Un gobierno no revela su jerarquía real en el discurso de investidura, sino en las primeras setenta y dos horas de una catástrofe, cuando el tiempo escasea y ya no queda margen para fingir prioridades. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sometió a esa prueba a un gobierno que llevaba apenas tres días en el poder. Lo que sigue no es la crónica de un desastre natural. Es el registro de las decisiones tomadas por Abelardo de la Espriella durante ese desastre, una por una, y de lo que cada una revela sobre a quién sirve realmente su gobierno.
Una catedral llora, un país afrocolombiano se hunde
El primer síntoma no fue una decisión de gobierno sino un gesto de duelo, y por eso mismo resultó el más revelador. “Algo que me duele mucho, el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es, verdaderamente, un ícono para Colombia”, dijo De la Espriella el mismo lunes, antes de encomendar su reconstrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín. Ninguna declaración de tono comparable, dirigida a las víctimas o a sus familias, ha podido verificarse desde entonces. La jerarquía del sufrimiento quedó fijada ahí. Una torre puede recibir el duelo presidencial en directo. Los cuerpos bajo los escombros de Quibdó, no.
Desde Quibdó, ese mismo día, De la Espriella prometió otra cosa. “Que esta sea la oportunidad de decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra de los olvidados”, dijo, reconociendo él mismo el abandono histórico del departamento. La promesa se pronuncia siempre sobre el terreno que ya fue abandonado, nunca antes. San José del Palmar, la comunidad epicentro, no tiene un solo hospital público, su cobertura sanitaria completa consiste en una clínica y una ambulancia. Dicha así, la frase presidencial se parece menos a un compromiso que a una confesión.
El sesgo no nace del sismo, se hereda. El balance oficial concentró sus cifras más altas en Pereira y Cali, ciudades densamente construidas pero fuera del epicentro, mientras las comunidades indígenas y afrocolombianas de la zona rural del Chocó, la que tembló primero, quedaron sin electricidad ni servicios básicos. Un territorio ya privado de infraestructura recibe, mecánicamente, menos ayuda visible después de la catástrofe. La Organización Nacional Indígena de Colombia contabilizó 68.583 afectados en cinco departamentos y montó su propio centro de acopio en Bogotá, al margen del aparato estatal. La prensa internacional, mientras tanto, eligió como imagen dominante la torre inclinada de una catedral.
El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó el costo de la reconstrucción entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, hasta un 7% del producto interno bruto colombiano. Al menos 807 escuelas resultaron dañadas y cuatro colapsaron por completo solo en Quibdó. (El País, 12 de agosto de 2026; USGS)
El balance de muertos no dejó de subir. De 111 el lunes a mediodía pasó a 265 el miércoles, con 3.494 heridos, 496 desaparecidos y 25.872 familias afectadas. El jueves 13 ya hablaba de 273 muertos, y una réplica de magnitud 4,2 volvió a sacudir el Chocó. Cada cifra nueva desmentía la anterior antes de que el país terminara de asimilarla.
El Estado sin cabeza
Ningún gobierno hereda un aparato de emergencia listo para funcionar el mismo día en que asume, pero un gobierno serio se asegura de que su cabeza esté ocupada antes de que la tierra decida ponerlo a prueba. De la Espriella no lo hizo. Cuando el sismo llegó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, el organismo llamado a decidir qué municipio recibe ayuda primero, seguía sin director nombrado por el nuevo gobierno. Carlos Carrillo había renunciado en junio, tras una suspensión provisional de la Procuraduría por participación indebida en política durante la campaña. En su lugar seguía Javier Pava Sánchez, designado por decreto el 16 de junio por Gustavo Petro y descrito por él mismo como cercano a su círculo. Carrillo había advertido, antes de irse, que el nuevo equipo no sabría qué recibía. La catástrofe se lo confirmó.
Ese vacío tuvo consecuencias inmediatas sobre las cifras mismas. El balance presidencial del martes 11 hablaba de 181 muertos, mientras la suma de los reportes regionales llegaba a más de 240, una diferencia de 59 personas. Risaralda, por sí sola, contaba unos 90. La discrepancia no nació de la confusión propia del desastre, sino de una instrucción explícita, toda información oficial debía pasar exclusivamente por la Presidencia, desautorizando de facto los conteos locales. El candidato que prometió descentralizar el poder centralizó, a la primera crisis real, hasta el derecho de contar a los muertos. No es una paradoja. Es una preferencia revelada, entre decidir y rendir cuentas, el gobierno eligió lo primero.
