Un texto reciente, escrito en un registro casi litúrgico, plantea la pregunta correcta y luego retrocede ante ella. Se pregunta si las asociaciones deben reemplazar al Estado, responde que no deberían, y a continuación describe con precisión el mecanismo por el cual ya lo están haciendo. Esa contradicción no es un descuido retórico. Es el síntoma de un proceso que se ha vuelto tan familiar que ya no se percibe como proceso, sino como paisaje, un decorado que la sociedad contemporánea ha dejado de mirar porque siempre estuvo ahí, o al menos porque cree recordarlo así.
En al menos tres países que sirvieron de laboratorio, y en un continente entero que sirvió de laboratorio antes que todos ellos, la sustitución de derechos exigibles por generosidad organizada dejó de ser una hipótesis y se convirtió en infraestructura permanente. No se trata de una conspiración coordinada desde algún despacho ministerial. Se trata de algo más eficaz que una conspiración, un incentivo estructural que cada gobierno, de cualquier orientación, descubre por su cuenta y aplica con las mismas palabras, resiliencia comunitaria, sociedad civil, corresponsabilidad, sin que nadie tenga que copiar deliberadamente al vecino para llegar a la misma solución.
El experimento británico
El mecanismo tiene fecha de nacimiento. En noviembre de 2009, David Cameron presentó lo que llamaría la Big Society, la sociedad grande, un proyecto que prometía sustituir al Estado central por comunidades capaces de resolver sus propios problemas sin recurrir siempre a funcionarios y autoridades locales. Un año después, ya como primer ministro, comenzó a aplicarlo. El resultado, según cálculos ampliamente citados, fue un recorte real de aproximadamente el 40% en el gasto público de servicios hacia el final de la década.
La National Council for Voluntary Organisations, la federación que agrupa a la mayoría de las organizaciones benéficas británicas, calculó que estas entidades entregan actualmente servicios por un valor cercano a 16.800 millones de libras en nombre del gobierno, muchas veces sin la financiación necesaria para sostener esa carga. El Estado no desapareció. Delegó, y luego dejó de pagar por lo delegado.
Los bancos de alimentos de la red Trussell distribuyeron más de 2,6 millones de paquetes de emergencia en el Reino Unido durante 2025, uno cada doce segundos, desde más de 1.600 puntos distintos del país.
Hubo un intento de institucionalizar la idea. La Society Network Foundation se creó como socio independiente del gobierno para encarnar el ideal de la Big Society, la organización benéfica emprendedora dispuesta a asumir funciones estatales. Terminó bajo dos investigaciones de la National Audit Office por el uso indebido de tres millones de libras de fondos públicos, y colapsó en 2014. El fracaso fue rápido. La utilidad política, en cambio, duró mucho más que la institución misma. El experimento no fracasó por falta de buena voluntad entre quienes lo ejecutaron sobre el terreno. Fracasó porque estaba diseñado para fracasar en su promesa explícita mientras cumplía perfectamente su función implícita, que era hacer parecer razonable un recorte que de otro modo habría sido políticamente insostenible. Diez años más tarde, cuando otro gobierno británico anunció una nueva ronda de austeridad, el vocabulario de la sociedad grande volvió a circular, con distintos protagonistas y el mismo guion, prueba de que el fracaso de una institución concreta no invalida en absoluto la utilidad del relato que la sostenía.
La logística alemana de la pobreza gestionada
En Alemania, el mecanismo tomó una forma distinta pero igualmente reveladora. La primera Tafel, el banco de alimentos alemán, se fundó en Berlín en 1993. Tres décadas después existen más de 970 en todo el país, atendiendo con regularidad a cerca de 1,5 millones de personas, sostenidas por unos 75.000 voluntarios. Casi la mitad de quienes acuden reciben Bürgergeld, la prestación básica de desempleo. Casi un tercio son niños que llegan acompañados de sus padres, cifras que en cualquier otro contexto se leerían como el resumen de una emergencia nacional y que aquí se leen, en cambio, como el reporte anual de una institución que ha aprendido a administrarse a sí misma con la eficiencia de una empresa consolidada.
