El domingo 13 de septiembre, a las ocho de la noche, el presidente Abelardo de la Espriella se sentó frente a las cámaras para hacer un balance de sus primeras semanas de gobierno. Habló de finanzas públicas, de seguridad, de la reconstrucción del Chocó tras el terremoto de agosto. Y habló de las universidades públicas. Dos días antes, el 11 de septiembre, una protesta cerca de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital había dejado grafitis en las estaciones de TransMilenio, cámaras de seguridad dañadas, más de cien mil usuarios afectados y encapuchados vandalizando buses en plena calle 26. El presidente anunció un protocolo nacional para que la Policía pueda ingresar a los campus cuando haya “alteraciones extraordinarias del orden público”. Dijo que la protesta pacífica sería respetada. Y remató así.
“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar.” (Alocución presidencial, 13 de septiembre de 2026)
La frase generó respaldo inmediato en sectores oficialistas. La senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, afirmó que la autonomía universitaria jamás puede convertirse en inmunidad para vandalizar, destruir o aterrorizar. La exsenadora María Fernanda Cabal fue más lejos. Sostuvo que los comunistas “se inventaron la tal autonomía universitaria para colonizar y llenar las aulas de guerrilla, prostitución y jíbaros vendiendo droga”, y pidió que entrara el Esmad a “sacar a los vagos degenerados que se roban los cupos”. Del otro lado, el senador Iván Cepeda calificó el anuncio de atropello a la autonomía universitaria y sostuvo que viola el artículo 69 de la Constitución. El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, fue más cauto que unos y otros. Recordó, en entrevista con La FM, que la Policía “siempre ha entrado” a los campus cuando hay un delito flagrante, sin que nadie se lo tenga que autorizar, y que el problema del nuevo protocolo no es jurídico sino práctico. Dijo que los delincuentes se escudan en los estudiantes, en los curiosos, en el propio diseño de los campus, y que la verdadera solución no es policial sino de inteligencia. Nadie discutió, sin embargo, el dato de fondo. Que la discusión sobre la autonomía universitaria en Colombia ya no es hipotética. Y que, para cuando el presidente pronunció esa frase, el órgano de gobierno de esas universidades ya tenía nuevos dueños.
ANTES DEL PROTOCOLO, YA HABÍA ENTRADO
El 25 de agosto, diecinueve días antes de la alocución, el Ministerio de Educación firmó el Decreto 1310 de 2026. El acto administrativo terminó, con efecto inmediato, las designaciones que el gobierno de Gustavo Petro tenía vigentes ante los Consejos Superiores Universitarios de 34 instituciones públicas de educación superior, y las reemplazó por nuevos representantes del gobierno entrante. Esos consejos son la máxima autoridad de gobierno de cada universidad. Deciden presupuesto, deciden estatutos, tienen voz y voto en la elección de rector.
Para la Universidad Nacional, uno de los dos representantes designados fue Rodolfo Andrés Londoño De La Espriella. Es abogado de la Javeriana, sacerdote, capellán de la Casa de Nariño y primo hermano del presidente. El decreto no lo limitó a un solo asiento. Lo nombró también en los consejos superiores de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Cinco universidades públicas, un solo apellido. El otro representante en la Nacional, el físico nuclear Diego Alejandro Torres Galindo, egresado de esa misma universidad y con estancias posdoctorales en Escocia y en Rutgers, completa el relevo.
Nada de esto ocurrió por una alteración del orden público. Ocurrió por decreto, en agosto, semanas antes de que hubiera un solo grafiti en una estación de TransMilenio. Cinco días antes de la alocución, el martes 8 de septiembre, el presidente firmó otro decreto, el 1368, que levantó la suspensión general al porte de armas de fuego, vigente desde 2018 y prorrogada hasta finales de 2026. Según el propio gobierno, la medida no equivale a porte libre, mantiene controles y requisitos, y se apoya en cifras propias, 15.700 armas incautadas entre enero y septiembre, 980 de ellas vinculadas a disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo, 339 al ELN. Cinco semanas después de posesionado, el patrón no es el de un gobierno que responde a una crisis puntual de orden público. Es el de un gobierno que mueve, de manera simultánea y en varios frentes, los límites de lo que hasta ahora estaba suspendido, prohibido o repartido entre otros.
LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN
El artículo 69 de la Constitución de 1991 dice, en su primera línea, que se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Es una de las garantías más antiguas y menos discutidas del ordenamiento colombiano.
La Corte Constitucional también ha dicho, de manera reiterada, que esa autonomía no es absoluta. En la sentencia C-829 de 2002, la Corte señaló que la autonomía universitaria encuentra su límite en el orden público, el interés general y el bien común, y que ninguna universidad puede desligarse del orden social justo invocando su propio fuero. Es, casi palabra por palabra, el argumento que usó De la Espriella el 13 de septiembre.
El problema es que ese límite jurisprudencial fue pensado para un supuesto distinto del que produjo el Decreto 1310. La Corte habla de los estatutos internos de cada universidad, de su potestad reglamentaria, de la relación entre esa potestad y el orden público cuando hay violencia dentro del campus. No habla, en ningún pronunciamiento conocido, de la facultad del Ejecutivo para sustituir en bloque a sus representantes en 34 consejos superiores y ubicar ahí a un pariente directo del presidente. Esa operación no tiene que ver con orden público. Tiene que ver con quién se sienta a votar el presupuesto y a elegir al rector. El límite constitucional que el gobierno invoca en público es real. El terreno donde ya actuó no es el que ese límite cubre.
COLOMBIA YA CONTÓ ESTA HISTORIA
El 7 de junio de 1929, un disparo policial mató al estudiante pastuso Gonzalo Bravo Pérez, durante una protesta contra el nombramiento de un jefe de Policía que había dirigido la represión de la masacre de las bananeras. Desde entonces, el 8 y 9 de junio se conmemoran en Colombia como el Día del Estudiante Caído.
Veinticinco años después, casi a la fecha, la historia se repitió con una dictadura de por medio. El 8 de junio de 1954, bajo el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, un policía disparó contra un grupo de estudiantes que jugaban fútbol cerca de la Ciudad Universitaria y mató a Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, más de diez mil estudiantes marcharon hacia el Palacio de Nariño con el permiso del propio dictador. El Batallón Colombia, recién llegado de la guerra de Corea, les cerró el paso e hizo fuego contra la multitud. Murieron al menos nueve estudiantes más.
Treinta años después, ya en democracia, volvió a pasar. A comienzos de los ochenta, estudiantes de la Universidad Nacional habían recuperado, edificio por edificio, las residencias estudiantiles que la propia universidad cerró en 1976 tras un choque con la Policía. Tras años de toma y negociación, las residencias reabrieron formalmente en abril de 1984. Dos de los negociadores que hicieron posible esa reapertura fueron asesinados semanas después. Jesús “Chucho” León, presidente de Cooperación Estudiantil, fue secuestrado y su cuerpo apareció el 9 de mayo. El profesor de Medicina Luis Armando Muñoz fue asesinado el 14 de mayo. El homenaje a “Chucho” León, convocado para el 16 de mayo en la Plaza Che, derivó en protesta y la Fuerza Pública entró a la universidad. Elizabeth Díaz, entonces estudiante, sobrevivió a lo que vio.
“El 16 de mayo entraron a las residencias, tumbaron puertas, sacaron a las muchachas de aquí de residencias, les pusieron capuchas del M-19, les pusieron armas, salieron en los periódicos.” (Testimonio recogido por la Unidad para las Víctimas)
Las residencias fueron clausuradas de nuevo. Los últimos estudiantes fueron desalojados el 10 de junio de ese año. Cuarenta años después, el Estado colombiano sigue sin esclarecer del todo lo ocurrido esa tarde de mayo.
Tres momentos, tres tipos de gobierno. La hegemonía conservadora de 1929, la dictadura militar de 1954, la democracia constitucional de 1984. En los tres, la Fuerza Pública entró a una universidad o disparó contra estudiantes que la defendían. El régimen cambia. El resultado, dentro del campus, se repite.
