El 29 de mayo de 2026, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, publicó el informe anual sobre violencia sexual en conflictos armados. Por primera vez en los quince años de existencia del mecanismo, el nombre de Israel figura en el anexo que enumera a los actores considerados sospechosos de cometer, o ser responsables, de patrones sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual en zonas de guerra. La documentación que condujo a esta inscripción no es reciente; existe, en forma de testimonios verificados, videos filtrados, informes periciales y resoluciones de organismos independientes, desde mediados de 2024. Lo que tardó dieciocho meses no fue el conocimiento. Fue la decisión política de convertirlo en un acto administrativo.
El mecanismo y lo que no hace
Antes de entrar en los hechos, conviene precisar qué es este documento y, sobre todo, qué no es. El informe anual sobre violencia sexual en conflicto (en inglés, Conflict-Related Sexual Violence, abreviado CRSV) es un reporte que la Oficina del Secretario General de la ONU presenta cada año ante el Consejo de Seguridad. Su parte más sensible es el anexo, un registro de actores, Estados y grupos armados, que la ONU considera “sospechosos creíbles” de haber cometido o promovido patrones de violación y otras formas de violencia sexual en conflictos activos. El ingreso a ese registro no desencadena ninguna sanción automática, no activa ningún mecanismo de la Corte Penal Internacional y no genera consecuencias jurídicas directas. Es, en el lenguaje técnico del derecho internacional, un instrumento de naming and shaming, es decir, un mecanismo de presión que funciona mediante la exposición pública de actores responsables de crímenes documentados. Su único efecto inmediato es político y diplomático. La lista existe desde 2010. En quince años, nunca había contenido el nombre de Israel.
Y aun así, Tel Aviv lo trató como si fuera una condena a muerte. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, reaccionó el jueves por la noche con una declaración en video que circuló de inmediato en redes sociales. “Hemos terminado con este secretario general”, declaró. Israel congeló sus relaciones con la oficina de Guterres. La cancillería israelí calificó la decisión de “acusación de crimen ritual”, una alusión deliberada al antisemitismo histórico cuya función es bloquear cualquier debate racional sobre el contenido del informe. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores la describió como “una vergüenza moral”. La OHCHR, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respondió reafirmando que la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, contra detenidos palestinos en cárceles israelíes estaban “sistemáticamente documentados”. Era el reconocimiento institucional de que la evidencia no había cambiado. Lo que había cambiado era el costo político de seguir ignorándola.
Lo que ocurrió en Sde Teiman y lo que no ocurrió después
El caso que precipitó la crisis pública tiene fecha precisa. El 5 de julio de 2024, un detenido palestino fue trasladado al hospital desde el centro de detención de Sde Teiman, ubicado en el desierto del Néguev, al sur de Israel, con varias costillas rotas, un pulmón perforado y lesiones rectales graves. La instalación había sido creada tras el ataque del 7 de octubre de 2023 para recibir a prisioneros capturados en Gaza, y acumulaba ya decenas de denuncias previas por torturas y malos tratos. Pero este caso era diferente. Existía un video.
El ejército israelí detuvo inicialmente a nueve soldados para interrogatorio. Una investigación posterior de la Policía Militar identificó a cinco reservistas como responsables de golpear, torturar y violar en grupo al detenido. La grabación de vigilancia mostraba a los soldados, con el rostro cubierto, arrastrando al hombre hacia una zona acordonada dentro del recinto. El video fue filtrado a los medios. La principal responsable legal de las Fuerzas de Defensa de Israel fue arrestada meses después por su presunto papel en esa filtración, y acabó reconociendo en su carta de renuncia que su oficina había distribuido las imágenes. En febrero de 2025, los fiscales militares presentaron cargos formales contra los cinco reservistas. Hasta ese punto, el sistema jurídico israelí parecía, al menos formalmente, funcionar.
No funcionó. El 13 de marzo de 2026, el ejército israelí retiró todos los cargos contra los cinco soldados. La justificación oficial fue “dificultades procesales relacionadas con la transferencia de información por parte de la policía israelí”. El detenido ya había sido devuelto a Gaza. No había víctima disponible en territorio israelí. No había condena posible. La cronología merece ser leída con atención. Las cargas se abandonan el 13 de marzo de 2026. Dos meses y medio después, el 29 de mayo de 2026, Israel aparece en la lista negra de la ONU. La impunidad interna y la presión internacional operan en sentidos exactamente inversos, en tiempo real, sin que ninguna de las dos instancias parezca registrar la existencia de la otra.
