AÑO II  ·  No. 532  ·  VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

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INVESTIGACIÓNHONDURAS

Honduras no es una víctima: es el precio acordado entre Trump, Netanyahu y los billonarios de Silicon Valley

El 28 de noviembre de 2025, dos días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, Donald Trump anunció el indulto completo de Juan Orlando Hernández, exmandatario condenado a 45 años de prisión por importar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sirvió un año. Los audios filtrados de Hondurasgate no revelan un escándalo de corrupción; revelan algo más difícil de ignorar. La arquitectura funcional del neocolonialismo del siglo XXI tiene actores, precios, contratos y mapas. Honduras no es la víctima de una mala administración. Es la moneda de cambio de un acuerdo que ya tiene beneficiarios, plazos y recibos.

El hombre fabricado

Juan Orlando Hernández no llegó a ser presidente de Honduras por accidente. Llegó porque alguien lo construyó. En 1991, cuando tenía 22 años, viajó a Israel por primera vez, invitado por la agencia de cooperación israelí MASHAV, que financia programas de formación para cuadros políticos y técnicos de países en desarrollo. Hernández completó ese curso de liderazgo y, tres décadas más tarde, durante la inauguración de la embajada hondureña en Jerusalén, describió esa visita como “una experiencia que cambió mi vida”. No era retórica. Era una declaración de deuda.

Cuando asumió la presidencia en 2014, la deuda empezó a pagarse de forma sistemática. Honduras modificó su posición en la ONU y pasó a ser uno de los dos países de América Latina que con mayor frecuencia votaba contra las resoluciones hostiles a Israel. En diciembre de 2017, cuando la Asamblea General condenó por 128 votos el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, Honduras fue uno de los nueve países del mundo que votó en contra. El precio llegó de inmediato; cuando Honduras ocupó la presidencia rotatoria, el bloque anti-israelí promovió una candidatura rival y la derrota fue por exactamente 128 votos. “¿Mencioné que la palabra ‘coincidencia’ no aparece en ninguna parte de la Biblia?”, dijo Hernández en su discurso en Jerusalén.

En junio de 2021, Hernández inauguró la embajada hondureña completa en Jerusalén, siendo el primer líder extranjero que el nuevo primer ministro Naftali Bennett recibió en persona. Netanyahu, ya fuera del cargo, se aseguró de visitar a Hernández en su hotel. En 2019, el Friends of Zion Museum de Jerusalén, institución que promueve el apoyo cristiano a Israel y combate el movimiento de boicot BDS, le otorgó su distinción más destacada, que Hernández compartía con Donald Trump. Era la consolidación de una red construida durante décadas, tejida entre el evangelismo centroamericano, el capital político sionista en Washington y los aparatos de seguridad de Tel Aviv. Esa red no iba a desaparecer cuando Hernández fue detenido. Iba a activarse.

La gracia como contrato

Detrás del indulto había una campaña de lobby precisa. Roger Stone, asesor político de Trump y figura central del aparato republicano desde los años de Reagan, había escrito tres publicaciones en su plataforma Substack desde enero de 2025 exigiendo la liberación de Hernández. Stone fue quien entregó a Trump la carta que Hernández redactó desde su celda de la prisión federal de Hazelton, West Virginia, dirigiéndose al presidente como “Su Excelencia”. Según una fuente de la Casa Blanca citada por el New York Times, Trump no había leído la carta antes de anunciar el indulto. No necesitaba leerla. El acuerdo ya estaba hecho.

El mismo día del anuncio, Trump respaldó a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Hernández, e insinuó que habría “graves consecuencias” si Asfura no resultaba elegido. Dos días después, Asfura ganó en una elección marcada por denuncias de irregularidades. Trump impuso restricciones de visa a dos funcionarios electorales del partido de izquierda LIBRE, incluido el consejero Marlon Ochoa, justo después de que Asfura fue declarado ganador. Los candidatos derrotados denunciaron la interferencia. Nadie en Washington respondió.