Rescate a la carta
Ningún error burocrático explica lo que sigue, sino una elección tomada por escrito, con fecha y firma digital, dentro de la ventana en la que un cuerpo con vida bajo los escombros todavía tiene alguna probabilidad de encontrarse. El martes 11 de agosto, a la 1.45 de la tarde, Javier Pava Sánchez firmó y envió a la Cancillería el radicado UNGRD 2026EE14740, dirigido al ministro Omar Bula Escobar, recomendando no solicitar ni activar equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, conocidos por sus siglas en inglés como USAR. El documento invoca “más de 25 grupos con capacidades de búsqueda y rescate” ya desplegados en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, y concluye que no era “necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados”. Eleva todo lo que sigue de rumor de oposición a hecho documentado por el propio gobierno.
Interrogado después por El País, Pava detalló el criterio real. El canciller le había señalado cuatro países candidatos, El Salvador, Perú, Israel y Estados Unidos. Descartó a los dos primeros por falta de certificación, y sobre los otros dos dijo, con una franqueza inusual, que “esos tienen una estrategia política”. La frase más pesada llegó a propósito de México. Pava afirmó que la Cancillería de De la Espriella “no quería inicialmente recibir apoyo de México, que tiene un gobierno de izquierda”. El canciller Bula había dicho exactamente lo contrario en público, que su ministerio trabajaba “sin ninguna consideración ideológica ni política”. Ese es el hecho central del expediente, la propia burocracia admitiendo que la ideología pesó más que la capacidad técnica de rescate.
Javier Pava Sánchez, director encargado de la UNGRD durante el sismo, a El País, “no queríamos inicialmente recibir apoyo de México, que tiene un gobierno de izquierda”. (El País, 12 de agosto de 2026)
David Tamayo, el director nombrado después en propiedad, ratificó la misma selección de países, pero cambió el argumento. Según él, Colombia solo aceptaría equipos certificados por INSARAG, la red que homologa a los rescatistas, y negó cualquier motivo ideológico. El criterio no resiste, sin embargo, el escrutinio de su propia lista, Pava había dicho que El Salvador carecía justamente de esa certificación, y El Salvador terminó entre los países aceptados por Tamayo. O la situación cambió sin que ningún comunicado lo explicara, o el criterio nunca fue tan técnico como se dijo.
La confusión sobre México se replicó, en espejo, sobre los equipos mexicanos. La Brigada Topos Tlatelolco quedó bloqueada, a la espera de un diagnóstico oficial de daños y necesidades, conocido como EDAN, que Colombia tardó en producir. Los Topos Azteca, un grupo distinto que ya operaba en Venezuela, sí entraron y se sumaron a las labores en Cali. “Los mexicanos llegaron” y “los mexicanos siguen bloqueados” fueron ciertas al mismo tiempo, para dos grupos distintos, sin que ningún criterio público explicara la diferencia. Héctor Méndez, jefe de los Topos Azteca, conocido como el Topo Mayor, se negó en vivo, en Blu Radio, a decir si contaba con autorización oficial. “No me haga ese tipo de preguntas, señor. Si lo hacemos, caemos en la politiquería y yo no vine a eso”, respondió, antes de colgar. Un rescatista que no responde si tiene permiso para trabajar dice, sobre el país que lo recibe, más de lo que calla.
El embajador de China, Zhu Jingyang, sin poder localizar a un solo funcionario colombiano con quien coordinar, publicó el 11 de agosto en X un mensaje que se lee casi como una súplica, “esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional (…) ¡es urgente!”. Solo tras la salida de Pava y la llegada de Tamayo, la Cancillería recibió, la madrugada del miércoles, un primer equipo internacional, veintidós expertos estadounidenses, 51 horas después del sismo. Un país no tarda 51 horas por falta de capacidad, tarda porque prefiere, hora tras hora, el control del relato al rescate de sus ciudadanos. CNN comparó el caso con Venezuela, que meses antes había recibido decenas de equipos “sin hacer preguntas”. No exageraba Foreign Policy al llamarlo la primera prueba real de su presidencia.
El Golán, un fondo llamado milagro
La política exterior no se detiene porque un país entierre a sus muertos, al contrario, es en esos días cuando mejor revela sus prioridades. El mismo lunes del terremoto, la Cancillería colombiana reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967, y restableció de paso relaciones con Israel, rotas por Petro en 2024 por la ofensiva sobre Gaza. Solo Estados Unidos, en 2019, la había reconocido antes. Siria condenó la medida. Ninguna urgencia humanitaria justifica ese calendario, solo una urgencia ideológica lo hace.
El miércoles 12, De la Espriella declaró la emergencia económica, el mecanismo constitucional que permite legislar por decreto sin pasar por el Congreso, y bautizó el fondo de reconstrucción como Fondo Milagro. Cinco días antes había prometido no crear impuestos, la misma emergencia que él declaró lo habilita, constitucionalmente, a hacer justamente eso, y así lo justificó ante la AFP, “esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país”. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció un crédito de 450 millones de dólares, gasto antes que impuestos, invocando el precedente de 1999, un terremoto comparable con unos 1.230 muertos, del que nació el Forec, institución dedicada a la reconstrucción. Bautizar el fondo como milagro, en lugar de dotarlo de una arquitectura semejante, es la confesión de un gobierno que prefiere la providencia al gobierno.