La reacción política al interior de Israel dijo más que la propia decisión judicial. Cuando los soldados fueron detenidos para interrogatorio en julio de 2024, centenares de activistas de extrema derecha irrumpieron en las instalaciones de Sde Teiman para exigir su liberación inmediata. Entre quienes respaldaron públicamente a los acusados figuraban el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, el mismo funcionario responsable político del sistema penitenciario israelí. La organización israelí de derechos humanos B’Tselem, en un informe que tituló “Bienvenido al infierno”, catalogó el sistema de detención israelí como una red de campos de tortura, documentando patrones sistemáticos de abuso en múltiples instalaciones. No era una hipérbole política. Era una descripción operativa respaldada por cientos de testimonios. El escándalo no fue el abuso. El escándalo fue el arresto de los soldados.
La paradoja Pramila Patten
En enero de 2025, el diario israelí Haaretz reveló un episodio que merece detenerse en él por su lógica interna. Pramila Patten, representante especial del secretario general de la ONU para la cuestión de la violencia sexual en conflictos, había solicitado autorización a Israel para investigar los crímenes sexuales cometidos por Hamas el 7 de octubre de 2023. Era una solicitud que el propio gobierno israelí, presionado por las familias de las víctimas y por organizaciones civiles, reclamaba desde hacía meses. Había, en apariencia, todo el interés político en que la ONU documentara y condenara formalmente lo que Hamas había hecho.
Pero Patten puso una condición. Para investigar los crímenes del 7 de octubre, su equipo necesitaba también acceso a los centros de detención israelíes donde se encontraban prisioneros palestinos, a fin de documentar las denuncias contra soldados israelíes. Era una exigencia metodológica coherente con el mandato bilateral de la representante especial. Israel rechazó la solicitud. El resultado fue paradójico en su mecánica; en bloquear la investigación de sus propios crímenes, Israel bloqueó simultáneamente la posibilidad de que la ONU documentara formalmente los crímenes de Hamas. La lógica era comprensible. Lo que hubieran encontrado en las cárceles israelíes era suficientemente grave como para justificar ese costo político. El rechazo, tal como lo reportó Haaretz, era la confesión implícita de un Estado que prefería sacrificar la documentación de los crímenes de su enemigo antes que permitir que alguien entrara a sus propias instalaciones.
En enero de 2025, la Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Violencia Sexual en Conflicto, Pramila Patten, solicitó acceso a los centros de detención israelíes como condición previa para investigar los crímenes sexuales de Hamas del 7 de octubre de 2023. Israel rechazó la solicitud. La oficina de Patten advirtió formalmente al gobierno israelí que esa negativa podría llevar a la inclusión de Israel en la lista negra de actores responsables de violencia sexual en conflictos. El gobierno israelí, informado del riesgo, eligió no actuar.
Julio de 2025, el informe que absolvió a uno y la fractura interna de Guterres
En julio de 2025, Guterres publicó su informe anual CRSV. El documento describía, en la sección dedicada a “Israel y el Estado de Palestina”, las pruebas acumuladas de violencia sexual cometida por Hamas el 7 de octubre y las acumuladas por fuerzas israelíes contra detenidos palestinos en sus propias instalaciones. La descripción era de una simetría casi perfecta en términos de evidencia. Pero el anexo, la lista, contaba otra historia. El Hamas figuraba entre los actores sospechosos. Israel no. La asimetría no pasó inadvertida. El analista Norman Finkelstein publicó un análisis preguntándose si Guterres había “traicionado a Gaza y a la ONU para apaciguar a Israel”, documentando con precisión la brecha entre lo que el cuerpo del informe describía y lo que el anexo registraba.