Según los registros de audio obtenidos por Hondurasgate y publicados por Canal RED, Hernández declaró en enero de 2026 que Benjamin Netanyahu “tuvo todo que ver con mi liberación y la negociación”. En otro audio, de marzo de 2026, precisó que el dinero del indulto “no vino de ustedes, vino de un consejo de rabinos, de personas que apoyan a Israel, las mismas que en el pasado apoyaron a Yani Rosenthal”. Los audios fueron verificados mediante el motor de análisis forense de voz Phonexia Voice Inspector.

Lo que los audios revelan no es la historia de un narcotraficante indultado por simpatía. Es la historia de un contrato. Trump firmó el documento; Israel financió el lobby; Roger Stone coordinó los accesos; y Asfura ganó las elecciones con el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos. Cada actor en esa cadena recibió algo a cambio. La pregunta que la prensa americana se niega a formular no es si hubo un trato, sino qué estaba incluido en él.

Las ZEDEs o el Estado vendido

Para entender qué reciben Washington y Tel Aviv, hay que conocer las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas por sus siglas ZEDE. Se trata de enclaves jurídicos autónomos dentro del territorio hondureño en los cuales el Estado renuncia a su soberanía, y una empresa privada extranjera asume el control de la legislación laboral, ambiental, fiscal y judicial del área. Son jurisdicciones corporativas sobre tierra hondureña, con sus propios tribunales, sus propias reglas y sus propias fuerzas de seguridad, sin obligación de pagar impuestos al Estado.

La ley ZEDE fue creada bajo la presidencia de Hernández en 2013, después de que el Congreso Nacional destituyó a cuatro magistrados del Tribunal Supremo que habían declarado inconstitucional una versión anterior de la misma ley. Desde su fundación, las ZEDEs funcionaron como mecanismo de atracción de capital estadounidense e israelí, con acuerdos bilaterales firmados en los mismos años en que Hernández inauguraba embajadas en Jerusalén y votaba contra Palestina en la ONU.

La ZEDE más conocida es Próspera, en la isla de Roatán, fundada en 2017 con capital de Pronomos Capital, cuyos principales inversores son Peter Thiel, cofundador de PayPal y accionista de Palantir; Marc Andreessen, figura central del capital de riesgo de Silicon Valley; y Balaji Srinivasan, propulsor de los llamados “estados de red” que reemplazarían a los Estados-nación. En 2022, la presidenta Xiomara Castro derogó la ley ZEDE calificando a Próspera de creación del “narco-régimen”; el Tribunal Supremo ratificó esa decisión en septiembre de 2024. La respuesta fue demandar al Estado hondureño por 10 700 millones de dólares ante el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial ajeno a la jurisdicción local, suma equivalente a un tercio del PIB del país.

Ahí está la textura real del acuerdo. Hernández construyó el andamiaje legal que permitía esta transferencia de soberanía. Castro lo desmanteló. El plan documentado en los audios de Hondurasgate consiste en devolver a Hernández al poder para reconstruirlo. El hilo entre el lobby israelí que pagó el indulto y las ZEDEs que ese mismo indulto busca resucitar no es una conjetura analítica; es la misma red de actores, el mismo capital y la misma doctrina aplicada en dos momentos distintos del mismo proyecto.

La célula y el mapa

El territorio. Una nota de voz del 10 de febrero de 2026, publicada por Canal RED, recoge al presidente Asfura informando a Hernández que “ya tuvimos una sesión privada con círculos inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán de la ZEDE y en Comayagua”. No es una hipótesis. Es un informe de avance. Los audios documentan además la negociación de una nueva base militar estadounidense en Roatán, siguiendo el modelo de la Base Aérea de Palmerola, que el Comando Sur opera en Honduras desde 1982; la construcción de un canal interoceánico adjudicado a General Electric; una legislación de inteligencia artificial diseñada a medida de empresas estadounidenses e israelíes; y un centro de reclusión en Tegucigalpa inspirado en el CECOT, la megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que opera al margen de cualquier control judicial. En la misma nota de voz, Asfura precisó que las compras de materias primas se orientarían exclusivamente hacia Argentina y Estados Unidos, “evitando Canadá y China”. “Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder”, afirmó. Es la doctrina geopolítica de Trump aplicada en tiempo real, con Honduras como pieza de contención frente al avance chino en América Latina.

