El 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente colombiano. Los balances sucesivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que subieron día a día a medida que avanzaba la búsqueda bajo los escombros, situaron finalmente el saldo en 288 muertos, 202 desaparecidos y 185.016 personas sin techo. Jaime Andrés Beltrán, designado ministro de Vivienda apenas tres días antes por el presidente Abelardo de la Espriella, recorrió las zonas afectadas durante los primeros días de la emergencia. El fin de semana siguiente, mientras las brigadas seguían removiendo escombros en Chocó y el Valle del Cauca, un medio digital lo fotografió en un hotel de playa de Santa Marta, junto a su esposa. Diez días después de asumir el cargo, con una bancada de oposición que ya radicó una moción de censura en su contra, Beltrán llega al Congreso arrastrando algo bastante más viejo que el escándalo de esta semana, una destitución por doble militancia y un expediente todavía abierto en la Contraloría por la desaparición de más de veinte mil millones de pesos en chatarra municipal. El nombre completo de la cartera que dirige, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no es un detalle menor, de los 185.016 damnificados que dejó el terremoto dependerán en los próximos meses las decisiones de ese mismo ministerio, lo que convierte su ausencia esos dos días en algo más que un problema de comunicación, en sentido literal, la persona menos indicada para desaparecer del radar.
Diez días de ministro, un fin de semana de playa
El sábado, Beltrán asistió a una boda en Santa Marta. No regresó al día siguiente. Las fotografías publicadas por el portal Desigual lo muestran el domingo en la arena, junto a su esposa, mientras en Buenaventura los damnificados seguían durmiendo bajo carpas y esperando, según denunció después el representante Alejandro Toro, que llegara el viceministro de Aguas a resolver el suministro de agua potable.
La senadora Jennifer Pedraza fue la primera en pedir su salida por escrito. La representante Caty Juvinao, de Alianza Verde, calificó el gesto de falta de todo. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, no exigió la renuncia pero preguntó quién estaba liderando desde el gobierno la respuesta habitacional a la emergencia. Tres semanas antes, el propio nombramiento de Beltrán ya había generado ruido, medios como RTVC habían anticipado que De la Espriella designaría a un exalcalde investigado por corrupción.
La agenda pública del ministro, sin embargo, no estaba vacía. El 15 de agosto, dos días antes de que se conocieran las fotografías de la playa, Beltrán había recorrido la localidad de San Pacho junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilia Francisca Toro, publicando imágenes de esa visita en sus redes. El contraste entre esa agenda documentada entre semana y el vacío de información durante el fin de semana siguiente es, en buena medida, lo que alimentó la sospecha de que la boda de Santa Marta se prolongó más de lo declarado.
Beltrán respondió el 17 de agosto con un video en sus redes. Negó haber abandonado sus funciones. Explicó que vive en Bogotá, que su esposa y sus hijas viven en Bucaramanga, y que aprovechó unas vacaciones familiares para verlas. Cerró con una frase que sus críticos citaron después como prueba de la desconexión que denunciaban, seguiré siendo ministro, pero seguiré siendo padre y esposo, y eso es lo que hace grande a Colombia, las familias. La formulación no calmó a sus críticos, invocar a la familia como justificación de una ausencia de dos días en plena crisis nacional reforzó, más que disolvió, la sensación de desconexión que las fotografías ya habían instalado.
Según el balance oficial de la UNGRD, el sismo del 10 de agosto averió 127.557 edificaciones en Colombia y destruyó por completo 26.945, concentradas sobre todo en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.
Un alcalde que no debía estar donde estaba
Beltrán tiene 44 años. Es comunicador social, pastor de una iglesia cristiana, y cumplió dos periodos como concejal de Bucaramanga antes de ganar la alcaldía en 2023 con un discurso de mano dura contra la delincuencia que le valió, en la prensa local, el apodo de Bukele colombiano.
La comparación con el presidente salvadoreño no era solo estética. Beltrán construyó su carrera municipal sobre la promesa de una autoridad que no negocia con la ilegalidad, un discurso que la cobertura periodística disponible rara vez asoció, en su momento, con la gestión de las propias bodegas municipales bajo su alcaldía. Es una lectura que los datos hoy disponibles permiten sostener, aunque ningún tribunal la haya formulado todavía en esos términos, el contraste entre la firmeza declarada hacia la delincuencia común y la opacidad documentada alrededor de sus propios inventarios.
No terminó el mandato. El Consejo de Estado leyó el 21 de agosto de 2025, tras un proceso de ocho meses y una primera nulidad decretada en diciembre de 2024, la sentencia que lo sacó de la alcaldía por doble militancia. El motivo concreto, según reconstruyó El Tiempo, no fue una alianza genérica entre partidos cualquiera. Beltrán había sido elegido como candidato de Colombia Justa Libres, pero durante la campaña de 2023 apoyó públicamente a aspirantes al Concejo de otras tres colectividades, Centro Democrático, Partido Conservador y La U, en vez de respaldar únicamente la lista de su propio partido. Al despedirse del cargo, Beltrán no reconoció irregularidad alguna en su conducta durante la campaña, pidió más bien a las autoridades replantear la figura misma de la doble militancia, tal como recogió El Tiempo en su momento.
Renunciar a una alcaldía por una sentencia de nulidad no cierra necesariamente una carrera política en Colombia. En el caso de Beltrán, la abrió de nuevo. Había sido gerente nacional de regiones durante la campaña presidencial de De la Espriella, y el nuevo presidente lo incorporó en agosto de 2026 a un gabinete que la propia Casa de Nariño presentó como inusual por su paridad de género, nueve ministros y nueve ministras.