Pero la historia interna es más complicada que una simple capitulación de Guterres ante la presión israelí. Fuentes diplomáticas citadas por el Times of Israel a finales de mayo de 2026 señalaron que, para el informe de 2026, fue el propio Guterres quien impulsó la inclusión de Israel en la lista, y lo hizo por encima de las objeciones de la propia Pramila Patten. La representante especial, autora del informe de marzo de 2024 que encontró evidencias “claras y convincentes” de violencia sexual de Hamas durante el 7 de octubre, habría frenado la inclusión de Israel en el ciclo anterior. Lo que esto revela no es un sistema coherente sino uno fracturado. El secretario general y su propia representante especial operaban con criterios distintos sobre el mismo corpus de evidencia. La resistencia no venía solo de Tel Aviv. Venía también de dentro del edificio de la ONU.
El factor que parece haber inclinado definitivamente la balanza fue la publicación, en mayo de 2026, de una columna del periodista Nicholas Kristof en el New York Times, en la que documentaba con detalle la violencia sexual sistemática de fuerzas israelíes y colonos contra palestinos. Israel calificó el artículo de “sangre ritual”, amenazó con demandar al diario y exigió la retirada del texto. La OHCHR respondió con una declaración pública en la que reafirmaba que los abusos estaban “sistemáticamente documentados”. Era el reconocimiento institucional de que la evidencia no había cambiado. Lo que había cambiado era la temperatura del ambiente político y la presión acumulada sobre quienes seguían eligiendo no actuar.
Lo que encontró la Comisión de Investigación en 2025
Dos meses después del bloqueo israelí a la investigación de Patten, el 13 de marzo de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado presentó un informe de 49 páginas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El título era “Más de lo que un ser humano puede soportar”. La Comisión, presidida por la ex-alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Navi Pillay, afirmó que Israel empleaba la violencia sexual y de género “como parte de un esfuerzo más amplio para socavar el derecho de los palestinos a la autodeterminación”. El informe encontró que la escalada de abusos había seguido directamente las órdenes e instrucciones del ministro Ben Gvir en su calidad de responsable político del sistema carcelario. La frecuencia, la prevalencia y la gravedad de los crímenes llevaron a la Comisión a concluir que la violencia sexual era empleada como método de guerra para destabilizar, dominar y destruir a la población palestina.
El informe de la Comisión de Investigación de la ONU, A/HRC/58/CRP.6, del 13 de marzo de 2025, concluyó que “el maltrato de los detenidos palestinos por parte de las autoridades israelíes es resultado de una política intencional que utiliza la violencia sexual, reproductiva y de género para humillar y degradar a los palestinos en detención”. El informe documentó estas prácticas en múltiples instalaciones, durante interrogatorios, traslados y períodos de detención, y señaló que habían “aumentado significativamente en gravedad y frecuencia desde el 7 de octubre de 2023, siguiendo las órdenes e instrucciones del ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir”. El documento describía violencia genital directa, electrocuciones, desnudamiento forzado prolongado como método de humillación y obtención de confesiones, y el uso de perros entrenados contra detenidos.
La ONU no estaba sola en esta documentación. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia B’Tselem habían publicado testimonios similares. En noviembre de 2024, el corresponsal de Al-Araby TV Mohammed Arab, detenido en la prisión de Ofer tras ser trasladado desde Sde Teiman, describió con detalle actos de tortura sexual cometidos por guardias israelíes, incluyendo el uso de porras eléctricas sobre los genitales de detenidos. Ninguna de estas publicaciones generó una respuesta institucional equivalente a su peso evidencial. El sistema de impunidad no funciona negando los hechos. Funciona garantizando que su reconocimiento oficial siempre llegue demasiado tarde para tener consecuencias.
La flotilla y el umbral que se cruzó
El 20 de mayo de 2026, nueve días antes de la publicación del informe CRSV, fuerzas israelíes interceptaron en aguas internacionales la flotilla humanitaria Global Sumud, integrada por unos 428 activistas a bordo de 50 embarcaciones que intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. Los activistas fueron detenidos, trasladados a un barco de desembarco reconvertido en prisión improvisada en el puerto de Ashdod, con alambres de espino y contenedores de carga, y deportados en masa a Turquía días después. Antes de que los deportados aterrizaran en Estambul, habían empezado a circular los testimonios.
