AÑO II  ·  No. 620  ·  MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026

GINEBRA --:--  ·  BOGOTÁ --:--  ·  ACIDREPORT v4.0
AcidReport
INVESTIGACIÓNARCHIVOS / ACCESO

El gobierno entrega el Centro Nacional de Memoria Histórica a un negacionista del conflicto

Abelardo de la Espriella juró como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, con menos de un punto de ventaja sobre su contendor y una ciudad, Cali, que reemplazó la Plaza de Bolívar por un gimnasio universitario porque Bogotá le negó la guarnición militar que había pedido para su investidura. Antes incluso de asumir, había anunciado la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el traslado de las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo a un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. Dos semanas después de jurar, su gobierno designó a D’mar Córdoba Salamanca director del Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad que durante más de tres lustros ha reunido testimonios, archivos judiciales y producción académica sobre el conflicto armado colombiano. Córdoba niega que ese conflicto merezca ese nombre. El 21 de agosto, siete firmantes del Acuerdo de Paz encabezados por Rodrigo Londoño radicaron un derecho de petición exigiendo al gobierno explicar, con estudios técnicos y cronogramas, qué queda en pie del aparato de paz. La respuesta, hasta ahora, no ha llegado. Pero el arte, sí responde.

Un mecanismo que ya funcionó una vez

El Centro Nacional de Memoria Histórica no es un museo cualquiera. Fue creado por la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para documentar el conflicto armado, y su dirección ha funcionado desde entonces como termómetro exacto de qué gobierno está en el poder. En 2019, Iván Duque nombró al frente del CNMH a Darío Acevedo, historiador que sostenía que el conflicto armado no podía convertirse en verdad oficial del Estado, una posición que contradecía frontalmente la misma ley que le daba empleo. Acevedo pasó cuatro años atacando en columnas de opinión al padre Francisco de Roux, entonces presidente de la Comisión de la Verdad, y al comisionado Alfredo Molano. Modificó, según denuncias documentadas y una tutela interpuesta en su contra, la muestra permanente del Museo de la Memoria construida junto a las víctimas, y redujo las cifras atribuidas a los crímenes paramilitares que esa muestra exhibía.

Fue la Jurisdicción Especial para la Paz, no una protesta ciudadana ni una resolución interna del Centro, la que lo detuvo.

En julio de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de incumplimiento contra Darío Acevedo, entonces director del Centro Nacional de Memoria Histórica, por presunta violación de las medidas cautelares que protegían la muestra permanente del Museo de la Memoria. Acevedo renunció el 7 de julio de ese mismo mes.

Esa jurisdicción sigue existiendo. Su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, respondió a los anuncios de De la Espriella con una precisión que suena a advertencia, la potestad reglamentaria del presidente no tiene el alcance de eliminar una institución que descansa sobre dos actos legislativos y dos sentencias de la Corte Constitucional, y cualquier intento real exigiría un proceso que involucre a los tres poderes del Estado. Ramelli se dijo abierto al diálogo con el gobierno entrante, pero insistió en que el asunto no puede leerse únicamente desde una lógica burocrática o presupuestal. La frase, moderada en su forma, es también un aviso, y entiende exactamente qué tipo de reorganización administrativa se avecina.

Existir no es lo mismo que estar en condiciones de intervenir. El 21 de agosto, siete integrantes del antiguo secretariado de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda, radicaron ante De la Espriella un documento de dieciséis páginas exigiendo estudios técnicos, jurídicos y fiscales que respalden la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la supresión de doscientos veintinueve cargos presidenciales. Piden también saber qué ocurrirá con los decretos de acompañamiento a excombatientes que vencen el 31 de diciembre, y qué plazos maneja el ministro Iván Cancino para una JEP cuya prórroga no contempla. Invocan una decisión de la Corte Constitucional que obliga al cumplimiento del acuerdo durante tres períodos presidenciales completos, hasta 2030. El tribunal que en 2022 frenó a un negacionista dentro del Centro llega esta vez debilitado, cuestionado desde el poder ejecutivo, y ocupado en defender su propia supervivencia institucional antes de poder vigilar la de otros.

