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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos: Costa Rica acaba de elegir la continuidad de un proyecto que sus propios arquitectos califican de “cambio profundo e irreversible”. Laura Fernández obtuvo el 48,33% de los votos en primera vuelta y su partido conquistó 31 de los 57 escaños parlamentarios con un programa explícito de suspensión de garantías constitucionales y reforma del Poder Judicial. Este texto demuestra por qué casi la mitad de los costarricenses votó por desmontar las instituciones que hicieron de su país una excepción continental, cómo el narcotráfico transformó la segunda democracia más estable de América Latina en terreno fértil para el autoritarismo, y qué implica para la región que el modelo Bukele se exporte ahora con legitimidad electoral. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: la “tercera república” que Fernández promete edificar no es una refundación; es una liquidación voluntaria.
Nayib Bukele fue el primer mandatario extranjero en llamar a Laura Fernández para felicitarla. Lo hizo minutos después de que el Tribunal Supremo de Elecciones confirmara su victoria, antes que cualquier presidente latinoamericano, antes que Washington, antes que Madrid. En diplomacia, ese gesto equivale a una declaración de principios. Durante la campaña, Fernández había prometido construir una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo salvadoreño y aplicar estados de excepción en las zonas dominadas por el narcotráfico. Bukele no llamaba a una colega; recibía a una alumna.
El miedo que votó
Cualquier análisis que ignore por qué 1,2 millones de costarricenses eligieron a Fernández será un ejercicio de condescendencia intelectual. Costa Rica no votó por el autoritarismo porque desconozca sus riesgos; votó porque el contrato social que sostenía su excepcionalidad democrática se rompió hace años y nadie supo repararlo.
DATO CLAVE:
Entre 2013 y 2025, la tasa de homicidios en Costa Rica se duplicó; pasó de 8,7 a 16,7 por cada 100.000 habitantes. El 69% de los 873 asesinatos registrados en 2025 corresponde a ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico, según el Organismo de Investigación Judicial. Siete de cada diez muertes violentas son ejecuciones entre bandas.
El país que abolió su ejército en 1948 y exhibía índices de seguridad comparables a los europeos se convirtió en centro logístico del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Los cárteles mexicanos operan en su territorio con impunidad creciente. Barrios enteros de Limón, Puntarenas y el sur de San José funcionan bajo control territorial de estructuras criminales que cobran extorsiones, reclutan adolescentes y ejecutan a quienes incumplen. La clase media que durante décadas confió en las instituciones descubrió que la policía no entra en ciertas zonas después de las seis de la tarde y que el Poder Judicial libera a sicarios por tecnicismos procesales. Esa experiencia cotidiana del abandono estatal es el combustible electoral de Laura Fernández. Cuando prometió “sacar de circulación a criminales que están identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven”, no hablaba en abstracto; describía lo que sus votantes ven desde la ventana.
El problema no es que la demanda de seguridad sea ilegítima. El problema es que la respuesta ofrecida implica demoler los mecanismos institucionales que distinguían a Costa Rica del resto de Centroamérica. Fernández no propone mejorar la policía, fortalecer la fiscalía o reformar el sistema penitenciario dentro del marco constitucional; propone suspender las garantías individuales mediante estados de excepción y subordinar al Poder Judicial a la voluntad del Ejecutivo. La diferencia entre combatir el crimen y construir un Estado policial reside precisamente en esos límites que el nuevo gobierno considera obstáculos.
El legado Chaves como doctrina
Comprender la victoria de Fernández exige comprender la presidencia de Rodrigo Chaves, el economista que gobernó Costa Rica desde 2022 como una guerra permanente contra las instituciones. Durante su mandato, Chaves calificó a la Corte Suprema de Justicia de “vergüenza nacional”, acusó a la Asamblea Legislativa de ser “procriminal”, denunció al Tribunal Supremo de Elecciones por aplicarle una “ley mordaza” cuando le prohibió hacer campaña, y encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general que lo investigaba por corrupción.
“Costa Rica encarnó una dictadura perfecta desde mitad del siglo XX. Con este gobierno vive un despertar.”
– Rodrigo Chaves –, junio de 2024, refiriéndose al bipartidismo PLN-PUSC que gobernó el país durante siete décadas
La frase suena delirante fuera de contexto, pero articula un resentimiento real contra una élite política que alternó el poder sin resolver problemas estructurales. Chaves canalizó esa frustración transformándola en hostilidad sistemática contra cualquier contrapeso institucional. La Asamblea Legislativa intentó dos veces levantar su inmunidad para que pudiera ser procesado por presunta corrupción vinculada a fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica; en ambas ocasiones faltaron votos. Los diputados que votaron a favor de protegerlo vieron sus proyectos priorizados en la agenda legislativa que controla el Ejecutivo. Este es el legado que Laura Fernández promete continuar. Su plan de gobierno se titula, sin ironía, “El plan de la continuidad”.
