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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos, la verdad incómoda. ICE no es una aberración trumpista sino el producto lógico de una infraestructura represiva construida durante dos décadas por demócratas y republicanos. Este texto demuestra que la agencia creada en 2003 alcanzó su pico de deportaciones bajo Obama (409 849 en 2012), que el complejo carcelario-migratorio genera miles de millones anuales para corporaciones privadas que donaron 2,8 millones de dólares a la campaña de Trump, y que en 2025 murieron 32 personas en custodia de ICE mientras más de 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos ilegalmente. Explica cómo la retórica de “seguridad nacional” legitima un aparato que ignora órdenes judiciales y dispara contra civiles desarmados. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: ICE no necesita reforma; necesita abolición.
El 7 de enero de 2026, en una calle residencial de Minneapolis, el agente de ICE Jonathan Ross disparó tres veces contra Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, madre de tres hijos, que había bloqueado brevemente el tráfico para alertar a sus vecinos sobre la presencia de agentes de inmigración. Good murió en su Honda Pilot mientras su hijo de seis años la esperaba en la escuela. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Ross actuó en defensa propia; el alcalde Jacob Frey calificó esa versión de “basura” y exigió que ICE abandonara la ciudad. Dos semanas después, la agencia sigue operando en Minneapolis con total impunidad.
La genealogía del terror administrativo
La indignación selectiva ante los excesos de ICE bajo Trump revela una amnesia conveniente. La agencia nació el 1 de marzo de 2003, durante la administración de George W. Bush, como parte de la reorganización federal posterior al 11 de septiembre. El Congreso fusionó funciones del Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización para crear un aparato diseñado, desde su concepción, para militarizar la gestión migratoria. Entre 2003 y 2008, el personal de agentes de ICE casi se duplicó; las deportaciones formales reemplazaron a los retornos voluntarios; la criminalización del cruce fronterizo se convirtió en doctrina.
Barack Obama heredó este aparato y lo expandió con entusiasmo administrativo. En 2012, su gobierno alcanzó un récord histórico de 409 849 deportaciones, un promedio de 1 123 personas expulsadas cada día. Las organizaciones de defensa de inmigrantes lo bautizaron “deportador en jefe”, un título que Obama nunca rechazó con demasiada vehemencia. Su programa Comunidades Seguras permitía que las policías locales compartieran huellas dactilares con ICE, convirtiendo cada detención de tráfico en una potencial orden de deportación. Cuando finalmente cerró ese programa en 2014, lo reemplazó por otro con categorías de prioridad igualmente amplias.
DATO CLAVE:
Entre 2009 y 2016, la administración Obama deportó 2 749 706 personas, un promedio anual de 343 713, la cifra más alta en 32 años de registros. El pico de 2012 superó cualquier año de las administraciones Bush o Clinton.
Joe Biden suspendió las deportaciones durante cien días al asumir en 2021, pero un juez federal en Texas bloqueó la medida en menos de una semana. Su administración terminó contratos con algunas instalaciones de detención privadas particularmente abusivas, pero nunca cuestionó la arquitectura fundamental del sistema. Cuando Trump regresó al poder en enero de 2025, encontró un aparato intacto, con personal entrenado, instalaciones operativas y marcos legales ya establecidos. La máquina solo necesitaba un operador dispuesto a acelerar.
El negocio de la jaula humana
El sistema de detención migratoria estadounidense no funciona a pesar de sus fallas; funciona precisamente porque esas fallas generan beneficios. Dos corporaciones dominan el mercado carcelario privado: CoreCivic y GEO Group. Juntas operan la mayoría de las instalaciones donde ICE encierra a personas mientras esperan audiencias de deportación que pueden tardar meses o años.
En agosto de 2025, durante llamadas con inversores, los ejecutivos de ambas compañías celebraron abiertamente sus perspectivas. Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic, describió el momento como un “ambiente sin precedentes” con aumentos rápidos en las poblaciones de detención federal, asegurando que su negocio estaba “perfectamente alineado con las demandas de este momento”. George Zoley, de GEO Group, prometió a sus accionistas oportunidades de crecimiento “únicas” para los inversores. Ninguno mencionó que sus instalaciones habían sido documentadas repetidamente por hacinamiento, negligencia médica y condiciones sanitarias deplorables.
“Este es verdaderamente uno de los períodos más emocionantes de mi carrera con la compañía.”
– Damon Hininger –, CEO de CoreCivic, llamada con inversores, noviembre 2024
El dinero involucrado resulta obsceno por su escala. ICE paga aproximadamente 165 dólares diarios por cada persona detenida. En julio de 2025, el Congreso aprobó 45 000 millones de dólares adicionales para expandir la capacidad de detención. GEO Group espera que cuatro instalaciones reactivadas generen más de 240 millones anuales; CoreCivic ha informado que puede hacer disponibles 30 000 camas adicionales. La inversión política de estas corporaciones explica su posición privilegiada: según Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CoreCivic, GEO Group, sus subsidiarias y ejecutivos donaron casi 2,8 millones de dólares a los esfuerzos electorales e inaugurales de Trump en 2024. El día después de su reelección, las acciones de ambas compañías se dispararon.
