Colombia tiene una capacidad singular para absorber el horror sin que este altere el orden de las cosas. No es indiferencia; es anestesia colectiva que el poder reproduce y los medios administran. El 27 de abril de 2026, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció en Apartadó que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, civiles asesinados por la fuerza pública y presentados como guerrilleros dados de baja, había pasado de 6.402 a 7.837. El mismo día, la candidata presidencial Paloma Valencia insistía en que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera el ministro de Defensa de su eventual gobierno. Estas dos cosas ocurrieron simultáneamente, sin que ninguna pusiera en riesgo real a la otra.
El número
La cifra fue revelada por el magistrado Pedro Elías Díaz, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, durante una audiencia del Macrocaso 03, el expediente que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado. El nuevo consolidado resulta de la ampliación del período de análisis, que cubría 2002 a 2008 y ahora abarca 1990 a 2016, combinada con el cruce de al menos cinco fuentes institucionales, entre ellas los informes de organizaciones de víctimas, los registros de la Fiscalía General, los datos de la Procuraduría General y la información del Centro Nacional de Memoria Histórica. El aumento representa un 22 por ciento frente al dato de 2021.
Solo en Antioquia se registran 1.932 casos; en el subcaso de ese departamento, 228 personas fueron desaparecidas forzadamente, 41 torturadas y 99 siguen sin ser halladas. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó que la cifra sigue siendo provisional y susceptible de crecer a medida que avancen las audiencias territoriales con no-máximos responsables. El Macrocaso 03 ha imputado hasta ahora a 21 generales, de los cuales siete ya aceptaron responsabilidad. El general Mario Montoya, quien fue jefe del Ejército durante el período más intenso de estos crímenes, tiene programada la finalización de su declaración voluntaria ante el tribunal para principios de junio de 2026.
El Macrocaso 03 documentó cuatro modalidades de ejecución extrajudicial. Los operadores asesinaban civiles señalados sin pruebas; engañaban a jóvenes pobres con falsas ofertas laborales para trasladarlos y ejecutarlos en otras regiones; eliminaban combatientes fuera de combate; o fabricaban resultados operacionales para responder a la presión de los mandos. El número total de 7.837 víctimas, provisional, abarca el período 1990-2016.
La masacre y el general
La audiencia donde se reveló el número no fue un evento abstracto. Se realizó en el proceso por la masacre de La Resbalosa, perpetrada el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos Medios y La Resbalosa, límite entre Antioquia y Córdoba. Ese día, ocho civiles fueron asesinados por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, con la cobertura de tropas del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón de Infantería N.47 Francisco de Paula Vélez, adscrito a la Brigada XVII. Entre las víctimas se encontraban tres niños, el menor de 21 meses, una niña de cinco años y un niño de once, junto a sus padres y otros adultos de la comunidad. Los cuerpos fueron desmembrados y enterrados en fosas clandestinas. El crimen tardó cinco días en ser descubierto.
En la audiencia del 23 de abril de 2026, el exteniente coronel Orlando Espinosa Beltrán reveló que fue el general Mario Montoya quien, tras la derrota en El Porroso, donde murieron 22 soldados, ordenó ubicar al grupo guerrillero responsable y dio la instrucción expresa de que si no había guías paramilitares que señalaran zonas de presencia enemiga, la operación no se realizaría. Espinosa declaró que para el coronel Duque, comandante del batallón, la comunidad de San José de Apartadó era un “nido de guerrilla”, argumento que justificó la alianza con las autodefensas. Más de cien soldados y cincuenta paramilitares patrullaron conjuntamente durante días, durmieron en los mismos campamentos y compartieron raciones de campaña.
El capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, condenado a 20 años por la justicia ordinaria en 2008 y acogido posteriormente a la JEP, admitió ante el tribunal que su inacción equivalió a participar en los asesinatos. “Es como si lo hubiera hecho al dejar a estas personas con esos paramilitares”, declaró. Al inicio de la audiencia, los familiares cubrieron el espacio con flores, cacao y plátanos, y encendieron velas. Una hermana de Luis Eduardo Guerra pidió que los comparecientes limpiaran el nombre de los suyos, señalados como guerrilleros durante años por la misma institucionalidad que los mató. No era una petición retórica; era la condición mínima para que la verdad sirviera de algo.
En el Macrocaso 03, el magistrado Pedro Díaz confirmó el 27 de abril de 2026 que la coordinación entre la Brigada XVII y el Bloque Héroes de Tolová en Urabá fue documentada mediante el informe de contexto del Grupo de Análisis de la Información (GRAY) de la JEP, la georreferenciación de unidades militares y las versiones de los comparecientes. El tribunal calificó ese patrón como “una política de facto de colaboración en esta región con el actor armado paramilitar.”