La candidata nunca ocultó su condición de heredera. Durante los actos de campaña, los cánticos de “¡Viva Chaves!” eran tan frecuentes como los de su propio nombre. Cuando renunció al Ministerio de la Presidencia para postularse, Chaves dejó el cargo vacante; nadie podía reemplazarla porque nadie debía hacerlo. En su discurso de victoria, Fernández anunció que edificará “la tercera república” y que “el cambio será profundo e irreversible”. En Costa Rica se llama “segunda república” al orden institucional nacido tras la guerra civil de 1948. Proclamar una tercera equivale a declarar caduco ese pacto fundacional.
La aritmética del poder sin contrapesos
El Partido Pueblo Soberano obtuvo 31 de los 57 escaños parlamentarios, rozando la mayoría absoluta. Para reformas constitucionales necesitará 38 votos, una cifra alcanzable considerando la fragmentación de una oposición reducida a cinco bancadas dispersas. Nogui Acosta, exministro de Hacienda de Chaves y ahora diputado electo, afirmó durante un debate televisado que estaría de acuerdo con suspender las garantías y libertades individuales y con permitir la reelección presidencial continua. Cuando otros candidatos expresaron alarma, respondió preguntando cuánto son cuatro años para gobernar.
La propuesta de suspender garantías no es retórica; figura en el plan de gobierno. Fernández explicó que el levantamiento de garantías “permitiría, con un procedimiento especial y extraordinario, sacar de circulación a criminales identificados”. La formulación replica con precisión el régimen de excepción que Bukele impuso en El Salvador en marzo de 2022 y que mantiene vigente con más de 80.000 personas encarceladas sin debido proceso.
“Tuvimos que cambiar todo para componer: jueces, Cortes, instituciones y la Asamblea Legislativa. Cambios que fueron criticados por organismos internacionales.”
– Nayib Bukele –, enero de 2026, durante su visita a Costa Rica
Tres semanas antes de las elecciones, Bukele viajó a San José para la colocación simbólica de la primera piedra de la megacárcel que Fernández promete terminar. El acto fue un calco escenográfico de los eventos del presidente salvadoreño; la misma estética militar, el mismo discurso de guerra contra enemigos internos. Bukele explicó a los costarricenses que para transformar El Salvador tuvo que cambiar jueces, Cortes y la Asamblea Legislativa. No estaba advirtiendo; estaba instruyendo.
Conclusión
El Índice de Democracia 2024 de The Economist clasificaba a Costa Rica como la segunda democracia más estable de América Latina y una de las 25 democracias plenas del mundo. Esa clasificación se elaboró antes de que el país eligiera a una presidenta comprometida con suspender garantías constitucionales, reformar el Poder Judicial para subordinarlo al Ejecutivo, y modificar las reglas electorales para permitir la reelección consecutiva. Los próximos meses serán decisivos; el nuevo Congreso se instala el 1 de mayo y los proyectos prioritarios ya están anunciados. Si el Partido Pueblo Soberano logra sumar siete votos de la oposición fragmentada, tendrá los 38 necesarios para reformar la Constitución. La expresidenta Laura Chinchilla advirtió que esta era la elección con mayores consecuencias desde 1948. El expresidente Óscar Arias, premio Nobel de la Paz, declaró que el país se jugaba “la supervivencia de la democracia”. Casi la mitad del electorado escuchó esas advertencias y decidió que el miedo al crimen pesaba más que el miedo al Estado. Esa es la apuesta que Costa Rica acaba de hacer; el resto de América Latina debería tomar nota…
G.S.
Fuentes
- Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, resultados preliminares, 1 de febrero de 2026
- The Economist Intelligence Unit, Índice de Democracia 2024, febrero de 2025
- Organismo de Investigación Judicial, estadísticas de homicidios 2013-2025
- Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica, septiembre de 2025
- La Nación y El Financiero (Costa Rica), cobertura electoral enero-febrero de 2026
- Contra Corriente, “Rodrigo Chaves pone la primera piedra del modelo Bukele”, 15 de enero de 2026
- EFE, AFP y Associated Press, despachos del 1 y 2 de febrero de 2026
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