En 1997, cuando los hermanos Castaño reunieron a las autodefensas campesinas de Córdoba, del Magdalena Medio y de los Llanos Orientales bajo una sola bandera, no fundaron un ejército irregular más entre tantos que ya poblaban el mapa colombiano. Fundaron una administración paralela, financiada por ganaderos, agroindustriales y narcotraficantes, que durante casi una década gobernó territorios enteros con una eficacia que el Estado legal nunca alcanzó ni buscó alcanzar. Las Autodefensas Unidas de Colombia no fueron un accidente de la guerra ni una reacción espontánea de campesinos hartos de la extorsión guerrillera, como insiste todavía cierta memoria oficial. Fueron una técnica de gobierno, deliberada y rentable, que sustituyó al Estado ausente allí donde la reforma agraria nunca llegó, y que dejó, al desmovilizarse entre 2003 y 2006, una arquitectura de poder que el país todavía no logra desmontar.
I. Convivir, el barniz legal de un ejército privado
En 1994 el gobierno de Ernesto Samper autorizó, mediante decreto, la creación de las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada pensadas como puente entre civiles armados y fuerza pública en zonas de alta presencia guerrillera. La justificación oficial hablaba de colaboración ciudadana. La práctica fue otra cosa. En Urabá y en Córdoba, las mismas zonas donde después operarían los bloques paramilitares más letales del país, las Convivir sirvieron de fachada legal a estructuras que ya existían de facto, financiadas por ganaderos y agroindustriales que consideraban la vacuna guerrillera un impuesto insoportable y que preferían pagar por protección privada antes que negociar con el Estado una reforma agraria que nunca llegaba.
Los hermanos Castaño no partían de cero. Fidel Castaño había comprado tierras en Urabá y Córdoba desde mediados de los ochenta, muchas veces mediante violencia directa contra campesinos que se negaban a vender, construyendo un corredor estratégico pensado para el narcotráfico antes que para la contrainsurgencia. Tras su muerte en 1994, Carlos y Vicente heredaron el mando y consolidaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, la ACCU, incorporando a exguerrilleros desmovilizados del EPL que en 1994 controlaban Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó y que decidieron aliarse con quienes antes combatían para sobrevivir frente a las FARC. El reciclaje de excombatientes en nuevas estructuras armadas, tema que atraviesa toda esta serie desde el episodio dedicado al ELN y al M-19, encontró aquí una de sus versiones más cínicas, no hacia la vida civil sino hacia otra guerra.
Para 1996 la ACCU había lanzado una ofensiva hacia el Nudo de Paramillo con el objetivo de controlar un corredor por el que circulaban armas, droga y hombres entre dos océanos. El Ejército Nacional reconocería años después, ante la Comisión de la Verdad, que las Convivir se convirtieron en un arma de doble filo, un mecanismo que el propio Estado había habilitado y que terminó fortaleciendo exactamente a los actores que decía querer contener.
En Antioquia, el impulso a las Convivir tuvo nombre y cargo. Álvaro Uribe Vélez, gobernador del departamento entre 1995 y 1997, promovió activamente esas cooperativas junto a su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, hasta llegar a ochenta y siete asociaciones autorizadas solo en el departamento. Magistrados del Tribunal Superior de Medellín señalarían años después que el periodo de mayor expansión paramilitar en la región coincidió exactamente con esa gobernación, sin que la justicia haya establecido hasta ahora una responsabilidad penal directa contra Uribe por ese hecho concreto.
Su hermano Santiago Uribe Vélez sí fue condenado, en un proceso distinto y anterior en el tiempo a los hechos de este episodio. La Corte Suprema de Justicia confirmó en junio de 2026, sin posibilidad de recurso, la condena de veintiocho años y tres meses de prisión dictada contra él por conformar y dirigir Los Doce Apóstoles, un grupo paramilitar que operó en Yarumal, norte de Antioquia, entre finales de los ochenta y 1994, y que la propia Corte calificó como una política de exterminio constitutiva de crímenes de lesa humanidad, ejecutada con el apoyo, por acción u omisión, de agentes del Estado, sobre todo de la Policía. La coincidencia familiar, geográfica y cronológica entre ambos episodios no prueba nada sobre el primero. Pero deja establecido con sentencia en firme lo que en el segundo permanece documentado sin adjudicar, que el paramilitarismo antioqueño de los noventa no fue una fuerza anónima llegada de ningún lugar. Tuvo apellidos conocidos, algunos ya juzgados, otros todavía no.