La campaña de encubrimiento
Lo que siguió a la masacre no fue el silencio. Fue algo más activo y más costoso. El gobierno de Álvaro Uribe, cuya política de seguridad democrática estaba en pleno apogeo, respondió con una campaña de desinformación institucional. Se fabricaron testigos, pagados por las mismas autodefensas, que fueron exhibidos ante diplomáticos, el Congreso y la Fiscalía para atribuirle la masacre a la guerrilla. El propio Uribe señaló públicamente que algunos líderes de la comunidad eran acusados de auxiliar a las FARC y de querer utilizarla como refugio. La operación que desencadenó la masacre se llamó Operación Fénix; la estrategia de encubrimiento siguió el mismo orden de mando, con participación del Comando Conjunto Caribe, entonces a cargo del general Montoya.
En 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 34 años al teniente coronel Espinosa y a cinco militares más como coautores de los crímenes. La masacre dejó de ser una disputa sobre los hechos hace años. Lo que la JEP tiene frente a sí ahora es la documentación de la cadena de mando completa; las confesiones recientes trazan el camino hacia arriba, hacia el general Montoya, hacia el Comando Conjunto Caribe, hacia quienes tomaron decisiones desde Bogotá y cubrieron esas decisiones con una narrativa oficial fabricada.
El ministro
El 25 de abril de 2026, tres días antes de que se revelara el número, Paloma Valencia lanzó su propuesta en Santa Rosa de Osos, Antioquia. Señaló que tenía visto a su futuro ministro de Defensa y pidió a los antioqueños que convencieran a Uribe de asumir el cargo para repetir la seguridad democrática. Su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, señaló que la propuesta no era el mensaje que quería dar. Valencia respondió sin ambigüedad. “La presidenta soy yo”, sentenció. “La que va a nombrar los ministros soy yo.” Las encuestas de finales de abril la ubicaban tercera, detrás de Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella. Las elecciones están fijadas para el 31 de mayo. En esos días, Uribe no emitió declaración alguna sobre la cifra de 7.837.
La misma semana, la JEP imputó a 20 ex mandos medios de las FARC por 1.559 casos de reclutamiento y utilización de menores en el conflicto. Esa noticia circuló ampliamente en el entorno político que habitualmente exige eliminar al tribunal. La cifra de los falsos positivos, surgida de la misma institución y en los mismos días, no obtuvo la misma circulación. El mecanismo no es difícil de leer; la JEP vale cuando condena a la guerrilla, es un instrumento político cuando investiga al Estado. Esta partición selectiva no es hipocresía individual; es la gramática con que se administra la impunidad en democracia.
La Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina tiene sobre su mesa la apelación presentada por once familias de víctimas y tres organizaciones colombianas de derechos humanos, entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que buscan reabrir el proceso contra Uribe por su presunta responsabilidad en los falsos positivos entre 2002 y 2008. El caso fue archivado a finales de 2025 por el juez federal Sebastián Ramos, argumentando que Colombia dispone de un sistema judicial funcional. Las víctimas apelaron. El 14 de abril de 2026 se celebró la audiencia en Buenos Aires; el tribunal aún no ha resuelto si reabrir la investigación o cerrarla definitivamente.
La JEP no tiene jurisdicción sobre expresidentes. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que en teoría la tiene, lleva décadas sin pronunciarse sobre nada de fondo. La justicia ordinaria condenó militares de rango medio. Alguien ordenó. Alguien cubrió. Alguien habló ante las cámaras señalando a las víctimas como cómplices del terrorismo. El 14 de abril, las familias hablaron en Buenos Aires. El 23, los militares confesaron en Apartadó. El 27, el número pasó a 7.837. El 25 y el 29, Paloma Valencia repitió la propuesta. Álvaro Uribe Vélez no dijo nada. El silencio también es una forma de administrar la impunidad…
G.S.
Fuentes
- JEP eleva a 7.837 la cifra de falsos positivos tras ampliar periodo de análisis
- JEP reveló nueva cifra de víctimas de falsos positivos: No fueron 6.402, sino 7.837
- Ante la JEP, exmilitares reconocieron detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa
- Ante la JEP, exmilitares de la Brigada XVII reconocen responsabilidad por masacre de San José de Apartadó
- Veinte años de impunidad y la búsqueda de verdad: la masacre de San José de Apartadó ante la JEP
- No impedí los asesinatos: exmilitar admite omisión en masacre de La Resbalosa ante la JEP
- Iván Cepeda exigió justicia ante la nueva cifra de 7.837 falsos positivos y arremetió contra Uribe
- Paloma Valencia propone a Álvaro Uribe como su eventual ministro de Defensa para 2026
- La presidenta soy yo: Paloma Valencia reafirma su autoridad y defiende a Uribe como ministro de Defensa
- Argentina: víctimas piden reabrir caso contra Uribe por falsos positivos
- Caso contra Álvaro Uribe fue archivado en Argentina y víctimas presentaron apelación
