El 7 de julio, el presidente electo de Colombia pidió públicamente a las Fuerzas Militares que desobedecieran a Gustavo Petro si sus órdenes contradicen la Constitución. Diez días antes, una alianza de periodismo de datos integrada por Cuestión Pública, Vorágine, Rutas del Conflicto, El Veinte y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística había revelado que cerca de 17.000 funcionarios públicos, entre ellos policías y militares en servicio activo, figuraban inscritos en la base de datos de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Petro, mientras tanto, insiste en una teoría de fraude electoral por algoritmos que ninguna autoridad electoral competente ha corroborado. Entre las dos versiones del escándalo colombiano de julio de 2026, la documentada y la inventada, el país eligió casi siempre la más ruidosa.
La base de datos que nadie protegió
La campaña Defensores de la Patria recogió, entre 2025 y 2026, más de 1,4 millones de registros a través de un formulario alojado en su propia página. Nombre, número de identificación, correo, teléfono, municipio. La política de tratamiento de datos aseguraba que la información estaba resguardada. No lo estaba. Quedó pública en internet sin ninguna protección, y ahí la encontró la alianza periodística que cruzó esos registros con la base de servidores de la función pública.
El resultado no es una sospecha, es un archivo. Cerca de 17.000 personas con correo institucional o coincidencia directa con la nómina estatal aparecen inscritas como simpatizantes o referentes de la campaña. Entre ellas, personal activo de la Policía Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aeroespacial y de la Aeronáutica Civil. También funcionarios de la Fiscalía, el SENA, la DIAN, el ICBF, la Procuraduría y la Contraloría, instituciones cuya función es precisamente controlar al poder, no militar por él. En al menos cinco casos documentados, el funcionario inscrito ejercía un cargo de autoridad jerárquica sobre la persona que aparecía como su referida, y esa persona referida había recibido, en el mismo periodo, un contrato público en la misma entidad.
Nadie negoció esto en un despacho. Se hizo con un formulario web y un clic, la forma más banal que puede adoptar la captura de un aparato de Estado. Cuando De la Espriella le pidió el 7 de julio a las Fuerzas Militares que no obedecieran al presidente saliente, no hablaba a una institución neutral esperando instrucciones desde cero. Hablaba, en parte, a una red que ya lo conocía, tejida meses antes de que nadie hablara todavía de desobediencia civil.
Colombia tiene un ritual mínimo para estas ocasiones, casi litúrgico en su sencillez. El presidente saliente recibe al entrante en la Casa de Nariño, hay una fotografía, un apretón de manos, y ese gesto obliga a ambos, al que se va a entregar el Estado sin reservas y al que llega a recibirlo como una continuidad que lo precede. Iván Duque y Gustavo Petro lo protagonizaron apenas cuatro días después de la segunda vuelta de 2022. Esta vez, el gesto está vacante en ambos extremos, y esa vacancia dice más sobre la salud de la transición que cualquier discurso pronunciado durante ella.
Lo que la fraude no explica
Petro sostiene desde el cierre de la segunda vuelta que el resultado fue alterado por algoritmos desarrollados por empresas privadas israelíes, transmitidos desde un servidor con dirección IP en Los Ángeles. No ha presentado prueba alguna. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, descartó cualquier posibilidad de fraude masivo ya desde la primera vuelta electoral y calificó el sistema colombiano de transmisión de resultados como uno de los más sólidos del continente. La misión de observación electoral de la Unión Europea, con 141 observadores desplegados en treinta departamentos, validó la fiabilidad del proceso. La Registraduría explicó públicamente sus mecanismos de auditoría y control, contratados este año por primera vez con dos firmas independientes.
Según la alianza periodística integrada por Cuestión Pública, Vorágine, Rutas del Conflicto, El Veinte y el CLIP, la base de datos de la campaña de Abelardo de la Espriella contenía 1,4 millones de registros, de los cuales cerca de 17.000 correspondían a funcionarios públicos, incluido personal activo de la Policía y las Fuerzas Militares.
Nada de esto absuelve a Petro de haber dicho lo que dijo. Comparar la llegada de De la Espriella a la Presidencia con el fascismo, evocar a Hitler, insistir en una trama sin sustento delante de la prensa internacional, todo eso es un costo político real y una irresponsabilidad de un jefe de Estado en funciones. Pero el escándalo de la fraude inventada terminó por ocupar el lugar del escándalo documentado. Un presidente saliente que grita sin pruebas es un espectáculo. Una base de datos filtrada que muestra a la Policía inscrita en la campaña de quien la comandará desde agosto es un hecho, y los hechos, en Colombia, rara vez ganan el titular.
El verdadero litigio, escondido detrás del ruido
Iván Cepeda, senador y excandidato derrotado, anunció que no reconocería la autoridad de De la Espriella si este no renunciaba a su ciudadanía estadounidense, no aclaraba eventuales vínculos con la DEA o la CIA, y no garantizaba que Petro no sería extraditado. La prensa de derecha lo redujo a un mal perdedor. La lectura es más precisa si se atiende a quién respalda el argumento. Una veintena de exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz firmaron un documento jurídico distinguiendo con precisión entre la ciudadanía italiana de De la Espriella, adquirida por descendencia y sin incompatibilidad alguna, y su ciudadanía estadounidense, adquirida por naturalización en 2023 mediante un juramento que exige defender primero la Constitución de Estados Unidos.
