Ginebra alberga el Comité Internacional de la Cruz Roja, los tribunales que juzgan los crímenes de guerra y las convenciones que definen qué se puede y qué no se puede hacer con un ser humano detenido. Suiza administra esa reputación con la misma diligencia con que administra el dinero de otros, meticulosamente, sin ruido, con rendimientos sostenidos. Desde febrero de 2026, una investigación del colectivo BreakFree Suisse documenta que diez de las principales instituciones financieras helvéticas, entre ellas el Banco Nacional Suizo, la Banca Cantonal de Vaud y UBS, son accionistas activos de cinco empresas que forman la columna vertebral del sistema de vigilancia, detención y expulsión masiva del ICE, la agencia federal estadounidense encargada de perseguir y deportar migrantes. No se trata de una distracción ideológica ni de un accidente de portafolios. Cuando la misma semana en que se publicó ese informe UBS actualizó su recomendación sobre Palantir de “neutral” a “compra”, con un precio objetivo de ciento ochenta dólares, quedó claro que el problema no es la ignorancia.
La cadena
El ICE, siglas en inglés de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), es la agencia del gobierno federal estadounidense responsable de identificar, detener y expulsar del territorio a personas consideradas en situación migratoria irregular. Para operar a la escala que el gobierno de Donald Trump ha impuesto desde 2025, el ICE no actúa solo. Subcontrata a un ecosistema de empresas privadas que gestionan cada eslabón del proceso, desde la identificación inicial hasta la expulsión física, repartiendo el negocio entre cinco compañías especializadas que cotizan en bolsa y reportan trimestralmente a sus accionistas.
Palantir Technologies es una compañía de análisis de datos fundada en 2003 con capital de la CIA. Su función en el sistema ICE es la más técnicamente sofisticada y la más políticamente explosiva. Según un funcionario senior de la agencia citado en el informe de BreakFree Suisse, Palantir proporcionó al ICE una lista de veinte millones de personas identificadas como objetivos de deportación, no sospechosos individuales seleccionados por una investigación, sino perfiles construidos con datos cruzados de registros fiscales, laborales y de tránsito. AT&T provee la infraestructura que conecta operativos de campo, centros de detención y oficinas administrativas del ICE en todo el territorio nacional.
GEO Group y CoreCivic son las dos mayores empresas privadas de prisiones e instalaciones de detención en el país. Gestionan entre las dos más de cien centros en los que el ICE mantiene privadas de libertad a decenas de miles de personas en espera de proceso o expulsión. CACI International suministra soporte técnico operativo y servicios de análisis de inteligencia. Lo que estas cinco empresas tienen en común, además del cliente, es que todas cotizan en bolsa y que el hecho de que su actividad principal sea la vigilancia y el encierro de seres humanos no aparece en los informes de calificación estándar como una categoría de riesgo. Aparece como un mercado en expansión.
El dinero público
Según el informe actualizado de BreakFree Suisse, publicado en mayo de 2026, las diez instituciones financieras suizas identificadas como accionistas de los contratistas del ICE son UBS, el Banco Nacional Suizo (BNS), la Banca Cantonal de Zúrich (ZKB), Pictet, Lombard Odier, Swiss Life, Zurich Insurance, la Banca Cantonal de Vaud (BCV), Julius Baer y Union Bancaire Privée (UBP). El informe, publicado bajo licencia Creative Commons, reúne por primera vez los datos de inversión de estas diez instituciones en un mismo documento.
De las diez instituciones listadas, dos merecen un tratamiento separado del resto, el BNS y la BCV. No porque sus posiciones sean necesariamente las más grandes en términos absolutos, sino porque son instituciones de Estado. El Banco Nacional Suizo es el banco central de la Confederación Helvética, con un mandato constitucional de servir al interés general del país. La Banca Cantonal de Vaud es propiedad del cantón de Vaud, financiada y garantizada por los contribuyentes vaudenses. Cuando el BNS o la BCV compran acciones de Palantir o de GEO Group, lo hacen con dinero público, en nombre de una colectividad que no ha sido consultada y que, en su mayoría, ignora que parte de su dinero está invertido en la cadena de deportaciones masivas más activa de la historia reciente de los Estados Unidos.
UBS opera en una categoría diferente. Es el mayor banco privado de Suiza y, desde la absorción forzada de Credit Suisse en 2023, concentra una fracción del sistema financiero helvético sin precedentes en la historia del país. Según el informe de BreakFree Suisse, UBS es el tercer o cuarto mayor accionista de GEO Group, la mayor empresa privada de detención de inmigrantes del mundo y el principal proveedor del ICE. Esa posición no es residual ni accidental; es una apuesta de capital de escala en una empresa cuyo crecimiento depende directamente del ritmo al que el gobierno estadounidense encierra personas.
