Lo que en Colombia recibe el nombre de corrupción no es una anomalía del sistema. Es su lógica de funcionamiento bajo condiciones de baja opacidad. Lo que se llama escándalo es el accidente de visibilidad de mecanismos que operan con normalidad cuando nadie mira. La Fiscalía describe organizaciones delincuenciales; los investigadores llaman a eso captura del Estado. La diferencia entre los dos diagnósticos no es semántica sino estratégica. Uno supone que se puede arrestar el problema, el otro reconoce que el problema es la arquitectura. Las mismas familias que construyeron el Estado son las que lo explotan, y lo que transmiten no es solo fortuna sino el acceso estructurado al erario.
La patrimonialidad como sistema
El politólogo Francisco Gutiérrez Sanín describe un orden político donde la separación formal entre lo público y lo privado nunca se completó. La “patrimonialidad” es el régimen en que el poder del Estado no se ejerce en nombre de un interés general abstracto sino como extensión directa de los intereses de quienes lo controlan. No se trata de que los ricos corrompan a los funcionarios; se trata de que los ricos son, con frecuencia, los propios funcionarios, sus parientes o sus financistas. La distinción entre el patrimonio familiar y el presupuesto público se vuelve, en ese contexto, una cuestión de conveniencia contable. Las élites colombianas no capturaron el Estado en algún momento histórico preciso. Nunca lo soltaron.
Este modelo no requiere ilegalidad permanente para reproducirse. Requiere normas que lo habiliten, instituciones que no lo fiscalicen y medios que no lo nombren. Funciona mediante contratos adjudicados a las empresas de las familias correctas, subsidios que llegan a quienes ya tienen y marcos tributarios que permiten transferir fortunas al exterior sin consecuencias visibles. Lo que Garay Salamanca y Salcedo-Albarán documentan en el caso colombiano es que la frontera entre agentes legales e ilegales es una zona de transición permanente donde el mismo actor puede operar en ambos registros según el momento y la conveniencia.
La caja pública como fuente de acumulación
Los contratos del Estado son, sistemáticamente, instrumentos de transferencia de riqueza hacia las familias que ya controlan el acceso político, y esa función ha operado sin interrupción bajo gobiernos de todas las denominaciones ideológicas. El caso más voluminoso, y el más silenciado, es Reficar, la Refinería de Cartagena. Concebida bajo el primer gobierno de Uribe y ejecutada bajo Santos, su ampliación terminó costando 8.326 millones de dólares contra un presupuesto inicial de 3.777 millones. La Contraloría tradujo ese desbordamiento en un daño fiscal de 17 billones de pesos (la moneda colombiana), e investigó a treinta y ocho directivos de la refinería y de Ecopetrol (la empresa estatal petrolera que la controla), entre ellos diez ministros y exministros.
En junio de 2018, la Contraloría exoneró a todos los funcionarios del gobierno Santos vinculados. Dos exgerentes recibieron condenas de cinco años y cuatro meses. Del andamiaje que hizo posible el saqueo, nada. La misma lógica operó con Odebrecht. En Colombia, el consorcio adjudicatario de la Ruta del Sol Tramo II incluía a Corficolombiana, filial del Grupo Aval de Sarmiento Angulo. Se pagaron 6,5 millones al exviceministro de Transporte y 4,6 millones a través del senador Bula. De los ejecutivos de Aval implicados, uno solo fue condenado, José Elías Melo, con once años. Sarmiento Angulo padre e hijo no enfrentaron condena local. La SEC norteamericana obtuvo en 2023 un acuerdo de 80 millones de dólares.
El escándalo de la UNGRD merece su lugar en este catálogo no por su magnitud sino por lo que revela. Que un gobierno llegado al poder en 2022 con un discurso explícito de ruptura haya operado, según la Fiscalía, bajo la misma lógica de contratos-por-votos que definió a las administraciones anteriores, no es una ironía accidental. Es la prueba de que el problema no es ideológico sino arquitectónico. La corrupción colombiana no tiene color político. Tiene estructura.
La Contraloría General identificó en el caso Reficar un daño fiscal de 17 billones de pesos bajo los gobiernos Uribe y Santos; ningún exministro ni dirigente político fue condenado. La acusación de la Fiscalía del 7 de abril de 2026 establece que el esquema de la UNGRD comprometió 612.237 millones de pesos adicionales en contratos públicos para comprar votos en el Congreso, bajo el gobierno Petro.
