El 3 de junio de 2026, en el centro de Santiago, los Carabineros de Chile disolvieron con carros lanzaguas, gases lacrimógenos y perros policiales sin bozal una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile contra los recortes presupuestarios del gobierno de José Antonio Kast. Era la primera gran movilización estudiantil desde que Kast asumiera la presidencia el 11 de marzo, apenas ochenta y tres días antes. Una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile quedó con múltiples fracturas en el rostro y debió ser sometida a cirugía. Al menos diez personas fueron detenidas. La Delegación Presidencial Metropolitana había modificado de manera unilateral el recorrido autorizado de la marcha horas antes de que comenzara. Lo que pasó ese miércoles no fue un exceso policial aislado sino la primera verificación empírica de una arquitectura de control que el gobierno lleva construyendo desde el primer día de su mandato, con una lógica que merece ser examinada con precisión.
El programa de choque
José Antonio Kast ganó la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2025 con más del 58% de los votos, impulsado por una campaña centrada en seguridad pública, inmigración irregular y promesas de austeridad radical. Asumió el 11 de marzo de 2026 con un mandato que él mismo denominó “de emergencia” y con un programa explícito de recortar 6.000 millones de dólares en el gasto público en un plazo de dieciocho meses, para sanear las cuentas fiscales dejadas por el gobierno anterior de Gabriel Boric. La primera medida concreta fue una reducción inmediata del 3% en los presupuestos de todos los ministerios. El Ministerio de Salud sufrió el ajuste más severo, con una merma equivalente a 486 millones de dólares, el 2,5% de su presupuesto anual. El Ministerio de Educación perdió 221 millones de dólares adicionales, un 1,3% de sus recursos. Quince programas sociales fueron suspendidos por completo y otros cuarenta y dos sufrieron reducciones de entre un 15% y un 42%.
Kast justificó el ajuste ante el Congreso en una declaración que circuló ampliamente. “No será rápido, va a haber dolor. No les voy a prometer milagros, pero sí les prometo que vamos a recuperar el orden de las cuentas públicas.” Al mismo tiempo, la llamada Megarreforma, un paquete de reformas legislativas aprobado en la Cámara de Diputados con los votos de la derecha gobernante y del Partido de la Gente, redujo el impuesto a la renta de las grandes empresas del 27% al 23%, bajo el argumento de que la rebaja impulsaría el crecimiento económico. La operación tiene una geometría reconocible; menos recursos para los servicios que usan las mayorías, menos impuestos para quienes más acumulan. Que ambas se presenten como un mismo programa de reconstrucción nacional es un detalle que el lenguaje político gestiona sin esfuerzo.
Kast es fundador del Partido Republicano de Chile, una organización de extrema derecha que construyó tras su ruptura con la Unión Demócrata Independiente en 2019. Su gobierno asumió sin mayoría absoluta en el Congreso y su gabinete fue descrito como tecnocrático; dieciséis de los veinticuatro ministerios fueron asignados a personas sin afiliación partidaria. Entre los nombramientos más comentados figuraron dos abogados que defendieron a Augusto Pinochet ante la justicia, dato que señala menos una afinidad sentimental que una continuidad en el modo en que ese espacio político ha gestionado históricamente la disidencia. Kast firmó la Carta de Madrid, documento fundacional de la alianza de partidos de extrema derecha latinoeuropeos, junto a figuras como Javier Milei y Santiago Abascal. No es un dato marginal; define el marco ideológico en el que ese programa se inscribe.
Lo que costó obtener
La gratuidad universitaria en Chile no fue una concesión espontánea del Estado. Es el resultado directo de dos décadas de movilizaciones estudiantiles que transformaron el debate político del país. En 2006, decenas de miles de estudiantes secundarios tomaron sus colegios y marcharon en lo que se conoció como la Revolución Pingüina, exigiendo el fin del lucro en la educación y el acceso universal a la enseñanza pública. El movimiento no obtuvo cambios inmediatos, pero instaló la cuestión educativa como eje irresuelto de la disputa política chilena. Cinco años después, en 2011, una nueva oleada de movilizaciones universitarias y secundarias paralizó el país durante meses. La respuesta del Estado fue nuevamente insuficiente, pero la presión acumulada forzó la construcción de un sistema de gratuidad para los estudiantes provenientes del 60% de hogares de menores ingresos, ampliado progresivamente. No era el sistema que pedía el movimiento, pero representaba el reconocimiento de que la educación superior no podía seguir siendo una deuda de por vida para las familias sin capital.
En octubre de 2019, Chile vivió el estallido social más significativo de su historia reciente. Lo que comenzó como una protesta estudiantil contra el alza del pasaje del metro en Santiago derivó en semanas de movilización masiva en todo el país, con una demanda que desbordaba cualquier reforma sectorial. El resultado fue un plebiscito constitucional, la redacción de una nueva constitución que finalmente fue rechazada en referéndum, y la elección de Gabriel Boric como presidente en 2022, con una plataforma que incluía la profundización de la gratuidad universitaria y la creación de un Fondo de Educación Superior para ampliar el acceso. El gobierno de Kast llega a desmontar no solo una política educativa sino el resultado de veinte años de movilización.
La gratuidad universitaria en Chile cubría, antes del gobierno de Kast, a estudiantes provenientes del 60% de los hogares de menores ingresos. El sistema funcionaba mediante transferencias directas del Estado a las universidades acreditadas que adhirieron al régimen de gratuidad, y fue ampliado progresivamente desde su implementación inicial en 2016.
