El 20 de julio de 2026, en el barrio popular de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el presidente Gustavo Petro pronunció el último discurso público de su mandato, y lo convirtió en algo distinto de una rendición de cuentas. En noventa minutos entregó tres objetos cargados de historia, repitió una acusación de fraude electoral que ningún medio ni autoridad colombiana ha podido corroborar, y llamó a sus seguidores a una desobediencia civil que ya venía anunciando desde finales de junio. El gesto no fue improvisado. Fue la culminación de una lógica que atravesó los cuatro años de su gobierno, la de un poder que se piensa a sí mismo no como función institucional sino como continuidad de una insurgencia inconclusa. Petro se despidió, dijo, “por ahora”.
La puesta en escena de la salida
Petro eligió Ciudad Bolívar por razones que explicó él mismo. Allí construyó vivienda social cuando fue alcalde de Bogotá, entre 2012 y 2015, y quiso cerrar su presidencia en el mismo territorio donde empezó a construir su capital político veinte años antes. El desfile militar, trasladado por primera vez a esa localidad, funcionó como preámbulo de un acto que parte de la prensa colombiana describió como cargado de simbolismo militante. Tres objetos, tres decisiones.
La espada de Simón Bolívar, que Petro exhibió en su investidura de 2022 y mantuvo expuesta en la Casa de Nariño durante todo su gobierno, regresa a la Casa Museo Quinta de Bolívar. El presidente insistió en que esa espada “no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia” y que será el pueblo quien la custodie. La sotana de Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo que Petro presenta como precursor de la teología de la liberación, queda bajo custodia de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional, en el Museo Nacional. El discurso omite un dato que la prensa sí documenta con precisión, Torres no se limitó a “irse a las montañas a luchar”, dejó los hábitos para ingresar al Ejército de Liberación Nacional en 1965 y murió en combate al año siguiente. La elisión no es un descuido, es una decisión retórica, mencionar la guerrilla sin nombrarla permite invocar el sacrificio sin cargar con la palabra que todavía divide a una parte del electorado colombiano.
El tercer objeto, el sombrero de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 asesinado en plena campaña presidencial en 1990, pasa a manos de su hija, la senadora María José Pizarro. Petro lo definió como “un símbolo de paz” ligado a la Constitución de 1991, que en efecto nació en parte de la desmovilización de esa guerrilla. Ninguno de los tres objetos pertenece formalmente al Estado colombiano. Los tres pertenecen a la narrativa que Petro construyó sobre sí mismo, la de heredero de una insurgencia que se transformó en proyecto electoral. Lo que se presenta como generosidad patrimonial es, leído con más frialdad, una operación de legado, la fijación pública de qué genealogía política quiere dejar tras de sí antes de que otra genealogía, la de Abelardo de la Espriella, ocupe la Casa de Nariño el 7 de agosto.
Petro anunció que la espada de Bolívar volverá a la Casa Museo Quinta de Bolívar, que la sotana de Camilo Torres Restrepo quedará bajo custodia de la Facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional en el Museo Nacional, y que el sombrero de Carlos Pizarro fue entregado a la senadora María José Pizarro, decisiones confirmadas por la Presidencia de la República el mismo 20 de julio de 2026.
La lógica del mandato
Nada de esto es nuevo en Petro, y ahí está el problema de tratarlo como un exceso puntual de fin de gobierno. Antes de ser presidente fue combatiente del M-19 durante los años ochenta, luego alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, con una destitución administrativa de por medio en diciembre de 2013, ordenada por el entonces procurador general, revertida meses después por decisión judicial que le permitió terminar su periodo. Petro mismo evoca ese episodio en el discurso del 20 de julio como prueba de que “el pueblo me devolvió” el cargo, sin mencionar que fue un tribunal, no una movilización, el que lo hizo. La omisión es coherente con el patrón, cada vez que el poder institucional lo limita, Petro apela al pueblo como instancia superior a las instituciones que ese mismo pueblo eligió, aunque el desenlace real haya sido, las más de las veces, un fallo judicial ordinario.
