La pregunta que inaugura esta serie no es por qué surgió la guerrilla en Colombia. La pregunta correcta es por qué tardó tanto. Un siglo de demandas campesinas respondidas con fuego, de reformas anunciadas y luego desmanteladas, de vías legales abiertas y cerradas por quienes las administraban. Lo que ocurrió en 1964 en las montañas del Tolima no fue un accidente ideológico ni el resultado de una conspiración comunista. Fue la consecuencia acumulada de una estructura que no dejó otra salida.
I. La tierra que nunca fue de quien la trabajó
Colombia nació como república con una herencia colonial que nadie se propuso desmantelar. Las grandes extensiones de tierra concentradas en manos de familias de origen español, de la Iglesia y de los criollos que negociaron su lealtad durante la independencia, se reprodujeron durante el siglo XIX sin que ningún gobierno liberal o conservador planteara en serio su redistribución. Las guerras civiles del siglo XIX, siete a escala nacional más la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, no alteraron la geografía de la propiedad. Reorganizaron el poder político entre élites, pero dejaron intacta la estructura agraria sobre la cual ese poder descansaba.
Las cifras que el siglo XX heredó de ese proceso son brutales en su estabilidad. El 0,1 por ciento de las propiedades de más de dos mil hectáreas concentraban el 60 por ciento de la tierra cultivable. El 53 por ciento de las familias dedicadas a la agricultura no poseía ningún predio. El 70 por ciento de las tierras puestas en producción ocupaba apenas el 5 por ciento del área productiva del país. Estas no son cifras abstractas, son la descripción de un sistema en el que la mayor parte de la población rural existía en una relación de dependencia estructural respecto a una minoría de propietarios que fijaba los salarios, controlaba el acceso al crédito y determinaba las condiciones de vida de quienes trabajaban su tierra.
El primer intento serio de reformar esa realidad llegó en 1936, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. La Ley 200, parte de lo que su gobierno llamó la Revolución en Marcha, establecía la extinción de dominio sobre tierras inexplotadas después de diez años, reconocía la función social de la propiedad y buscaba formalizar la situación de colonos y aparceros. Era una reforma moderada en sus ambiciones, pero suficientemente amenazante para la clase terrateniente como para desatar una campaña de sabotaje sistemático. Los hacendados expulsaron a colonos y arrendatarios antes de que la ley se aplicara, reduciendo el número de potenciales beneficiarios. Los plazos para la extinción de dominio se cumplían sin que el Estado tuviera capacidad ni voluntad de hacerlos efectivos. Ocho años después, el propio López Pumarejo, en su segundo mandato, firmó la Ley 100 de 1944, que declaraba conveniente la explotación de tierras mediante contratos de aparceriía y extendía a quince años el plazo para la extinción de dominio. Era la contrarreforma disfrazada de complemento técnico. El ciclo que esa secuencia inauguró, reforma anunciada, resistencia oligarca, reversión silenciosa, se repetiría con variaciones menores durante el resto del siglo.
II. La United Fruit y la gramática del castigo
En el extremo norte del país, en la costa del Magdalena, la United Fruit Company llevaba tres décadas demostrando que el Estado colombiano era capaz de actuar con eficacia cuando los intereses que debía proteger eran los correctos. La empresa estadounidense había llegado a finales del siglo XIX y para 1928 controlaba 89.000 hectáreas de tierra colombiana, además de los ferrocarriles, los canales de riego, los puertos de embarque y los sistemas de comunicación de la región. Era un enclave en el sentido preciso del término, un territorio dentro del territorio donde las reglas del Estado colombiano se aplicaban selectivamente y donde la empresa fijaba los salarios, administraba los almacenes de provisiones y pagaba a sus trabajadores en vales de crédito en lugar de dinero.