Los organizadores de la flotilla documentaron al menos 15 casos de agresión sexual o violación entre los detenidos. En uno solo de los barcos convertidos en prisión, la organización registró al menos 12 agresiones sexuales, incluyendo violación anal y penetración forzada con un arma de fuego. Varios activistas fueron hospitalizados con costillas rotas o vértebras fracturadas. Una cineasta australiana describió haber sido golpeada y agredida sexualmente por cinco hombres dentro de un contenedor en el barco-prisión israelí. Una activista española relató haber sido inmovilizada y sometida a descargas de taser repetidas sobre el torso y las caderas. Italia abrió una investigación por secuestro y agresión sexual. Alemania reconoció que algunas de las acusaciones de sus nacionales eran “graves”. La organización israelí de derechos humanos Adalah, que representaba a los activistas, señaló que en sus diez años de trabajo con flotillas nunca había documentado un nivel de violencia comparable.
Lo que distingue el caso de la flotilla del resto de la cadena documental no es solo la gravedad de los hechos. Es la naturaleza de las víctimas. No se trata de palestinos detenidos en Gaza o en Cisjordania, cuya situación Tel Aviv puede enmarcar dentro de operaciones antiterroristas en territorio bajo conflicto activo. Se trata de ciudadanos extranjeros, europeos en su mayoría, arrestados en aguas internacionales, donde Israel no tiene jurisdicción reconocida. El argumento de soberanía que Tel Aviv invoca sistemáticamente para rechazar las investigaciones de la ONU no aplica aquí. La violencia sexual documentada sobre la flotilla no ocurrió dentro de los límites de ninguna zona de guerra. Ocurrió fuera de todo marco legal que pudiera invocar la necesidad operativa. El ministro Ben Gvir publicó un video burlándose de los detenidos arrodillados en cubierta mientras sonaba el himno nacional israelí. Era una comunicación política, no un incidente. Era la demostración deliberada de que el Estado no consideraba necesario disimular.
La simetría rusa y lo que revela sobre el lenguaje del poder
Israel no es el único nombre nuevo en la lista de 2026. Las fuerzas armadas y de seguridad de Rusia aparecen también por primera vez, por violencia sexual contra prisioneros de guerra y civiles detenidos durante el conflicto en Ucrania. Ambos países habían sido advertidos en el informe de agosto de 2025 de que podían ser incluidos si no adoptaban medidas correctivas y de transparencia. Ninguno de los dos lo hizo, y las razones en cada caso son distintas pero simétricas en su lógica. Rusia no adoptó medidas porque no reconoce la autoridad del secretario general en ningún asunto que concierna a sus operaciones militares. Israel no adoptó medidas porque confió, durante dieciocho meses, en que las presiones diplomáticas y la influencia estadounidense mantendrían su nombre fuera del documento. Ambos calcularon mal, aunque por razones distintas.
La reacción rusa fue predecible. El embajador Vassily Nebenzia anunció que Rusia prepararía su propio informe sobre el trato de Ucrania a los prisioneros de guerra rusos, como si la respuesta a una acusación documentada fuera la contraacusación paralela. Es el mecanismo clásico de la diplomacia de la equivalencia, aquella que consiste en no refutar los hechos sino contaminar el marco de referencia hasta que la comparación resulte imposible. La maniobra tiene una eficacia limitada pero real en el corto plazo, especialmente en un Consejo de Seguridad donde Rusia tiene poder de veto y puede bloquear cualquier consecuencia vinculante derivada de su inclusión en la lista.
La reacción israelí fue estructuralmente diferente y, por eso, más reveladora. Danon no negó sistemáticamente los hechos registrados. Los asumió implícitamente al atacar el proceso que los documenta. “Guterres ha puesto a Israel en la misma lista negra que Hamas, ISIS y las organizaciones terroristas más depravadas del mundo”, declaró. El argumento no era la inocencia de Israel. Era la indignidad de la comparación. El problema no era compartir lista con Rusia, una potencia nuclear con un historial documentado de crímenes de guerra en Siria, Chechenia y Ucrania. El problema era la proximidad simbólica con actores no estatales que Tel Aviv describe como subhumanos en sus propias declaraciones públicas. La diplomacia israelí reveló así su verdadera preocupación, que no era la acusación en sí misma sino el nivellement implícito que contiene. Un Estado que acumula quince años de impunidad documentada tiene mucho más que perder de una clasificación que de una condena.