El mismo patrón organiza su relación con Washington durante todo el mandato. En enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Petro declaró estar dispuesto a “tomar las armas” si Estados Unidos atacaba Colombia, rompiendo un compromiso de no violencia que databa del pacto de paz de 1989 con el propio M-19. Semanas después Trump lo invitó a la Casa Blanca en un giro de tono tan abrupto como el enfrentamiento que lo precedió. Entre ambos episodios, el Departamento de Estado, con Marco Rubio al frente, redujo la asistencia de seguridad a Colombia y declaró públicamente que su desacuerdo era con el actual presidente, no con las instituciones colombianas. Petro convirtió cada uno de esos roces en materia de discurso público, la amenaza militar, el recorte de ayuda, la descertificación antidrogas, siempre como evidencia de una potencia extranjera hostil a un proyecto popular, nunca como fricción diplomática ordinaria entre dos gobiernos con intereses distintos.
Los datos que Petro exhibió el 20 de julio sobre su propia gestión, reducción de la pobreza monetaria, caída de la mortalidad infantil, aumento de cobertura universitaria, ya fueron documentados en estas páginas cuando el DANE confirmó, en 2025, el nivel más bajo de pobreza monetaria registrado en la serie histórica del país, impulsado por el alza sostenida del salario mínimo más que por subsidios directos. La cifra es real y AcidReport la documentó antes de que Petro la convirtiera en argumento de despedida. Lo que el 20 de julio añade no es el dato, es su función, transformar una gestión pública verificable en garantía moral frente a una derrota electoral que las instituciones colombianas, hasta ahora, no han cuestionado.
Algo comparable ocurre con la Fuerza Pública. Petro reivindicó haber elevado el salario de los patrulleros y ascendido a miles de subintendentes, y pidió a militares y policías no apuntar nunca contra el pueblo, una instrucción que suena a doctrina democrática elemental pronunciada por quien sigue siendo comandante supremo de las fuerzas armadas hasta el 7 de agosto. Pero una base de datos filtrada en julio reveló que un número significativo de funcionarios, policías y militares activos incluidos, ya figuraban inscritos en la campaña de Abelardo de la Espriella antes incluso de que este llamara a las fuerzas armadas a desobedecer al presidente saliente. La Fuerza Pública colombiana no es, en 2026, un bloque homogéneo fiel a Petro. Es un cuerpo dividido, y el discurso del 20 de julio se dirige tanto a esa fractura interna como al pueblo que lo escucha en la plaza.
Según reveló una base de datos filtrada en julio de 2026, cerca de 17.000 funcionarios públicos, policías y militares activos incluidos, ya figuraban inscritos en la campaña de Abelardo de la Espriella antes de que este llamara públicamente a las fuerzas armadas a desobedecer al presidente saliente.
La cronología del desconocimiento
La negativa a aceptar el resultado del 21 de junio tiene una fecha de origen precisa, y no es el 20 de julio. El 23 de junio, dos días después de la segunda vuelta, Donald Trump afirmó en una entrevista que su respaldo había sido determinante para la victoria de Abelardo de la Espriella, un candidato que según Trump estaba en el décimo lugar antes de su apoyo, y añadió que el propio De la Espriella lo había llamado esa noche para agradecerle. Al día siguiente, el 24 de junio, Petro calificó esas declaraciones de confesa intervención extranjera y planteó en una serie de mensajes públicos la anulación de las elecciones, invocando el precedente de la Corte Europea que anuló los comicios rumanos de 2024 por injerencia externa. Preguntó entonces qué juez colombiano aceptaría no anular una elección ante lo que llamó una confesión pública del presidente de Estados Unidos.
Entretanto, Iván Cepeda, candidato derrotado del Pacto Histórico, reconoció inicialmente su derrota en los días posteriores a la segunda vuelta, antes de virar hacia un discurso de desobediencia civil pacífica. El 6 de julio, Petro se sumó explícitamente a ese llamado, convocó movilizaciones para el 20 de julio y anunció que ese mismo día pronunciaría su despedida como jefe de Estado. Lo que en junio había sido una reacción a una entrevista se transformó, en cuestión de semanas, en estrategia de movilización organizada, y lo que en julio era todavía una convocatoria a marchar se convirtió, el 20 de julio, en una demanda formal presentada ante la justicia colombiana, respaldada, según Petro, por setenta mil testigos digitales expertos en algoritmos que habrían detectado manipulación en un servidor extranjero y en mesas de votación dentro y fuera de Colombia.