La información. El 30 de enero de 2026, Hernández pidió a Asfura 150 000 dólares para “montar una célula, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas”. En otra llamada del mismo día con la vicepresidenta María Antonieta Mejía, detalló los financiadores; el presidente argentino Javier Milei aportaría 350 000 dólares adicionales. Los blancos son el presidente colombiano Gustavo Petro, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y la familia Zelaya en Honduras. La operación también busca impedir que el senador colombiano Iván Cepeda gane las elecciones presidenciales de 2026. Para que este mapa funcione, la oposición judicial tiene que ser eliminada. No es una metáfora.

En los audios de Hondurasgate, Hernández instruye al presidente del Congreso Tomás Zambrano para que aplique “cualquier tipo de violencia” a fin de neutralizar a la oposición. La consejera electoral Cosette López-Osorio discute la suerte del consejero Marlon Ochoa con las palabras “primero: prisión o muerte”. El 16 de abril de 2026, el Congreso destituyó a Ochoa y a dos magistrados del Tribunal Electoral con 88 votos a favor. El 25 de marzo, el fiscal general Johel Zelaya había sido destituido y la presidenta del Tribunal Supremo, Rebeca Obando, forzada a renunciar.

El prototipo

El Washington Monthly describió este escándalo como “peor que Watergate e Irán-Contra combinados”. Watergate fue la corrupción interna de un partido político. Irán-Contra fue el financiamiento ilegal de una guerra proxy. Hondurasgate es algo diferente; la documentación, con audios verificados, de un sistema operativo completo para la colonización de un Estado soberano mediante capital privado tecnológico, financiamiento israelí, maquinaria evangelista, lawfare (el uso de los tribunales como arma política para destruir al adversario sin garantías de proceso justo) y desinformación mediática organizada desde el exterior.

Lo que hace de Honduras un laboratorio no es que estos mecanismos sean nuevos. Es que, por primera vez, están todos documentados en el mismo expediente, con nombres, fechas, cifras y voces. Los inversores de Silicon Valley que financian la privatización de la soberanía territorial son los mismos que financian la campaña de Trump. El lobby pro-israelí que pagó el indulto es el mismo que opera en los foros de la ONU. Milei, que aporta 350 000 dólares a la célula mediática de Hernández, es el mismo líder que Trump presentó como modelo político para el hemisferio occidental. Los hilos se cruzan. El experimento en Honduras confirma que el cruce no es casual.

Al momento de publicar este artículo, ningún medio de comunicación de masas norteamericano ha dado cobertura sustantiva a Hondurasgate, a pesar de que la historia implica directamente al presidente de Estados Unidos en la compra de un indulto presidencial para un narcoconvicto a cambio de concesiones territoriales. La cobertura existe en América Latina, en España, en algunos medios anglosajones independientes. Ese silencio no es un error editorial. Es una decisión. Y las decisiones editoriales de esta naturaleza tienen sus propios financiadores, sus propios acuerdos y sus propios mapas. La diferencia con Honduras es que esos acuerdos todavía no han sido grabados…

G.S.

Fuentes

Gabriel Schwarb

SOBRE EL AUTOR

Gabriel Schwarb

Gabriel Schwarb nació entre fronteras, creció entre lenguas y se formó en medio del colapso de los relatos oficiales. Es escritor suizo-colombiano, individuo de tercera cultura y fundador de AcidReport, un medio sin afiliación, sin marketing y sin patrocinadores. No publica para agradar. Publica para responder. En el mundo de la comunicación visual desde 1997, abandona deliberadamente el confort estético para sumergirse en el análisis, el archivo y la confrontación textual. Construye AcidReport como se construye un archivo en tiempo de ruina, con método, con urgencia y con memoria.

Para él, la escritura no es una aspiración literaria. Es una herramienta de ruptura, un espacio de denuncia y un ejercicio de lucidez sostenida. Su estilo es directo, analítico, despojado, más cerca de la disección que de la metáfora. Su método combina verificación estricta de fuentes, trabajo de archivo, OSINT y revisión pública de errores. Cree en la palabra como acto político, como forma de protección frente al olvido y como posibilidad de reparación simbólica para quienes ya no pueden hablar.

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