El 13 de mayo de 2026, Boris Siegenthaler firmó un documento. No dio un discurso ante el Parlamento Europeo. No contrató una agencia de relaciones públicas para explicar su visión del mundo digital. No publicó un manifiesto. Firmó un documento que transfirió la mayoría de los derechos de voto de Infomaniak Group SA, la empresa de computación en la nube que fundó hace más de treinta años en un cobertizo de jardín a las puertas del CERN en Ginebra, a la Fundación Infomaniak, una estructura de derecho suizo de utilidad pública. Desde esa fecha, la empresa es, en el sentido más preciso y más radical del término, invendible.
La palabra no existe en el vocabulario del capitalismo de plataformas. No figura en los manuales de gestión ni en las hojas de ruta de los fondos de inversión que administran el mundo tecnológico desde sus oficinas en San Francisco, Nueva York y Londres. Todo se vende. Todo tiene un precio. WhatsApp valió 19.000 millones de dólares en 2014 cuando Meta la adquirió. Instagram, un año antes, 1.000 millones. TikTok lleva años en el escaparate, esperando a que algún gobierno encuentre la fórmula política para que Pekín ceda el algoritmo a precio razonable. El sector europeo del cloud, presentado durante años como alternativa soberana a los gigantes americanos, no escapa a esa lógica. Y la historia reciente lo demuestra con una brutalidad que no necesita adorno.
Lyon, agosto de 2025: el ensayo general
En agosto de 2025, el fondo estadounidense Carlyle, que gestiona unos 450.000 millones de dólares en activos, puso 525 millones de euros sobre la mesa para hacerse con Ciril Group. El nombre dirá poco a quienes no siguen de cerca la infraestructura digital francesa. Ciril Group es un operador lionés discreto, fundado en 1978, con 500 empleados y diez oficinas repartidas por Francia, especializado en software de gestión y alojamiento de datos para las colectividades locales: municipios, departamentos, organismos públicos, hospitales. Sus clientes manejan datos de salud de la población, registros civiles, finanzas municipales, información de servicios sociales. La mitad de sus clientes son actores públicos. La familia propietaria aceptó la oferta. Lo que siguió fue exactamente lo que siempre sigue: Bercy abrió una investigación. El Servicio de Información Estratégica y de Seguridad Económica del ministerio fue convocado. Varios diputados enviaron cartas al ministro. La diputada Sophia Chikirou alertó públicamente sobre los riesgos de exponer los datos nacionales a legislaciones extraterritoriales. El Ministerio de Economía estudió incluso una participación paralela de Bpifrance junto a Carlyle para atenuar la pérdida de soberanía. Ruido institucional, preguntas parlamentarias, investigaciones abiertas. Ciril Group quedó, de todas formas, en manos de un fondo de inversión registrado bajo jurisdicción estadounidense. El mecanismo funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar.
Ese es el problema. Eso es lo que ocurre cuando no hay un documento como el que firmó Siegenthaler.
El arma legal que nadie vio venir
El instrumento jurídico que hace urgente ese documento tiene un nombre preciso: Cloud Act. Adoptado por el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 2018, enterrado en el fondo de una ley de presupuestos de dos mil páginas que nadie leyó completa, el Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act modifica el Stored Communications Act de 1986, un texto redactado cuando internet era un proyecto universitario y el almacenamiento masivo de datos en servidores externos no existía como concepto comercial. El principio que establece es sencillo en su formulación y devastador en sus consecuencias: las autoridades federales estadounidenses pueden obligar a cualquier empresa bajo jurisdicción americana a entregar los datos que controla, independientemente de donde estén almacenados físicamente. No importa si los servidores están en Frankfurt, en Dublín, en São Paulo o en Ginebra. No importa si los datos pertenecen a ciudadanos que jamás pisaron suelo norteamericano y no tienen ninguna relación con ninguna investigación americana. No importa si la empresa cumple escrupulosamente con todas las normas de protección de datos de su país. Lo que importa, el único criterio que el Cloud Act reconoce, es la jurisdicción aplicable al proveedor.
El aspecto más inquietante del dispositivo no es técnico sino procesal. Ningún procedimiento de asistencia judicial internacional es requerido. La persona o la organización cuyos datos son objeto de la solicitud no es informada. El Estado donde residen físicamente los datos no es consultado. El acuerdo se produce directamente entre la agencia federal americana y la empresa americana. El resto del mundo observa desde afuera, sin saber que la operación tuvo lugar. En 2019, un informe de la Asamblea Nacional francesa calificó el Cloud Act como una etapa suplementaria del unilateralismo extraterritorial americano que instaura un sistema de recolección de datos en beneficio de las autoridades americanas ignorando totalmente la soberanía de los Estados y la aplicación de sus normas de derecho. El informe fue debatido. Fue bien recibido. Se archivó. No cambió nada.
