En febrero de 1974, cuatro meses después de que la guerra de Yom Kipur estuviera a punto de aniquilar al Estado israelí, un grupo de discípulos del rabino Zví Yehudá Kook se reunió en la sala de estar de Haim Drukman y fundó un movimiento que llamarían Gush Emunim. No pretendían levantar una organización humanitaria ni un partido más. Pretendían colonizar Cisjordania como acto religioso y como respuesta política a lo que interpretaban como una debilidad estructural del sionismo laborista, el mismo sionismo laborista cuyo agotamiento electoral el episodio anterior ya dejó establecido. Medio siglo después, la arquitectura jurídica que ese proyecto terminó construyendo ha sido descrita, de forma independiente, por tres organizaciones de derechos humanos y, en julio de 2024, por la Corte Internacional de Justicia, como una violación del principio que prohíbe la segregación racial y el apartheid. Este episodio reconstruye cómo un movimiento de colonos religiosos se convirtió, en cincuenta años, en el andamiaje administrativo de un régimen que hoy debe responder ante el derecho internacional.
El año en que la redención se volvió urbanismo
Para los fundadores de Gush Emunim, discípulos de un rabinato que leía la victoria territorial de 1967 como una señal escatológica, el trauma de octubre de 1973 no desmentía esa lectura. La confirmaba. Si Israel había estado a punto de perder Cisjordania, el Sinaí y los Altos del Golán en cuestión de días, entonces la colonización dejaba de ser una opción estratégica entre otras y se convertía en una urgencia religiosa. El razonamiento era simple y, dentro de su propia lógica, impecable.
La organización pasó de la teología a la ingeniería institucional con una velocidad que sorprendió a sus propios adversarios políticos. A finales de 1974, un grupo interno de Gush Emunim llamado Garín Elon Moreh, encabezado por los rabinos Menachem Felix y Benny Katzover, intentó establecer un asentamiento junto a las ruinas de la estación ferroviaria otomana de Sebastia, cerca de Nablus. El ejército desalojó el lugar en varias ocasiones sucesivas durante los meses siguientes, hasta que, en 1975, el gabinete israelí, todavía laborista, rechazó formalmente el intento por 17 votos contra 2 y 3 abstenciones. La negociación que puso fin al pulso permitió que 25 familias se instalaran en Kadum, un campamento militar al suroeste de Nablus, compromiso que terminaría dando origen a la localidad de Kedumim y que se leyó, dentro y fuera del movimiento, como el punto de inflexión que multiplicó los asentamientos en el norte de Cisjordania durante los años siguientes. En 1976 nació Amana, el brazo constructor del movimiento, que transformó la improvisación de las ocupaciones en una empresa permanente de edificación.
El ascenso electoral del Likud, en 1977, le dio a ese proyecto algo que ningún gobierno laborista anterior había estado dispuesto a ofrecer sin reservas, financiamiento estatal explícito y respaldo político sin ambigüedad. Menachem Begin visitó Kedumim el 19 de mayo de ese año y, dos meses después, su gobierno concedió estatus legal pleno a esa localidad, entonces de apenas un centenar de habitantes, junto con Ofra y Maalé Adumim. Lo que el gabinete laborista había desalojado por la fuerza tres años antes, el nuevo gabinete lo legalizaba por decreto.
El resultado demográfico de esa alianza entre teología, ingeniería institucional y poder de Estado se mide hoy en cifras. De una población colona cercana a cero en 1974, Cisjordania pasó a superar los 500.000 colonos israelíes en la actualidad, cifra que se acerca a 700.000 si se suma la población judía instalada en Jerusalén Este, aunque no existe una fuente única y reciente que ofrezca ese total combinado con precisión oficial. El crecimiento no se ha detenido ni siquiera en los últimos años, con una tasa que sigue superando ampliamente a la de la población judía israelí en su conjunto.
El mapa que nunca dejó de ser provisional
Desde 1967, Cisjordania estuvo gobernada por una administración militar israelí que, en 1981, adoptó el nombre de Administración Civil sin dejar nunca de depender del Ministerio de Defensa. Dos regímenes jurídicos superpuestos convivían desde el inicio, el colono sometido al derecho civil israelí por aplicación extraterritorial, el palestino, a tribunales y órdenes militares.
Los acuerdos de Oslo II, firmados en septiembre de 1995, no corrigieron esa dualidad. La administraron. El territorio se dividió en tres zonas, el Área A bajo control civil y de seguridad palestino, con un 18% del territorio, el Área B bajo control civil palestino y seguridad compartida, con un 22%, y el Área C, más del 60% de Cisjordania, bajo control israelí pleno tanto civil como militar. El acuerdo describía esa división como un arreglo transitorio de cinco años, a la espera de un estatuto final que nunca llegó a negociarse. Treinta años después, el mapa provisional de 1995 sigue siendo el mapa real de Cisjordania.
Human Rights Watch documentó que, entre 2016 y 2018, menos del 1,5% de las solicitudes de permiso de construcción presentadas por palestinos en el Área C fue aprobado, mientras la construcción de asentamientos israelíes en el mismo territorio avanzaba mediante un circuito administrativo distinto y sistemáticamente más permisivo.
Esa cifra no describe un accidente burocrático. Describe una función. El informe de doscientas trece páginas publicado por Human Rights Watch en abril de 2021 documentó, además de la brecha en los permisos de construcción, la confiscación de más de dos millones de dunams de tierra en Cisjordania y de cuatro millones y medio dentro de la propia Israel, alrededor de seiscientos obstáculos permanentes a la circulación dentro de Cisjordania, y una formulación de política interna, citada textualmente por el propio informe, que definía el objetivo demográfico del sistema como maximizar la población judía y minimizar la población palestina.
