Hay una coreografía que se repite en Bruselas desde hace meses y que casi nadie observa en su conjunto. Mientras la prensa europea discute durante semanas el destino de los migrantes irregulares y los nuevos centros de retorno fuera de la Unión, el mismo grupo de eurodiputados que impulsa esa discusión vota, casi en silencio, una serie de leyes que reducen la obligación de las grandes empresas europeas de responder por lo que ocurre en sus cadenas de suministro. El resultado no es una coincidencia de calendario. Es una distribución del peso. La vigilancia que se relaja en Bruselas para las multinacionales se traslada, sin que nadie lo anuncie, hacia el caficultor colombiano que ahora debe entregar coordenadas satelitales de su parcela para seguir vendiendo su cosecha en Europa. El mecanismo es sencillo, como lo son casi siempre los mecanismos bien diseñados para mover el costo de un lado al otro de una cadena.
El espectáculo de los retornos
En marzo de 2026, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó una versión endurecida del llamado reglamento de retorno, que permite crear centros de detención de migrantes fuera del territorio de la Unión, los llamados hubs de retorno, y extiende hasta veinticuatro meses la posible detención de quienes se nieguen a abandonar el continente. El texto definitivo del reglamento fue ratificado meses después con el respaldo del Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas y los grupos de extrema derecha agrupados en Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas. Por primera vez en la historia reciente del Parlamento, esa alianza rompió el llamado cordón sanitario que durante décadas mantuvo a la extrema derecha fuera de las mayorías legislativas.
El eurodiputado François Xavier Bellamy, artífice del compromiso que sustituyó al texto original más moderado y endureció aún más el proyecto inicial, calificó el resultado de etapa histórica. Lo que se votó esa noche reemplazó, en condiciones que un medio francés calificó de golpe parlamentario, el texto preparado por el ponente liberal Malik Azmani por un compromiso de última hora presentado por la propia derecha conservadora.
Del otro lado del hemiciclo, la diputada verde Marie Toussaint habló de una alianza inédita para desmontar los cimientos del proyecto democrático europeo. La eurodiputada socialdemócrata Cecilia Strada fue más precisa todavía, advirtiendo que cuando los grupos de derecha unen sus fuerzas, siempre es para jugar con los derechos de los más vulnerables. El eurodiputado italiano de los Conservadores y Reformistas, Alessandro Ciriani, respondió que Europa adoptaba por fin un enfoque más realista, libre de lo que llamó la parálisis de la polarización ideológica.
El debate ocupó semanas de titulares, con manifestaciones, columnas de opinión y declaraciones de jefes de Estado sobre la firmeza necesaria frente a la migración irregular. Eso es exactamente lo que necesitaba para funcionar. Ningún mecanismo de poder sobrevive sin un escenario donde desplegarse, y la migración ofrece, hace años, el escenario perfecto, cargado de emoción, fácil de resumir en una imagen, capaz de ocupar un noticiero entero sin necesidad de explicar una sola cifra de presupuesto.
El Parlamento Europeo aprobó el reglamento de retorno con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, sobre la base de una alianza inédita entre el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas y los grupos de extrema derecha.
El reglamento que nadie mira
Casi en paralelo a esa secuencia, la misma coalición de centroderecha y extrema derecha aprobó once paquetes legislativos llamados Omnibus, presentados oficialmente como simplificación administrativa para aliviar la carga burocrática de las empresas europeas. Desde febrero de 2025, la Comisión Europea ha presentado uno tras otro, abarcando agricultura, industria, química y medio ambiente, en algunos casos modificando textos que el propio Parlamento había aprobado apenas un año antes. El profesor de derecho europeo Merijn Chamon explica que un paquete omnibus permite reabrir varias directivas a la vez en un mismo proyecto de ley, en lugar de discutir cada una por separado, lo que acelera el proceso de manera considerable, normalmente de dos a cuatro años de negociación reducidos a unos pocos meses.
El primero de ellos, votado en noviembre de 2025, redujo de forma drástica el alcance de dos directivas presentadas apenas un año antes como un avance histórico, la directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa y la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, conocida por su sigla en inglés CSDDD. Esta última obliga, en teoría, a las grandes empresas europeas a identificar y prevenir los daños que sus actividades y las de sus proveedores causan a los derechos humanos y al medio ambiente en toda su cadena de suministro. El presidente del grupo Conservadores y Reformistas, Nicola Procaccini, describió el voto como la primera vez en la historia del Parlamento que un acto legislativo, y no solo una votación simbólica, era adoptado por esta nueva mayoría de centroderecha.
El paquete Omnibus elevó el umbral de empresas obligadas, que pasó de mil a cinco mil empleados y de 450 a 1.500 millones de euros de facturación para la primera fase de aplicación, prevista para 2027. Eliminó además la noción misma de sector de riesgo, que obligaba a vigilar con más atención las actividades textiles, mineras o agroalimentarias, dejando a todos los sectores bajo el mismo umbral genérico, sin distinción para aquellos donde el riesgo de violaciones a los derechos humanos es estructuralmente más alto.
