El domingo 31 de mayo de 2026, cerca de 24 millones de colombianos votaron en la primera vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los sufragios; Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quedó segundo con el 40,90%. Esa misma noche, Petro denunció la adición ilícita de 885.400 cédulas al censo electoral, la modificación del software el 26 de mayo y el comportamiento atípico de 5.300 mesas de votación. La prensa mayoritaria respondió en 48 horas con fact-checkers, expertos citados y acusaciones archivadas.
Lo que nadie formuló fue lo único que importa. ¿Quién tiene la capacidad institucional de verificar si Petro miente o dice la verdad, y por qué esa capacidad no existe?
La arquitectura de lo inverificable
La logística de las elecciones presidenciales del 31 de mayo fue adjudicada mediante un contrato de 2,1 billones de pesos (526 millones de dólares) a la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons, empresa que ha ganado contratos electorales de la Registraduría en cada ciclo desde 2010. En 2026, fue la única empresa que presentó propuesta. La concentración de funciones críticas (impresión de tarjetones, autenticación biométrica, transmisión de datos, publicación del preconteo) en un proveedor privado único, sin competencia real, en el proceso que determina quién gobierna un país de 52 millones de personas, es una vulnerabilidad estructural que ninguna institución colombiana ha tenido prisa en corregir.
En 2026, la Registraduría adjudicó la logística electoral completa a una unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons, único oferente, por 2,1 billones de pesos (526 millones de dólares). La empresa opera bajo contratos de la Registraduría desde 2010, varios de ellos adjudicados en procesos acelerados con poca vigilancia independiente. (Colombia Political Economy, Substack; Registraduría Nacional del Estado Civil)
La empresa que controla esta logística no es una firma anónima. Thomas Greg & Sons pertenece a los hermanos Fernando, Camilo y Felipe Bautista, herederos del negocio fundado en Bogotá por su padre Gregorio en 1960. Fernando y Camilo son exconvictos de la justicia de los Estados Unidos. A finales de los años ochenta confesaron y pagaron cárcel por defraudar a 25 bancos estadounidenses mediante embarques falsos de café colombiano. Camilo fue además condenado por presentar balances fraudulentos para obtener un crédito de 22 millones de dólares del Arab Banking Corporation, entidad financiera controlada en ese entonces por el régimen de Gadafi en Libia. Fue sentenciado a nueve años de prisión federal; cumplió menos de tres. El periodista de investigación Gonzalo Guillén lo formuló sin eufemismos: el fraude es la especialidad de ellos, y ellos son los que tramitan los resultados electorales. El artículo 8, Parágrafo 3 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 2160 de 2021, prohíbe que los miembros de uniones temporales o consorcios con sanciones penales contraten con el Estado colombiano. Thomas Greg & Sons lleva más de una década ganando licitaciones millonarias del Estado colombiano. La firma tiene su sede en Guernsey, un paraíso fiscal en el canal de la Mancha. Sus exsocios en la junta directiva incluyen a los expresidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos.
El sistema descansa sobre procedimientos que, en apariencia, garantizan la transparencia pero que en la práctica producen la opacidad que necesitan quienes se benefician de ella. Los formularios E-14 se producen en tres copias con destinos distintos. Una va a transmisión telefónica; otra es escaneada y publicada en el sitio web de la Registraduría; la tercera queda sellada con los tarjetones físicos hasta el proceso de escrutinio. El preconteo que aparece en pantalla la noche de las elecciones no tiene ninguna validez jurídica. El resultado definitivo lo producen comisiones escrutadoras de jueces y notarios cuya independencia del poder político nunca ha sido sometida a prueba seria.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica publicó en mayo de 2026 un informe que identificó tres ejes de vulnerabilidad en el sistema electoral colombiano. La confiabilidad del software de escrutinio, la posible manipulación de los jurados de votación y la opacidad del proceso de transmisión de resultados. El informe no concluye que hubo fraude.
Concluye que el sistema tiene grietas estructurales que impiden que la pregunta sobre el fraude pueda ser respondida con certeza. Un sistema que no puede demostrar su propia integridad no es un sistema transparente; es un sistema que funciona sobre la fe.
La Misión de Observación Electoral recibió 319 reportes de presuntas anomalías durante la jornada. Detrás de ese número existe una geografía concreta. En El Banco, Magdalena, un ciudadano fue agredido físicamente mientras documentaba una presunta compra de votos frente a un puesto de votación. En Popayán, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por cámaras de seguridad mientras entregaban dinero y recibían cédulas. En El Espinal, Tolima, el ministro de Educación Daniel Rojas denunció la entrega de fichas de almuerzo a cambio de votos, presuntamente orquestada desde una institución pública de formación técnica.