UN GUION QUE SE REPITE EN EL MUNDO
El 8 de octubre de 1931, un decreto del régimen de Benito Mussolini obligó a todos los catedráticos universitarios de Italia a jurar fidelidad al fascismo. De más de 1.200 profesores, solo doce se negaron. Todos fueron destituidos de inmediato, entre ellos el matemático Vito Volterra, el jurista Francesco Ruffini y el historiador Gaetano De Sanctis.
Alemania siguió el mismo camino desde 1933. El régimen nazi expulsó de las universidades a profesores judíos y a quienes consideraba opositores políticos, dentro del proceso de sometimiento institucional que la propaganda del régimen bautizó Gleichschaltung, coordinación forzada. Miles de académicos, Albert Einstein entre ellos, abandonaron el país o fueron destituidos de sus cátedras antes de que terminara esa primera oleada.
Terminada la guerra civil española en 1939, el franquismo sometió la educación superior a una depuración sistemática de catedráticos y a la imposición de la doctrina nacional-católica como eje del nuevo sistema educativo. Las universidades dejaron de nombrar a sus propias autoridades académicas, el Estado las nombraba por ellas.
Apenas consumado el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fecha que carga una coincidencia calendario incómoda con la de este artículo, la Junta Militar de Augusto Pinochet expidió el Decreto Ley 50, que reemplazó a los rectores elegidos de todas las universidades chilenas por rectores delegados, generales y coroneles retirados de las Fuerzas Armadas. Le siguieron miles de exoneraciones de profesores y estudiantes acusados de vínculos con la izquierda.
En Argentina, la dictadura de Jorge Rafael Videla, instaurada en marzo de 1976, intervino de igual manera las universidades públicas, censuró contenidos académicos y persiguió a estudiantes y docentes considerados subversivos. La cifra final de desaparecidos vinculados a la vida universitaria sigue, cuatro décadas después, sin cerrarse del todo.
Cinco países, cinco décadas, un mismo objeto de interés. Quién controla lo que se enseña, se investiga y se discute dentro de una universidad pública.
El 13 de septiembre, cuando el presidente Abelardo de la Espriella dijo que iría por los estudiantes incluso entrando a las universidades para sacarlos, ya había un sacerdote de apellido De la Espriella con voto en cinco consejos superiores universitarios. Ya había un decreto que devolvió las armas de fuego a la calle. El rector de la universidad más señalada por el anuncio le respondió, sin estridencia, que la Policía ya entraba cuando había delito, y que el problema nunca fue jurídico. Entre 1929, 1954 y 1984 pasaron cincuenta y cinco años y tres regímenes distintos. Entre el Decreto 1310 y la alocución del 13 de septiembre pasaron diecinueve días. El protocolo contra las universidades todavía no existe en el papel. La entrada, en los hechos, ya se dio…
A.B.
Fuentes
- De la Espriella anuncia ingreso de la Policía a universidades públicas: “la autonomía no es patente de impunidad”
- De la Espriella anuncia que la Policía podrá entrar en universidades ante actos vandálicos
- Iván Cepeda arremete contra De la Espriella por anuncio sobre las universidades
- María Fernanda Cabal respaldó protocolo para que la Policía ingrese a las universidades
- ¿Cómo será el ingreso de la Policía a las universidades? Esto dijeron los rectores
- La lista de elegidos por el Gobierno De La Espriella para representar al Estado en los consejos superiores de las universidades públicas
- Abelardo de la Espriella nombró a los delegados de su Gobierno ante los Consejos Superiores
- Porte de armas en Colombia: qué cambia y qué se mantiene con el decreto de De la Espriella
- Abelardo de la Espriella levanta la suspensión general al porte de armas en Colombia
- Sentencia C-829 de 2002, Corte Constitucional de Colombia
- 16 de mayo de 1984, a 40 años de la masacre en la Universidad Nacional
- 9 de junio, 72 años de la masacre de 11 estudiantes universitarios durante una protesta en Bogotá
- Las residencias y el 16 de mayo, claves para entender el conflicto en la Universidad Nacional