No es una hipérbole retórica. Es un problema constitucional real, con nombre técnico, conflicto de lealtades, y con precedente citado por los propios firmantes, la sentencia C-601 de 2015 de la Corte Constitucional. Cepeda añadió a esa lista un cuarto motivo menos jurídico y más político, el rechazo a la incorporación de Colombia al llamado Escudo de las Américas, que describió como un mecanismo de alineamiento militar con los intereses estratégicos de Estados Unidos. En su lectura, las tres primeras condiciones protegen la soberanía judicial del país frente a un presidente con doble lealtad constitucional. La cuarta protege su soberanía militar frente a un aliado que ya ha anunciado su intención de integrarlo a su propia arquitectura de seguridad continental. Ni siquiera dentro del propio gobierno saliente la estrategia fue unánime. Los ministros de Justicia y de Energía señalaron públicamente que preferían actuar dentro del debate político y democrático antes que sustraerse de él, una distancia que Cepeda no ha respondido públicamente. El excandidato Enrique Peñalosa, por su parte, acusó a Cepeda de aplicar un doble rasero, recordando que el propio Petro conserva la nacionalidad italiana sin que nadie en su bancada lo haya cuestionado nunca por ello. La objeción tiene mérito formal. También pasa por alto que ninguna de las dos nacionalidades italianas, ni la de Petro ni la de De la Espriella, exige el juramento de lealtad que sí exige la naturalización estadounidense, la distinción jurídica precisa que los propios exmagistrados se tomaron el trabajo de señalar.
Mientras ese debate avanzaba en Colombia, fiscales federales de Brooklyn abrían, según reportó la agencia AP, una investigación sobre posibles vínculos de Petro con el narcotráfico. La coincidencia de calendario no prueba nada por sí sola, pero documenta que el aparato judicial estadounidense ya estaba activo contra el presidente saliente antes de que este dejara el cargo, con independencia de lo que resuelva finalmente esa investigación. No es un caso aislado. Meses antes, el influenciador petrista Beto Coral había sido arrestado en Estados Unidos con fines de deportación en la recta final de la campaña, y el propio Petro figura, junto a su esposa e hijo, en la llamada Lista Clinton de sanciones estadounidenses. La alianza de De la Espriella con Donald Trump, exhibida sin pudor durante toda la campaña, no es entonces una promesa a futuro. Es la continuación de un patrón que ya estaba en marcha.
La institución que ambos bandos reclaman
De la Espriella suspendió el proceso de empalme el 7 de julio, calificó al gobierno saliente de corrupto, prometió hacer pagar a Petro por sus delitos y anunció que no pisaría la Casa de Nariño antes de su posesión, rompiendo un ritual republicano que ni siquiera las transiciones más tensas de la historia reciente del país habían suprimido. Petro respondió que colocaría sillas vacías en el Palacio, a la espera de que llegara alguien dispuesto a recibirlo. La imagen, pensada como denuncia, terminó describiendo con bastante exactitud el estado de la institución que ambos dicen defender, un salón presidencial convertido en escenografía, con sillas dispuestas y nadie sentado en ellas dispuesto a hablar con nadie del otro lado.
De la Espriella acompañó la ruptura con una fórmula que hará carrera, la “obediencia constitucional” como respuesta a lo que llamó “primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano”. La frase adelanta, antes incluso de asumir el cargo, un marco donde la protesta y el delito quedan fundidos de antemano, de modo que cualquier forma de resistencia futura ya está clasificada como amenaza antes de manifestarse. El mismo día, generales y almirantes retirados de las Fuerzas Militares rechazaron públicamente el llamado de Cepeda a la desobediencia civil y reafirmaron su respaldo a la institucionalidad entrante, cerrando el círculo de una disputa donde ambos bandos piden a los mismos uniformados que elijan bando.
Petro, por su parte, convocó una movilización para el 20 de julio y prometió una despedida pública desde el sur de Bogotá, la misma fecha en que se instalará el nuevo Congreso surgido de las legislativas de marzo, de modo que la plaza y el hemiciclo competirán ese día por la atención de un país que ya no sabe muy bien cuál de las dos escenas es la que decide algo. Ninguno de los dos bandos disputa realmente las urnas. Disputan quién se queda con la lealtad de los uniformados, la Policía, el Ejército, la Fiscalía. Ese es el terreno donde se libra el poder en Colombia cuando el resultado electoral ya no alcanza para zanjarlo, y es precisamente el terreno donde una base de datos filtrada mostró, antes de que empezara el escándalo público, de qué lado ya se había inclinado una parte de ese aparato.
Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 con una ventaja aproximada de 250.000 votos sobre Iván Cepeda, la más estrecha en la historia reciente del país, según el escrutinio validado por el Consejo Nacional Electoral.
Colombia se prepara para una posesión presidencial el 7 de agosto en la que el presidente entrante ya ha pedido a los militares que desobedezcan al saliente, y el saliente ya ha pedido al pueblo que desobedezca al entrante. Entre las dos desobediencias hay una asimetría que ningún trino ni ninguna alocución dominical logra ocultar del todo por mucho tiempo, una de ellas se apoya en un archivo filtrado con nombres, cédulas y cargos que cualquiera puede verificar, la otra en un servidor de Los Ángeles que nadie, hasta hoy, ha podido mostrar…
G.S.
Fuentes
- En la campaña de Abelardo De la Espriella hay miles de funcionarios públicos inscritos, incluyendo policías activos
- Sin temor a equivocarnos, la información entregada por la Registraduría demuestra consistencia técnica
- De la Espriella respondió a cuestionamientos por su nacionalidad estadounidense
- Se cumplirá la Constitución, crece polémica por mensaje de desobediencia civil de Cepeda
- Cepeda amenaza desobediencia civil si De la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense
- De la Espriella ordenó suspender el empalme con el gobierno Petro
- La izquierda cuida la cabeza de Petro arriesgando una oposición institucional
- Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Declaración preliminar, segunda vuelta Colombia 2026
- Almirantes retirados rechazaron la decisión de Petro y Cepeda de no reconocer a De la Espriella como presidente electo