En Coyaima, también en el Tolima, la Fiscalía abrió investigación por presiones de una estructura armada del ELN sobre la población para votar por un candidato específico. Al cierre de la jornada, las autoridades reportaron la incautación de cerca de mil millones de pesos en efectivo en cinco operativos distintos; para las legislativas de marzo, esa cifra había superado los 3.700 millones.
La compra de votos no es una anomalía del sistema electoral colombiano. Es uno de sus mecanismos de funcionamiento regular, documentado ciclo tras ciclo, sin que ningún gobierno haya tomado medidas para desmantelarlo.
El doble rasero
Durante años, los principales medios colombianos documentaron con detalle las denuncias de fraude electoral en Venezuela, las irregularidades en Nicaragua y la crisis de legitimidad que siguió a las elecciones mexicanas de 2006, cuando el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador perdió por 0,56% y denunció fraude masivo. La cobertura fue extensa, las fuentes fueron citadas con generosidad, y el escepticismo frente a los resultados oficiales fue presentado como saludable ejercicio democrático. Nadie en esas redacciones consideró necesario aclarar que dudar de resultados electorales ajustados era, en sí mismo, un acto de desinformación.
El 31 de mayo de 2026, frente a las denuncias del presidente colombiano, los mismos medios activaron en cuestión de horas su maquinaria de fact-checking y publicaron piezas que concluían que las acusaciones eran engañosas o falsas. El cambio de postura no fue editorial; fue mecánico. Lo que cambió no fue la calidad de las denuncias sino la dirección política del resultado contestado. El estándar de prueba no es el mismo cuando la izquierda gana que cuando la izquierda pierde, y esa asimetría no requiere conspiración; requiere apenas que los periodistas trabajen para empresas cuyos dueños tienen algo concreto en juego.
Tres familias controlan el 57% de la televisión, la radio e internet en Colombia. La organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo es propietaria de El Tiempo y City TV, pero también del Grupo Aval (el mayor conglomerado financiero del país), de Porvenir (la administradora de pensiones más grande) y de Corficolombiana. La organización Ardila Lülle controla RCN Radio y el Canal RCN, y es dueña de Postobón, de varios ingenios azucareros y de industrias de plástico y cerveza. El Grupo Santo Domingo posee Caracol Televisión y tiene intereses en bebidas, hotelería y medios internacionales.
Estas no son empresas de comunicación con negocios secundarios. Son conglomerados industriales y financieros que poseen, entre sus activos, medios de comunicación. La diferencia no es semántica.
Un gobierno de izquierda que aplica reformas tributarias sobre grandes patrimonios, que regula el mercado financiero, que modifica los regímenes de concesión de tierras o que revisa los contratos de infraestructura pública no es una amenaza abstracta para estos grupos; es una amenaza contable, mensurable en puntos porcentuales de rentabilidad. Que sus medios cubran las denuncias electorales de ese mismo gobierno con el estándar de verificación más exigente disponible no es un sesgo editorial; es una consecuencia lógica de la estructura de propiedad. Pedir objetividad a estos medios frente a un resultado que amenaza sus balances es pedirle a un juez que falle en su propio proceso.
Todo indica que Iván Cepeda calculó exactamente eso. Pasó la noche del 31 de mayo cuestionando los resultados del preconteo y al día siguiente declaró que su equipo no había encontrado evidencia de irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude. No fue un acto de honestidad; fue el cálculo de un candidato que va a segunda vuelta y no puede permitirse llegar al 21 de junio cargando la etiqueta de mal perdedor que los medios están dispuestos a coserle en cuestión de horas.
La censura más eficaz no es la que prohíbe hablar. Es la que hace que hablar cueste demasiado.
Lo que una elección no puede cambiar
Gustavo Petro llegó a la presidencia en 2022 con la promesa de un cambio estructural. Cuatro años después, la concentración de la propiedad mediática es la misma, la estructura de tenencia de la tierra es la misma y los grupos financieros que dominan el crédito, las pensiones y la infraestructura son los mismos. El gobierno introdujo reformas, generó conflictos institucionales y tensó las relaciones con el Congreso y la Corte Constitucional. Pero no transformó las condiciones materiales que hacen posible que una minoría económica controle los instrumentos de formación de opinión de una mayoría política.
Esto no es una anomalía de la era Petro; es el patrón de veinte años. Entre 2002 y 2022, Colombia tuvo cuatro presidentes de perfiles distintos. Dos mandatos de Álvaro Uribe, dos de Juan Manuel Santos, uno de Iván Duque. Ninguno modificó la estructura de propiedad de los medios. Ninguno alteró la concentración del crédito en manos de los mismos grupos. Ninguno redistribuyó significativamente la tierra. Cada cambio de gobierno fue presentado por esos mismos medios como un nuevo comienzo; ninguno lo fue para quienes más importaba que no lo fuera.
