El número 18.677 tardó más de una década en existir y apenas unas semanas en convertirse en munición electoral. Lo produjo la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado por el acuerdo firmado en 2016 para juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano, después de un largo trabajo que contrastó múltiples fuentes e información de base sobre el reclutamiento de menores, en un primer avance que aborda solo a la antigua guerrilla de las FARC. Hoy circula en memes, montajes y cadenas de WhatsApp dirigidos contra Iván Cepeda, candidato presidencial y una de las personas que hicieron posible que ese tribunal exista. La operación funciona por inversión, usa la verdad producida por las instituciones dedicadas a cumplir el acuerdo de paz para destruir a quienes construyeron no solo la negociación sino toda una arquitectura destinada a restablecer derechos desde la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, ese desvío de un dato judicial hacia la propaganda dice más sobre el estado del país que cualquier encuesta.
La fábrica del dato
Para entender lo que se manipula hay que entender primero cómo se fabrica un dato judicial. La JEP es un tribunal de justicia transicional, es decir, un sistema judicial especial diseñado para procesar crímenes masivos cometidos durante un conflicto, con la obligación de establecer la verdad antes de imponer sanciones. Su método es riguroso por diseño. Cada cifra que publica resulta de contrastar fuentes estatales, informes de organizaciones de víctimas y registros académicos, depurando duplicados hasta llegar a víctimas únicas, personas con nombre o con expediente, no estimaciones.
El Caso 07 es el expediente que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en la guerra. Fue abierto en marzo de 2019, es el único caso de la JEP dedicado específicamente a las violencias contra menores de edad y abarca a todos los actores armados del conflicto. En agosto de 2021, mediante una providencia judicial conocida como Auto 159, la Sala de Reconocimiento presentó el resultado de su ejercicio de contrastación sobre el subcaso dedicado a la antigua guerrilla, priorizado para poder avanzar en el reconocimiento de responsabilidades. El dato que salió de ese cruce no era una denuncia ni una consigna. Era un universo provisional de hechos, construido para orientar una investigación penal.
La JEP estableció en el Auto 159 de 2021 un universo provisional de 18.677 víctimas únicas de reclutamiento por las extintas FARC-EP entre 1971 y 2016, tras cruzar 31 bases de datos y 36 informes aportados por organizaciones de víctimas, instituciones del Estado y universidades.
El caso está lejos de cerrarse. Las cifras de lo que otros actores armados, incluidos el Estado y los grupos paramilitares, perpetraron contra esta población aflorarán en su momento, conforme avancen los subcasos restantes. El dato tampoco se quedó quieto en una providencia, siguió produciendo efectos judiciales concretos. En noviembre de 2024, la JEP imputó a seis exintegrantes del último Secretariado de las FARC como máximos responsables de estos crímenes.
A comienzos de 2026, los antiguos comandantes reconocieron por escrito los hechos y los patrones que el tribunal les atribuyó, los malos tratos, las torturas y los homicidios cometidos contra los menores dentro de sus filas, así como hechos de violencia sexual, punto en el cual su reconocimiento registró discrepancias parciales con lo establecido por el tribunal. Ese reconocimiento, impensable sin el acuerdo de paz, además de garantizar derechos vulnerados a las víctimas directas, es la razón por la cual el país sabe hoy lo que durante medio siglo se negó. Y fue exactamente en ese momento, cuando la verdad alcanzó su punto de mayor solidez, que la cifra empezó a circular como arma.
El mecanismo de inversión
La maniobra es de una simplicidad notable. Se toma un dato producido por la institucionalidad de la paz y se lanza contra quienes construyeron esa institucionalidad, como si la cifra los acusara a ellos y no a los perpetradores. Iván Cepeda fue facilitador de los acercamientos que condujeron a la negociación de La Habana y lleva décadas dedicado a la defensa de las víctimas del conflicto, una trayectoria que comenzó con el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda, crimen por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2010. Sin personas como él, el número 18.677 sencillamente no existiría. Nadie sabría cuántos niños fueron reclutados, ni dónde, ni bajo qué patrones.