Lo que rara vez se menciona es quién construyó la arquitectura logística que permitió esta escala. En 1996, la consultora McKinsey ofreció su ayuda a las Tafeln de forma gratuita, diseñando el sistema de recolección y distribución que hoy conecta supermercados, panaderías y mayoristas con cientos de puntos de entrega. La misma disciplina que las grandes consultoras aplican habitualmente a la optimización de beneficios corporativos se aplicó aquí, sin cobrar, a la optimización de la escasez.
No hay ironía suficiente para describir ese gesto.
Hay, en cambio, una lógica interna perfectamente coherente. Una sociedad que no puede permitirse alimentar a sus ciudadanos más pobres puede, sin embargo, permitirse que sus mejores gestores diseñen el sistema que administra esa incapacidad de forma eficiente. Casi un tercio de las Tafeln alemanas ha tenido que suspender temporalmente la admisión de nuevos usuarios o abrir listas de espera. La demanda crece más rápido que las donaciones. Nadie en el movimiento lo formula como una crítica al Estado. Se formula, casi siempre, como una petición de más apoyo ciudadano, lo que equivale a pedir que la sociedad civil financie con mayor generosidad la ausencia que ella misma disimula.
Al otro lado del Atlántico, el mismo mecanismo alcanza una escala que ningún país europeo puede igualar, precisamente porque en Estados Unidos nunca hubo, ni siquiera brevemente, la promesa de un Estado social comparable al británico o al alemán. Feeding America, la mayor organización sin ánimo de lucro del país, declaró ingresos cercanos a 4.900 millones de dólares en el último ejercicio fiscal conocido, una cifra de facturación propia de una corporación mediana, no de una obra de caridad. Aquí el eufemismo desaparece casi por completo, se le llama abiertamente sector de caridad alimentaria, charitable food sector, un nombre que admite sin rodeos que ha sustituido, en la práctica, a un derecho que el país nunca terminó de reconocer como tal. Nadie discute seriamente que Feeding America deba dejar de existir. Se discute, en el mejor de los casos, si merece un poco más de fondos federales el próximo año.
La red de Feeding America coordina más de 200 bancos de alimentos y 60.000 despensas comunitarias, y estimaciones recientes sitúan en torno a 42 millones el número de personas que dependen de ese sistema para comer, más del doce por ciento de la población del país.
El continente que ya lo vivió
América Latina no necesita mirar a ninguno de estos tres países para entender el mecanismo. Lo vivió primero, y de forma más brutal, bajo un nombre menos amable, el ajuste estructural. Durante los años ochenta y noventa, el llamado Consenso de Washington impuso a la región programas condicionados al acceso a financiamiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que exigían reducir el gasto público en salud, educación y protección social a cambio de estabilidad macroeconómica y confianza de los mercados de capital.
Colombia ofrece un caso particularmente nítido, porque en su caso la retirada del Estado central no se disfrazó de generosidad comunitaria sino de reforma constitucional, lo que le confiere una legitimidad jurídica que el caso británico jamás tuvo que fingir. La Constitución de 1991 ordenó transferir a los departamentos y municipios una proporción creciente de los ingresos del gobierno nacional, del 36,5% en 1993 hasta un techo del 46,5% en 2002. Sobre el papel, era descentralización, más autonomía territorial, más cercanía entre el Estado y el ciudadano. En la práctica, muchas administraciones locales recibieron la responsabilidad de prestar servicios sin la capacidad institucional para hacerlo, y ese vacío fue ocupado, año tras año, por organizaciones no gubernamentales financiadas desde el exterior, en un país donde además la ausencia del Estado en amplias zonas rurales nunca fue solamente administrativa, sino también militar, lo que añadió a la sustitución un matiz que ningún país europeo ha tenido que afrontar, el de organizaciones civiles operando allí donde el propio monopolio de la fuerza estaba en disputa.
