El domingo 31 de mayo de 2026, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, publicó en sus redes sociales una fotografía de tropas israelíes ondeando su bandera sobre la fortaleza de Beaufort, en el sur del Líbano. La misma fortaleza que Israel había ocupado durante dieciocho años, desde 1982 hasta el año 2000. La misma fortaleza a la que la UNESCO había concedido protección reforzada en 2024, el nivel más alto de inmunidad que el derecho internacional humanitario puede otorgar a un bien civil. La misma fortaleza que ahora, un cuarto de siglo después de la retirada israelí, vuelve a tener soldados del mismo ejército en su interior. Nadie finge sorpresa. Eso es lo que debería ocuparnos.
El mecanismo
Siete veces desde 1978, el ejército israelí ha entrado en territorio libanés. Siete veces ha destruido infraestructura civil, desplazado poblaciones enteras y negociado o aceptado acuerdos de salida. Siete veces ha salido con retraso, de forma incompleta, conservando posiciones que los acuerdos no le autorizaban. En cada ciclo, la justificación es de seguridad; en cada ciclo, la destrucción supera con amplitud cualquier objetivo militar verificable; en cada ciclo, los mediadores occidentales producen un papel firmado que Israel comienza a violar antes de que la tinta se seque. No es un patrón que se repite por accidente. Es una doctrina que se perfecciona.
Lo que esta doctrina produce en el terreno está documentado. En el municipio de Maroun el-Ras, en el sur del Líbano, Amnesty International registró, con imágenes satelitales, que el 67% de las estructuras fueron destruidas o gravemente dañadas entre septiembre de 2024 y enero de 2025. La destrucción continuó durante dos meses después de la entrada en vigor del cese el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024; no durante los combates, sino después, cuando el ejército israelí debía estar retirándose. Las excavadoras militares demolían edificios en territorio del que Israel debía haberse retirado semanas antes. Un ejército que demuele viviendas dos meses después de un alto al fuego, en territorio bajo ocupación no autorizada, no está respondiendo a ninguna amenaza. Está ejecutando un programa.
Según el análisis de imágenes satelitales publicado por Amnesty International, en el municipio de Maroun el-Ras el 67% del total de estructuras fue destruido o gravemente dañado entre septiembre de 2024 y enero de 2025. La destrucción continuó durante todo enero de 2025, dos meses después de la entrada en vigor del cese el fuego del 27 de noviembre de 2024, en territorio del que Israel debía haberse retirado.
En declaraciones del domingo, el ministro Katz anunció que Israel planea destruir miles de hogares adicionales en el sur del Líbano. No lo formuló como efecto secundario inevitable de los combates. Lo formuló como objetivo. En la misma jornada declaró que, veintiséis años después de la retirada israelí, la bandera de su país había vuelto a ondear sobre las cimas que dominan los pueblos de Galilea. No dijo que la invasión anterior había sido un error. Dijo que la posición que ahora recuperaba era una victoria que le pertenecía. La distinción importa porque revela con qué unidad de tiempo este Estado mide sus operaciones; no años, sino décadas.
Desde el inicio de esta nueva guerra, el 2 de marzo de 2026, más de 3.400 personas han muerto en el Líbano y más de un millón han sido desplazadas, según las autoridades libanesas. Israel ordenó la evacuación de toda la franja del sur del país entre su frontera y el río Zahrani, a unos cuarenta kilómetros al norte. Netanyahu calificó la toma de Beaufort de “punto de inflexión decisivo” y ordenó cruzar el río Litani, que funcionaba como límite tácito. Una fortaleza medieval protegida por la UNESCO, convertida en símbolo de lo que el Primer Ministro llama victoria. No es una metáfora que Israel utilice sin querer.
La firma como cobertura
La doctrina de destrucción que acabamos de describir no funcionaría sin un mecanismo que la proteja de consecuencias. Ese mecanismo tiene un nombre diplomático. Se llama cese el fuego. El 27 de noviembre de 2024, Israel y el Líbano suscribieron uno, mediado por Francia y Estados Unidos. Según sus términos, el ejército israelí debía retirarse del sur del Líbano antes del 26 de enero de 2025. Israel no se retiró. Obtuvo una extensión hasta el 18 de febrero. Tampoco se retiró completamente en esa segunda fecha, manteniendo cinco posiciones militares en alturas del sur del país. Hasta enero de 2026, las Naciones Unidas habían documentado al menos 2.036 violaciones israelíes del acuerdo. No es un dato que haya generado consecuencias apreciables.
El 26 de enero de 2025, fecha en que debía haber concluido la retirada según el acuerdo original, civiles libaneses desplazados intentaron regresar a sus pueblos del sur. El ejército israelí abrió fuego contra ellos. Murieron 26 personas. Otras 147 resultaron heridas. Los muertos eran no combatientes que ejercían el derecho de retorno garantizado por el mismo acuerdo que Israel había firmado. Fallecieron en el día en que, conforme a ese acuerdo, las tropas que los mataron ya no tenían derecho legal a estar en ese territorio. Este hecho no es una paradoja del derecho internacional; es su contenido real bajo las condiciones actuales de poder.
En abril de 2026, un nuevo cese el fuego entró en vigor, mediado esta vez por la administración Trump. El acuerdo se firmó el 17 de abril. Para finales de mayo, Israel había retomado operaciones a una escala que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó de “política de tierra quemada” y “castigos colectivos” contra la población civil del sur. Netanyahu ordenó cruzar el Litani. El cese el fuego de abril, como el de noviembre de 2024, cumplió su función real. Ofreció a los mediadores occidentales un producto diplomático presentable, dio cobertura política a la continuación de las operaciones y le proveyó a Israel el tiempo de reorganización entre una fase de destrucción y la siguiente. La paz no era el objetivo. Era el envase.