El ciclo electoral colombiano no es un mecanismo de cambio. Es un mecanismo de renovación periódica de la legitimidad del statu quo.
Lo que las elecciones de 2026 revelan no es si hubo o no fraude en 5.300 mesas; es que el sistema político colombiano tiene una capacidad notable para absorber el cambio sin transformarse. El experimento Petro demostró los límites de lo que una presidencia puede modificar cuando las instituciones de verificación, los medios de formación de opinión y los grupos económicos que los poseen funcionan como un sistema integrado de resistencia.
No hubo conspiración; hubo arquitectura.
El voto como ficción consentida
El sistema mediático colombiano contemporáneo continúa dominado por unos pocos conglomerados económicos, reproduciendo dinámicas históricas de concentración de la propiedad e instrumentalización del periodismo que han marcado el desarrollo de los medios en el país. (García Ramírez y Zambrano Ayala, “El sistema mediático colombiano en el siglo XXI: nuevos medios, viejos problemas”, Universidad del Rosario, 2025)
En Colombia, lo que las elecciones producen no es una decisión sobre el poder; es una legitimación periódica de quienes ya lo ejercen, o de quienes están dispuestos a ejercerlo dentro de los márgenes que el poder tolera. La distinción importa. Una democracia donde el voto decide implica que el resultado puede cambiar la estructura. Una democracia donde el voto legitima implica que la estructura permanece y los resultados se ajustan a ella. Colombia lleva décadas practicando la segunda variante con los procedimientos formales de la primera.
Lo que está en juego el 21 de junio de 2026 no es si Colombia tendrá un gobierno de izquierda o de derecha. Es si el experimento de tener un gobierno que no obedece completamente a los conglomerados económicos dominantes será repetido o archivado. La respuesta que den las urnas será presentada como la voluntad popular, sea cual sea. Los medios la transmitirán en tiempo real. Los observadores internacionales firmarán sus informes. Y si el resultado favorece al statu quo, nadie necesitará probar que hubo fraude para que el fraude haya funcionado.
El dispositivo no requiere falsificación masiva. Requiere opacidad suficiente para que la duda no pueda resolverse, una prensa que encuadre esa duda como desinformación, unas instituciones de verificación que no tengan prisa en concluir, y una oposición que aprende que cuestionar el sistema tiene un costo mayor que aceptar sus resultados. Colombia lleva décadas perfeccionando ese mecanismo. El 31 de mayo de 2026 fue, en ese sentido, una demostración de funcionamiento normal…
La velocidad de la respuesta institucional es precisamente la evidencia más sospechosa, no la más tranquilizadora. Verificar 5.300 mesas atípicas, cruzar el censo con los registros de inscripción, auditar los logs del software del 26 de mayo requiere semanas, no horas.
Cuando la Registraduría y la Procuraduría declaran en 48 horas que todo es perfecto, no están describiendo el resultado de una verificación. Están describiendo una posición institucional.
La Registraduría tiene un interés estructural directo en defender la integridad del proceso que administra; cualquier admisión de falla es una admisión de su propia responsabilidad. Y la Procuraduría es la misma institución que intentó destituir a Petro de la alcaldía de Bogotá en 2013 mediante un mecanismo declarado inconstitucional por la Corte Interamericana.
No es un árbitro neutral.
Lo que el artículo sostiene es justamente eso. El problema no es si Petro tiene razón o no. El problema es que las instituciones llamadas a verificarlo son las mismas que tienen interés en que no se verifique. Un sistema que no puede ser auditado de forma independiente no puede demostrar su propia integridad, aunque todos sus funcionarios juren que funciona perfectamente.
La unanimidad institucional no es prueba de transparencia. A veces es exactamente lo contrario.
G.S.
Fuentes
- Así fue como Thomas Greg & Sons logró el contrato electoral para el 2026
- Los fraudes de Camilo Bautista
- Quiénes son los hermanos Bautista
- Sistema Electoral Colombiano. Denuncias de Fraude y Contexto Institucional
- Informe de cierre del día de Elecciones Presidenciales, Primera Vuelta 2026
- Cinco capturas por presunta compra de votos
- Capturan a cinco personas en Popayán por presunta compra de votos
- Ciudadano fue agredido cuando denunciaba presunto tráfico de votos
- Elecciones presidenciales Colombia 2026 EN VIVO
- El sistema mediático colombiano en el siglo XXI
- Los 410 dueños de los principales medios
- Why Petro is casting doubts about the 2026 elections’ transparency
- Elecciones 2026: qué creer y qué no sobre fraude electoral
- García Ramírez, M. y Zambrano Ayala, W. *El sistema mediático colombiano en el siglo XXI*. Universidad del Rosario, 2025.