Lo legal y lo ilegal como vasos comunicantes
No existe, en el modelo colombiano, una élite “limpia” separada de una élite “narco”. Existe un continuo de acumulación donde el capital de origen ilegal se integra al patrimonio legítimo a través de mecanismos que, con el tiempo, dejan de parecer problemáticos porque el tiempo mismo opera como blanqueador. La expresión más documentada de esa integración es la parapolítica, el fenómeno que condujo a la condena de más de sesenta parlamentarios colombianos por sus alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares que operaron con financiación privada entre los años ochenta y mediados de los dos mil. La investigación judicial nunca remontó hacia los verdaderos beneficiarios del ordenamiento territorial que el paramilitarismo produjo.
Los propietarios de tierras consolidadas en regiones vaciadas por el desplazamiento forzado, los agroindustriales que extendieron sus cultivos sobre predios que costaron vidas. Los parlamentarios fueron condenados; sus financistas permanecieron fuera del alcance de la justicia. El sector inmobiliario y el agronégocio son los dos canales históricos de esa integración posterior. El primero absorbe capital sin facturación compleja; el segundo permite el control territorial que reemplaza al que antes ejercía el paramilitarismo. Lo que Garay Salamanca y Salcedo-Albarán denominan “reconfiguración cooptada del Estado” es el proceso por el cual las organizaciones criminales no reemplazan el Estado sino que lo habitan, usando sus instituciones como herramientas del negocio.
Los Pandora Papers y la geografía del patrimonio oculto
Esa porosidad estructural requiere, para funcionar a escala patrimonial, un sistema de almacenamiento fuera del alcance de los estados nacionales. Los Pandora Papers, publicados en octubre de 2021 por el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), ofrecen la cartografía más completa de ese sistema. La filtración, casi 12 millones de documentos de 14 despachos especializados en la creación de sociedades en paraísos fiscales (jurisdicciones con fiscalidad mínima y secreto bancario para ocultar al propietario real de los activos), fue revisada en Colombia por la alianza El Espectador-CONNECTAS, que identificó 588 personas naturales y jurídicas del país como propietarios reales de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Delaware.
La cartografía del patrimonio oculto reproducía el mapa del poder visible. La familia Gilinski aparece con más de 33 sociedades offshore, con Jaime como beneficiario de al menos 19 e Isaac de otras 14. Fuad Char, senador y patriarca del clan barranquillero, figura en 10 de las 13 sociedades de su familia. Carlos Solarte, cabeza de la familia dueña de CASS Constructores, contratista habitual del Estado, aparece en cuatro sociedades en paraísos fiscales. Los expresidentes Gaviria y Pastrana figuran como directores o beneficiarios de sociedades panameñas. Que estos movimientos sean o no ilegales en estricto derecho es la pregunta menos interesante. La que importa es por qué el Estado colombiano facilita, desde hace décadas, que sus élites acumulen fortunas fuera de cualquier escrutinio.
Los Pandora Papers, publicados por el ICIJ en octubre de 2021 y revisados en Colombia por la alianza El Espectador-CONNECTAS, identificaron 588 personas naturales y jurídicas colombianas como propietarias reales de sociedades offshore, entre ellas dos expresidentes, clanes políticos regionales, constructoras contratistas del Estado y propietarios de medios de comunicación, con estructuras registradas principalmente en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
El Congreso, los medios y la Fiscalía como infraestructura de impunidad
La pregunta que cierra cualquier análisis del enriquecimiento oligárquico no es cómo se construye sino cómo se sostiene. La respuesta tiene tres pilares que en Colombia se refuerzan mutuamente. El primero es el Congreso, donde la captura no es un evento sino un estado permanente. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) documentó que de los 3.144 candidatos inscritos para las elecciones legislativas de 2026, al menos 195 llegaban a las urnas con cuestionamientos judiciales, disciplinarios o fiscales graves. Varios de los parlamentarios señalados en el caso UNGRD obtuvieron curul con medidas de aseguramiento en curso. La impunidad electoral no es un efecto secundario del sistema. Es su condición de funcionamiento.
