El 29 de junio de 2026, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español resolvió un litigio menor, abierto por la devolución inmediata a Marruecos de un ciudadano argelino interceptado a nado frente a Ceuta en noviembre de 2024. El fallo, confirmado a comienzos de julio, estableció que la ley no permite el rechazo automático en frontera de quien cruza nadando, porque nadar no equivale a superar una valla ni ningún otro elemento físico de contención. Cinco semanas más tarde, decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta convencidas, a través de una cadena de mensajes en WhatsApp, Instagram y TikTok, de que España había abierto la frontera. Decenas de personas murieron en el intento. Italia suspendió de forma unilateral el régimen Schengen con España, el espacio que desde 1995 permite viajar sin control de pasaportes entre la mayoría de países europeos, veintidós países firmaron una carta exigiendo que Bruselas le retire a Madrid la gestión de sus fronteras exteriores, y Donald Trump convirtió la escena en advertencia electoral para su propio país. En ningún comunicado oficial de ninguno de esos actores aparece mencionado el tribunal que, dos años antes, puso en marcha toda la secuencia.
El expediente argelino y el fallo del 29 de junio
El caso no nace de una crisis. Nace de un trámite administrativo ordinario. En noviembre de 2024, un ciudadano argelino fue interceptado en el mar al intentar llegar a nado hasta Ceuta y entregado de inmediato a las autoridades marroquíes, bajo la figura conocida en España como rechazo en frontera, un mecanismo que permite devolver de manera sumaria a quien intenta cruzar superando vallas u otros elementos de contención, sin pasar por el procedimiento ordinario de expulsión con sus garantías legales completas. La decisión fue recurrida. La Abogacía del Estado defendió la devolución. El Tribunal Supremo, en su fallo del 29 de junio, le dio la razón al recurrente.
El razonamiento del tribunal es estrecho y técnico, casi aburrido, lo cual no le resta consecuencias. La disposición adicional que regula el rechazo en frontera se aplica a quien supera un elemento de contención fronteriza, una valla, un muro, un dispositivo físico de barrera. Quien entra al agua y nada no supera nada de eso. El fallo no impide deportar a esa persona. Solo impide hacerlo por la vía exprés, obligando a la Administración a tramitar una expulsión ordinaria, con abogado, con plazos, con posibilidad de solicitar asilo.
Ese matiz técnico convive con un antecedente incómodo. En febrero de 2020, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos había fallado en sentido contrario en el caso N.D. y N.T. contra España, avalando el rechazo en frontera de dos hombres que escalaron la valla de Melilla en 2014, y revirtiendo así una condena previa a España de 2017. Aquella sentencia europea se refería explícitamente a quienes superan un elemento de contención físico, una valla con concertinas, vigilada, señalizada. El Supremo español, seis años después, no la contradice, la acota, dejando fuera del supuesto exactamente a quien no trepa ninguna valla porque entra por el agua abierta, sin vigilancia física que superar ni aviso previo que ignorar.
No hay contradicción entre ambos tribunales, porque preguntan cosas distintas. La Gran Sala de Estrasburgo evaluó si España podía expulsar colectivamente a quienes forzaron una entrada masiva por la valla sin haber agotado ninguna vía legal de acceso, y concluyó que sí podía. El Supremo español, en junio de 2026, no evaluó eso. Evaluó únicamente si nadar equivale, en los términos exactos de la ley española, a superar un elemento físico de contención. Son dos tribunales respondiendo a dos preguntas jurídicas distintas, no dos tribunales en desacuerdo.
Es una sentencia que amplía una garantía procesal ya prevista en la ley española desde hace años para otros supuestos, no una puerta abierta ni una invitación.
De la sentencia al rumor
Lo que ocurrió después no tiene relación jurídica alguna con el contenido del fallo, aunque sí una relación causal con su existencia. A finales de julio, cuentas de Instagram comenzaron a difundir mensajes asegurando que la frontera de Ceuta permanecería abierta. Le siguieron publicaciones de Facebook con rutas de cruce y videos de TikTok mostrando por dónde nadar y cómo evadir a los guardacostas. Los mensajes eran directos, “la puerta de Ceuta está abierta”, “hoy es el día”, “Tetuán, vamos”. La concentración creció en Fnideq hasta convertirse en una corriente humana que ningún control logró contener. El medio marroquí Alyaoum24 atribuyó la campaña a grupos de WhatsApp con “fines perversos”, coincidiendo deliberadamente con el Día del Trono, la fiesta que conmemora la coronación de Mohamed VI, como si el objetivo secundario fuera exhibir el desgobierno de la frontera en la fecha más simbólica del calendario oficial marroquí.