Lo que hace el Cloud Act no es un error ni una anomalía que podría corregirse con un tratado más cuidadoso. Es una decisión política deliberada: la geografía no importa, la soberanía de los Estados sobre sus datos es una ilusión administrativa cuando colisiona con una orden federal americana.
265.000 millones de euros bajo jurisdicción extranjera
Ese principio se aplica a una infraestructura que tres empresas estadounidenses controlan en proporciones que ningún debate europeo ni latinoamericano ha logrado reducir de manera significativa. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud capturan entre el 62% y el 69% del mercado mundial del cloud. En Europa, los actores americanos absorben el 83% de los gastos en software y servicios cloud a uso profesional, según un estudio del Cigref de abril de 2025: 265.000 millones de euros anuales bajo jurisdicción extranjera. Los principales proveedores europeos alternativos, SAP, Deutsche Telekom, OVH, alcanzan aproximadamente el 2% de cuota de mercado cada uno. El mercado habló. Lleva décadas hablando.
América Latina no está en una posición distinta. Brasil, México, Colombia, Argentina alojan sus datos gubernamentales, sanitarios y financieros en infraestructuras dominadas por los mismos tres actores, sometidos al mismo Cloud Act. AWS expande activamente su presencia en la región con nuevas zonas en México y proyectos en Chile. El uso de cloud crece en todos los países latinoamericanos, pero las leyes locales de protección de datos, la LGPD brasileña, las normas colombianas, las regulaciones sectoriales mexicanas, no han modificado la dependencia estructural. Los datos de los ciudadanos latinoamericanos, sus registros médicos, sus transacciones bancarias, sus comunicaciones, transitan por infraestructuras que un tribunal federal de los Estados Unidos puede solicitar en cualquier momento, sin previo aviso, sin procedimiento internacional, sin informar a nadie.
Ocho años de respuestas que no responden nada
Europa lleva ocho años intentando responder a esa realidad. Desde 2018, el Consejo Europeo trabaja en su proyecto de directiva e-Evidence, su propio Cloud Act europeo, destinado a armonizar las órdenes europeas de producción de pruebas electrónicas. En abril de 2026, la Comisión Europea asignó un contrato de 180 millones de euros a cuatro proyectos de cloud soberano para sus propias instituciones, descrito en los comunicados oficiales como una primera señal concreta en favor de una infraestructura más controlada. La Oficina Federal de Salud Pública suiza está intentando excluir a Microsoft, Google e IBM de su proyecto de digitalización de datos sanitarios SwissHDS porque los juristas del gobierno federal concluyeron que el Cloud Act es incompatible con la protección de datos médicos. Amazon lanzó su European Sovereign Cloud, una construcción de marketing que sus propios críticos jurídicos califican de ficción: mientras el proveedor sea una empresa americana, la soberanía operacional no produce soberanía jurídica. La geografía de los servidores no cambia la jurisdicción del operador. Microsoft aumentó sus precios a los clientes europeos hasta un 25% en 2026, sin que ningún gobierno pudiera hacer nada distinto a protestar.
Son señales, dicen los analistas. Son declaraciones de intención, precisan los ministerios. Son procesos en curso, confirman los gabinetes de comunicación. No son documentos firmados que produzcan efectos jurídicos inmediatos e irreversibles.
La muralla que sí funciona
Boris Siegenthaler firmó un documento que produce efectos jurídicos inmediatos e irreversibles.
La arquitectura que construyó merece ser entendida en su precisión, porque no es simbólica. La Fundación Infomaniak, estructura de utilidad pública reconocida bajo derecho suizo y sometida a la vigilancia de las autoridades cantonales ginebrinas, recibe acciones especiales no cesibles que le confieren el 65% de los derechos de voto de la empresa, manteniendo solo el 15% de su valor económico. Esta disociación entre poder de control y valor financiero es el núcleo del dispositivo: separa la gobernanza de la lógica de mercado. Ningún comprador, ningún fondo de inversión, ningún heredero, ninguna oferta futura puede modificar los compromisos fundadores sin el acuerdo de la Fundación. No hay precio suficiente porque no hay mecanismo de venta posible. La operación fue validada por unanimidad por Siegenthaler y los 36 colaboradores accionistas de la empresa. Una Charte des participations firmada inscribe en los estatutos los principios de independencia, soberanía digital, protección de la vida privada, arraigo local y responsabilidad medioambiental. Son compromisos exigibles ante un tribunal. No son valores publicados en la página web.
