Abelardo de la Espriella se posesionó el 7 de agosto de 2026 en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, la primera toma de posesión presidencial celebrada fuera de Bogotá. En su plan de gobierno, la propuesta número diez dice que “una patria que deja solas a las mujeres no puede llamarse justa”. Promete rutas judiciales más rápidas, atención a víctimas de violencia de género, metas de reducción de feminicidios. Doce días después, la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo Cañavera, ordenó retirar un mural pintado por niñas en la sede de Bogotá. Y emitió una directriz para dejar de nombrarlas. La Defensoría del Pueblo pidió explicaciones. La Corte Constitucional lleva dieciocho años diciendo, en el Auto 092 de 2008, que nombrar a las mujeres de forma diferenciada no es un gesto de estilo. Es una obligación. Entre la promesa y la primera decisión, hay una distancia que se mide con hechos, no con intenciones.
La promesa del eje diez
El cambio de sede no fue un detalle protocolario. La Cámara de Representantes aprobó trasladar la ceremonia de Bogotá a Cali el 28 de julio, con 117 votos a favor y 7 en contra, en medio de una transición marcada por la polarización. Mientras De la Espriella juraba en Cali ese mismo 7 de agosto, el senador Iván Cepeda encabezó en Barranquilla una concentración que calificó de “desobediencia civil, resistencia y soberanía popular”. El país llegaba dividido a la posesión.
El discurso de posesión duró más de una hora. De la Espriella entró al auditorio de la USC a las 4:13 de la tarde, junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos. Antes del juramento, el presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, enumeró los retos del nuevo gobierno, orden público, inseguridad, situación fiscal, narcotráfico, minería ilegal. Ya como presidente, ante militares y fuerzas del orden, anunció que su gobierno buscaría la recuperación del orden.
Prometió un listado de grupos narcoterroristas. Prometió megacárceles.
Meses antes, en campaña, había sido más directo con Reuters. “En mi gobierno no habrá procesos de paz”, dijo. Culpó a la política de paz del gobierno saliente de fortalecer a los grupos armados y las economías ilegales.
Colombia lleva más de sesenta años de conflicto armado interno. Las mujeres y las niñas están entre las víctimas directas de sus consecuencias, no como categoría abstracta, sino en los términos que la Corte Constitucional documentó desde 2008. Prometer más guerra sin mencionar a esas víctimas es dejar la mitad de la ecuación afuera.
Ahí aparece la propuesta número diez, la única del plan dedicada a las mujeres. Tres ejes, seguridad y justicia, economía del cuidado, autonomía económica. En el primero, promete rutas judiciales aceleradas, atención a las víctimas, metas de reducción de violencia de género. No dice cómo, ni con qué presupuesto, ni en cuánto tiempo. Los otros dos ejes, economía del cuidado y autonomía económica, aparecen nombrados en el documento, sin metas ni cifras que los acompañen. Es una promesa hecha con el mismo tono que el resto del plan, la seguridad como respuesta a todo, sin nada que la distinga de las políticas de seguridad que ya existen en el país.
Esa promesa convive con un historial de campaña que generó dudas sobre la misma protección que ofrece. En marzo de 2026, tras conocerse denuncias de acoso sexual contra dos presentadores de Noticias Caracol, De la Espriella puso su bufete a disposición de las víctimas y dijo “no se queden calladas”. Dos meses después, en el programa Piso 8, atribuyó su respaldo entre el electorado femenino al tamaño de sus genitales y le pidió a una periodista que hiciera zoom a una fotografía suya. La entonces candidata Paloma Valencia respondió que las periodistas “no tienen por qué aguantar bromas sexuales”. El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo calificó el comentario como una muestra de “pequeñez”. Días después, en otra entrevista, se dirigió a una mujer como “cariño”, en un tono que generó nuevas críticas por condescendencia.
También reclamó para sí un papel en la Ley Rosa Elvira Cely, que sanciona el feminicidio en el país. Adriana Cely, hermana de la mujer cuyo asesinato en 2012 dio origen a esa ley, lo desmintió públicamente. “Miente al decir que gracias a él se hizo la ley de feminicidio”, dijo a un medio español. Reconoció que el abogado acompañó gratuitamente el proceso judicial contra el responsable del crimen, pero sostuvo que la recolección de pruebas fue trabajo de la familia, no del abogado.