Los trabajadores de las bananeras habían ido a la huelga en 1910, en 1918 y en 1924. Cada vez, el conflicto se resolvía con promesas parciales y represión suficiente para restablecer la operación de la empresa. En octubre de 1928, delegados de quince sindicatos que representaban a obreros, colonos, braceros y campesinos presentaron un pliego de peticiones firmado por miles de trabajadores. Las demandas eran elementales, aumento de salarios, semana laboral de seis días, dormitorios higiénicos, contrato directo con la empresa sin intermediarios, compensación por accidentes laborales, mejora de los servicios médicos y eliminación del sistema de pago en vales. La United Fruit Company rechazó negociar. En noviembre, los trabajadores fueron a la huelga.
El gobierno del presidente conservador MiguelAbadía Méndez envió 700 soldados bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas. En la tarde del 5 de diciembre, los huelguistas que esperaban en la plaza de la estación de Ciénaga la llegada de un funcionario gubernamental que nunca apareció recibieron la orden de dispersarse. A la medianoche del 6 de diciembre, el ejército abrió fuego. El número de muertos es, todavía hoy, objeto de disputa. El gobierno colombiano reconoció oficialmente nueve víctimas. En enero de 1929, un cable de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá dirigido al Secretario de Estado en Washington informaba que el número total de huelguistas asesinados por los militares colombianos superaba los mil. La Comisión de la Verdad, en sus trabajos publicados décadas después, encontró en su propio archivo una carta de la United Fruit Company que mencionaba la cantidad de muertos sin que el documento haya sido reproducido en su integridad.
Lo que importa del episodio no es la cifra exacta. Lo que importa es la lección política que dejó, nítida, sin ambigüedad. Cuando los trabajadores de una empresa estadounidense amenazaban la producción, el Estado colombiano movilizaba a su ejército en defensa de los intereses de la empresa. Ese mecanismo no requería formulación explícita. Se inscribía en la práctica institucional y quedaba disponible para ser invocado cada vez que fuera necesario. Veintitrés años después, un joven abogado liberal llamado Jorge Eliécer Gaitán presentó ante el Congreso un informe documentado sobre la masacre. Su investigación contribuyó a su carrera política. Y en 1948, su asesinato mostraría que la lección de 1928 no había cambiado de sentido.
III. El Bogotazo y el cierre de la vía electoral
Gaitán era el político más peligroso que Colombia había producido en décadas, peligroso no porque fuera radical en sus propuestas, que no lo eran, sino porque había logrado articular una base electoral masiva que cruzaba las líneas de clase sin ignorarlas. Era un hombre de origen popular, hijo de un vendedor de libros usados de Bogotá, que se había doctorado en Roma estudiando criminología con Enrico Ferri y que había regresado para practicar el derecho en defensa de causas que los abogados de élite no aceptaban. Su proyecto político era el liberalismo reformista, la redistribución dentro del sistema, no su derrumbe. Pero su capacidad para movilizar a los sectores que el bipartidismo tradicional administraba sin representar lo convertía en una amenaza sistémica.
El 9 de abril de 1948, a las 13h05, cuando salía de su oficina hacia el almuerzo, un hombre le disparó tres veces en la calle. Gaitán murió en el acto. El asesino, Juan Roa Sierra, fue linchado por la multitud antes de que pudiera ser interrogado. La conmoción transformó Bogotá en un campo de batalla en cuestión de horas, y el levantamiento se extendió al resto del país en días. El Bogotazo dejó al menos 3.500 muertos en la capital en la primera semana. Las instalaciones del Estado, la radio, los edificios gubernamentales, los comercios de las élites, ardieron en ciudades de todo el país.
Lo que el Bogotazo significó políticamente va más allá de su dimensión de violencia. El candidato más probable a ganar las elecciones presidenciales de 1949 había sido eliminado en el momento en que representaba la posibilidad concreta de acceder al poder por la vía legal. Eso no significa necesariamente que su asesinato fuera una conspiración de Estado, hipótesis que nunca pudo ser probada. Significa algo más estructural, que el sistema político colombiano demostró, independientemente de quién apretó el gatillo, que no estaba dispuesto a tolerar una redistribución real del poder. La vía electoral quedó clausurada no por decreto sino por el hecho consumado.