El segundo pilar es la concentración mediática. Cuatro grupos, Ardila Lülle, Sarmiento Angulo, Santo Domingo y Gilinski, controlan más del 60% de los medios colombianos. Sarmiento Angulo, cuyo Grupo Aval pagó 80 millones ante la SEC por Odebrecht, posee El Tiempo. Santo Domingo posee Canal Caracol, El Espectador y Blu Radio. Gilinski, con más de 33 sociedades offshore en los Pandora Papers, posee la Revista Semana y los diarios El Heraldo y El País de Cali. En abril de 2026, La Silla Vacía reveló que Gilinski y Publicaciones Semana financiaron la campaña presidencial de Vicky Dávila, ex directora de esa misma revista, con 2.100 millones de pesos; Dávila recurrió después a 2.000 millones en el Banco Sudameris, también de los Gilinski. El circuito es visible porque ya no necesita ocultarse.
El tercer pilar es la Fiscalía General de la Nación. El organismo ha demostrado una capacidad consistente para condenar ejecutores intermedios y una incapacidad igualmente consistente para alcanzar a los arquitectos económicos de la corrupción. El caso más revelador es el de Néstor Humberto Martínez, asesor jurídico de Corficolombiana antes de ser nombrado Fiscal General por Santos en 2016. Desde ese cargo dirigió la investigación sobre Odebrecht y, en marzo de 2021, archivó la indagación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, al concluir que no había méritos. Martínez también archivó la investigación sobre la muerte de Jorge Enrique Pizano, auditor que lo había señalado antes de morir en circunstancias no esclarecidas.
La Fiscalía no es corrompida en el sentido episódico de quien recibe sobornos caso por caso. Es estructuralmente dependiente de los poderes que se supone debe fiscalizar, dado que el Fiscal General es elegido por la Corte Suprema de una terna presentada por el Presidente de la República. El resultado no es la corrupción episódica sino algo más eficiente, la selectividad sistémica. Se condena al presidente de Corficolombiana; no se toca a Sarmiento Angulo. Se procesa a dos exgerentes de Reficar; se exoneran los ministros. El patrón es tan consistente que ya no parece un fracaso. Parece un diseño.
Lo que hace singular el ciclo electoral de 2026 no es que la oligarquía financie candidatos ni que la Fiscalía no llegue a los arquitectos del saqueo. Eso es la norma. Lo singular es la transparencia con que opera el conjunto. Transparencia por Colombia alertó el 29 de abril de 2026 que nueve de catorce campañas presidenciales no habían reportado ingresos al Consejo Nacional Electoral a menos de un mes de la primera vuelta, y que el 66% de los candidatos al Congreso tampoco cumplió esa obligación en campaña. La ley ordena hacerlo. La consecuencia es ninguna. La democracia formal sigue en pie. Solo que los recursos no tienen origen conocido, los medios encargados de investigarlos pertenecen a quienes los aportan, y el aparato de justicia fue construido para no llegar nunca al piso de arriba…
G.S.
Fuentes
- Eduardo Salcedo-Albarán y Luis Jorge Garay Salamanca. El gran libro de la corrupción en Colombia. Debate, 2018
- Francisco Gutiérrez Sanín. El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia. Debate/IEPRI, 2014
- Pandora Papers Colombia. CONNECTAS/El Espectador, 2021
- Estos son los colombianos mencionados en Pandora Papers. El Espectador, octubre 2021
- Semana y Gilinski financiaron con 2.100 millones la campaña de Vicky Dávila. La Silla Vacía, abril 2026
- Grupo Aval paga la factura por su corrupción. La Silla Vacía, agosto 2023
- Los hombres de Odebrecht en Colombia. Cuestión Pública
- Reficar: el desfalco donde triunfó la impunidad. Razón Pública
- Juicio contra exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD. El País, abril 2026
- Corte Suprema reconoce como víctimas a Ungrd, Invías y Contraloría. Infobae Colombia, abril 2026
- Candidatos al Congreso 2026 con cuentas pendientes. Infobae Colombia, febrero 2026
- Alerta por financiación campañas presidenciales 2026. Transparencia por Colombia, abril 2026
- Informe financiación Congreso 2026. Transparencia por Colombia, marzo 2026
