El capitalismo no es una ley de la naturaleza, es un cuerpo de derecho, escrito por hombres concretos, en fechas concretas, con nombres que constan en actas notariales y en sentencias judiciales. Ese derecho organiza dos regímenes que casi nunca se nombran como parte del mismo sistema. Uno impone al asalariado una subordinación total, vigilada, sin límite temporal claro, comparable a la que un politólogo llamaría totalitaria si un Estado la ejerciera sobre sus ciudadanos. El otro protege al propietario del capital de casi cualquier consecuencia real de sus decisiones, gracias a un invento jurídico del siglo diecinueve que en su momento fue considerado, él mismo, un escándalo. Bhopal y el Valdez de Alaska muestran, con expedientes judiciales de por medio, cómo funciona ese segundo régimen cuando algo sale mal. El resultado visible de esta arquitectura, gente que muere de frío en las calles de las ciudades más ricas de la historia, no es un defecto del sistema, es una pieza que cumple una función precisa.
La subordinación que nadie llama feudal
Todo contrato de trabajo bajo el derecho laboral vigente, en Bogotá como en Zúrich, contempla algo que rara vez se nombra con precisión, la subordinación jurídica del trabajador a quien posee los medios de producción. No se trata de una metáfora. El empleador decide el horario, el ritmo, el lugar físico del cuerpo durante ocho o diez horas, la forma de vestir, en muchos casos el contenido de los correos electrónicos y el tono de la voz frente a un cliente.
Si un país organizara la totalidad de sus habitantes bajo un mando único que decide de este modo su tiempo, su desplazamiento y su discurso, existe un nombre técnico para ese régimen, y no es economía de mercado.
Ningún manual de gestión empresarial llama a esto lo que jurídicamente es. Se habla de cultura corporativa, de alineación de objetivos, de compromiso del talento, un vocabulario terapéutico que disuelve en generalidades lo que el derecho civil describe con una precisión mucho más fría, un vínculo de subordinación jurídica, unilateral, sin reciprocidad posible por definición. La palabra correcta desaparece precisamente porque nombrarla obligaría a preguntar por qué un vínculo tan asimétrico sigue presentándose, en cada contrato, como un acuerdo entre iguales.
Nadie plantea aquí abolir el trabajo. La pregunta que casi nunca se formula en público es distinta, por qué la subordinación solo corre en una dirección. El capital no le debe al trabajo ninguna obediencia equivalente, ninguna vigilancia recíproca, ningún límite superior a lo que puede exigir a cambio de un salario. Esa asimetría no nació de la física ni de la aritmética. Nació de un cuerpo de leyes que se puede leer, fechar y, en teoría, modificar como cualquier otro.
La responsabilidad limitada, o cómo desaparece la cima
En el siglo diecinueve, cuando los tribunales europeos empezaron a reconocer a la empresa como una persona jurídica capaz de poseer, contratar y demandar por derecho propio, la idea provocó escándalo entre juristas de la época. Una entidad sin cuerpo, sin cara, sin biografía, adquiría capacidad legal plena, mientras los seres humanos detrás de ella podían perder, en caso de catástrofe, únicamente lo que hubieran invertido en acciones. El resto del daño, así fuera un río envenenado o una ciudad entera, quedaba fuera del balance personal de quien había tomado la decisión. Ese balance, no la conciencia, es lo único que el derecho societario protege con verdadero rigor.
En Francia, la ley del 24 de julio de 1867 sobre las sociedades comerciales liberó definitivamente la creación de sociedades anónimas, hasta entonces sujetas a autorización previa del Estado, precisamente por la desconfianza que generaba entregar personalidad jurídica y responsabilidad limitada a una estructura sin rostro. La ley pasó. La desconfianza, con el tiempo, se volvió costumbre, y lo que en 1867 exigía autorización estatal hoy se resuelve en Bogotá, en Zúrich o en Delaware con un trámite de pocos días.