IV. La Violencia, diez años que reorganizaron la geografía humana
Lo que siguió al Bogotazo tiene un nombre en la historiografía colombiana, simplemente La Violencia, como si el fenómeno fuera tan masivo que no requiriera adjetivo. Entre 1948 y 1958, los campos colombianos vivieron una guerra civil no declarada entre facciones liberales y conservadoras que tenía en su superficie el aspecto de una disputa partidaria y en su fondo la estructura de un conflicto agrario. Los campesinos liberales del Tolima, Antioquia, Valle del Cauca y los Llanos Orientales enfrentaban a grupos conservadores armados que, con frecuencia, operaban con la complicidad o el apoyo directo de la Policía.
Las cifras de muertos son objeto de debate académico. La estimación más rigurosa desde el punto de vista demográfico, producida por investigadores del Banco de la República a partir de registros de la época, calcula entre 57.000 y 113.000 víctimas mortales para el período extendido 1949-1966. Las cifras comúnmente citadas en la historiografía colombiana oscilan entre 200.000 y 300.000 muertos. La distancia entre ambas estimaciones es ella misma reveladora. El conflicto fue tan poco documentado, tan disperso geográficamente, tan atravesado por la impunidad institucional, que no existe consenso sobre su escala real medio siglo después. Lo que ninguna fuente discute es que el desplazamiento forzado fue masivo, que decenas de miles de familias campesinas perdieron sus tierras, y que la concentración de la propiedad rural se agudizó como resultado directo de la violencia.
El Frente Nacional de 1957 puso fin formal al enfrentamiento bipartidista mediante un acuerdo entre las élites de los dos partidos para alternarse en el poder durante dieciséis años e instalar una paridad obligatoria en todos los cargos del Estado. Era un pacto de paz entre los sectores dirigentes que, al mismo tiempo, cerraba estructuralmente el sistema político a cualquier fuerza que no fuera liberal o conservadora. Lo que se presentó como solución a la violencia era también la institucionalización de la exclusión. Los movimientos que surgieran fuera del bipartidismo, sin importar su orientación ideológica, no tendrían espacio legal de representación hasta 1991. La implicación para los campesinos organizados era directa y sin salida.
V. Las autodefensas campesinas, la defensa como primera forma de organización armada
En los años más duros de La Violencia, algunas comunidades campesinas del Tolima y otras regiones encontraron en la organización colectiva armada la única forma de sobrevivir. El caso de El Davis es paradigmático. A principios de 1950, cerca de 400 familias campesinas se concentraron en ese territorio para defenderse de los ataques de la Policía y de los grupos de civiles armados conservadores. Era población civil protegida por milicias equipadas con escopetas y armas improvisadas que habían adoptado un reglamento básico de convivencia y normas de defensa. Entre quienes participaron de esas primeras estructuras estaba un campesino liberal del Quindío llamado Pedro Antonio Marín, que más tarde sería conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo.
El Partido Comunista Colombiano, que había desarrollado desde su VI Congreso de 1949 una estrategia de combinar todas las formas de lucha, encontró en esas comunidades de autodefensa una base organizativa. Mientras sus estructuras urbanas trabajaban en sindicatos y organizaciones estudiantiles, sus cuadros rurales contribuyeron a articular las milicias campesinas dispersas. La amnistía ofrecida por el general Gustavo Rojas Pinilla tras su golpe de Estado de 1953 permitió una desmovilización parcial. Marulanda se acogió a ella y fue nombrado inspector de una carretera en la región de Planadas. No entregó las armas. El asesinato del dirigente comunista Jacobo Prías Alape, Charro Negro, en enero de 1960, pese a que también se había acogido a la amnistía, cerró el paréntesis. Marulanda regresó a las montañas.
