, niñas y mujeres en Palestina. (La Opinión, 14 de agosto de 2026)

La objeción no nace de una opinión aislada. Se apoya en un expediente judicial internacional que ya existe, con fecha y firma. La Corte Penal Internacional emitió el 21 de noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, órdenes vigentes y sin ejecutar en 2026. En junio de este año, la Comisión Internacional de Investigación de la ONU concluyó que Israel comete genocidio mediante el ataque deliberado a la niñez de Gaza. El propio capitán Kaplan, nacido en Uruguay antes de incorporarse a las fuerzas armadas israelíes, fue denunciado penalmente en junio por organizaciones sociales uruguayas, entre ellas el PIT-CNT, por presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. La denuncia solicita investigación fiscal. No es una orden de captura ni una condena, distinción que buena parte de la indignación digital colombiana borró estos días al convertir una denuncia en curso en una búsqueda judicial ya resuelta. El hecho de fondo no necesita exageración para resultar incómodo. Un vocero denunciado por genocidio se convirtió en la imagen del rescate en Cali.

El capitán Kaplan no dejó la acusación sin respuesta, aunque casi todos los reclamos apuntaban al Estado israelí y no a su persona. Declaró, según Infobae, que su equipo trabajaba codo a codo con los bomberos colombianos y elogió, en particular, lo que llamó el profesionalismo del cuerpo de bomberos del país. El domingo 16, la misma fuente reportó que la delegación había participado en la extracción de cuatro cuerpos sin vida en el edificio Vanessa, dato que ni Petro ni Corcho han disputado. La controversia colombiana, entonces, no discute la eficacia técnica del contingente. Discute algo distinto y más incómodo, si esa eficacia basta para suspender la pregunta constitucional sobre quién autoriza su presencia, y si el gobierno puede seguir eludiendo esa pregunta mientras exhibe los resultados operativos como si fueran una respuesta.

A esa tensión se suma un episodio adicional, reportado hasta ahora por un solo medio y sin la corroboración independiente que este expediente exige antes de afirmar algo como hecho establecido, que describe a socorristas colombianos voluntarios interceptados por personal israelí en el edificio Vanessa por portar banderas palestinas, con acusaciones cruzadas de agresión verbal. Se registra aquí como denuncia pendiente de verificación, no como hecho probado.

Washington entra por Panamá sin que nadie explique bajo qué mando

Dos días antes de que la delegación israelí tocara tierra en Cali, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth anunció, desde una reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles celebrada en Panamá, que Colombia había solicitado operaciones militares conjuntas con Washington contra el narcoterrorismo. El ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, formalizó ese mismo día la entrada de Colombia como decimonoveno miembro de la coalición conocida como Escudo de las Américas, iniciativa surgida de la cumbre convocada por Donald Trump en marzo.

Nadie explicó los términos. Un editorial de El País resumió el vacío con la pregunta que titula su propio texto, bajo qué mando. Cooperar en inteligencia contra el narcotráfico es una práctica de décadas entre ambos países. Hablar de operaciones conjuntas es otra cosa, y el editorial lo señala con precisión, quién asume la responsabilidad de las decisiones que se tomen, si el plan contempla desplegar tropas estadounidenses en territorio colombiano, buques de guerra en sus aguas o aviones de combate en su espacio aéreo. Hegseth dio la noticia. No dio los detalles. Tampoco lo ha hecho De la Espriella.

La puerta no se abrió de un día para otro. Según reportó Las2orillas, una reunión previa del ministro Mora en Panamá ya había preparado el terreno, en el marco de los mismos ejercicios militares con los que Washington asegura la vía interoceánica bajo supervisión directa de Hegseth. Colombia se sumó así a un dispositivo regional ya en marcha, no a una iniciativa bilateral nueva, matiz que ninguna declaración oficial colombiana se ha tomado el trabajo de aclarar.

La coincidencia temporal no fue enunciada como plan por nadie en el gobierno, y sin embargo ahí está. En la misma semana en que un gobierno recién instalado abre su espacio aéreo a una coalición militar liderada por Washington, ese mismo gobierno recibe sin debate parlamentario a un contingente militar israelí. Los dos episodios comparten un vacío idéntico, la ausencia del Congreso en una decisión que la Constitución le reserva en exclusiva.

El balón con la marca del partido y la puesta en escena de El Cairo

El sábado 15 de agosto, mientras el Servicio Geológico Colombiano registraba una nueva réplica de magnitud 2,7 en Istmina, Chocó, funcionarios del gobierno nacional repartían en Buenaventura balones de fútbol y camisetas amarillas estampadas con el logo Defensores de la Patria, el movimiento político que llevó a De la Espriella a la presidencia. Un habitante del puerto, grabado mientras la entrega ocurría, preguntó cómo era posible que regalaran balones cuando la gente allí aguantaba hambre. Gustavo Petro retomó la escena para decir que el gobierno había confundido una emergencia humanitaria con un partido de fútbol.