Tres organizaciones, tres metodologías, una misma conclusión
B’Tselem, la organización israelí de derechos humanos con mayor trayectoria de investigación de campo en los territorios ocupados, publicó el 12 de enero de 2021 una declaración cuyo título, traducido aquí de su versión original en inglés, no dejaba espacio para la ambigüedad, un régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, esto es apartheid. La formulación de B’Tselem es la más amplia de las tres. No se limita a Cisjordania ni a Gaza. Sostiene que existe un único régimen que gobierna todo el territorio entre el río y el mar, incluido el propio territorio israelí anterior a 1967, y que ese régimen único es lo que debe evaluarse, no sus fronteras internas administrativas.
Human Rights Watch, cuatro meses después, delimitó su análisis de manera distinta. Aplicó las definiciones del Estatuto de Roma tanto para apartheid como para persecución, y concentró su evidencia en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este, sin extender la calificación al territorio israelí anterior a 1967 de la misma manera que lo hizo B’Tselem. Amnistía Internacional, en febrero de 2022, tras una investigación iniciada en 2017 y entrevistas realizadas entre 2020 y 2021, aplicó tanto la Convención Internacional de 1973 contra el Apartheid como el Estatuto de Roma, y llegó a la formulación geográficamente más amplia de las tres organizaciones internacionales, un sistema único de dominación que afecta a todos los palestinos bajo control efectivo israelí, dentro de Israel, en los territorios ocupados y entre la población refugiada.
Ninguna de las tres organizaciones citó a las otras dos como evidencia de su propia conclusión. Cada una construyó su propio expediente documental, con su propio marco jurídico y su propio recorte geográfico. Eso es lo que convierte la coincidencia en corroboración real y no en un eco repetido tres veces.
La Haya no dijo apartheid, dijo algo más incómodo todavía
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas israelíes en el territorio palestino ocupado. En el párrafo 229 de esa opinión, la Corte concluyó que la legislación y las medidas israelíes constituyen una violación del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial, debido a la separación casi completa que Israel impone y mantiene, en Cisjordania y en Jerusalén Este, entre la comunidad de colonos y la comunidad palestina.
Aquí conviene resistir la tentación de simplificar lo que la Corte realmente dijo. El artículo 3 de esa convención prohíbe, en el mismo enunciado y sin distinguirlas, la segregación racial y el apartheid. La Corte no precisó cuál de las dos figuras aplica al caso israelí, y las opiniones separadas de los propios jueces lo confirman como un punto deliberadamente abierto. El juez Dire Tladi interpretó el fallo como una calificación de apartheid. El juez Georg Nolte sostuvo, en sentido contrario, que la Corte dejó explícitamente sin resolver si las prácticas israelíes constituyen segregación racial, apartheid, o ambas cosas a la vez. Existe además una diferencia técnica que la propia Corte reconoció, el apartheid como crimen de derecho penal internacional, definido por la Convención de 1973 y el Estatuto de Roma, exige una intención específica de mantener el régimen de dominación, un umbral que el marco de la convención contra la discriminación racial no exige de la misma manera. Quien cite este fallo como una condena judicial definitiva de apartheid está diciendo más de lo que la Corte, votos particulares incluidos, decidió decir.
Dos meses después, el 18 de septiembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que acogía la opinión de la Corte y exigía a Israel poner fin a su presencia en el territorio palestino ocupado en un plazo de doce meses, evacuar a los colonos, desmantelar el muro de separación y reparar los daños causados desde 1967. La resolución se aprobó con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. Entre los catorce votos en contra figuró Estados Unidos, y entre las abstenciones, la mayoría de los gobiernos de Europa occidental, el mismo bloque de aliados cuyo respaldo incondicional identifica el eje editorial de esta serie como condición estructural de la impunidad.
Peace Now registró en 2025 la aprobación o legalización de 54 asentamientos, la creación de 86 nuevos puestos de avanzada ilegales, cifra récord frente a un promedio anual de apenas 6 entre 1991 y 2022, y la aprobación en planificación de 27.491 nuevas unidades de vivienda, casi el doble del récord anterior establecido en 2023.
Nada de lo anterior detuvo el ritmo de la colonización. El año posterior a la opinión de La Haya fue, según el mismo organismo que documenta esas cifras desde hace más de tres décadas, el año de mayor expansión de asentamientos jamás registrado, con el plan E1, bloqueado durante casi tres décadas por su capacidad de partir Cisjordania en dos mitades geográficamente inconexas, finalmente aprobado con una inversión estatal cercana a los mil millones de dólares. La opinión consultiva de la Corte no tiene mecanismo de ejecución forzosa. El sistema que describió en julio de 2024 siguió, doce meses después, expandiéndose exactamente en la dirección contraria, sin que ninguno de los catorce gobiernos que votaron en contra de la resolución de la Asamblea General decidiera traducir esa opinión en una consecuencia concreta…
G.S.
Fuentes
- Gush Emunim
- Kedumim
- What are Area A, Area B, and Area C in the West Bank?
- A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: this is apartheid
- A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution
- Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity
- Advisory Opinion of 19 July 2024, Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem
- Racial Segregation and Apartheid in the ICJ Palestine Advisory Opinion
- Resolution ES-10/24, General Assembly, 18 September 2024
- 2025 was record year for settlement expansion, construction and planning, NGO finds
- Settlement & Annexation Report, March 6, 2026
