El 8 de junio de 2026, a trece días de la segunda vuelta presidencial, los dos candidatos que se disputan la Casa de Nariño, sede de la presidencia colombiana, se acusaron mutuamente, por la misma red social y en un intervalo de pocas horas, de preparar un autoatentado, una agresión simulada contra el propio candidato con la que se busca incidir en el resultado de una elección. Ninguno de los dos aportó una prueba pública. Ambos anunciaron, sin embargo, que trasladarían la denuncia a la Fiscalía General de la Nación. El episodio se produjo en medio de la campaña presidencial más violenta de los últimos ocho años según la Fundación Ideas para la Paz y la Misión de Observación Electoral, MOE, el organismo independiente encargado de vigilar la limpieza de los comicios colombianos. Lo que sigue es la reconstrucción de ese cruce, del antecedente que le da su peso real, y de la distancia que lo separa del territorio donde la amenaza electoral no necesita red social para producirse.
El comunicado del lunes 8 de junio
A primeras horas de la tarde, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la coalición de gobierno de izquierda que ocupa la presidencia desde 2022, publicó en su cuenta de X un comunicado fechado en Bogotá. En él afirmaba haber recibido, por distintas vías, información según la cual la campaña de Abelardo de la Espriella, abogado del movimiento ultraconservador Defensores de la Patria, estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado, con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección. Cepeda anunció que pondría el hecho en conocimiento de la Fiscalía y que entregaría la misma información a la Unidad Nacional de Protección, el organismo estatal que asigna esquemas de seguridad a figuras públicas amenazadas, para que reforzara, de ser necesario, los esquemas de De la Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Es, hasta donde alcanza el registro público de esta segunda vuelta, la primera vez que un candidato pide protección oficial contra un acto que, según su propio relato, todavía no ha ocurrido.
La respuesta llegó horas después, también por X. De la Espriella desmintió de manera tajante la acusación y devolvió el golpe en el mismo registro. Le preguntó a Cepeda si se le notaba el desespero, lo describió angustiado y fuera de control, y afirmó que su propia campaña había recibido información sobre un plan equivalente, esta vez atribuido al senador. Cerró el comunicado sugiriendo que Cepeda había cambiado de estrategia a última hora, abandonando la idea de un autoatentado propio para, en su lugar, culparlo a él de la misma maniobra.
Entre enero de 2025 y abril de 2026, la Misión de Observación Electoral registró 565 hechos de violencia contra liderazgos políticos en Colombia, con un incremento del 6,3% en los casos dirigidos específicamente contra actores políticos respecto al ciclo electoral anterior. (MOE, informe de seguimiento al calendario electoral 2026)
El ruido que rodea al comunicado
El cruce de acusaciones no ocurrió en el vacío. Esa misma semana, la encuestadora Invamer tuvo que desmentir públicamente una imagen que circulaba en redes sociales con resultados falsos de un sondeo electoral que daba como ganador a Cepeda. Días antes, circuló una fotografía generada con inteligencia artificial que mostraba a futbolistas de la selección colombiana haciendo un gesto de respaldo a De la Espriella, también desmentida bajo la etiqueta de verificación ElFiltro. Cepeda, por su parte, tuvo que difundir un certificado médico para desmentir rumores sobre su estado de salud a días del cierre de campaña.
Un informe de la organización internacional IDEA Internacional, publicado en mayo de 2026, había anticipado este escenario al advertir que la sofisticación de la desinformación electoral colombiana ya no depende solo de la adopción de inteligencia artificial, sino también de la participación de creadores de contenido, la proliferación de discursos de odio y formas de violencia política digital dirigidas específicamente contra mujeres. El procurador general, Gregorio Eljach, lo resumió en términos más directos durante la octava sesión del Plan Democracia, el dispositivo interinstitucional de seguimiento electoral, al señalar que la desinformación se había convertido en la principal amenaza para el desarrollo de la jornada del 21 de junio.
El precedente que ningún comunicado nombra
El 7 de junio de 2025, casi exactamente un año antes del cruce de comunicados entre Cepeda y De la Espriella, el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, recibió tres disparos durante un acto de campaña en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. El agresor, un menor de quince años capturado minutos después, le disparó por la espalda en medio de la multitud que lo escuchaba. Uribe Turbay permaneció más de dos meses en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá y murió el 11 de agosto de 2025, a los 39 años, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral.
La Fiscalía General de la Nación clasificó el hecho como un atentado político, dada la condición del senador como parlamentario en ejercicio, figura de oposición y precandidato presidencial. Las autoridades atribuyeron la planificación a una disidencia de las antiguas FARC, sin que exista hasta la fecha una condena firme sobre la autoría intelectual del ataque. El presidente Gustavo Petro calificó el asesinato como una derrota para la democracia, y la Alcaldía de Bogotá decretó tres días de duelo oficial. Human Rights Watch recordó, en su comunicado posterior, que la madre del senador, la periodista Diana Turbay, había sido secuestrada en 1990 por el narcotraficante Pablo Escobar y asesinada al año siguiente durante una operación de rescate fallida, dos generaciones de la misma familia atravesadas por la misma forma de violencia política.
Human Rights Watch situó el ataque dentro de una serie histórica más amplia, recordando que entre 1989 y 1990, en menos de ocho meses, tres candidatos presidenciales colombianos, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, fueron asesinados por carteles del narcotráfico y grupos paramilitares. El asesinato de Uribe Turbay no inaugura una práctica, la reactiva.
Ese es el antecedente inmediato sobre el que se montan, un año después, las acusaciones cruzadas de autoatentado entre Cepeda y De la Espriella. No se trata de un ejercicio retórico abstracto sobre los peligros del lenguaje de campaña. Colombia ya demostró, en esta misma contienda electoral, que la violencia política no necesita ser simulada para producir un cadáver.