La Confederación Colombiana de ONG, fundada en 1989 en el umbral mismo de ese proceso, agrupa hoy a cerca de mil organizaciones que trabajan en desarrollo, paz y derechos humanos, buena parte de ellas asumiendo de facto funciones que en otro modelo de Estado corresponderían a un ministerio o a una gobernación. La diferencia con los tres casos anteriores no es de naturaleza sino de cronología, y también de vocabulario. Europa y Estados Unidos están descubriendo ahora, con las palabras nuevas de la Big Society, la sociedad civil y el charitable food sector, lo que América Latina ya conocía bajo el nombre menos amable de ajuste estructural. La ONG sustituyó al Estado antes de que existiera el eufemismo de la sociedad civil como socio del gobierno, y lo hizo, además, bajo la vigilancia de las mismas instituciones financieras internacionales que después exportarían el modelo hacia el norte, como si el continente hubiera servido de banco de pruebas antes de que el producto saliera al mercado global.
Derechos que se convierten en favores
Ningún gobierno anuncia públicamente que va a sustituir derechos por caridad. El proceso avanza por acumulación de gestos aparentemente inocentes. Se recorta un presupuesto, se elogia a los voluntarios que compensan el recorte, y la existencia misma de esos voluntarios se convierte en la prueba de que el recorte era absorbible.
El mecanismo es sencillo, como lo son todos los mecanismos de extracción bien diseñados. Nadie necesita ordenar explícitamente que los derechos se conviertan en favores. Basta con reducir la financiación año tras año, mientras se multiplica el reconocimiento simbólico hacia quienes cubren la diferencia. El texto que inspira esta reflexión evoca la imagen de una casa común construida por el Estado, cuyo calor las asociaciones mantendrían y cuyas grietas repararían. Es una imagen generosa. Pero omite preguntarse quién decidió, primero, dejar de calentar la casa, y quién sigue decidiéndolo cada año, en cada ley de presupuestos, mucho después de que la primera generación de voluntarios haya envejecido en el oficio.
Las asociaciones citadas en este texto no buscaron ese papel. Los voluntarios de Trussell, de las Tafeln y de Feeding America, los promotores comunitarios que sostuvieron los programas sociales latinoamericanos durante los años del ajuste, actuaron casi siempre por convicción genuina. Pero la genuinidad de sus motivos no cambia la función estructural del sistema que los emplea sin salario. Ese sistema necesita gratitud, no reclamos. Necesita voluntarios agradecidos, no ciudadanos exigentes, y cuanto más visible es la gratitud pública hacia ellos, menos visible se vuelve la pregunta de por qué siguen siendo necesarios treinta años después de haber empezado.
Cada vez que un gobierno agradece públicamente a una organización benéfica por su labor, agradece también, sin decirlo, su propia ausencia. El aplauso y el vacío ocupan exactamente el mismo espacio, y ese espacio, en Londres, en Berlín, en Bogotá o en cualquier ciudad de un país que se llama a sí mismo desarrollado, tiene siempre la misma forma, la de un derecho que nadie derogó formalmente y que, sin embargo, ya no existe…
G.S.
Fuentes
- End of year food bank stats
- Food banks provide over 2.6 million food parcels
- David Cameron and the collapse of (the big) society – Ekklesia
- The Big Society, Reheated – Tribune
- Big Society – Wikipedia
- Tafel (Organisation) – Wikipedia
- Tafeln fordern soziale Zeitenwende
- Which Food Banks are the Biggest in the U.S., 2025 – Food Bank News
- How many Americans rely on food banks
- Consenso de Washington – Wikipedia
- Colombia en la década de los noventa – SciELO
- Confederación Colombiana de ONG – Quiénes somos
