A comienzos de septiembre, Abelardo de la Espriella caminó entre veintitrés cadáveres embolsados mientras la Presidencia grababa. Eran, según el propio Gobierno, presuntos disidentes de las FARC muertos en una operación militar en Guaviare. Pocos días después, el viernes 4, presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas en Riohacha, entre ellos el de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
No escribo esto con la ilusión de revelar algo.
La escena circuló, fue comentada y quedó atrás con la misma rapidez que todas las demás, y esa rapidez forma parte del método. Un Estado que muestra a sus muertos no necesita demostrar que gobierna, le basta con que la imagen se reproduzca. Las cifras oficiales existen y no pienso discutirlas. La Policía contó 1.169 homicidios en agosto frente a 1.244 un año antes, un descenso cercano al seis por ciento que incluye además los primeros seis días del Gobierno anterior, y los secuestros extorsivos pasaron de 37 a 11. Lo que discuto es la sustitución de una política de seguridad por su puesta en escena.
Entre los muertos de estas semanas hay menores de edad. Medicina Legal identificó a tres entre los fallecidos de un bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, y el Senado rechazó el 23 de septiembre la moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, por 65 votos contra 17. El ministro sostuvo que los niños reclutados por grupos armados son víctimas, y la defensa del Ejecutivo añadió que su presencia no excluye por sí sola una operación militar cuando cumplen funciones ligadas a las hostilidades. La frase quedó dicha en el Senado, y ahí puede quedarse.
A partir del 22 de septiembre, después de que alias Cholo, segundo cabecilla de esas mismas Autodefensas Conquistadoras, muriera en un operativo policial, la organización impuso un paro armado en Santa Marta y La Guajira. Comercios cerrados, clases suspendidas, calles vacías en uno de los principales destinos turísticos del país, según EFE, que describe al grupo como narcoparamilitar. El presidente ordenó militarizar la ciudad con más de 1.100 policías y militares, y el miércoles 23 unos turistas aplaudieron a los soldados que patrullaban la playa de El Rodadero, dos días antes de que el paro concluyera, a las siete de la mañana del viernes 25, la hora que había fijado el propio grupo. Ningún informe de seguridad produce una imagen tan eficaz.
El orden, en este modelo, se mide en fotografías.
Existe otro inventario, menos fotogénico, y es el de quienes podrían discutir la imagen. El 3 de septiembre una directiva presidencial exigió que ministros y directores consulten y coordinen sus entrevistas y declaraciones con la oficina de prensa de la Presidencia, y la Fundación para la Libertad de Prensa advirtió que esa coordinación no puede convertirse en un criterio de autorización. El 14, el Gobierno declaró insubsistente al director del DANE, Ricardo Valencia, que había afirmado no encontrar anomalías en las cifras de julio, último mes del Gobierno anterior. La Presidencia calificó esa conclusión de prematura, por falta de auditorías profundas, y le reprochó además haber desatendido la directiva. Leo en esa secuencia una jerarquía precisa, en la que la palabra de la Presidencia ocupa un rango superior al de la medición.
Quien enseña tampoco quedó al margen. El 2 de septiembre renunció la ministra Viviane Morales, con menos de un mes en el cargo y por una situación familiar según su carta. Había publicado un proyecto de decreto que permitiría a privados e iglesias gestionar colegios públicos, según La Silla Vacía, y ella aseguró que no se trataba de privatizar. El 13, el presidente anunció un protocolo para que la Policía entre en las universidades públicas cuando una protesta derive en violencia. Desde la Universidad Nacional, su rector, José Ismael Peña, recordó que la Policía siempre ha entrado ante actos de vandalismo y advirtió que la medida busca involucrar al ESMAD dentro de los campus. El 17, desde Riohacha, el presidente pidió al Ministerio de Educación revisar el manejo de la Universidad de La Guajira. Ninguno de estos gestos prueba por sí solo una intención, pero reunidos en quince días dibujan una dirección.
Las cuentas completan el cuadro sin esclarecerlo. A comienzos de septiembre Hacienda confirmó un recorte de 21,9 billones sobre el presupuesto de 2026 que, según el Gobierno, saldrá de todos los rubros, sin precisar cuáles, y sostiene que el proyecto de 2027, de 634,9 billones, añade 700.000 millones para la educación superior pública que el anterior no contemplaba. Según El Colombiano, el servicio de la deuda pesa en ese proyecto más que la inversión en educación y en salud.
Octubre trae ya su calendario. Fecode y las centrales obreras convocaron una jornada nacional de movilización para el 14 y preparan el primer paro nacional contra este Gobierno, en una fecha de noviembre que oscila entre el 11 y el 20.
Más que una lista de hechos, septiembre deja una forma de gobierno. Se exhiben los muertos, se militariza la playa y se pone bajo tutela, en mi lectura, a quien mide, a quien enseña y a quien pregunta. Una fotografía no responde preguntas, de modo que el método funciona mientras nadie las formule. Yo seguiré formulándolas, y octubre, con sus calles anunciadas, dirá cuántos más lo hacen…
G.S.