La chatarra que nunca se declaró perdida
El otro expediente es más antiguo y más oscuro. Entre enero y mayo de 2024, según documentó la revista Vorágine, salieron de una bodega municipal en el Colegio San Ignacio materiales que la Alcaldía de Bucaramanga nunca dio de baja ni declaró oficialmente como chatarra. Imágenes satelitales muestran el depósito lleno en febrero de ese año y vacío en octubre. La Contraloría de Bucaramanga calculó la pérdida en 21.700 millones de pesos, contando el material como si aún estuviera en servicio, y en su informe de noviembre de 2024 señaló como responsables presuntos al propio Beltrán, a su antecesor Juan Carlos Cárdenas y a dos secretarios de infraestructura.
El nombre que más ha circulado en la investigación periodística, sin embargo, no es el de un funcionario sino el de un pariente. Óscar Ramírez, cuñado de Beltrán, aparece mencionado en el testimonio de un empleado municipal, Edgardo Rodríguez, quien afirmó haber recibido de él los datos del transportador autorizado para retirar el material, el número de placa, la cédula, el conductor. La Fiscalía abrió investigación y, hasta la fecha de esta crónica, seguía verificando la autenticidad de las voces en los audios aportados por Rodríguez. Hasta la fecha de esta crónica no existe imputación formal alguna contra Beltrán ni contra Ramírez.
La cronología que reconstruyó Vorágine es precisa. Entre enero y marzo de 2024, la bodega del Colegio San Ignacio quedó sin vigilancia registrada. En abril y mayo, los registros de vigilancia documentan cincuenta salidas de material. El 31 de julio de 2025, ya con Beltrán fuera de la alcaldía por la nulidad electoral, el concejal opositor Carlos Parra presentó ante el propio Concejo municipal pruebas adicionales sobre el caso, manteniendo así abierto un expediente que, a la fecha, ningún tribunal ha cerrado todavía. Es ese expediente, sin condena ni imputación pero tampoco archivado, el que Beltrán llevó consigo al Ministerio de Vivienda.
La Contraloría de Bucaramanga fijó en 21.700 millones de pesos el valor de los materiales retirados de las bodegas municipales entre enero y mayo de 2024, según su informe de noviembre de ese año.
Una censura sin fecha
Este 18 de agosto convergieron dos procedimientos distintos. Beltrán ya estaba citado a un debate de control político ante la plenaria de la Cámara de Representantes, convocado semanas antes para evaluar la respuesta general del gobierno de De la Espriella a la emergencia sísmica. Ese debate puede terminar en recomendaciones sin consecuencia directa sobre el cargo. La moción de censura responde a una lógica distinta, es la única vía constitucional capaz de forzar la salida inmediata de un ministro, y fue la que la bancada del Pacto Histórico radicó formalmente ese mismo día.
La congresista María Fernanda Carrascal resumió el argumento sin rodeos, un ministro tiene responsabilidades públicas que no se suspenden, dijo, mientras hay familias que no saben dónde van a dormir. El artículo 135 de la Constitución exige que la moción sea presentada por al menos una décima parte de los integrantes de la cámara donde se promueve, y aprobada luego por mayoría absoluta para que proceda la salida inmediata del funcionario. Ninguna fecha concreta de votación había sido fijada todavía al cierre de esta nota.
La historia reciente no juega a favor de quienes la promueven. En treinta y cinco años de vigencia de la Constitución de 1991, ninguna moción de censura ha logrado destituir a un ministro en Colombia, un mecanismo que el propio Congreso ha usado más para abrir debates de control político que para sacar funcionarios del cargo. La moción contra Beltrán se suma a esa lista de intentos, sin que nada en el historial reciente permita anticipar una excepción.
Beltrán podría seguir siendo ministro durante meses, con dos expedientes sin resolver y una fotografía de playa como el episodio que, paradójicamente, más rápido viajó. Nada en su trayectoria política sugiere que la exposición pública le sea nueva, ni que vaya a modificar demasiado su cálculo de aquí en adelante.
Lo que este episodio expone, más allá de la torpeza puntual de un funcionario en vacaciones, es un mecanismo de ascenso que la coyuntura del terremoto simplemente hizo visible antes de tiempo. Un alcalde destituido por irregularidades electorales, con un expediente fiscal abierto y sin resolver, llega a un ministerio no a pesar de ese historial sino, en buena parte, gracias a los servicios prestados durante la campaña que llevó a su padrino político a la presidencia. La paridad de género que la Casa de Nariño exhibió como gesto de renovación convive, en el mismo gabinete, con esta clase de deuda política. Ninguna de las dos cosas es nueva en Colombia, el reciclaje de figuras políticas con expedientes abiertos y la designación de cuotas de campaña en carteras sensibles llevan décadas de práctica documentada por la prensa colombiana. Lo único nuevo, esta vez, fue la playa, y el hecho de que alguien la fotografiara justo cuando el país entero tenía los ojos puestos en otra parte.
Bogotá seguirá discutiendo quorums y fechas de citación mientras Chocó sigue contando a sus muertos bajo el escombro, Buenaventura sigue esperando el agua potable que Toro reclamó en la plenaria, y Santa Marta guarda, en la memoria de algún teléfono ajeno, la fotografía de un ministro en la arena…
G.S.
Fuentes
- Terremoto en Colombia, por qué está en riesgo la continuidad en el cargo del recién nombrado ministro de Vivienda
- Pacto Histórico radica moción de censura contra ministro de Vivienda
- Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
- Jaime Beltrán ya no va más como alcalde de Bucaramanga, Consejo de Estado confirma la nulidad de su elección por doble militancia
- La chatarra que se esfumó, un escándalo que salpica a la familia del alcalde de Bucaramanga
- Abelardo de la Espriella nombraría como ministro de Vivienda a exalcalde investigado por corrupción