Pero las cárceles privadas no solo encierran cuerpos; también encierran derechos. Y es precisamente en ese punto donde el modelo de negocio intersecta con la crisis constitucional.
Cuando la Constitución no aplica
El año 2025 se convirtió en el más letal para personas bajo custodia de ICE desde 2004. Al menos 32 personas murieron en instalaciones de detención, casi el triple que el año anterior. Diciembre fue el mes más mortífero jamás registrado. Las causas incluyen tuberculosis, accidentes cerebrovasculares, negligencia médica sistemática y al menos tres suicidios. En Fort Bliss, Texas, un campamento de carpas abierto apresuradamente en agosto de 2025 (ubicado, según la ACLU, en el mismo sitio donde se internó a japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial), organizaciones de derechos humanos documentaron golpizas, abuso sexual por parte de oficiales, coacción para aceptar deportaciones a terceros países y negación sistemática de acceso a abogados.
DATO CLAVE:
A diciembre de 2025, ICE operaba casi 200 instalaciones de detención, un aumento del 91% respecto a enero. La población detenida alcanzó 68 440 personas, récord histórico. Las inspecciones de estas instalaciones cayeron un 36% mientras los arrestos de personas sin antecedentes penales aumentaron un 2 450%.
La retórica oficial sobre perseguir a “los peores de los peores” contradice los datos del propio gobierno: según el Cato Institute, el 65% de los detenidos por ICE no tiene condenas penales; solo el 7% tiene condenas por delitos violentos. La agencia no persigue criminales; persigue cuotas. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, exigió en mayo de 2025 un millón de deportaciones anuales y triplicar los arrestos a 3 000 diarios.
La maquinaria también tritura ciudadanos. ProPublica documentó más de 170 casos de estadounidenses detenidos por agentes de inmigración en los primeros nueve meses de 2025. Leonardo García Venegas, ciudadano con identificación REAL ID emitida por Alabama, fue derribado y esposado dos veces por agentes que descartaron sus documentos como falsos. Chanthila Souvannarath, con reclamos de ciudadanía pendientes desde hace más de veinte años, fue deportado a Laos en octubre de 2025 a pesar de una orden judicial federal que lo prohibía explícitamente; ICE argumentó que no había sido notificado antes de ejecutar la deportación. Tres niños estadounidenses fueron deportados a Honduras junto con sus madres indocumentadas; uno de ellos, de cinco años, estaba en tratamiento por cáncer de riñón en etapa cuatro.
Conclusión
ICE no representa una anomalía del sistema estadounidense; es su expresión más honesta. Una agencia diseñada para operar sin supervisión efectiva, financiada para expandirse indefinidamente, protegida políticamente por ambos partidos durante más de dos décadas y recompensada económicamente por cada cuerpo que encierra. El problema con ICE no es Trump; Trump simplemente aceleró una máquina que Obama construyó, Bush inauguró y Biden mantuvo lubricada. Cuando un gobierno puede ignorar órdenes judiciales federales, deportar a sus propios ciudadanos, matar civiles desarmados en plena calle y aumentar su presupuesto al día siguiente, la palabra “democracia” se convierte en un término técnico vaciado de contenido. Estados Unidos no tiene una crisis migratoria; tiene una crisis de impunidad institucionalizada que eligió a los migrantes como su primer objetivo…
G.S.
Fuentes
- NBC News, “Immigration Tracker: Follow ICE arrests, detentions, border crossings”, actualizado enero 2026
- American Immigration Council, “Immigration Detention Expansion in Trump’s Second Term”, diciembre 2025
- TRAC Reports, “Taking Stock: Trump Administration Record on Detention and Removals”, enero 2026
- ProPublica, “We Found That More Than 170 U.S. Citizens Have Been Held by Immigration Agents”, noviembre 2025
- NPR, “2025 is the deadliest year to be in ICE custody in decades”, octubre 2025
- Brennan Center for Justice, “Private Prison Companies’ Enormous Windfall”, septiembre 2025
- ACLU, “Detained Immigrants Detail Physical Abuse at Fort Bliss”, enero 2026
- Migration Policy Institute, “The Obama Record on Deportations”, actualizado junio 2025
- Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, “Trump’s budget bill benefits private detention companies”, julio 2025
- Project On Government Oversight, “ICE Inspections Plummeted as Detentions Soared”, enero 2026
- CNN, “Reports, videos show how ICE agent Jonathan Ross fatally shot Renee Good”, enero 2026
- OpenSecrets, “Private prison companies positioned to benefit from increased deportations”, abril 2025
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