El subsidio de arriendo, anunciado desde el Chocó el mismo lunes, resultó otra promesa sin cuerpo. No existía monto mensual, ni duración, ni mecanismo de pago, ni fecha de inicio. La entidad encargada, bautizada Patria Milagro, reconoció que los mecanismos seguían por definirse. Anunciar un subsidio sin monto, sin plazo y sin fecha no es transparencia anticipada. Es comunicación sin gobierno detrás.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aliado circunstancial de De la Espriella tras haberlo llamado “inepto” en campaña, pagó en carne propia la distancia entre esa comunicación y la vida real en los barrios. Una piedra lo golpeó en la cabeza el lunes, durante una visita a una zona afectada. Al día siguiente, entre empujones y nuevas pedradas, los vecinos le gritaron “no te queremos” mientras lo evacuaban por segunda vez. Un alcalde apedreado por sus propios vecinos no es una anécdota folclórica. Es la factura que paga, en el terreno, una alianza de conveniencia que la realidad se encargó de desmentir.
The Economist, en un reportaje firmado desde Quibdó, resumió el fondo del asunto con una cita que ninguna oficina de comunicaciones colombiana podrá desmentir. De la Espriella “también está pagando su necia negativa a cooperar con el proceso de empalme iniciado por el gobierno anterior”, escribió el semanario. “Fue una tonta idea populista”, dijo Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior. Ninguno de estos episodios es autónomo, juntos forman un solo gesto, el de un gobierno que antepone el cálculo ideológico a la gestión material de la vida y la muerte de sus ciudadanos. No fue improvisación. Fue método, la misma disciplina con la que un gobierno de extrema derecha decide, sin necesidad de decirlo nunca en voz alta, a quién rescata primero y a quién deja esperando…
G.S.
Fuentes
- El País (vía Almomento), Colombia rechaza las ofertas de rescatistas internacionales por indicación de un funcionario de Gustavo Petro
- El País (Colombia), Colombia en las 72 horas tras el terremoto, vía AlbertoNews
- The Economist, “A big earthquake reveals two very different Colombias”, 12 de agosto de 2026, Quibdó
- El Espectador, resumen en español del artículo de The Economist
- Infobae, resumen en vivo del sismo de magnitud 7,4
- Semana, De la Espriella ordena la restauración de la Catedral de Manizales
- El Colombiano, el sismo pone a prueba al nuevo gobierno sin director de la UNGRD
- El Diario, el cortocircuito en el traspaso de poderes complica la gestión del sismo
- El Comercio Perú, De la Espriella cifra en 181 los muertos, 59 menos que los datos regionales
- Infobae México, los Topos mexicanos no podrán apoyar labores de rescate en Colombia
- Infobae México, los Topos Azteca llegan a Cali para sumarse a labores de rescate
- Publimetro, el Topo Mayor mexicano se enfurece con Néstor Morales de Blu Radio y cuelga en vivo
- Emol, Colombia decide recibir ayuda solo de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador
- Infobae (agencias), equipos de Estados Unidos, Ecuador, El Salvador e Israel se suman a los rescates, declaración de Tamayo sobre INSARAG
- Infobae, David Santiago Tamayo nombrado director en propiedad de la UNGRD
- Infobae, Gustavo Petro designó a Javier Pava director encargado de la UNGRD el 16 de junio
- KTVZ/CNN, Colombia limita a los equipos de rescate extranjeros mientras se cierra la ventana de supervivencia
- Foreign Policy, el sismo mortal pone a prueba al presidente Abelardo De La Espriella
- Zhu Jingyang, publicación original en X del 11 de agosto
- SWI swissinfo.ch, el nuevo gobierno colombiano reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán
- La Jornada (AFP), “el ultraderechista Abelardo de la Espriella” anuncia la emergencia económica
- Bloomberg Línea, qué implica la declaración de emergencia económica
- El País (Colombia), el gobierno prepara un subsidio de arriendo, mecanismos aún por definir
- Infobae, la ONIC reporta 68.583 indígenas afectados y pide atención por deslizamientos
- Infobae, Alejandro Eder agredido durante un recorrido por zonas afectadas
- El Universal, Eder abucheado y evacuado por segunda vez en Cali
- Infobae, De la Espriella llamó “inepto” a Eder durante la campaña
- Religión Digital, el racismo estructural como clave de interpretación del terremoto del Chocó
- Vanguardia, el balance sube a 265 muertos y más de 3.494 heridos
- El Tiempo, balance del 13 de agosto, la UNGRD confirma la llegada de ayuda internacional