La empresa que ese documento protege tiene una realidad material que importa precisar. Infomaniak no es una startup ideológica que vive de subvenciones públicas y de la buena conciencia de sus fundadores. Facturó 56 millones de francos suizos en 2025, con un crecimiento del 17% sobre el año anterior, en una industria que normalmente exige capital externo masivo para escalar. Sus 316 empleados trabajan todos en Suiza, sin subcontratación en el extranjero. Sus centros de datos en Ginebra y Zúrich son diseñados, operados y asegurados sin intermediarios extranjeros. Su nuevo centro de datos en Plan-les-Ouates, construido en el subsuelo de una cooperativa residencial, recupera el 100% de la electricidad consumida para calentar 6.000 hogares del cantón de Ginebra a través de la red de calefacción urbana. Sus impuestos se pagan donde se crea el valor, sin optimización fiscal ni estructuras offshore. Autofinancia su desarrollo desde su fundación. No necesitó vender para sobrevivir. Nunca lo necesitó, y eso es exactamente lo que hace posible el documento.
Desde adentro
Este artículo está alojado en los servidores de Infomaniak. No como publicidad, sino como posición de quien escribe: AcidReport eligió a Infomaniak antes de que ese gesto se convirtiera en una declaración política, antes de que la fundación existiera, antes de que el Cloud Act fuera objeto de debate en los ministerios europeos. Los datos de esta publicación están en Ginebra, bajo derecho suizo, en una empresa que acaba de blindarse jurídicamente contra cualquier adquisición extranjera. Lo sabíamos independiente. Ahora lo es por escrito, con consecuencias que ningún fondo americano puede revertir.
Lo que hizo Siegenthaler no es el gesto romántico de un empresario con buena conciencia. Es ingeniería jurídica fría, aplicada con precisión quirúrgica, al servicio de un rechazo concreto y verificable. El rechazo a que la infraestructura digital dependa de la voluntad de un fondo de inversión que necesita retorno trimestral, de la sucesión de un fundador cuya familia podría preferir la liquidez, de una oferta suficientemente generosa llegada en el momento equivocado. Lo que ocurrió con Ciril Group en Lyon no fue una catástrofe ni una traición: fue el funcionamiento ordinario del mercado aplicado a activos que los Estados europeos, y los latinoamericanos, nunca decidieron tratar como estratégicos mientras eran rentables y cómodos de usar. Siegenthaler decidió no esperar a que alguien tomara esa decisión por él.
El capitalismo tiene un precio para todo. El 13 de mayo de 2026, en Ginebra, un hombre encontró la forma de que su empresa no tuviera ninguno. No es frecuente. Exige que tres condiciones se den simultáneamente: una estructura jurídica que permita ese blindaje, una rentabilidad que elimine la dependencia de inversores externos, y la voluntad de renunciar a la liquidez personal que representaría una venta en el momento de mayor valor. Las tres condiciones se dieron. El mecanismo existe, funciona, y está disponible como modelo para quien quiera replicarlo.
El resto del mundo sigue esperando que sus gobiernos tomen esa decisión por ellos…
G.S.
Fuentes
- Infomaniak, comunicado oficial de creación de la Fundación Infomaniak, 13 de mayo de 2026
- Le Temps, “Infomaniak passe sous le contrôle d’une fondation d’utilité publique”, 20 de mayo de 2026
- Le Temps, editorial “La Suisse tient un contre-modèle aux géants américains du numérique”, 20 de mayo de 2026
- Le Journal des Entreprises, “Le rachat de Ciril Group par Carlyle scruté de près par Bercy”, agosto de 2025
- Cigref / Asterès, estudio sobre la dependencia europea al cloud americano, abril de 2025
- Bilan.ch, “Cloud Act: les données en Europe restent accessibles aux USA”, diciembre de 2025
- 24 Heures, “L’OFSP veut exclure les géants tech américains d’un projet de numérisation”, mayo de 2026
- Usine Digitale, “Amazon, Microsoft et Google règnent sur le cloud européen”, mayo de 2026
- IT for Business, “AWS lance son European Sovereign Cloud avec une naïveté calculée très américaine”, enero de 2026
- PME.ch, “Infomaniak, l’alternative aux GAFAM”, abril de 2026
- ICTjournal, “Infomaniak verrouille son indépendance via une fondation”, mayo de 2026
- SP Global Market Intelligence, “Hyperscalers continue global data center expansion”, febrero de 2026
- Congreso de los Estados Unidos, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act), marzo de 2018
- Asamblea Nacional francesa, informe sobre soberanía de las empresas europeas frente a la jurisdicción americana, 2019