VI. Marquetalia, cuando la doctrina anticomunista encontró su laboratorio colombiano
En octubre de 1961, el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado denunció ante el Congreso de la República la existencia de lo que llamó Repúblicas Independientes, territorios en el Tolima, el Cauca, el Caquetá y los Llanos donde la autoridad del Estado era nula y donde operaban comunidades campesinas organizadas bajo dirección comunista. El discurso tenía una función retórica interna, pero describía una realidad que el gobierno encontraba intolerable no tanto por su escala real, que era reducida, sino por su significado simbólico en el contexto de la Guerra Fría.
Washington observaba América Latina después de la Revolución Cubana de 1959 con una paranoia renovada. La Alianza para el Progreso de Kennedy era la cara amable de una política que tenía una cara operativa menos presentable. La Doctrina de Seguridad Nacional, elaborada por el Pentágono, redefinía el rol de los ejércitos latinoamericanos como fuerzas de contrainsurgencia interior más que como defensas frente a amenazas externas. El Plan LASO, Latin American Security Operation, era el instrumento colombiano de esa doctrina. Proporcionaba asesoría militar, equipamiento y marco conceptual para las operaciones contra los enclaves campesinos.
El 18 de mayo de 1964, el presidente Guillermo León Valencia ordenó la Operación Soberanía contra Marquetalia. Valencia era el segundo presidente del Frente Nacional, nieto del poeta conservador Guillermo Valencia e hijo de una de las familias de mayor arraigo en el Cauca, esa clase que en Colombia lleva siglos administrando el poder sin necesidad de explicarse. Es también el abuelo paterno de Paloma Valencia Laserna, candidata presidencial del Centro Democrático en las elecciones de 2026, figura central de la oposición al proceso de paz con las FARC y al gobierno de Gustavo Petro. El dato no es un accidente biográfico. Es la ilustración más precisa disponible de cómo funciona la continuidad en Colombia: el abuelo crea las FARC en 1964 negándose a la reforma agraria y respondiendo con bombarderos a una demanda campesina, la nieta se opone sesenta años después al acuerdo que intentó cerrar lo que ese bombardeo abrió. La familia no cambió de posición. El conflicto tampoco.
Dieciséis mil soldados, respaldados por aviones de bombardeo y helicópteros, y según testimonios y registros periodísticos de la época con uso de napalm y agentes químicos, se desplegaron contra un territorio donde vivían algunos centenares de campesinos armados bajo el mando de Marulanda. La operación tomó el territorio. No destruyó la resistencia. Los supervivientes se dispersaron hacia otras regiones y en junio de 1964 formalizaron su transformación de autodefensa en guerrilla móvil con la adopción de un Programa Agrario de los Guerrilleros cuyo primer punto era la reforma agraria revolucionaria. En 1965, la Primera Conferencia Guerrillera consolidó la estructura que se conocería como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El Estado colombiano respondió a la demanda de tierra con 16.000 soldados y bombarderos. No con reforma agraria. Esa elección no fue casual ni puramente reactiva. Fue la repetición, a escala mayor y con doctrina importada, del mismo mecanismo que había funcionado en Ciénaga en 1928. La protesta campesina encontraba siempre la misma respuesta institucional porque la alternativa habría requerido redistribuir lo que quienes controlaban el Estado no estaban dispuestos a ceder.
Cierre
La guerrilla colombiana no nació de una conspiración ni de la importación de un modelo foráneo. Nació de la acumulación de respuestas a demandas que el sistema político decidió no procesar. Cada reforma agraria frustrada, cada huelga masacrada, cada candidato eliminado, cada comunidad bombardeada dejaba un residuo que no desaparecía con el fin del episodio. Ese residuo se organizaba, encontraba cuadros, adoptaba doctrina, y producía la siguiente vuelta del ciclo. El largo fuego no fue encendido por ningún actor singular. Fue alimentado, pacientemente, por quienes se negaron a apagarlo con las únicas herramientas que habrían funcionado.
El episodio siguiente examinará cómo ese mismo mecanismo produjo, en paralelo y con lógicas distintas, las otras dos grandes organizaciones insurgentes de los años sesenta, el ELN y el M-19…
Por Gabriel Schwarb
