El 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos están convocados a elegir entre tres visiones del país que, presentadas con distinta envoltura retórica, se reducen en el fondo a dos preguntas elementales. Quién paga y quién se beneficia. Todo lo demás, los discursos sobre la seguridad, la economía, la salud, el territorio, es ornamento. El próximo gobierno heredará más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados con presencia en cerca de 600 municipios, un déficit fiscal que ninguna campaña cuantifica con honestidad, y un sistema de salud cuya deuda acumulada nadie sabe exactamente cómo saldar. Vale la pena, entonces, mirar los tres programas con calma. No para establecer un ganador, sino para entender qué propone cada uno cuando se le retira el barniz de la campaña.
El abogado y el catálogo
Abelardo de la Espriella llegó a esta contienda sin programa de gobierno publicado. La Silla Vacía lo documentó. Cuando los analistas comenzaron a revisar sus propuestas, debieron recurrir a entrevistas y publicaciones en redes sociales porque el candidato no había producido un documento formal. Lo que finalmente apareció fue un texto de pocas páginas, en formato de bullets, que el propio equipo de campaña describió como el inicio de un programa que se iría ampliando. No se amplió sustancialmente. Lo que sí se amplió fue el catálogo de referencias. La motosierra de Milei, las megacárceles de Bukele, la Seguridad Democrática de Uribe, todo ensamblado con la promesa de firmar 90 decretos en los primeros días de gobierno. El nombre del proyecto es “País Milagro”, tomado directamente del discurso de Bukele en El Salvador.
La contradicción central del programa aparece en su primera página. El candidato promete “respeto absoluto a la Constitución y a la autoridad legítima” y, en el mismo aliento, anuncia que gobernará sus primeros meses fundamentalmente por decreto, usando de manera amplia el poder ejecutivo para implementar reformas que, en varios casos, requerirían reforma constitucional. La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, por ejemplo, está prohibida en el artículo 34 de la Constitución. Para habilitarla haría falta una reforma constitucional. El programa la propone de todas formas, como si la distancia entre el anuncio y la realidad jurídica fuera un detalle menor.
En seguridad, la propuesta estrella es recuperar el control territorial en noventa días mediante ofensiva militar, retomar la fumigación aérea con glifosato, construir diez megacárceles de máxima seguridad y capturar o neutralizar a diez cabecillas de organizaciones criminales en ese mismo período inicial. La Fundación Ideas para la Paz señala que ninguna de estas medidas viene acompañada de una teoría del cambio coherente. Más cárceles no reducen necesariamente el crimen, más pie de fuerza no garantiza automáticamente más seguridad, y el próximo gobierno enfrentará un déficit elevado que hace imposible financiar simultáneamente expansión militar, nuevas prisiones y oferta social. Para Bogotá en particular, De la Espriella promete desplegar 82.000 veteranos en los barrios bajo el esquema que llamó “Primera Línea de Seguridad”. La Silla Vacía anotó lo evidente. No hay detalles sobre qué facultades tendrán estos grupos, cómo se las otorgará un gobierno nacional ni cómo se controlarán, con el fantasma de las Convivir todavía presente en la memoria del país.
“Colombia tiene todo para ser una gran nación y aquí estamos nosotros para hacerlo porque nosotros no somos mercaderes de ilusiones somos empresarios de realidades”, dice el programa de De la Espriella.
El mecanismo es sencillo, como lo son todos los programas diseñados para ganar elecciones más que para gobernar. Una promesa de espectáculo en seguridad, una promesa de austeridad que recae sobre el Estado pero no sobre quienes se benefician de sus contratos, y una economía que se activa sola en cuanto el mercado recupere la confianza. Nadie explica con qué recursos. Nadie necesita explicarlo antes del 31 de mayo.
La senadora y el manual
El programa de Paloma Valencia se llama Colombia Más Grande 2026. Es más elaborado que el de De la Espriella, más presentable, con capítulos ordenados y propuestas numeradas. Pero al revisarlo con atención emerge un patrón. Buena parte de sus apuestas son versiones ligeramente actualizadas de instrumentos que ya circularon en Colombia bajo otros nombres, o medidas que transfieren dinero público hacia el sector privado presentadas como beneficios para los trabajadores.