Veinte años de radio y un abogado que no cree en la guerra

D’mar Córdoba Salamanca es abogado de la Universidad Católica, con especialización y maestría en derecho constitucional y administrativo en la misma institución. Enseñó en la Católica, La Gran Colombia y la Sergio Arboleda. Durante más de veinte años participó en La Hora de la Verdad, el programa radial del exministro uribista Fernando Londoño Hoyos, y trabajó en las unidades legislativas de las senadoras Paola Holguín, hoy ministra de Cultura, y Thania Vega. Es, en otras palabras, un producto de veinte años de antesala del poder antes de heredar uno de sus despachos más sensibles.

Su posición no niega la violencia del conflicto armado. Niega su calificación jurídica. El 9 de marzo de 2025 escribió que la narrativa del conflicto armado sirvió para presentar a las guerrillas como fuerzas beligerantes, cuando en realidad operaban como grupos criminales con una agenda ideológica. La distinción parece técnica y no lo es, de ella depende el estatuto legal de miles de víctimas, el marco bajo el cual fueron reconocidas, indemnizadas y escuchadas por el Estado colombiano desde 2011. Llamar crimen común a lo que la ley llama conflicto no cambia lo ocurrido sobre el terreno. Cambia quién tiene derecho a exigir reparación, y bajo qué procedimiento.

Tras el informe final de la Comisión de la Verdad en 2022, Córdoba impulsó una Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, centrada en testimonios de víctimas militares, bajo el argumento de que la comisión oficial había dejado ese relato sin contar. La iniciativa nunca alcanzó el estatuto institucional de su modelo oficial, permaneció como gesto paralelo, casi privado. Ahora dirige el organismo que sí tiene ese estatuto.

Lo que el centro premió y lo que el centro amenaza

Mónica Savdié empezó a trabajar el tema en 2007, cansada de escuchar la misma frase entre conocidos y desconocidos, no quiero ver, no quiero saber. De ahí nació Examen de visión 20/20, una adaptación del test oftalmológico de Snellen convertida en dispositivo artístico, donde la letra E inicial da paso a testimonios que el espectador ya no puede esquivar. A partir de entonces documentó el paramilitarismo en 2008-2009, las minas antipersonal en 2010, los falsos positivos en 2011, la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en 2014, los derechos de la población LGBTI, el proceso de paz en La Habana, los asesinatos de líderes sociales y ambientales en 2017, el desplazamiento forzado, el narcotráfico, la corrupción y la historia reciente del país. Cada capítulo del proyecto exigió meses de trabajo de campo, entrevistas con sobrevivientes dispuestos a hablar y con otros que no lo estaban todavía, y una negociación constante entre la exactitud documental exigida por el archivo y la forma capaz de sostenerla sin traicionarla ni convertirla en espectáculo.

Según cifras que la propia Savdié aporta a AcidReport, su archivo reúne 211 testimonios documentados en trece años de trabajo de campo sobre el conflicto armado colombiano, entre 2007 y 2020.

Savdié respondió por escrito a las preguntas de AcidReport. «Nací con los ojos abiertos», dice, «me duele la extrema desigualdad de este país, y siento indignación por lo que ha ocurrido en Colombia desde su fundación». En algún momento del proceso acuñó una frase que terminó acompañando cada intervención por el país, «este es el horror que no quisimos ver, que no pudimos evitar, que no debemos repetir jamás». Sostener esa mirada, admite, no fue tarea fácil, el recurso para no quebrarse fue intercalar materiales que respiraban distinto, un informe sobre la posibilidad de la paz en 2016 y un poema de Schiller en el cierre del proyecto en 2020.

Ese trabajo no permaneció al margen de las instituciones que hoy cambian de manos. En 2014, el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica que ahora dirige Córdoba distinguió la serie sobre violencia sexual con una mención de honor, reconociendo entonces lo que una década después queda a discreción de un director que niega la calificación jurídica del conflicto que esa serie documenta. La distancia entre esos dos momentos institucionales, apenas doce años, mide con precisión lo que está en juego cuando cambia quién decide qué memoria conserva el Estado.

«Siento que la obra en su totalidad debe seguir viva y vigente como un documento de la historia reciente del país», responde Savdié. «Sus testimonios seguirán buscando visibilidad en espacios académicos y centros de memoria en la medida de lo posible, porque la verdadera historia nadie la puede borrar».

Desde el 2 de julio de 2026, y hasta el 3 de octubre, el Centro Nacional de Memoria Histórica exhibe Hilo Conductor en el Archivo General de la Nación, la muestra de Savdié que atraviesa tres momentos, una inmersión literaria que introduce al visitante en el lenguaje propio del testimonio, franjas gráficas rojas que cartografían el conflicto sobre el territorio nacional, y un acto performativo de cierre titulado Ríos de sangre, concebido para experimentarse en cuerpo presente antes de abandonar la sala. La muestra sigue abierta hoy, bajo el mismo techo institucional que en unas semanas responderá ante Córdoba.