España calculó cerca de 60.000 entradas en pocos días y desplegó más de 2.500 militares junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el espigón del Tarajal se instaló una barrera neumática de 500 metros, con una parte sumergida de hasta un metro, para frenar los cruces a nado que la sentencia de junio había dejado fuera del rechazo automático. Marruecos, en un comunicado emitido tres días después de iniciada la crisis, habló de 40.000 entradas y atribuyó el episodio a “factores superpuestos”, sin nombrar el fallo judicial español entre ellos, mientras empezaba a trasladar en autobuses a cientos de migrantes hacia distintos puntos del país.
La Guardia Civil española recuperó 67 cuerpos en la costa de Ceuta tras el intento de cruce, cifra citada por Emol y otros medios; Marruecos, por su parte, reportó 11 cadáveres recuperados en sus propias aguas, un conteo distinto por jurisdicción, no una cifra contradictoria.
La desinformación explica cómo se propagó el pánico, no por qué existía algo real detrás de ese pánico al que aferrarse. Una sentencia que efectivamente cambiaba el procedimiento para quien llega a nado le dio a un rumor falso un ancla de verosimilitud que otros rumores migratorios anteriores nunca tuvieron.
La política internacional decide no hablar de jueces
Italia actuó primero. El gobierno de Giorgia Meloni suspendió el 1 de agosto, durante un mes, el régimen Schengen con España, cerrando sus fronteras aéreas y marítimas a ciudadanos no comunitarios. Meloni la calificó de “medida extraordinaria” para “salvaguardar la seguridad nacional”. Fue la primera vez que un Estado miembro suspende unilateralmente Schengen contra otro por un desacuerdo de política migratoria, y no por una amenaza terrorista.
La suspensión no es simbólica. Durante un mes, viajar de Roma a Madrid dejó de ser un trámite de aeropuerto sin control y volvió a exigir pasaporte revisado, con las demoras y las colas que el propio espacio Schengen fue diseñado, en 1995, para eliminar entre sus miembros.
Días después llegó la carta. Firmada por veintidós países y correredactada por Meloni junto a la primera ministra danesa Mette Frederiksen, exigía a la Comisión Europea una reunión extraordinaria de ministros de Interior y advertía que “la Unión Europea no puede permitir pasos masivos incontrolados” ni tolerar la “instrumentalización de la migración”. Frederiksen pertenece al Partido de los Socialistas Europeos, la misma familia política que el PSOE de Sánchez. Su firma no aparece por accidente ni por presión externa. Dinamarca lleva desde 2019 aplicando, bajo gobiernos socialdemócratas, algunas de las políticas migratorias más restrictivas del continente, incluida una ley que autoriza confiscar joyas y efectivo a solicitantes de asilo por encima de cierto valor para costear su propia manutención. Cinco países, entre ellos España, decidieron quedarse al margen de la carta.
Donald Trump, desde Camp David, llevó el episodio a su propio terreno electoral. Dijo haber visto “la catástrofe” en España y advirtió que a Estados Unidos “le va a pasar lo mismo en tres años” si el resultado no le favorece a su bando. La Casa Blanca atribuyó la crisis a las “políticas globalistas de izquierda” de Sánchez, sin que su secretario de Estado, Marco Rubio, emitiera declaración propia sobre el caso. Vox, en España, unió en el mismo discurso la llegada de jóvenes marroquíes y la regularización de residentes latinoamericanos que el Gobierno tramitaba desde meses antes, sin relación alguna entre ambos procesos. Sánchez respondió apelando a los tratados europeos y a los datos, defendiendo que la cooperación con Marruecos había sido “constante, fluida y muy razonable”. En ninguna de estas declaraciones, de ningún actor, en ningún idioma, aparece mencionado el Tribunal Supremo ni su fallo del 29 de junio.