Ningún medio colombiano de los que documentan sistemáticamente procesos electorales, ni la Misión de Observación Electoral, ni la Registraduría Nacional, ha confirmado hasta ahora la tesis del fraude algorítmico. La prensa que la reporta, incluida la más próxima editorialmente al petrismo, la describe de forma constante como presunta o supuesta. La afirmación de Trump sobre su propio peso en el resultado es, en cambio, un hecho verificable, él la pronunció y quedó registrada. Lo que no está verificado es el salto que Petro hace de esa afirmación a la conclusión jurídica de que la elección completa debe anularse. Entre el hecho confirmado y la consecuencia que Petro extrae de él media exactamente la distancia que separa el periodismo de la propaganda, y esa distancia es la que AcidReport se niega a recorrer sin pruebas independientes.
La estrategia declarada
Lo que Petro anunció el 20 de julio no es una protesta, es una hoja de ruta con condiciones explícitas. Huelga general permanente si se revierten las reformas laborales que crearon estabilidad y salario vital. Paro agrario nacional si se redistribuyen a otros las seiscientas mil hectáreas todavía pendientes de reforma agraria. Huelga general juvenil si se modifica la fórmula que permitió que el presupuesto de educación pública creciera más de la mitad en términos reales durante su gobierno. Y una instrucción final, no levantar trincheras en la entrada de los barrios frente a la fuerza pública, sino rodear pacíficamente los centros de lo que Petro llama el poder ilegítimo.
Es un lenguaje de oposición extra institucional, pronunciado por un jefe de Estado en funciones. La contradicción no parece incomodar a Petro, al contrario, la exhibe como coherencia. Se despide, dice, “por ahora”, una fórmula que en boca de un expresidente con vocación de retorno no es humildad, es promesa. Abelardo de la Espriella, declarado presidente electo por la Registraduría tras el 21 de junio, ya respondió anunciando el fin de la política de paz total y el cierre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la primera decisión simbólica de su propio gobierno entrante, un espejo invertido de la ceremonia de reliquias de Petro.
La transición del 7 de agosto se perfila, entonces, no como el traspaso protocolario que prevé la Constitución de 1991, sino como el primer asalto de un conflicto que Petro empezó a librar antes incluso de perder formalmente la presidencia, desde el mismo momento en que un presidente extranjero se atribuyó parte del mérito de su derrota. El pueblo que se reunió en Ciudad Bolívar aplaudió cada anuncio. La pregunta que deja pendiente el 20 de julio es cuánta gente lo acompañará más allá del aplauso, cuando la Casa de Nariño tenga ya otro dueño y la espada de Bolívar esté, de nuevo, guardada en un museo…
G.S.
Fuentes
- Petro insiste en un presunto fraude electoral
- Entre denuncias de supuesto fraude electoral y un balance de sus logros, así fue el último discurso de Gustavo Petro
- Petro dijo qué pasará con la espada de Bolívar y la sotana de Camilo Torres
- Petro entregará la espada de Simón Bolívar y la sotana del cura Camilo Torres a dos museos
- Gustavo Petro llama a huelga general e indefinida en Colombia
- Gustavo Petro reitera llamado a desobediencia civil y vuelve a desconocer triunfo electoral
- Marchas 20 de julio: Petro convoca movilización para defender las reformas sociales
- Petro denuncia injerencia de EEUU en elecciones colombianas y pide anular los comicios
- Gustavo Petro planteó la tesis de anular la segunda vuelta presidencial
- Una reducción histórica de pobreza que el Banco de la República no quería, que el Senado intentó hundir y que los medios cubrieron para no celebrar
- La policía activa que hoy debe obediencia a Petro ya estaba inscrita en la campaña de quien le exige desobedecerlo