Tomemos el empleo. Valencia propone subsidiar el 30 por ciento del salario mínimo durante doce meses a las empresas que contraten jóvenes de 18 a 28 años. La lógica es directa. El Estado paga a las empresas para que hagan lo que deberían hacer de todos modos. Cuando el subsidio termina, el joven queda en la misma precariedad estructural o es reemplazado por otro beneficiario del siguiente ciclo de doce meses. Es una medida con historial en Colombia y en la región, y los estudios de impacto la califican, en el mejor de los casos, como de efecto transitorio sobre el empleo formal. No hay evidencia de que modifique el ciclo de base.
En economía, Valencia comparte con De la Espriella la orientación promercado. Reduce la carga tributaria para las pymes, promueve zonas francas regionales y amplía los tratados de libre comercio con énfasis en Asia. Su propuesta más reveladora en este eje es convertir la Cancillería en un Ministerio de Comercio Exterior, es decir, reemplazar la diplomacia política por la gestión comercial, tratar la política exterior como una extensión de la agenda exportadora. Un análisis publicado en Vanguardia lo formuló sin rodeos. Es una propuesta que despojaría a Colombia de capacidad de maniobra en un momento en que las grandes potencias reconfiguran sus alianzas y el margen para la autonomía estratégica se estrecha.
En seguridad, Valencia aumentaría el gasto en 20 billones de pesos durante el cuatrienio, equivalente a alrededor del 4 por ciento del PIB. Propone terminar la política de paz total de Petro, retomar la lógica militar como eje central y recuperar el vínculo con Washington en la línea del Plan Colombia. El problema es que ese contexto ya no existe. Según el análisis de la FIP, esa lectura desconoce el giro del escenario internacional y las condiciones actuales de cooperación, que hacen casi imposible recibir el apoyo de la época del Plan Colombia. Valencia lo sabe o debería saberlo. Lo propone de todas formas.
“Su discurso parte de la crítica a políticas recientes del Gobierno Petro y propone un giro hacia un modelo que priorice la autoridad del Estado, la inversión privada y la estabilidad jurídica.”
En salud, su posición se resume en no desmantelar los mecanismos existentes de forma abrupta, mejorar la calidad y cobertura sin transformar la arquitectura del sistema. Es, en otras palabras, defender el modelo de EPS con otro vocabulario. En educación, propone bilingüismo desde preescolar, formación de medio millón de personas en tecnología y la llamada “Ruta 3E” (estudiar, emplearse o emprender). Son objetivos orientados a formar mano de obra para el mercado más que a construir ciudadanía. El bilingüismo desde preescolar, en un país donde las brechas entre escuela pública urbana y rural son abismales, funciona en la práctica como política de élite. Las familias con acceso a buena educación se benefician; las que no, reciben el anuncio.
El senador y el programa
Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico. Es, en otras palabras, el candidato de la continuidad. Eso tiene costos políticos en un país donde una parte significativa de la población evalúa negativamente la gestión de Gustavo Petro. Pero tiene también algo que los otros dos no tienen. Un programa de 433 páginas con una arquitectura interna coherente, donde se puede rastrear la relación entre el diagnóstico, la medida y el resultado esperado.
En economía, la propuesta central es la Ley de Austeridad Republicana, cuya premisa no requiere mayor elaboración.
“Los miembros de mi gobierno vivirán como vive la mayoría del pueblo colombiano.”
Cepeda propone reducir el salario del presidente y de los ministros desde el primer día, eliminar gastos de lujo del ejecutivo, no crear nuevas instituciones sino depurar las existentes. En paralelo, ampliar la base imponible, gravar las grandes fortunas y reducir las exenciones a las empresas. Los recursos adicionales irían a programas sociales y expansión de servicios públicos. Propone además fortalecer Colpensiones como eje del sistema pensional, en contraste directo con Valencia, que apuesta por un modelo de ahorro individual y capital semilla desde el nacimiento, es decir, por trasladar la responsabilidad pensional hacia cada persona y alejarla de cualquier garantía colectiva.