Lo que la lista hace y lo que no cambiará
La inclusión en el anexo CRSV no tiene consecuencias jurídicas automáticas. No activa ningún mecanismo de la Corte Penal Internacional. No suspende ningún voto en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos mantiene su poder de veto sobre cualquier resolución vinculante contra Israel. No interrumpe los suministros militares, que siguieron fluyendo hacia Tel Aviv mucho después de que el Tribunal Internacional de Justicia ordenara a Israel adoptar medidas provisionales para prevenir actos de genocidio, y siguieron haciéndolo después de que múltiples investigaciones independientes documentaran crímenes de guerra. La lista es un instrumento político, no jurídico. Su efecto es la visibilidad. Su límite es exactamente el mismo que el de todos los mecanismos de rendición de cuentas que el orden internacional ha construido desde 1945 y que siguen siendo convocados sin ser ejecutados.
Lo que el informe de 2026 clausura es un argumento específico. Durante dieciocho meses, las instituciones internacionales mantuvieron una separación operativa entre la documentación de los hechos y su reconocimiento oficial. Esa separación no era ignorancia. Era administración. Los hechos estaban establecidos desde julio de 2024. El informe de la Comisión los había formalizado en marzo de 2025. La advertencia de Patten los había traducido en lenguaje de procedimiento en enero de ese mismo año. El abandono de los cargos contra los soldados de Sde Teiman, en marzo de 2026, había demostrado que el sistema de justicia interno israelí no iba a producir ningún resultado. Y la flotilla, interceptada en aguas internacionales nueve días antes de la publicación del informe, había extendido el patrón a ciudadanos extranjeros en jurisdicción internacional. Lo que faltaba no era evidencia. Era la voluntad política de escribir el nombre donde correspondía. El 29 de mayo de 2026, esa voluntad apareció, con dieciocho meses de retraso, en un documento de 35 páginas que lista a 77 actores en doce países. El nombre estaba ahí. Como siempre había debido estar…
G.S.
Fuentes
- Israel added to UN blacklist for conflict-related sexual violence (Middle East Eye, 29 mayo 2026)
- Israeli and Russian forces added to UN blacklist for sexual violence in conflict zones (AP, 29 mayo 2026)
- Israel freezes out UN chief Guterres over sexual violence blacklist (Euronews, 29 mayo 2026)
- Israel cuts ties with UN chief for adding IDF to war-zone sexual violence blacklist (Times of Israel, 29 mayo 2026)
- UN adds Israeli entities to sexual violence blacklist alongside Hamas (Jerusalem Post, 29 mayo 2026)
- UN adds Israel to blacklist for conflict-related sexual violence (Al Jazeera, 29 mayo 2026)
- “More than a Human Can Bear”: Israel’s systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since October 2023 (OHCHR, 13 marzo 2025)
- Informe de la Comisión de Investigación A/HRC/58/CRP.6 (ONU, marzo 2025)
- Israel blocks UN probe into Hamas sexual crimes to avoid inquiry into IDF abuse of Palestinians (Haaretz, 8 enero 2025)
- Israel drops all charges against soldiers accused of sexually abusing Palestinian prisoner (Democracy Now!, 13 marzo 2026)
- Gaza flotilla activists allege abuse, sexual assault in Israeli detention (Al Jazeera, 22 mayo 2026)
- Freed Gaza flotilla activists allege Israeli abuse including rape (Reuters/NBC News, 22 mayo 2026)
- Freed Gaza flotilla activists accuse Israeli forces of sexual violence (CNN, 22 mayo 2026)
- UN chief warns Israel, Russia over reports of sexual abuse by armed forces (Al Jazeera, 13 agosto 2025)
- Did Secretary-General Guterres Betray Gaza and the UN to Appease Israel? (Norman Finkelstein, Substack)
- Sexual and gender-based violence against Palestinians driving displacement (OHCHR, abril 2026)
- B’Tselem: “Bienvenido al infierno”: El sistema de detención israelí como red de campos de tortura (2024)
