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En la madrugada del 10 de octubre de 2025, el Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente con 124 votos a favor y cero en contra. Este texto demuestra cómo la primera presidenta mujer del país cayó no solo por escándalos de corrupción sino por haber perdido toda capacidad de arbitrar en un Estado capturado por el crimen organizado. Las extorsiones se multiplicaron por seis entre 2019 y 2024, los homicidios aumentaron 35,9% solo en 2024, y más de la mitad de los asesinatos son sicariatos. La economía criminal genera seis mil millones de dólares anuales mientras dos tercios de los parlamentarios enfrentan investigaciones penales. Si solo puedes leer esto, quédate con esto. No hubo vencedores. Solo un Estado que ya no finge coherencia.
En la noche del 9 al 10 de octubre de 2025, el Congreso peruano consumó la ejecución política de Dina Boluarte en menos de dos horas. La primera mujer presidenta abandona el poder entre escándalos, violencias de Estado y traiciones institucionales, dejando un país donde la impunidad se viste de derecho y las instituciones sobreviven negociando su propia desintegración.
El detonante y el teatro nocturno
El miércoles 8 de octubre, un hombre abrió fuego en un concierto de Agua Marina, el grupo de cumbia más popular del Perú, hiriendo a cinco personas. La violencia exhibida en medio del espectáculo masivo funcionó como catalizador visible de lo que todos sabían. El país se había vuelto ingobernable y la presidenta no tenía respuesta. En menos de veinticuatro horas, cuatro bancadas presentaron mociones de destitución. El jueves por la tarde, ciento ochenta votos las aceptaron. La maquinaria estaba en marcha.
A las veintitrés treinta, convocaron a Boluarte para defenderse. Nunca llegó. Su ausencia fue la primera admisión de derrota. El voto comenzó pasada la medianoche. Associated Press y Financial Times reportaron ciento veinticuatro votos a favor, Euronews ciento veintidós, pero la variación no importa. Con ochenta y siete requeridos, el Congreso pulverizó el umbral. A la una de la madrugada, José Jerí, treinta y ocho años, presidente del Congreso, juraba como presidente interino.
El Perú despertó con su sexto jefe de Estado en menos de diez años. Antes fueron Kuczynski renunciando ante acusaciones de corrupción, Vizcarra destituido por el Congreso, Merino durando cinco días en medio de protestas masivas, Sagasti terminando el período, Castillo arrestado tras intentar disolver el legislativo, ahora Boluarte. La incapacidad moral permanente, fórmula litúrgica del sistema político peruano, sirve de salida legal a crisis cuyas raíces estructurales nadie quiere nombrar. Lo provisorio se volvió régimen.
La crisis de seguridad como sentencia definitiva
Entre 2019 y 2024, las extorsiones denunciadas se multiplicaron por seis. En 2025, uno de cada tres peruanos conoce una víctima. Los homicidios se duplicaron desde 2019. El Ministerio de Salud contabilizó quinientos sesenta y dos asesinatos entre enero y marzo de 2025, contra cuatrocientos sesenta y nueve en el mismo período de 2024. Veinte por ciento de aumento en tres meses. Más de la mitad de los crímenes de 2024 fueron sicariatos, firma inequívoca del crimen organizado.
La geografía de la violencia dibuja el mapa del abandono. Lima concentra ochocientos cincuenta y seis homicidios en 2024. Madre de Dios exhibe veinte homicidios por cien mil habitantes, Tumbes catorce coma seis, La Libertad trece. Estos departamentos donde el Estado solo llega uniformado son los nuevos territorios del Tren de Aragua, cárteles mexicanos y redes de lavado vinculadas a la minería ilegal. La economía criminal genera seis mil millones anuales, la mitad del valor de las exportaciones de oro del país.
Pero el dato más devastador permanece oculto en los pasillos del Congreso. Sesenta y siete por ciento de los parlamentarios enfrentan investigaciones penales. En agosto de 2024, esa misma asamblea bajo sospecha aprobó una ley reduciendo la definición de crimen organizado para excluir varios delitos de corrupción del perímetro investigativo. Boluarte no vetó. La extorsión fue reintegrada tras protestas, pero los delitos de corrupción permanecieron excluidos. El mensaje quedó claro. El Estado peruano ya no arbitra entre legalidad e ilegalidad. Negocia su participación en ambas.
Dato clave
Human Rights Watch documentó en julio de 2025 que el Congreso peruano debilitó sistemáticamente los marcos legales contra el crimen organizado mientras aprobaba leyes de “populismo punitivo” como bajar la edad de responsabilidad penal a dieciséis años sin atacar las redes de reclutamiento.
Lo que Boluarte no entendió es que un gobierno que promete orden mientras alimenta el caos pierde toda legitimidad moral. No se gobierna con estados de emergencia repetidos. Se gobierna desmantelando las estructuras de impunidad. La presidenta multiplicó las declaraciones securitarias y los presupuestos policiales, pero nunca nombró la colusión entre crimen organizado y poder legislativo. Gestionó síntomas. Las causas prosperaron.
El escándalo como norma
Rolexgate. Relojes de lujo no declarados usados en público. Aumento salarial votado para sí misma en julio de 2024. Hermano arrestado en mayo por nombramientos irregulares. Quince días de ausencia presidencial en julio de 2023, oficialmente por “necesidad médica”, extraoficialmente por cirugía estética. Investigación abierta por genocidio vinculada a la represión. Más de quinientas protestas en sus tres primeros meses. Al menos cincuenta muertos en manifestaciones de 2023 y 2024.