La selectividad del pánico
Nadie, en ese coro internacional, menciona tampoco por qué decenas de miles de jóvenes estuvieron dispuestos a arriesgar la vida por un rumor de WhatsApp. El desempleo juvenil marroquí ronda el 35 por ciento. Entre 2015 y 2024, el país perdió 1,2 millones de empleos rurales, una caída vinculada a sequías cada vez más frecuentes que golpearon la agricultura y los ingresos familiares. El crecimiento económico previsto para 2026, cercano al 3,7 por ciento, se apoya en inversiones que no generan suficiente empleo para una generación más formada que la anterior y con menos oportunidades reales. Un rumor falso solo mueve a tanta gente cuando la vida que deja atrás ya no ofrece nada que perder.
Mientras Ceuta ocupaba portadas, España tramitaba, por vía completamente distinta, la regularización administrativa de personas que llevaban años residiendo en su territorio. El Real Decreto permite regularizar a quienes solicitaron protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o acrediten al menos cinco meses de estancia, con tramitación prevista entre abril y el 30 de junio de 2026. Sumada a la Ley de Memoria Democrática, que otorga nacionalidad a descendientes de exiliados, el Partido Popular estima que el Gobierno terminará legalizando hasta 3,5 millones de personas, y advirtió del riesgo de que el proceso se convirtiera en un “coladero” para antecedentes penales no verificados.
De las 840.000 personas en situación irregular que el decreto busca regularizar, 760.000 proceden del continente americano, con Colombia como principal país de origen, cerca de 290.000 personas, seguida de Perú y Honduras.
Un joven marroquí que cruza a nado por un rumor falso y un colombiano que lleva cinco años trabajando en Madrid sin papeles no comparten ni origen, ni ruta, ni estatus legal, ni vínculo alguno con una misma decisión de gobierno. El discurso que los funde en la palabra avalancha no describe un fenómeno, lo fabrica. Y esa fabricación necesita, para funcionar, que nadie mencione al tribunal que hizo posible la escena que la hizo verosímil.
A la derecha europea nombrarlo la obligaría a admitir que el origen es una ampliación de garantías procesales, no una debilidad de Sánchez, lo cual arruinaría de un plumazo el relato de invasión que sostiene la carta de los veintidós y la suspensión italiana de Schengen. A Sánchez nombrarlo lo obligaría a defender en público una decisión judicial independiente que no dictó él, que no controla, y que de todas formas ya le están cobrando en cada cumbre europea, así que prefiere hablar de tratados y de cooperación con Rabat. A Trump nombrarlo no le sirve para nada, porque su público electoral no necesita un tribunal español, necesita una imagen de caos que confirme lo que ya cree sobre la izquierda global. Cada actor construye, con la misma materia prima, una historia distinta y útil solo para sí mismo.
Ninguno de los tres tiene nada que ganar con la precisión. La sentencia del 29 de junio seguirá existiendo, publicada, consultable, ignorada, mientras Bruselas discute competencias, mientras Roma cuenta los días de su suspensión, mientras Washington la convierte en anuncio de campaña. Los muertos en el agua frente a Ceuta, esos sí, no tienen portavoz…
G.S.
Fuentes
- El Tribunal Supremo confirma que la ley no permite las devoluciones en caliente de los migrantes que pretenden entrar a nado en Ceuta y Melilla
- Esta es la sentencia que ha desatado el asalto a Ceuta de miles de inmigrantes por mar
- Las claves de la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente en Ceuta
- Las devoluciones en caliente en el asunto N.D. y N.T. contra España (Gran Sala TEDH, 13 de febrero de 2020)
- Ceuta, así fue la campaña de desinformación que alimentó la llegada masiva de migrantes a la frontera española
- Marruecos rompió el silencio sobre Ceuta, lo atribuyó a factores superpuestos
- Crisis en Ceuta, la cifra de migrantes fallecidos procedentes de Marruecos aumenta a 67
- El Gobierno instala una barrera de 500 metros en el espigón del Tarajal de Ceuta
- Italia cumple su amenaza y suspende el acuerdo Schengen con España
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- Meloni usa Ceuta contra Sánchez, Italia al frente de 22 países para culpar a España por regularizar migrantes
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