Lo que se borra en el ICBF
El gobierno designó a María Carolina Restrepo Cañavera para la dirección del ICBF a finales de julio de 2026, nombramiento que formalizó mediante el Decreto 1182, firmado el 11 de agosto, cuatro días después de la posesión presidencial. Abogada, especializada en derecho tributario, parte del bloque de nombramientos con sello del Centro Democrático. A menos de un mes de asumir, en un recorrido por la sede de Bogotá, ordenó retirar un mural cerca de su despacho.
En la pared había corazones, una hoz y un martillo, y una frase escrita con tiza, “aquí estuvo la resistencia chiquita”. “Esto es absolutamente abusivo”, dijo Restrepo frente a las cámaras. “Un niño qué va a saber qué es eso. Un niño que lo único que tiene que hacer es jugar.” Resistencia Chiquita no es una consigna. Es un colectivo de niñas de Bogotá nacido después del feminicidio de Yuliana Samboní, la niña de siete años asesinada en la ciudad el 4 de diciembre de 2016. Astrid Cáceres, directora del ICBF en el gobierno anterior, respondió en redes, el mural era un espacio libre, las niñas que visitaban la entidad dejaban ahí su huella. Fueron ellas las que escribieron esa frase.
El 19 de agosto, el ICBF publicó nuevos lineamientos de lenguaje institucional. Desde esa fecha, la entidad prioriza “niñez, adolescencia y familias colombianas” sobre la palabra “niña”. La representante Lourdes Mateus denunció la directriz. La congresista Jennifer Pedraza hizo la cuenta, siete millones de niñas sin nombrar. El 26 de agosto, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, le pidió al ICBF que explique quién dio la orden y por qué.
Restrepo Cañavera volvió a pronunciarse días después. “Me sorprende tanta preocupación”, dijo. Argumentó que ni la Constitución, ni el Código de la Infancia y la Adolescencia, ni la Ley 1146 de 2007, ni la Convención sobre los Derechos del Niño obligan a usar siempre la fórmula completa “niños, niñas y adolescentes”, y que tampoco prohíben el uso de la palabra “niñez”. Sostuvo que hablar de niñez “no es borrar a las niñas” y calificó esa lectura como una conclusión de sus críticos, no como un hecho normativo.
Por qué nombrar no es un detalle
El artículo 2 de la Ley 1098 de 2006 obliga al Estado a proteger a “los niños, las niñas y los adolescentes”. En esos términos, no en otros. El ICBF protege a la infancia en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y es en ese segundo terreno, el del conflicto armado que De la Espriella prometió intensificar en campaña, donde la Corte Constitucional ya documentó por qué nombrar por género no es un gesto de estilo. En el Auto 092 de 2008, identificó diez riesgos de género para las mujeres en el conflicto armado colombiano. Riesgos que los hombres no comparten. Violencia sexual, explotación doméstica, reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, persecución por liderazgo social, despojo de tierras.
El Auto 092 de 2008 identificó diez riesgos de género específicos para las mujeres en el conflicto armado colombiano, entre ellos la violencia sexual, el reclutamiento forzado de sus hijos y el despojo de sus tierras. Casi dieciocho años después, la Corte Constitucional sigue verificando si el Estado los ha atendido.
La Corte no llegó a esa lista generalizando. Cada riesgo tiene expediente propio, historia propia. Un gobierno que decide, dentro de una de sus entidades, dejar de nombrar a las niñas, lo hace en un país donde el máximo tribunal ya estableció que el género produce riesgos que no caben en una categoría general. No es estilo administrativo. Es saber a quién se puede identificar cuando algo le pasa. Aquello que no se nombra, es más difícil de rastrear.
El Auto 092 no nació en el vacío. Fue una respuesta a la Sentencia T-025 de 2004, que declaró un estado de cosas inconstitucional en la atención a la población desplazada, y a una audiencia pública de 2007 donde mujeres desplazadas de todo el país documentaron cómo el conflicto las afectaba de forma distinta a los hombres. La Corte lo emitió en plena Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, la misma fórmula de mano dura y ofensiva militar que De la Espriella promete retomar. El diagnóstico de entonces fue que la respuesta militar, sin un enfoque de género explícito, dejaba invisibles los riesgos específicos de las mujeres.