Los verificadores de datos han documentado la ofensiva pieza por pieza. Una imagen viral afirmaba que los excomandantes de las FARC habían sido indultados por el reclutamiento de menores y vinculaba a Cepeda y al presidente Petro con esos delitos. ColombiaCheck demostró que era falsa; los imputados no han sido indultados y la ley estatutaria de la JEP prohíbe expresamente indultar ese crimen. Un video de 2017 fue recortado para hacer creer que Cepeda pedía respeto por las FARC frente a denuncias de reclutamiento, cuando el registro completo muestra que defendía a dos asociaciones campesinas estigmatizadas en un debate radial.
Un montaje que imitaba la línea gráfica de El Tiempo le atribuía la propuesta de incorporar a las FARC al Ejército; el periódico mismo lo desmintió. La Silla Vacía constató que, de los tres candidatos punteros antes de la primera vuelta, Cepeda era aquel sobre quien más mentiras verificadas circulaban, en su mayoría destinadas a presentarlo como cómplice de grupos armados. Las piezas no nacen solas. Provienen de cuentas coordinadas y de bodegas de contenido, es decir, estructuras pagadas que producen y amplifican propaganda en redes sociales, cuyo financiamiento casi nunca puede rastrearse hasta una fuente identificable.
Sin embargo, no todo circula desde el anonimato. Desde el Centro Democrático se ha intentado capitalizar la cifra contra la campaña de Cepeda, incluso mediante material publicitario repartido en las calles. Daniel Briceño, cabeza de lista de ese partido a la Cámara de Representantes, declaró sin rodeos que el senador es el candidato de las FARC, una imputación que Cepeda anunció que llevaría ante los jueces por injuria y calumnia.
El detalle que vuelve legible la operación es la cronología. La ola de desinformación no despegó cuando la JEP publicó la cifra en 2021, sino cuando los exjefes guerrilleros la reconocieron en plena campaña presidencial de 2026. Mientras la verdad judicial avanzaba hacia su consolidación, la verdad electoral se fabricaba en sentido contrario. Quienes durante años combatieron la existencia misma del tribunal descubrieron que sus productos, debidamente descontextualizados, eran útiles incluso antes de proponer su destrucción.
El espejo de los 7.837
Esta inversión no nació de la nada. Es la respuesta a otra cifra, una que ciertos sectores de la derecha colombiana llevan cinco años intentando enterrar y que acaba de crecer. El Caso 03 de la JEP investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate por agentes del Estado, el crimen que el país conoce como falsos positivos, civiles ejecutados por militares para inflar resultados operacionales a cambio de permisos, ascensos y recompensas. En febrero de 2021, el tribunal estableció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de esa práctica entre 2002 y 2008, el periodo de mayor concentración del fenómeno según todas las fuentes contrastadas.
El número se volvió símbolo. Las madres de los jóvenes asesinados lo bordaron en pancartas, lo pintaron en muros, lo convirtieron en la cifra más incómoda de la política colombiana. La reacción fue proporcional a esa incomodidad. Sectores del uribismo cuestionaron el dato desde su publicación, atacaron a las madres que lo enarbolaban y convirtieron su negación en un gesto de pertenencia política, en un país donde un mural que preguntaba quién dio la orden ya había sido borrado por gestión militar y litigado por generales. La hostilidad nunca se dirigió contra los perpetradores confesos, sino contra el número y contra quienes lo sostenían.
La historia reciente agravó la incomodidad. El 28 de abril de 2026, durante una audiencia celebrada en Apartadó por la masacre de La Resbalosa, en la que diez exmilitares respondieron por el asesinato de cuatro adultos y cuatro menores de edad cometido en febrero de 2005, la JEP anunció que el universo de víctimas ya no era el que el país había memorizado. Ocho cuerpos de 2005, una cifra nueva dos décadas después, el mismo expediente.