Bhopal permite medir esa arquitectura con fechas exactas. La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, una fuga de isocianato de metilo en la planta de Union Carbide mató a miles de personas en pocas horas y dejó secuelas médicas que las organizaciones locales siguen documentando cuarenta años después. Un tribunal indio tardó veintiséis años en producir una condena.
El 7 de junio de 2010, un tribunal de Bhopal condenó a siete exdirectivos de Union Carbide India Limited a dos años de prisión por homicidio culposo, veintiséis años después del escape de gas. Todos quedaron en libertad bajo fianza el mismo día.
Ninguno de esos siete hombres dirigía la matriz estadounidense. Warren Anderson, presidente de Union Carbide Corporation en el momento del desastre, fue arrestado brevemente en la propia Bhopal, liberado bajo fianza en cuestión de horas y jamás regresó a la India pese a la orden de extradición pendiente en su contra desde los años noventa. Murió libre, en Florida, en 2014. El derecho hizo exactamente lo que estaba escrito para hacer, sancionar la periferia operativa y blindar el centro de decisión.
La empresa misma tampoco desapareció bajo el peso del desastre. Union Carbide fue absorbida por Dow Chemical en 2001, que heredó los activos y, según ha documentado durante años Amnistía Internacional, rechazó sistemáticamente asumir responsabilidad legal por la descontaminación del predio, todavía hoy fuente de contaminación del agua subterránea que abastece a barrios enteros de Bhopal. La empresa como persona jurídica sobrevivió a la catástrofe que causó, cambió de nombre, cambió de dueño, y conservó exactamente la misma inmunidad.
Exxon ofrece la misma mecánica en un país que se presenta como el más celoso guardián del Estado de derecho. El petrolero Exxon Valdez encalló frente a las costas de Alaska en 1989 y derramó cerca de cuarenta y un millones de litros de crudo sobre un ecosistema del que varias especies todavía no se recuperan. Un jurado fijó en 1994 una indemnización punitiva de cinco mil millones de dólares contra la empresa.
En 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos redujo esa indemnización punitiva a poco más de quinientos millones de dólares, diecinueve años después del derrame, al fijar como principio que el castigo no debía superar el monto de los daños compensatorios ya pagados.
Ningún directivo de Exxon pisó una celda. La empresa negoció, apeló, esperó, y el mismo derecho que en teoría debía sancionarla terminó reduciendo en nueve décimas partes la única cifra que se le había impuesto como castigo.
Dos sistemas jurídicos distintos, dos continentes, dos regímenes políticos que se presentan como opuestos, produjeron el mismo resultado. Eso no es casualidad ni corrupción puntual de un juez o un fiscal. Es el diseño.
Los defensores del sistema dirán que estos son casos extremos, aberraciones dentro de un mercado que, en general, funciona. La respuesta es sencilla, ningún mecanismo jurídico se juzga por su comportamiento en la rutina, se juzga por lo que hace cuando algo se rompe. Un puente se diseña pensando en el terremoto, no en el tráfico de un martes cualquiera. El derecho de la responsabilidad limitada fue diseñado, con toda la precisión de sus arquitectos, pensando en Bhopal, en el Valdez, y en todos los desastres todavía por venir que hoy no tienen nombre.
Ningún techo para la propiedad, ningún suelo bajo el que caer
El mismo cuerpo jurídico que protege así a quien decide no fija, en ningún país capitalista consolidado, un límite superior a lo que una persona puede acumular en propiedad o en ingreso. Un ser humano puede, sin infringir ninguna norma, poseer más tierra de la que podría recorrer en una vida entera, cobrar en un mes lo que otro trabajador tarda décadas en reunir, y hacerlo de manera perfectamente legal, documentada, celebrada incluso por la prensa económica.
En enero de 2026, Oxfam calculó que la fortuna conjunta de los multimillonarios del planeta creció en dos billones y medio de dólares durante el año anterior, un aumento casi equivalente a la riqueza total que posee la mitad más pobre de la humanidad, cerca de cuatro mil cien millones de personas. Según el mismo informe, esa cifra bastaría, si se destinara a ese fin, para erradicar la pobreza extrema veintiséis veces seguidas.