La modificación más decisiva para cualquier productor fuera de Europa fue otra. La obligación de vigilancia quedó limitada a los proveedores directos de la empresa europea, lo que excluye en la práctica a los eslabones más alejados de la cadena, exactamente donde se concentran los riesgos de explotación laboral, deforestación o despojo de tierras. La organización Fairtrade advirtió que esta limitación ignora el funcionamiento real de las cadenas de suministro, donde los riesgos mayores no se encuentran en el primer nivel sino más atrás, cerca del productor original. El Consejo de la Unión Europea eliminó también la obligación de consultar a las partes afectadas antes de romper una relación comercial, lo que abre la puerta a rupturas súbitas con productores considerados de riesgo, sin que estos puedan ser escuchados ni proponer medidas correctivas.
Según la organización Oxfam Francia, treinta y seis de las treinta y siete reuniones previas mantenidas por el comisario europeo responsable del expediente fueron con representantes de empresas, una cifra que la propia mediadora europea investiga sin haberla confirmado todavía de forma oficial. El presidente del grupo del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, celebró el resultado en su cuenta personal como el fin de la burocracia europea. Oxfam lo describió, del otro lado, como una navidad anticipada para las multinacionales y la extrema derecha. Ninguna de las dos reacciones ocupó el espacio que tuvo el debate migratorio en los mismos días.
El café que necesita coordenadas
A más de nueve mil kilómetros de Bruselas, en el departamento colombiano del Huila, cerca de 86.000 familias caficultoras enfrentan desde este año una exigencia que no nace de ninguno de esos votos, pero que conecta con ellos de manera precisa. El reglamento europeo contra la deforestación, distinto de la directiva de diligencia debida pero parte de la misma arquitectura normativa del llamado Pacto Verde europeo, exige desde este año coordenadas GPS exactas de cada parcela productiva para que el café, el cacao, la palma o la carne colombiana puedan seguir entrando al mercado europeo. Ya no basta con indicar la vereda o el municipio. El productor debe demostrar, con precisión satelital y latitud y longitud de al menos seis cifras decimales, que su cultivo no avanzó sobre bosque después de diciembre de 2020.
Café, cacao, palma y ganadería representan en conjunto más de 3.000 millones de dólares en exportaciones colombianas anuales hacia la Unión Europea, según cifras del sector agroexportador citadas por la prensa especializada. El Huila concentra solo en café cerca de dos millones de sacos anuales, el diecinueve por ciento de la producción nacional, repartidos entre 86.000 familias y 148.000 hectáreas cultivadas. La Federación Nacional de Cafeteros ha tenido que construir, a marchas forzadas, un sistema propio de georreferenciación que cubre la totalidad del parque cafetero nacional, actualizar más de 50.000 autorizaciones de uso de datos personales y capacitar a decenas de miles de productores en el uso de imágenes satelitales y plataformas digitales que muchos jamás habían necesitado para vender su cosecha.
El director comercial de la misión colombiana ante la Unión Europea ha insistido públicamente en que el país no puede relajarse en su preparación, mientras grandes compradoras internacionales como Nestlé, Unilever o Cargill comienzan a unificar sus exigencias de trazabilidad para toda su cadena de suministro, sin importar el destino final del producto. Eso significa que incluso cooperativas y comercializadoras que no exportan directamente a Europa empiezan a recibir las mismas exigencias documentales, por simple efecto de contagio comercial.
Café, cacao, palma y ganadería representan más de 3.000 millones de dólares en exportaciones colombianas anuales hacia la Unión Europea, mientras solo en el departamento del Huila cerca de 86.000 caficultores deben georreferenciar sus parcelas para conservar ese mercado.
Aquí aparece la asimetría que rara vez se nombra en estos términos. El productor colombiano asume, parcela por parcela, el costo técnico y administrativo de demostrar su inocencia ambiental. La empresa europea que compra ese café, en el otro extremo de la misma cadena, ve reducida en esos mismos meses su propia obligación legal de vigilar lo que ocurre en los eslabones más alejados de su negocio.
La carga baja. La responsabilidad sube cada vez menos.
La pinza
No hace falta una conspiración para que dos procesos legislativos converjan de esta manera. Basta con que compartan una misma mayoría política y un mismo calendario. Mientras la opinión pública europea discute durante semanas el destino de quienes intentan entrar al continente, la atención no alcanza para vigilar lo que sale de él, las obligaciones que se aligeran para quienes ya están dentro y se benefician de cadenas de suministro que cruzan el Atlántico.
El mecanismo no necesita ocultarse, porque nadie está mirando ese lado del tablero. Cada eurodiputado que vota a favor de un Omnibus puede explicar su decisión en términos de competitividad industrial, de simplificación administrativa, de alivio para las pequeñas y medianas empresas europeas, y en algún punto de esa explicación incluso tendrá razón. El problema no está en el argumento técnico, que es plausible y a veces cierto, sino en lo que ese argumento permite no mirar mientras se discute, la transferencia silenciosa de una obligación de un continente a otro, de una empresa con sede en Bruselas a una familia campesina en el Huila que jamás fue consultada sobre ninguna de las dos votaciones.
El caficultor del Huila no necesita conocer la composición exacta de la coalición que aprobó el Omnibus I para sentir su efecto. Le basta la nueva exigencia de coordenadas que llegó este año a su finca…
G.S.