Los cómplices con traje
El lunes 1 de junio de 2026, el canciller francés Jean-Noël Barrot convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Declaró que la ofensiva israelí era “contraria al derecho internacional” y calificó el comportamiento de Israel de “falta mayor”. Los ministros del Reino Unido y Alemania se sumaron a la condena. El Consejo se reunió ese mismo día. La reunión no produjo ninguna resolución vinculante. No podía producirla, porque Estados Unidos dispone de poder de veto en el Consejo y lo ha utilizado de forma sistemática para bloquear cualquier decisión que imponga consecuencias a Israel. Desde octubre de 2023, Washington ha vetado al menos cuatro resoluciones relacionadas con los conflictos en Gaza y el Líbano. El mecanismo está diseñado para producir exactamente esto.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció el 30 de mayo de 2026 que Israel aplica en el sur del Líbano una “política de tierra quemada” y “puniciones colectivas” contra la población civil. La declaración fue emitida mientras Israel completaba la toma de Beaufort y ordenaba la evacuación de toda la zona comprendida entre la frontera israelí y el río Zahrani, a unos cuarenta kilómetros al norte.
Los castigos colectivos están prohibidos por el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, el tratado que establece las normas de protección de la población civil en tiempo de guerra. La destrucción deliberada de propiedad civil sin justificación militar constituye una infracción grave del mismo instrumento. Salam no usa una metáfora política; usa la denominación técnica de una práctica específicamente prohibida por el derecho internacional humanitario. Ninguno de los países que se presentan como garantes de ese derecho ha condicionado su relación con Israel al cumplimiento de esas normas. Han emitido declaraciones. No han adoptado medidas.
En enero de 2026, la administración Trump aprobó una venta de armamento a Israel por 6.670 millones de dólares. En marzo, el secretario de Estado Marco Rubio invocó una cláusula de emergencia para aprobar un paquete adicional de 3.000 millones, que incluía 35.500 bombas aéreas pesadas, eludiendo el escrutinio del Congreso. Las bombas fueron aprobadas mientras la nueva guerra en el Líbano estaba ya en curso, semanas después de firmarse el cese el fuego de abril. La cláusula de emergencia existe para situaciones en que la seguridad nacional de Estados Unidos requiere una respuesta inmediata. Rubio la utilizó para acelerar la entrega de material de bombardeo a un Estado que en ese momento destruía infraestructura civil en un país con el que había firmado un acuerdo de paz cuarenta días antes.
Barrot dice “falta mayor”. Rubio aprueba 35.500 bombas en condiciones de emergencia. Estas dos acciones no se contradicen. Forman parte de la misma política exterior. Francia negocia los ceses el fuego que le dan a Israel el tiempo necesario para reorganizarse; Estados Unidos provee el armamento con el que se retoma la destrucción. Cada uno cumple su papel con la precisión de quien conoce bien el reparto. El sistema funciona.
El nombre
Lo que la comunidad internacional se niega a pronunciar no es, en este punto, una cuestión de interpretación jurídica en disputa. Los hechos están disponibles, documentados y publicados por organismos de la propia ONU, por Amnesty International, por Human Rights Watch, por la Corte Penal Internacional, cuya orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad sigue sin ejecutarse desde 2024. Las 2.036 violaciones del cese el fuego están contabilizadas. Los 26 civiles muertos el día de la retirada que no ocurrió tienen nombres, familias y pueblos a los que intentaban volver.
Hay una palabra para lo que ocurre cuando un Estado destruye de manera sistemática la infraestructura civil de una población, desplaza a más de un millón de personas, viola los acuerdos que firma y mata a los civiles que intentan ejercer derechos que esos acuerdos garantizan. Los juristas la conocen. Los organismos internacionales la conocen. Los gobiernos que convocan reuniones de urgencia la conocen. Ninguno la pronuncia, porque pronunciarla impondría obligaciones incompatibles con las relaciones que mantienen con el Estado que la practica. El silencio también es una decisión política. Y sus consecuencias, como las bombas de Rubio, son perfectamente materiales.
Beaufort lleva novecientos años sobre esa colina del sur del Líbano. La han ocupado los cruzados, los mamelucos, los otomanos, el mandato francés, la OLP, el ejército israelí de 1982 a 2000 y ahora el ejército israelí por segunda vez. Cada uno levantó su bandera. La UNESCO le concedió el nivel más alto de protección en 2024. El ejército israelí la tomó el 31 de mayo de 2026 y Katz publicó la fotografía. El Consejo de Seguridad se reunió al día siguiente. La fortaleza sigue en manos israelíes…
G.S.
Fuentes
- Israel’s Extensive Destruction of Southern Lebanon – Amnesty International
- 2024 Israel-Lebanon Ceasefire Agreement – Wikipedia
- January 2025 Southern Lebanon Attack – Wikipedia
- Israeli Troops Seize Strategic Castle in Lebanon – PBS News
- What to Know About Beaufort Castle – SBS News
- Offensive israelienne au Liban – Touteleurope.eu
- Netanyahu veut intensifier son offensive au Liban – Le Devoir
- US Government Approves $3 Billion Arms Sale to Israel – Yahoo News
- US Approves $6.67 Billion Arms Sale to Israel – Fox News
- Israel’s Wars on Lebanon, 1978-2024 – Institute for Palestine Studies
- Beaufort Castle, Lebanon – Wikipedia
- Israel Has Invaded Lebanon Six Times – The Conversation
- 2024 Israeli Invasion of Lebanon – Wikipedia