II. La federación del terror, 1997
El 18 de abril de 1997, Carlos y Vicente Castaño convocaron en Córdoba a las autodefensas de Boyacá, a las lideradas por Ramón Isaza en el Magdalena Medio y a las de los Llanos Orientales. El propósito no era militar únicamente. Era político. Nació así la federación de las Autodefensas Unidas de Colombia, con mando unificado, aspiración de reconocimiento como actor negociador frente al Estado y, sobre todo, un plan de expansión nacional que en pocos años pasaría de nueve estructuras fundadoras a cerca de cuarenta bloques y frentes regionales.
El dinero venía de tres fuentes que se reforzaban entre sí. Ganaderos y agroindustriales de las zonas de expansión pagaban cuotas de protección a cambio de que las AUC expulsaran a la guerrilla y garantizaran el orden que el Estado no imponía. Empresas petroleras y carboneras, nacionales y extranjeras, financiaron directa o indirectamente la seguridad de sus operaciones en regiones donde la autodefensa se convirtió en subcontratista de facto de la extracción. Y el narcotráfico, que según el propio Carlos Castaño representaba hasta el setenta por ciento de los ingresos de la organización, terminó por definir la lógica territorial de la expansión, siguiendo las rutas y los cultivos antes que ninguna otra variable. Washington designó a las AUC como organización terrorista internacional en 2001, una etiqueta que convivió sin contradicción aparente con la connivencia que sectores del propio aparato de seguridad colombiano mantenían con la organización sobre el terreno.
Para el año 2000 las AUC ya operaban en Urabá, Córdoba, Magdalena Medio, Casanare y buena parte de los Llanos Orientales. No eran una guerrilla de derecha en el sentido clásico. Eran una federación de negocios armados con vocación de gobierno regional, capaz de fijar impuestos, administrar justicia sumaria y decidir quién vivía y quién no en los territorios bajo su control.
Los propios estatutos de la federación, redactados en sus primeros años, hablaban de un plan político nacional y de una vocación de interlocución con el Estado como actor beligerante, no como simple delincuencia organizada. Esa aspiración explica por qué, a diferencia de un cartel de narcotráfico convencional, las AUC construyeron alcaldías paralelas, financiaron campañas electorales locales y regionales y llegaron a fijar un impuesto por hectárea en las zonas ganaderas bajo su control, una cuota fija que sustituía de facto cualquier tributación estatal. Gobernar, para las AUC, no era una metáfora.
III. Territorio bajo control, muertos para probarlo
El control territorial de las AUC no se sostuvo en la persuasión. Se sostuvo en el terror aplicado con método, ensayado primero y repetido después hasta convertirse en rutina administrativa.
Mapiripán marcó el patrón. Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cerca de un centenar de hombres de la ACCU volaron desde Urabá en dos aviones, fueron recibidos por vehículos oficiales en el aeropuerto de San José del Guaviare y ejecutaron durante cinco días a la población señalada como colaboradora de la guerrilla, arrojando buena parte de los cuerpos al río Guaviare para que nunca se contaran. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en 2005 al menos cuarenta y nueve víctimas, una cifra que la propia Fiscalía cuestionó años después al documentar fraudes en el cobro de indemnizaciones por parte de personas que nunca habían muerto allí. Lo que no admite disputa es la sentencia. El general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la brigada con jurisdicción sobre la zona, fue condenado a treinta y siete años de prisión no por participar en la masacre sino por omitirla, por conocer con antelación suficiente lo que iba a ocurrir y no impedirlo.
El Salado repitió la fórmula a mayor escala. Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, cerca de cuatrocientos cincuenta hombres del Bloque Norte y del Bloque Héroes de los Montes de María ocuparon el corregimiento durante seis días, concentraron a buena parte de la población en la cancha de fútbol del pueblo y ejecutaron, según el recuento del Centro Nacional de Memoria Histórica, al menos sesenta personas, cifra que investigaciones posteriores de la Fiscalía elevaron a más de cien. Un helicóptero militar sobrevoló la zona antes de que comenzara la matanza. La Infantería de Marina, encargada de proteger la región, llegó tres días después de que todo hubiera terminado.