El repertorio no sorprende. Lo distintivo de la era Boluarte fue la banalización total. Cuando dos tercios del Congreso están bajo investigación criminal y modifican leyes para protegerse, cuando ejecutivo y legislativo sobreviven por colusión mutua, el sistema no es disfuncional. Funciona perfectamente según una lógica de impunidad compartida donde las instituciones formales encubren pactos informales.
«Las violentas injusticias y el desorden del mundo blanco se oponen a lo que percibimos como la existencia pacífica pero explotada de los indios.»
– José María Arguedas –
La cita del gran novelista y antropólogo peruano resuena con brutalidad contemporánea. Lo que Arguedas diagnosticó en 1935 sigue intacto. Un país donde las élites limeñas legislan la violencia mientras la periferia andina la sufre. Boluarte, nacida en Apurímac, prometió ser el puente. Terminó siendo un eslabón más de la cadena colonial.
La promesa traicionada
Dina Boluarte había jurado coser lo fracturado entre Lima y las regiones, entre la costa y los Andes. Debía representar algo nuevo. Una mujer. Una voz provincial. Llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y fue arrestado. Su tasa de aprobación era del treinta por ciento. Tenía margen para construir.
En octubre de 2025, dos años y diez meses después, exhibía dos por ciento de aprobación, la más baja jamás registrada para un jefe de Estado peruano. En marzo, varios departamentos del centro marcaban cero por ciento. La simbólica es implacable. La primera mujer presidenta, derrocada no por misoginia sino por haber confundido supervivencia institucional con autoridad moral, prudencia con docilidad, cálculo con visión. Hay momentos en que la historia no perdona.
Los Andes recuerdan
José Jerí prometió estabilidad y elecciones en abril de 2026. Las cancillerías se tranquilizan. Los mercados respiran. Pero en Juliaca, Ayacucho, Cusco, lo provisorio tiene otro rostro. El de los muertos de 2023 y 2024, nunca contabilizados oficialmente, nunca reparados. Las comunidades que enterraron a sus hijos no cambiarán duelo por comunicado.
El centro decide, la periferia paga. Este axioma colonial nunca se rompió. Las movilizaciones andinas no son folclore ni ruido de fondo. Son el argumento principal de un país donde las instituciones extractivas funcionan desde hace quinientos años sin interrupciones sustanciales. La maquinaria parlamentaria produce presidentes desechables cada dos años mientras las estructuras profundas permanecen. No habrá paz sin verdad, no habrá verdad sin responsabilidad, no habrá responsabilidad sin reparación. Quien promete seguridad sin justicia miente. Los Andes recuerdan. Es su maldición y su fuerza.
El contagio regional y la revancha de las élites
Para las élites económicas limeñas, la destitución tiene sabor de limpieza institucional. Se habla de normalidad recuperada. Se martilla que la criminalidad se combate con más policía y cárceles. Se olvida que el aparato securitario creció mientras las extorsiones explotaban. Una presidenta impopular, un Congreso unido por instinto de supervivencia, unas horas de noche. A esto le llaman restaurar el orden. Es solo administrar la continuidad del desorden bajo nueva cara.
Pero la crisis no se contiene en fronteras. El Perú funciona como sismógrafo andino. Los flujos migratorios se acelerarán. Ecuador conoce trayectoria similar. Chile ve llegar a Los Pulpos y Los del Callao, organizaciones criminales peruanas que ya controlan rutas de extorsión transfronteriza. Bolivia comparte fronteras porosas. Cuando un Estado pierde capacidad de nombrar sus propios crímenes, exporta la crisis en forma de exilio, miedo y rabia. La región se endurece por contagio.
Conclusión
La destitución de Dina Boluarte cierra un capítulo sin resolver el libro. El Congreso no restauró confianza. Cambió el rostro que enfrenta la tormenta. José Jerí hereda un país donde el crimen organizado genera seis mil millones anuales, donde sesenta y siete por ciento de los parlamentarios están bajo investigación, donde uno de cada tres ciudadanos conoce una víctima de extorsión.
Este país no necesita juramentos. Necesita duelo reconocido para los cincuenta muertos de los Andes. Justicia que deje de proteger poderosos. Política que deje de ser teatro donde legalidad y legitimidad se divorciaron definitivamente. Lo demás es escenografía. Le llamarán estabilidad. Será armisticio frágil entre fuerzas que combaten desde que el Estado peruano dejó de arbitrar para volverse cómplice de su propia descomposición.
Tras la votación nocturna, Dina Boluarte no emitió declaración alguna. Su silencio fue la última palabra de una presidencia que nunca encontró voz propia…
G.S.
Fuentes
Fuentes primarias
- Peru’s Congress removes President Boluarte as a crime wave grips the country — Associated Press — 10 de octubre de 2025
- Peru’s Congress votes to initiate impeachment trial of President Boluarte — The Washington Post — 10 de octubre de 2025
- Peru’s Congress votes to remove President Boluarte as crime grips nation — Al Jazeera — 10 de octubre de 2025
- Peru’s president Dina Boluarte impeached by lawmakers — Financial Times — 10 de octubre de 2025
Fuentes secundarias
- Congress in Cahoots: How Peru’s Legislature Is Allowing Organized Crime to Thrive — Human Rights Watch — julio de 2025
- InSight Crime’s 2024 Homicide Round-Up — InSight Crime — abril de 2025
- Peru’s crime wave: A populist opening or a chance for reform? — Atlantic Council — marzo de 2025