La gramática de la deslegitimación preventiva
Frente a ese antecedente, instalar de antemano la posibilidad de un atentado dentro del terreno de la simulación calculada cumple una función precisa que ningún comunicado explicita. Ambos candidatos preparan, sin necesidad de coordinarse entre ellos, una salida retórica para el día en que algo les ocurra de verdad. Si llegara a sucederle algo a cualquiera de los dos, el relato ya instalado permitiría leerlo como cálculo propio antes que como amenaza externa, lo cual no es un efecto colateral del cruce de acusaciones sino su función más eficaz, deshumanizar al adversario sin necesidad de insulto directo, basta con ubicarlo de antemano en el terreno de la mentira premeditada.
El fenómeno no es exclusivo de esta campaña, pero su instalación simultánea y recíproca, el mismo día, en el mismo formato, sí lo es. Cada bando produjo, en cuestión de horas, un espejo casi idéntico del otro, lo que sugiere menos una estrategia original que una respuesta refleja ante el temor de quedar expuesto en solitario a la acusación. El resultado es un terreno discursivo en el que la palabra atentado pierde su peso específico, devaluada por el uso repetido en clave de cálculo electoral, en el mismo país que enterró a un precandidato presidencial hace apenas diez meses.
Las casas de apuestas, por su parte, no esperaron el comunicado de la Fiscalía para fijar su propio veredicto sobre la disputa. En Polymarket, la plataforma de mercados de predicción donde los usuarios apuestan dinero real sobre el resultado de eventos futuros, De la Espriella alcanzó un 84% de probabilidad de triunfo tras el cruce de acusaciones, mientras la opción de Cepeda cayó al 14%. Esa asimetría vuelve más rentable, en términos puramente narrativos, instalar la sospecha de que cualquier desenlace adverso fue fabricado de antemano, sobre todo para quien parte con la probabilidad más baja de ganar limpiamente.
El territorio donde la amenaza no necesita red social
Mientras los dos candidatos intercambiaban comunicados desde Bogotá, la Unidad Investigativa de El Tiempo documentaba, en la vereda Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, un mecanismo de control mucho menos discursivo. Estructuras disidentes de las antiguas FARC, conocidas por los alias de sus comandantes, Calarcá y Mordisco, habían impuesto desde enero de 2026 la carnetización obligatoria de la población civil, un sistema de identificación y registro que estas estructuras utilizan para controlar quién entra, quién sale y, llegado el momento, quién vota. El mismo procedimiento se extendió en semanas posteriores a otros municipios del Meta y a veredas del Guaviare.
Ninguno de esos hechos pasó por una cuenta de X antes de producirse. Se acumularon y fueron medidos por una entidad que no participa en la contienda. La MOE identificó 386 municipios en riesgo electoral por condiciones de violencia, concentrados sobre todo en el norte del Cauca, Arauca, el sur de Bolívar y el suroriente del país, la misma geografía donde el lenguaje del autoatentado, fabricado en la capital, no tiene ningún correlato práctico.
El Ministerio de Defensa, a través del ministro Pedro Sánchez, confirmó que sostuvo una reunión con la Registraduría Nacional, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la MOE para evaluar la situación de seguridad de cara a la segunda vuelta. El mismo ministerio anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que ayude a esclarecer delitos electorales, hasta 200 millones para prevenir atentados terroristas y hasta 1.000 millones de pesos para proteger a los candidatos presidenciales, cifras que dicen, mejor que cualquier comunicado, cuánto cuesta hoy en Colombia la seguridad de quien aspira a gobernarla.
La Misión de Observación Electoral identificó 386 municipios en riesgo electoral por condiciones de violencia de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, y mantiene, dentro de su seguimiento general al ciclo electoral, un llamado permanente a los candidatos para moderar el lenguaje de campaña. (MOE, seguimiento electoral, junio de 2026)
Lo que queda después del 21 de junio
El 7 de agosto, uno de los dos hombres que se acusaron mutuamente de planear su propio atentado asumirá la primera magistratura del país. Habrá heredado, junto con el cargo, un vocabulario que ya naturalizó la sospecha de la violencia simulada como herramienta legítima de campaña, y que convive, sin tocarse, con la violencia real que la MOE mide en cifras, con el nombre de un senador que ya no puede desmentir nada, y con las disidencias armadas que ejercen su control en veredas concretas mediante el registro de identidades y movimientos.
Nadie en Bogotá necesitó probar nada para que la acusación cumpliera su función, deshumanizar al adversario sin levantar la voz, mientras en el Meta y en el Guaviare la pregunta de quién controla el territorio seguía respondiéndose, como siempre, sin necesidad de comunicado…
G.S.
Fuentes
- Cepeda denuncia un supuesto plan de autoatentado de De la Espriella
- De la Espriella lanza dura respuesta a Cepeda por denuncia de supuesto autoatentado
- Las ‘fake news’ crecen como la principal amenaza en la antesala de la segunda vuelta
- Invamer desmintió imagen falsa que circula en redes sobre una encuesta de la segunda vuelta presidencial de 2026
- Segunda vuelta presidencial, Procuraduría advierte que la desinformación es el mayor riesgo electoral
- Mindefensa alerta sobre riesgo de estallidos violentos en elecciones
- Asesinato de Miguel Uribe Turbay
- Abelardo de la Espriella desmiente a Iván Cepeda de un supuesto autoatentado
- Colombia: Candidato presidencial gravemente herido en atentado
- Así fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay
- Riesgo extremo electoral en 139 municipios, las alertas que rodean las presidenciales en Colombia
- Los planes criminales de Calarcá y Mordisco para la segunda vuelta presidencial
- 386 municipios en riesgo electoral por condiciones de violencia, MOE