En febrero de 2026, la misma semana en que BreakFree publicó su primera investigación, UBS actualizó su recomendación sobre Palantir de “neutral” a “compra”, con un precio objetivo de ciento ochenta dólares. En ese informe, los analistas describían a Palantir como una empresa “posicionada en el nexo de las dos tendencias de gasto más poderosas, la inteligencia artificial y los datos”, y señalaban una demanda “muy sólida” como fundamento. La palabra “ICE” no aparece. Los veinte millones de personas tampoco. El informe de BreakFree había sido publicado el cinco de febrero y cubierto ese mismo día por RTS y SRF. UBS firmó su actualización tres semanas después. La visibilidad del problema no era un obstáculo. Era, simplemente, irrelevante para el análisis.
El director y sus accionistas
David Venturella es el director en funciones del ICE desde mayo de 2026. Antes de asumir ese cargo, pasó doce años en GEO Group como vicepresidente senior de desarrollo de negocio y de relaciones con clientes, según documentos depositados ante la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, que es el organismo federal que regula los mercados financieros. Tras una etapa como consultor externo de la misma empresa, regresó al gobierno federal en 2024. Su nombramiento como director del ICE no requirió confirmación del Senado, una garantía constitucional que existe precisamente para asegurar un mínimo de escrutinio público sobre quién dirige los organismos del Estado. Trump lo designó en funciones, una categoría que elude ese control. El ICE lleva sin director confirmado por el Senado desde 2017.
UBS es accionista de la empresa en la que Venturella pasó doce años. El BNS también. La BCV también. Sus nombres figuran en el registro de accionistas que el directorio de GEO Group consulta antes de cada junta. Ninguna de esas instituciones ha emitido una declaración pública sobre lo que representa que el director del ICE sea el ex vicepresidente senior de su principal contratista privado. La revolving door, como se llama en inglés al mecanismo por el cual los altos cargos de las empresas contratistas y los de las agencias que les adjudican los contratos intercambian posiciones de forma sistemática, funciona en este caso con una precisión que supera los casos anteriores.
Desde que Venturella regresó a la órbita del gobierno federal, GEO Group obtuvo contratos nuevos o ampliados por valor de quinientos veinte millones de dólares anuales, según declaró el presidente ejecutivo de la empresa en una llamada con inversores; en sus palabras, el mayor volumen de negocio captado en un solo año en toda la historia de la compañía. Los beneficios del grupo aumentaron un setecientos por ciento en 2025, alcanzando doscientos cincuenta y cuatro millones de dólares. El número de personas detenidas bajo custodia del ICE llegó a veinticuatro mil, el nivel más alto jamás registrado. Para administrar ese volumen, el ICE tiene un proveedor preferente. Y ese proveedor tiene ahora al frente del ICE a un hombre que pasó doce años aprendiendo el negocio desde el otro lado del contrato.
GEO Group enfrenta además una demanda colectiva, conocida como Menocal contra GEO Group, presentada en 2014 ante el Tribunal de Distrito Federal de Colorado. La demanda representa a una clase de aproximadamente sesenta mil detenidos que alegan haber sido obligados a realizar trabajos de limpieza y mantenimiento bajo amenaza de confinamiento solitario de hasta setenta y dos horas, percibiendo un dólar diario o nada en absoluto. Las alegaciones invocan la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas, el instrumento jurídico federal que prohíbe el trabajo forzado. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó por unanimidad el intento de GEO Group de obtener inmunidad soberana derivada de sus contratos con el gobierno.
Ese rechazo unánime del Tribunal Supremo no resuelve el caso, pero elimina el principal escudo legal de la empresa y obliga al proceso a avanzar hacia juicio sobre el fondo. En el estado de Washington, un tribunal ya ordenó a GEO Group pagar más de veintitrés millones de dólares por prácticas laborales similares en otro centro de detención del ICE. UBS, accionista de esa empresa, calificó a Palantir de “premier growth story” tres semanas después de que se publicara el informe que vinculaba a ambas compañías con una misma cadena de control migratorio.
En los primeros cuatro meses de 2026 murieron al menos dieciocho personas bajo custodia del ICE. En todo 2025 murieron treinta y una, la cifra anual más alta en dos décadas. Doce mil niños con ciudadanía estadounidense vieron a sus padres deportados durante los primeros siete meses de 2025. Más de cuatro mil cuatrocientas resoluciones judiciales declararon ilegales detenciones practicadas por el ICE durante el mismo período. La agencia no modificó sus prácticas.