«No sólo al final, sino desde el mismo inicio, es una inmersión en los cauces de la memoria a través de la sangre, que es el hilo conductor que atraviesa las obras exhibidas», explica Savdié, que reivindica una conexión sutil con Gabriel García Márquez, experta como es en Cien años de soledad. Sobre el momento en que ocurre la muestra no oculta la ironía, fue invitada por el CNMH en marzo de 2026 a exponer en el Archivo General de la Nación, cuando nadie anticipaba el resultado electoral. «Lo acontecido nos ha sacudido, pues la obra está exhibida en la transición de dos gobiernos diametralmente opuestos», dice.

El precedente de Acevedo ofrece una hipótesis concreta sobre lo que podría ocurrir con Hilo Conductor, un museo modificado desde dentro entre 2019 y 2022, sin cerrarlo ni retirar formalmente ninguna obra, hasta que una tutela y un incidente ante la JEP detuvieron el proceso. Hilo Conductor no cuenta, hasta ahora, con ninguna medida cautelar equivalente, y su calendario depende, desde el 3 de octubre, enteramente del nuevo director.

Savdié confirma que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna comunicación de la institución sobre el futuro de la muestra. «Por ahora Hilo Conductor sigue exhibida hasta la terminación del contrato, el 3 de octubre. A partir de ahí tendremos paciencia, porque este trabajo de veinte años no se puede ignorar, ni olvidar, ni quemar. Volverá a salir a la luz una y otra vez, sin miedo, para seguir divulgando a través del arte la asignatura de historia que han removido de las aulas del país».

Una muestra con fecha de cierre y una institución sin garantías

Nadie en el CNMH ni en el Archivo General de la Nación ha explicado públicamente qué ocurrirá con Hilo Conductor en las cinco semanas que le quedan de exhibición en la Sala 1 del Archivo, ni qué criterio seguirá la programación futura del museo bajo la nueva dirección. Tampoco existe, hasta hoy, una declaración de la Comisión de la Verdad o de organizaciones de víctimas nombrando directamente a Córdoba. El derecho de petición radicado el 21 de agosto sigue, a la fecha de esta publicación, sin respuesta del gobierno. El silencio institucional alrededor de un nombramiento tan documentado como polémico es, en sí mismo, un dato que esta investigación no puede explicar del todo.

Lo que sí puede constatar es la repetición. Un gobierno de derecha llega al poder, coloca a un negacionista al frente del archivo oficial de la violencia, y el archivo empieza a temblar. La primera vez, en 2022, un tribunal lo impidió. Esta vez, ese mismo tribunal pelea por su propia continuidad institucional, mientras el hombre que lo cuestiona decide, sin necesitar todavía eliminarlo, quién escribe la memoria, y nada en su nombramiento sugiere que el guion vaya a ser distinto al de 2019, salvo, quizás, un tribunal más débil para interrumpirlo…

G.S.

Fuentes

Gabriel Schwarb

SOBRE EL AUTOR

Gabriel Schwarb

Gabriel Schwarb es el director fundador y editor en jefe de AcidReport, escritor suizo-colombiano con más de tres décadas de práctica profesional en dirección artística, desarrollo web y periodismo de investigación. El medio funciona como una asociación sin fines de lucro, regulada por el artículo 60 del Código Civil suizo, sin afiliación política, sin publicidad y sin financiación externa. Publica en español, francés e inglés, y cubre América Latina y Europa en espejo, explicando cada continente al otro.

Lo fundó convencido de que la victoria de Iván Duque sobre Gustavo Petro en 2018 no había sido limpia, una sospecha que el escándalo Ñeñe Hernández vino a reforzar, y de que la Colombia real no encontraba espacio en sus propios medios. Nacido como un puente informativo entre Colombia y Europa, el proyecto se amplió después a toda América Latina, y es leído hoy en el mundo entero. Su método combina verificación estricta de fuentes, trabajo de archivo y revisión pública de errores. No publica para agradar. Publica para responder.

Ver todos los artículos →

1 comentario en «El gobierno entrega el Centro Nacional de Memoria Histórica a un negacionista del conflicto»

Deja un comentario