El profesor francés retirado Étienne Chouard, conocido en Francia por sus intervenciones críticas sobre el derecho constitucional y la participación ciudadana, plantea el desequilibrio con una pregunta que casi nunca se formula así en público, por qué existe en muchas sociedades un umbral mínimo de ingreso bajo el cual se considera inaceptable que alguien caiga, pero ningún techo equivalente arriba. La pregunta incomoda porque no tiene una respuesta técnica plausible, solo una respuesta política que nadie con poder para cambiarla tiene interés en pronunciar en voz alta.
La ausencia de ese techo no es un olvido técnico. Legislar un ingreso máximo, tres o cuatro veces el salario mínimo por ejemplo, no exige ninguna tecnología nueva ni ningún descubrimiento económico.
Exige una decisión política. Nada más.
Y esa decisión nunca llega, por la razón más simple de todas, quienes se beneficiarían de su ausencia participan, con frecuencia, en redactar la ley que la posterga, o en financiar campañas de quienes la redactan en su nombre. Nadie propone en un parlamento aquello que reduciría su propia fortuna o la de quien financia su campaña, así de simple, así de eficaz.
La calle como advertencia
Queda un último eslabón, el más incómodo de nombrar porque no figura en ningún código ni en ninguna sentencia. Las ciudades más ricas del planeta conviven, calle por calle, con personas que duermen a la intemperie y mueren de frío en cifras que los propios municipios documentan cada invierno, sin que ningún gobierno capaz de sostener guerras a miles de kilómetros se declare incapaz de resolverlo en su propio territorio.
La hipótesis más simple, que el problema carece de solución técnica o financiera, no resiste el examen. En 2008, el Congreso de Estados Unidos autorizó setecientos mil millones de dólares para rescatar al sistema financiero en cuestión de semanas, sin referendo, sin debate prolongado, sin que nadie exigiera antes una prueba de buena conducta a los bancos beneficiarios.
El dinero existe. Lo que falta es la voluntad de gastarlo en quien no puede devolverlo con intereses.
Queda entonces una segunda hipótesis, más incómoda. Que esa miseria visible cumple una función. Un cuerpo tendido en una acera, bajo cartón, a la vista de quien va camino a un trabajo mal pagado, comunica algo sin necesidad de un solo discurso, esto es lo que espera a quien deje de ser dócil. Ese cuerpo no necesita placa ni discurso porque el mensaje ya fue comprendido antes de nacer, se aprende en la infancia, se refuerza cada vez que se cruza una acera sin mirar hacia abajo, y se hereda igual que se hereda un apellido o una hipoteca. No hace falta que nadie lo diga en voz alta para que funcione como advertencia. El mismo derecho que blinda a Union Carbide y a Exxon es el que, en su silencio sobre un ingreso máximo y sobre un mínimo garantizado, deja que esa advertencia siga en pie, en cada esquina, todos los días.
Nada de esto está escrito en la física ni en la naturaleza humana. Está escrito en códigos civiles, en sentencias, en actas de sociedades anónimas fechadas y firmadas por hombres con nombre y apellido. Lo que un derecho de este tipo hizo, otro derecho del mismo tipo puede deshacerlo…
G.S.
Fuentes
- 7 guilty in Bhopal tragedy that killed 15,000 (NBC News)
- Two years jail for Union Carbide execs 26 years after Bhopal gas tragedy (Legally India)
- Seven convicted in India gas leak (PBS Newshour)
- Former Union Carbide CEO Warren Anderson died unpunished (Business and Human Rights Centre)
- Simple History of the Criminal Case Against Union Carbide (The Bhopal Medical Appeal)
- Dow Chemical must comply with new Indian Court summons on Bhopal disaster (Amnesty International)
- Dow Chemical Continues to Deny Legal Responsibility for Bhopal Disaster Victims (Business & Human Rights Resource Centre)
- Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (2008) (Justia)
- Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales (Légifrance)
- Billionaire wealth jumps three times faster in 2025 to highest peak ever (Oxfam International)
- Billionaires are richer than ever, says Oxfam (CNBC)