La diferencia entre los dos modelos no es técnica. Es una decisión sobre qué tipo de sociedad se quiere. Colpensiones es un sistema de reparto solidario. Los que trabajan sostienen a los que se retiran. El ahorro individual es un sistema de mercado. Cada quien acumula lo que puede, y si no puede, queda sin nada. En un país donde el 60 por ciento de los trabajadores son informales, la apuesta por el ahorro individual es, en los hechos, una apuesta por dejar a la mayoría sin protección en la vejez.
En seguridad, la propuesta de Cepeda parte de un diagnóstico que la FIP califica como el más cercano a la naturaleza actual del problema. El conflicto colombiano está ligado históricamente a la exclusión territorial y económica, y no puede resolverse mediante la coerción estatal como instrumento único. Propone avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, proteger comunidades y transformar el territorio. Eso no lo hace invulnerable a la crítica. Los mecanismos de transformación territorial son frágiles, la implementación del Acuerdo avanza lentamente, y el país recibirá grupos armados con presencia en 14 zonas de disputa activa. La pregunta sobre plazos y recursos es legítima. Pero al menos es una pregunta que el programa reconoce en lugar de prometer que todo se resuelve en noventa días.
En salud, Cepeda propone avanzar hacia un sistema universal sin intermediación de las EPS, con la red hospitalaria pública como columna vertebral. Es la propuesta más difícil de implementar, la que encuentra mayor resistencia de los sectores con intereses en el modelo actual, y también la más coherente con el diagnóstico que todos los candidatos comparten en privado. Que el sistema colombiano tiene una falla estructural que los ajustes cosméticos no corrigen.
Lo que los programas no dicen
Hay algo que los debates televisivos no muestran y que los programas tampoco dicen con esas palabras. Detrás de cada propuesta hay una decisión sobre quién carga con el costo del Estado y quién recibe sus beneficios. Cuando De la Espriella promete reducir impuestos a las empresas y construir megacárceles, está proponiendo que el gasto social se comprima para que la seguridad se extienda, y que la carga fiscal la sigan soportando quienes ya la soportan. Cuando Valencia propone subsidiar la contratación privada con dinero público y transformar la Cancillería en una agencia de promoción comercial, está proponiendo que el Estado financie las decisiones de los empresarios sin garantizar nada estructural a cambio. Cuando Cepeda propone gravar a las grandes fortunas y fortalecer los sistemas de protección colectiva, está proponiendo que quienes más tienen paguen más. Eso genera oposición. Siempre la genera, en Colombia y en cualquier otro lugar donde se ha intentado.
El próximo gobierno enfrentará un déficit fiscal elevado y restricciones presupuestales severas que ninguna campaña cuantifica con honestidad. Ese es el dato que las promesas prefieren ignorar. Porque si se toma en serio, muchas de ellas se caen solas. Las megacárceles cuestan. La militarización de las vías cuesta. El subsidio al salario mínimo cuesta. El bilingüismo desde preescolar cuesta. La pregunta es quién paga. Y esa pregunta, en esta campaña, casi nadie la responde con honestidad…
G.S.
Fuentes
Fundación Ideas para la Paz. “Los vacíos e interrogantes en las propuestas de seguridad de los aspirantes a la Presidencia”. El Espectador, 25 de mayo de 2026.
Razón Pública. “Elecciones 2026: Análisis comparativo de las propuestas de los candidatos presidenciales”. Mayo de 2026.
La Silla Vacía. “Las propuestas bomba del programa de Abelardo De La Espriella”. Mayo de 2026.
La Silla Vacía. “Las propuestas bomba del programa de Paloma Valencia”. Mayo de 2026.
Semana. “Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo: así piensan enfrentar tres bombas económicas”. Abril de 2026.
Valora Analitik. “El plan de Iván Cepeda para bajarse el salario si es presidente”. Mayo de 2026.
Vanguardia. “La política exterior de Cepeda, De la Espriella y Valencia”. Abril de 2026.