Trujillo, en el Valle del Cauca, entre 1988 y 1994, había mostrado antes que el mismo guion venía ensayándose desde bastante antes de que existiera la sigla AUC.
Según el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos paramilitares fueron responsables del 58,9% de las 1.982 masacres documentadas entre 1980 y 2012 en Colombia, equivalente a 1.167 hechos.
Mapiripán y El Salado no fueron los casos más sangrientos. Fueron los mejor documentados. La cifra agregada del Basta ya confirma que ambos pertenecen a un patrón, no a un exceso puntual. En un conflicto con cuatro actores armados principales, un solo actor concentró casi seis de cada diez masacres registradas. El propósito no era simplemente eliminar enemigos, era fijar un precedente que hiciera innecesaria la repetición del castigo, expulsar poblaciones enteras de zonas con valor estratégico o económico, y ocupar las tierras que quedaban vacías tras el desplazamiento. La Contraloría estimó que entre 1995 y 2004, en los años de mayor expansión paramilitar, más de ocho millones de hectáreas fueron abandonadas o despojadas por la fuerza en todo el país. El agravio agrario que esta serie ha rastreado desde la huelga bananera de 1928 no se resolvió con las AUC. Se profundizó, con una capa adicional de despojo que convirtió la concentración de la tierra en el resultado directo, y no accidental, de una campaña de terror sostenida durante casi una década.
IV. La connivencia institucional y la parapolítica
Ningún actor armado de esa magnitud opera durante una década sin apoyo, tolerancia o participación directa de sectores del Estado. La Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica documentaron patrones de connivencia entre unidades del Ejército, la Policía y estructuras paramilitares en regiones enteras, desde el suministro de inteligencia hasta la coordinación de operativos conjuntos. No fue una excepción regional aislada. Fue, en muchos territorios, la manera normal en que el Estado ejercía su presencia militar.
La dimensión política de esa connivencia tiene nombre propio, la parapolítica. El escándalo estalló a mediados de los dos mil, cuando la Corte Suprema empezó a condenar a congresistas por vínculos directos con jefes paramilitares. Al cierre de los procesos judiciales, cerca de sesenta congresistas habían sido condenados y más de ciento cincuenta habían sido investigados, casi un tercio del Congreso elegido en las elecciones de 2002. Muchos de ellos habían firmado el llamado Pacto de Ralito, un acuerdo de julio de 2001 en el que políticos regionales se comprometieron a refundar el país bajo los términos de las AUC, un documento que sus propios firmantes reconocerían después ante la justicia. La continuidad con episodios anteriores de esta serie resulta ineludible. El exterminio de la Unión Patriótica entre 1984 y comienzos de los noventa, miles de militantes asesinados por redes paramilitares y agentes estatales en connivencia documentada, no fue un antecedente aislado del paramilitarismo de los noventa. Fue su ensayo general, la prueba de que la eliminación física de una alternativa política podía ejecutarse con impunidad casi total.
Esa misma lógica institucional, la de tolerar o directamente producir violencia ilegal a cambio de resultados de seguridad, reapareció bajo otra forma entre 2002 y 2008, durante los años de mayor intensidad de la política de Seguridad Democrática, cuando civiles sin ningún vínculo con la guerrilla empezaron a aparecer muertos y vestidos de uniforme para que contaran como bajas en combate.
La Jurisdicción Especial para la Paz documentó que entre 2002 y 2008 al menos 6.402 civiles colombianos fueron asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate, cifra que en 2026 la propia jurisdicción amplió a 7.837 casos al extender el periodo de investigación entre 1990 y 2016.
El paramilitarismo y los falsos positivos no fueron fenómenos paralelos que coincidieron en el tiempo por azar. Compartieron la misma raíz, un aparato de seguridad dispuesto a producir muertos como métrica de eficacia y un sistema político dispuesto a mirar hacia otro lado mientras los resultados favorecieran la narrativa oficial.