Minneapolis
El veintiséis de abril de 2026, el Consejo Municipal de Minneapolis aprobó una resolución dirigida a los inversores europeos con posiciones en los contratistas del ICE. El texto nombraba explícitamente a UBS, al BNS, a la gestora francesa Amundi y al fondo de pensiones neerlandés ABP, y les pedía desinvertir de GEO Group, CoreCivic, Palantir y CACI International. Una ciudad del estado de Minnesota tuvo que escribirle a Berna, a Zúrich y a Ginebra para pedirles que actuaran de acuerdo con sus propias declaraciones públicas de valores. La dirección de la presión es reveladora. No son las instituciones suizas las que reaccionan ante las consecuencias de sus inversiones, sino los afectados por esas consecuencias quienes tienen que recordarles a los financiadores su propia retórica.
El informe de mayo de 2026 de BreakFree Suisse documenta que varias de las instituciones identificadas, entre ellas el BNS y la BCV, aumentaron sus posiciones en algunos contratistas del ICE después de la publicación del primer informe en febrero, después de la cobertura mediática de alcance internacional, y después de la resolución de Minneapolis. Ese patrón destruye el argumento de la gestión pasiva, que consiste en sostener que los fondos que replican índices bursátiles simplemente siguen la composición del mercado sin tomar decisiones activas.
Replicar un índice no obliga a aumentar una posición específica tres meses después de que esa posición ha sido señalada públicamente, cubierta por Reuters, debatida en un consejo municipal americano y vinculada a demandas por trabajo forzado pendientes ante el Tribunal Supremo. Eso es una elección deliberada con información completa. Llamarla de otra forma es un ejercicio de relaciones públicas, no de análisis financiero.
El sistema financiero suizo tiene una práctica larga y documentada de ese tipo de elecciones. En los años noventa, las investigaciones del Congreso estadounidense y del Comité Volcker, el grupo de expertos encargado de auditar las cuentas inactivas en bancos suizos, establecieron que UBS y Credit Suisse habían gestionado activos de víctimas del Holocausto durante décadas sin notificar a sus herederos ni transferirles los fondos. El mecanismo no era la crueldad deliberada; era la inercia rentable. Mover ese dinero habría generado costos administrativos, preguntas incómodas, procedimientos. Dejarlo quieto generaba rendimientos.
Más tarde se documentó que el sistema bancario helvético había facilitado la circulación del oro robado por el régimen del apartheid sudafricano, convertido en lingotes anónimos y vendido en los mercados internacionales a través de intermediarios con sede en Ginebra y Zúrich. Tampoco en ese caso hubo una decisión colectiva de financiar el apartheid; hubo una serie de decisiones individuales de no preguntar, porque preguntar habría interrumpido la operación. Credit Suisse colapsó en 2023 bajo el peso acumulado de esa misma lógica aplicada durante décadas a escala industrial. UBS, que lo absorbió por orden del gobierno federal, heredó los pasivos y continuó el modelo.
Lo que el informe de BreakFree Suisse documenta para 2026 no es una anomalía en la historia del capitalismo helvético. Es su modo de funcionamiento habitual bajo condiciones de baja vigilancia externa. El rendimiento primero. La pregunta después. Y la pregunta únicamente cuando llega desde fuera, cuando una ciudad americana vota una resolución, cuando Reuters publica un titular, cuando ya no queda otra salida que admitir que se sabía. Que en este caso la presión haya tenido que viajar desde Minneapolis hasta Berna para producir el mínimo efecto es, en sí misma, una descripción suficientemente precisa del sistema…
G.S.
Fuentes
- Swiss Investors in the ICE System, versión mayo 2026, BreakFree Suisse
- New BreakFree Suisse research: Swiss investors in the ICE system, BankTrack
- Trump taps David Venturella, former private prison executive, to lead ICE, Al Jazeera
- ICE’s New Director Allegedly Helped Deport Trump Ally’s Ex-Girlfriend, HuffPost
- David Venturella, Detention Pipeline, Transparency Cascade
- Justices Reject Fast Appeal in GEO $1-Per-Day Forced Labor Case, Bloomberg Law
- Supreme Court rules against GEO Group in forced labor lawsuit, Colorado Newsline
- UBS upgrades Palantir Technologies to Buy, Finviz
- Minneapolis resolution on European investors and ICE contractors
- Banques suisses investissent dans des sociétés liées à l’ICE américaine, RTS
- Minneapolis campaigners press Swiss National Bank to dump Palantir investment, Reuters
- Former GEO Group executive to lead ICE as private prison profits surge, Freedom United