El gobierno de Kast declaró desde su primera semana que no continuaría el Fondo de Educación Superior creado por la administración anterior, que limitaría la gratuidad a los menores de 30 años y que fortalecería los mecanismos de cobro del Crédito Aval del Estado, el sistema de préstamos estudiantiles cuya deuda asfixia a cientos de miles de familias chilenas desde hace veinte años. La ministra de Educación, María Paz Arzola, argumentó que la gratuidad había sustituido recursos privados por públicos sin un impacto suficiente en la equidad de acceso. Es un argumento técnico que elude los datos que el gasto social en educación produce; la reducción de la deuda estructural de las familias trabajadoras, el ingreso esperado en una vida laboral, la movilidad generada en quienes son primera generación universitaria. Eliminar ese dato del cálculo no es una omisión técnica. Es una opción política con destinatarios precisos.
Las tijeras dobles
Hasta aquí, el gobierno de Kast actúa como actúan los gobiernos de austeridad en cualquier parte del mundo. Lo que lo distingue es la arquitectura legal que construye simultáneamente para gestionar la protesta que sus propias políticas generan. El 1 de junio de 2026, en su primera Cuenta Pública ante el Congreso reunido en Valparaíso, Kast anunció el envío de un proyecto de ley para crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. La iniciativa establece un padrón oficial de personas condenadas por determinados delitos e infracciones relacionados con actos vandálicos y desórdenes públicos. Quienes figuren en ese registro perderían beneficios sociales estatales, entre ellos la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal, que es la prestación básica de vejez para los adultos mayores sin ahorro previsional suficiente. Kast lo resumió en una sentencia destinada a circular. “Nadie que destruye lo público merece tener gratuidad.” El Fiscal Nacional y varios legisladores expresaron dudas sobre la constitucionalidad de la medida y su compatibilidad con tratados internacionales de derechos humanos. Desde la oposición, al menos un diputado advirtió que el registro “puede usarse para cualquier cosa, y una de ellas es criminalizar la legítima protesta de estudiantes, trabajadores o ciudadanos.”
Lo que hace al Registro particularmente eficaz como instrumento de disciplinamiento no es su severidad penal sino su arquitectura administrativa. No requiere condena firme por un delito grave; incluye “incivilidades” definidas de manera suficientemente amplia como para abarcar conductas que en la práctica acompañan cualquier movilización social de cierta escala. Rayar una pared, bloquear una calle, cubrirse el rostro en una marcha. La pérdida de beneficios sociales que prevé no opera como pena accesoria en sentido estricto sino como sanción administrativa paralela al proceso penal, lo que facilita su aplicación y complica su impugnación. La Central Unitaria de Trabajadores rechazó el proyecto de manera explícita, advirtiendo que constituye una estrategia de persecución institucional para contener a las organizaciones sindicales, estudiantiles y vecinales.
Dos días antes de ese discurso, el Congreso había aprobado la Ley de Escuelas Protegidas. La norma habilita la revisión de mochilas y pertenencias de estudiantes en los establecimientos educativos, prohíbe el uso de elementos que cubran el rostro y contempla una sanción específica para quienes cometan delitos en los colegios; la prohibición de acceder a la gratuidad universitaria durante cinco años. No es una pena accesoria menor. Para un joven de familia trabajadora en Chile, perder la gratuidad durante cinco años puede significar perder la posibilidad real de cursar estudios superiores. La lógica de ambas leyes converge en un mismo punto; el acceso a la educación se convierte en una franquicia revocable, condicionada al comportamiento político de quien la recibe.
El 3 de junio de 2026, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores convocaron la primera movilización nacional masiva del período Kast. Los Carabineros intervinieron con carros lanzaguas, gases lacrimógenos y perros sin bozal. Se reportaron al menos diez detenidos. Una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile sufrió múltiples fracturas en el rostro y fue sometida a intervención quirúrgica. La Delegación Presidencial Metropolitana había modificado unilateralmente el recorrido autorizado antes del inicio de la marcha.
La lógica del castigo circular
El mecanismo que opera en Chile bajo el gobierno de Kast tiene la elegancia propia de los dispositivos bien diseñados. Primero se recortan los derechos. Luego se construye la infraestructura legal que permite suprimir esos mismos derechos a quienes protesten su supresión. El resultado es un circuito cerrado; protestar contra la pérdida de la gratuidad puede costar la gratuidad, manifestarse contra el desfinanciamiento de la salud pública puede costar la pensión de vejez. No hay necesidad de declarar estado de excepción ni de suspender formalmente las garantías constitucionales. Basta con volver los derechos sociales condicionales, dependientes de la conducta política de sus titulares. Es una forma de disciplinamiento que no requiere dictadura porque opera dentro de los marcos del Estado de derecho, con sus propios instrumentos.
Cuando un Estado construye ese sistema, la pregunta sobre qué tipo de libertad queda disponible para las personas que no tienen nada más que sus derechos sociales deja de ser retórica. La respuesta que da el 3 de junio desde la Alameda no requiere traducción. “La educación pública se defiende.” Lo que no dice la consigna, pero dice el cuerpo de la estudiante de Derecho sometida a cirugía, es cuánto puede costar defenderla…
G.S.
Fuentes
- Chile. Reprimen a estudiantes durante paro nacional contra recortes sociales de Kast
- Violentos choques en Chile por marcha masiva estudiantil contra los recortes de Kast
- Chile. Brutal saldo de la represión policial en marcha contra recortes de Kast
- Kast anuncia creación de un registro de vándalos en Chile durante su primera rendición de cuentas
- Presidente Kast anunció la creación del Registro Nacional de Vándalos
- El plan de Kast para la educación superior, limitar la gratuidad y descartar el FES
- Escuelas protegidas, más allá del castigo
- Estudiantes protestan contra los recortes presupuestarios del Gobierno de Kast en Chile
- Kast lanza un registro de vándalos en Chile y enfrenta sus primeras protestas por su programa de ajustes
- Gobierno de José Antonio Kast