El diagnóstico no se quedó en 2008. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 1957 y 2016 se identificaron más de 35.000 víctimas de violencia sexual, reproductiva y de género asociadas al conflicto armado, el 92% mujeres y niñas, una cifra que la propia JEP reconoce como un subregistro de casos documentados. Organizaciones como Corporación Humanas y Sisma Mujer, a partir de encuestas de prevalencia más amplias, estiman que la cifra real supera los cinco millones de mujeres agredidas sexualmente en ese contexto. Un informe de abril de 2024 de la Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008, 009 de 2015 y 515 de 2018 encontró que solo el 2% de esos casos termina en sentencia condenatoria. En los primeros tres meses de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 3.664 casos nuevos de violencia sexual, con niñas y adolescentes concentrando la mayoría. Ese es el terreno sobre el que se promete más guerra.
El modelo de familia como programa
El tercer eje de la propuesta número diez, autonomía económica, quedaba nombrado en el plan sin metas ni cifras. El plan sí es específico en otro punto, pone a la familia como núcleo de la sociedad. Suena bien. No lo es tanto. El documento no deja espacio para varias formas de familia, habla de una sola, la tradicional, con roles fijos puertas adentro. En un país donde buena parte de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico lo hacen sin ingreso propio ni control real sobre su tiempo, promover ese modelo como ideal no es neutral. Es decidir cuánta autonomía se les permite tener.
Según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado del DANE, con datos de 2024, las mujeres colombianas aportaron el 75,9% de las 44.326 millones de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el país. Ese trabajo, sin salario ni contrato, equivalió a 340,5 billones de pesos, cerca del 20% del PIB, por encima de lo que produjeron ese año el comercio o las manufacturas. La economista Cecilia López, promotora de la ley que dio origen a esa medición, señaló que la proporción se ha mantenido casi igual desde 2014. Diez años sin que el peso de esas horas cambie de manos es el dato detrás de la palabra autonomía.
Esa tensión no es nueva. Tampoco es vieja. El derecho al voto se aprobó en 1954, Acto Legislativo 03, después de un debate donde hablaron Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Las mujeres no pudieron votar de inmediato, el país estaba bajo una dictadura militar sin elecciones. Votaron por primera vez el 1 de diciembre de 1957.
El derecho al voto de las mujeres colombianas se aprobó en 1954 y se ejerció por primera vez el 1 de diciembre de 1957, cuando 1.835.255 mujeres votaron por primera vez en la historia del país, en un proceso electoral general.
Sesenta y nueve años después de esa primera votación, la ciudadanía política de las mujeres sigue siendo joven. Un gobierno que promete protegerlas y que, antes de cumplir un mes, decide qué palabra usar para nombrar a las niñas y qué modelo de familia imponer, no toma decisiones menores. Toma una posición. Y la posición ya se puede leer…
A.B.
Fuentes
- Resumen de la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, 7 de agosto
- Investidura presidencial de Abelardo de la Espriella – Wikipedia
- Así fue el minuto a minuto de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali – El Tiempo
- Colombia’s ‘outsider’ candidate De La Espriella vows military crackdown to boost economy – Reuters/Yahoo
- Análisis de las propuestas programáticas de Abelardo de la Espriella (2026-2030)
- Restrepo, directora del Icbf, ordenó retirar mural por mensajes políticos – La Silla Vacía
- Del mural “Resistencia Chiquita” en el ICBF y el debate por el activismo infantil – El Espectador
- Polémica por mural que ordenó retirar directora del ICBF – El Colombiano
- ¿Por qué el ICBF pide usar “niñez” en lugar de “niñas”? – Semana
- Directora del Icbf responde a las críticas y defiende hablar de ‘niñez’ – El Tiempo
- Icbf, críticas a directora por excluir “niña” del lenguaje institucional – La Silla Vacía
- Defensora del Pueblo se mete en polémica por uso de la palabra “niñez” en el ICBF – Semana
- Auto nº 092/08 de Corte Constitucional
- Conmemoración 60 años del voto de las mujeres en Colombia – UN Women Colombia
- La conquista del voto femenino, un camino que empezó antes de 1954 – Centro Nacional de Memoria Histórica
- Controversia por comentarios de Abelardo de la Espriella hacia dos periodistas – El Tiempo
- Familia de Rosa Elvira Cely contradice a Abelardo de la Espriella por atribuirse ley de feminicidio – El Colombiano
- María Carolina Restrepo Cañavera llega a la dirección del ICBF – El Espectador
- Quedó en firme el nombramiento de María Carolina Restrepo como directora del ICBF
- La impunidad domina los casos de violencia sexual en el conflicto armado colombiano – Infobae
- Las mujeres realizan 75% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado – La República
- Investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, traslado a Cali y protestas – Wikipedia