La JEP actualizó de 6.402 a 7.837 el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales documentadas en el Caso 03, después de que su Grupo de Análisis de la Información ampliara el periodo de estudio de 2002 a 2008 hacia el rango completo de 1990 a 2016 e incorporara registros de la Procuraduría y cerca de mil informes adicionales de víctimas.
Los magistrados insistieron en que la cifra es provisional y dinámica, y que seguirá creciendo conforme se consoliden las audiencias territoriales en curso. El expediente avanza con una densidad que contrasta con el ruido electoral. La Sala de Reconocimiento ha vinculado a cuarenta máximos responsables de una brigada y seis batallones, siete de once comandantes de batallón han aceptado su responsabilidad, y a comienzos de junio de 2026 el general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2003 y 2008, rendía versión ante el tribunal mientras exmilitares reconocían en el Meta más de doscientos casos. La justicia transicional produce verdad a un ritmo que la propaganda no puede permitirse ignorar.
Frente al poder acusatorio de los 7.837, que señala crímenes de Estado, la cifra del Caso 07 funciona hoy como un contranúmero, lanzado no contra los responsables del reclutamiento sino contra el candidato que encarna la institucionalidad de la paz. Que esa simetría responda a una estrategia coordinada o a la mecánica espontánea de la polarización es algo que ningún verificador ha podido establecer. Lo observable es la diferencia entre ambos usos. Las víctimas de los falsos positivos usan su cifra para exigir justicia a los perpetradores. Quienes fabrican los memes usan la cifra del Caso 07 para difamar a un tercero que no figura en el expediente ni como compareciente ni como investigado.
Lo que un número no puede decir
La segunda vuelta del 21 de junio enfrenta a Cepeda con Abelardo de la Espriella, abogado que representó al expresidente Álvaro Uribe en pleitos por afectación al buen nombre y que recibió su respaldo tras los resultados del 31 de mayo, una primera vuelta que dejó a ambos candidatos separados por menos de tres puntos, 43,74 por ciento contra 40,90. En ese margen estrecho se libra también una batalla por el sentido de los datos públicos. Un electorado que recibe cifras judiciales convertidas en memes pierde algo más que una elección limpia. Pierde la posibilidad de distinguir entre lo que un tribunal estableció y lo que una estructura de propaganda fabricó, entre doce años de contrastación documental y treinta segundos de video recortado.
Las 18.677 víctimas del Caso 07 fueron niños reclutados por una guerrilla. Merecen que su número sirva para lo que fue creado, establecer responsabilidades, reparar daños, impedir la repetición. Cada meme que lo distorsiona los victimiza por segunda vez, ahora al servicio de causas que combatieron la existencia del tribunal que los contó. El dato no mata al relato. En Colombia, en junio de 2026, el relato devora al dato, lo digiere y lo escupe convertido en su contrario. Lo único que se mantiene en pie, frío, verificable, indiferente al resultado del 21 de junio, son los expedientes de quienes contaron uno por uno a los que nadie había querido contar…
R.C.
Fuentes
- JEP · Caso 07, reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado
- JEP · La JEP establece que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc-EP, Auto 159 de 2021
- JEP · Caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado
- JEP · Estrategia de priorización del Caso 03, Auto 033 de 2021
- El Tiempo · Exsecretariado de las Farc reconoce ante la JEP el reclutamiento de 18.677 niños y niñas
- El Espectador · Falsos positivos, JEP dice que no son 6.402 sino 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales
- El Colombiano · Falsos positivos, JEP sube cifra a 7.837 casos
- La Silla Vacía · Exmilitares reconocen más de 200 falsos positivos en Meta
- ColombiaCheck · Exguerrilleros de las FARC no fueron indultados por el delito de reclutamiento de menores
- ColombiaCheck · Cepeda no propuso incorporar a las Farc al Ejército ni El Tiempo lo difundió
- La Silla Vacía · Cepeda no exigió respeto por las Farc, sino por una asociación campesina
- La Silla Vacía · Detector, las mentiras más virales sobre Cepeda, De la Espriella y Valencia
- El Espectador · Perfil de Abelardo de la Espriella, abogado con polémicas que busca la Presidencia