La frase, aunque venga de un adversario político declarado, describe con exactitud lo que muestra la fotografía difundida ese mismo día, un balón nuevo en manos de una familia sin vivienda, en un puerto donde veintiséis escuelas quedaron destruidas por el sismo, según Publimetro.

El balance oficial registraba 289 muertos y 143 desaparecidos en todo el país, seis días después del sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto. (cwmas.com.co, 16 de agosto de 2026)

El contraste con el balón de Buenaventura se agranda si se mira la magnitud real de lo que sigue pendiente. Según cálculos del propio gobierno, a través del fondo anunciado el 12 de agosto y bautizado oficialmente Plan Milagro el 15, la reconstrucción de más de cuatrocientos municipios afectados podría tardar hasta seis años, con un costo por damnificado que El Tiempo calculó en unos siete mil dólares. Ese fondo existe en el papel desde hace pocos días. Carece todavía de calendario de ejecución público. En ese vacío administrativo, un balón nuevo entregado ante una cámara ocupa el espacio que debería ocupar una hoja de ruta.

Tres días antes, en El Cairo, municipio del Valle del Cauca devastado en un ochenta por ciento, un video difundido por Publimetro mostró a residentes recibiendo al presidente con las manos en alto, gesto que una voz fuera de cámara pareció ordenar antes de que De la Espriella bajara del vehículo. El municipio, de apenas unos miles de habitantes, llevaba días sin electricidad ni internet, y buena parte de sus construcciones no resistió el segundo temblor de la semana. Sobre ese fondo de calles cubiertas de escombros se filmó el gesto de las manos en alto, un detalle de protocolo que ninguna urgencia real explica. El senador Ariel Ávila cuestionó la escena en público. No era la primera vez que la comunicación presidencial generaba ese tipo de duda esa misma semana. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ya había sido recibido a pedradas en dos recorridos distintos, el 10 y el 12 de agosto, por vecinos que le gritaban que no lo querían allí. El patrón estaba escrito antes de Buenaventura y de El Cairo. Los dos episodios solo le añaden una marca de agua, el logo de un partido sobre el cuerpo de la emergencia.

Mientras el gobierno repartía balones, la autogestión ciudadana volvió a ocupar el lugar que el aparato estatal no llenaba, una escena que este mismo expediente ya había registrado la semana anterior con el centro de acopio montado por la ONIC al margen de cualquier canal oficial. El patrón se repite. Cada vez que la respuesta institucional falla, son las comunidades las que terminan sosteniendo lo que el Estado promete y no entrega.

La misma aritmética, una semana después

El primer texto sobre este gobierno terminaba con una idea simple, un gobierno no revela su jerarquía real en el discurso de investidura sino en las decisiones tomadas bajo presión, cuando ya no queda margen para fingir prioridades. Una semana después esa misma prueba se repite con otro material. Ya no se trata de escoger qué país rescata primero. Se trata de decidir quién entra armado al territorio nacional sin que el Congreso lo sepa con precisión, y de decidir qué imagen recibe la cámara mientras miles de familias siguen sin techo.

La maquinaria del nuevo gobierno, mientras tanto, no ha estado inactiva. En los mismos días, su equipo anticorrupción radicó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría denuncias contra la administración saliente por presuntas irregularidades superiores a 370.000 millones de pesos, incluida una compra cuestionada de sistemas antidrones. Es un trabajo legítimo. Exige, sin embargo, la misma energía institucional que la reconstrucción del Chocó todavía no recibe, y eso también es una elección, no una casualidad de agenda.

No se localizó, hasta el cierre de esta edición, ninguna declaración pública de la Presidencia sobre los términos jurídicos de ingreso de la delegación israelí ni sobre el alcance exacto del acuerdo con Washington revelado por Hegseth. Si esa declaración aparece, se incorporará con la misma atención que el resto del expediente.

La soberanía se cede en un extremo del cuadro. La marca de un partido se estampa en el otro. Entre ambos extremos queda el país real, el que cuenta sus muertos mientras alguien reparte balones nuevos…

G.S.

Fuentes

Gabriel Schwarb

SOBRE EL AUTOR

Gabriel Schwarb

Gabriel Schwarb es el director fundador y editor en jefe de AcidReport, escritor suizo-colombiano con más de tres décadas de práctica profesional en dirección artística, desarrollo web y periodismo de investigación. El medio funciona como una asociación sin fines de lucro, regulada por el artículo 60 del Código Civil suizo, sin afiliación política, sin publicidad y sin financiación externa. Publica en español, francés e inglés, y cubre América Latina y Europa en espejo, explicando cada continente al otro.

Lo fundó convencido de que la victoria de Iván Duque sobre Gustavo Petro en 2018 no había sido limpia, una sospecha que el escándalo Ñeñe Hernández vino a reforzar, y de que la Colombia real no encontraba espacio en sus propios medios. Nacido como un puente informativo entre Colombia y Europa, el proyecto se amplió después a toda América Latina, y es leído hoy en el mundo entero. Su método combina verificación estricta de fuentes, trabajo de archivo y revisión pública de errores. No publica para agradar. Publica para responder.

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