V. El desarme que no desarmó nada
En julio de 2003 el gobierno de Álvaro Uribe firmó con las AUC el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, con la meta de desmovilizar cerca de veinte mil combatientes antes de 2005. El plazo se estiró hasta agosto de 2006. Entre el Bloque Cacique Nutibara, desmovilizado en Medellín en noviembre de 2003, y el último de los treinta y ocho actos colectivos de entrega de armas, el gobierno reportó 31.671 excombatientes desmovilizados y 18.051 armas entregadas. Investigaciones posteriores del Centro Nacional de Memoria Histórica sugieren que la fuerza real de las AUC en el momento de la negociación rondaba entre catorce mil y dieciséis mil combatientes, y que la cifra final se infló, con la anuencia tácita de ambas partes, para dar mayor peso político al proceso.
De los desmovilizados, apenas 4.588 fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, la 975 de 2005, que exigía confesión completa a cambio de penas reducidas de entre cinco y ocho años. La inmensa mayoría de los combatientes rasos quedó fuera de ese marco, cubierta años después por un mecanismo más laxo, la Ley 1424 de 2010, sin exigencia judicial real. El 13 de mayo de 2008, en pleno proceso de confesiones que empezaban a incomodar a sectores políticos y económicos, el gobierno extraditó de manera sorpresiva a catorce máximos jefes paramilitares a Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico, una decisión que organizaciones de víctimas denunciaron como un cierre forzado de la verdad judicial en Colombia justo cuando esta empezaba a nombrar responsables.
Vicente Castaño nunca se presentó al sitio de concentración ordenado para agosto de 2006. Su desaparición, nunca confirmada con certeza, coincidió con el surgimiento de nuevas estructuras que el propio gobierno de Uribe bautizó con un eufemismo administrativo, bandas criminales, Bacrim. Los Urabeños, después Autodefensas Gaitanistas de Colombia y hoy conocidos como Clan del Golfo, junto a Los Rastrojos, las Águilas Negras y otras siglas menores, heredaron rutas, territorios, redes de complicidad local y, en no pocos casos, a los mismos mandos medios que habían firmado su desmovilización años antes. El desarme fue real en el papel. En el terreno, la técnica de gobierno paramilitar sencillamente cambió de nombre.
Cierre
Nada de esto encaja en el relato de una guerra entre dos bandos claramente definidos. Las AUC nacieron de un vacío estatal, crecieron con financiación de élites regionales legales, se sostuvieron con dinero del narcotráfico, contaron con complicidad documentada de sectores del Estado y se desmovilizaron sin desmontar ni la estructura económica ni la política que las hizo posibles. De las tierras que la justicia transicional ha logrado restituir hasta ahora, apenas medio millón de hectáreas en casi tres décadas de conflicto, la mitad fueron usurpadas específicamente por estructuras paramilitares, la prueba más concreta de que el despojo nunca fue un daño colateral sino el objetivo mismo de la operación. Donde el Estado debía llegar con catastro, jueces y títulos de propiedad, llegó primero con retenes, y cuando no llegó siquiera con eso, llegaron los Castaño. Veintinueve años después de aquella reunión de abril de 1997, buena parte de las tierras despojadas sigue sin restituirse, buena parte de los responsables políticos e institucionales sigue sin nombrarse con todas sus letras, y las siglas herederas de las AUC siguen decidiendo, en franjas enteras del país, quién entra y quién sale. El paramilitarismo no terminó en 2006. Se volvió estructural, se volvió invisible para quien no vive en sus zonas de control, y a partir de allí siguió gobernando…
G.S.
Fuentes
- Caso 03, Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado
- Falsos positivos, JEP dice que no son 6.402 sino 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, El Espectador
- Informe ¡Basta ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad, Centro Nacional de Memoria Histórica
- Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final
- Nacen las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Comisión de la Verdad
- Convivir, base para el surgimiento de las AUC, Comisión de la Verdad
- AUC, InSight Crime
- Más de 13 mil desmovilizados de grupos paramilitares han contribuido a la verdad histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica
- Informe sobre el proceso de desmovilización de las AUC de Colombia, CIDH
- Condenan al general Uscátegui por masacre de Mapiripán, El Espectador
- Masacre de El Salado, Centro Nacional de Memoria Histórica
- ¿Cuáles son los hechos que comprometerían a Uribe Vélez en el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia?
- Paramilitares con carné, las Convivir que avaló Álvaro Uribe, Vorágine
- Corte Suprema deja en firme condena de Santiago Uribe Vélez por Los 12 Apóstoles, Cambio
