Hay una liturgia que se repite cada semana en casi todos los países del mundo, sin distinción entre capitalistas y socialistas, entre dictaduras y democracias, entre ricos y pobres. Millones de personas suspenden sus vidas y sus opiniones políticas para dedicar dos horas a observar a veintidós hombres correr detrás de un balón. No es un accidente. Lo que el estadio produce no es entretenimiento, sino obediencia, catarsis colectiva sin consecuencias políticas, y una arquitectura financiera opaca que ningún paraíso fiscal ha logrado igualar. El fútbol latinoamericano no fue corrompido por el dinero sucio. Fue diseñado, desde sus cimientos institucionales, como una maquinaria al servicio del poder.
El segundo circo
Los romanos lo entendieron antes que nadie. El panem et circenses, el pan y los juegos del circo, era una fórmula de gobierno, no de entretenimiento. La diferencia entre el Coliseo de Roma y el Estadio El Campín de Bogotá es tecnológica, no estructural. En ambos casos, el Estado ofrece a las clases populares un espacio de emoción intensa, de furia colectiva que se consume dentro del recinto sin salir a las calles con demandas políticas. Antonio Gramsci, sociólogo italiano preso por Mussolini, llamó hegemonía cultural a la forma en que las clases dominantes consiguen que los dominados reproduzcan las condiciones de su propia dominación. El fútbol es el mecanismo más eficaz de esa hegemonía porque no se presenta como control. Se presenta como pasión.
El caso latinoamericano más documentado del uso del deporte como herramienta política es Argentina 1978. La Junta Militar del general Videla organizó el Campeonato Mundial de Fútbol mientras desaparecía a sus opositores, torturaba en centros clandestinos a pocos kilómetros de los estadios y ejecutaba un proyecto de exterminio que costaría la vida a treinta mil personas. El balón corrió, Argentina ganó, y el mundo aplaudió. Ricardo Villa, mediocampista de aquella selección, lo resumió décadas después. Los habían usado para tapar las treinta mil desapariciones. Se sentía engañado. El Mundial fue concebido y gestionado como operación de relaciones públicas por un régimen que sabía exactamente lo que estaba comprando.
La lógica no desapareció con las dictaduras. Se sofisticó. El deporte de masas moderno produce un efecto de disciplinamiento social que ninguna junta militar habría podido garantizar sin represión. No requiere censura, no genera mártires, no necesita decretos de estado de sitio. Simplemente ocupa el tiempo libre, el espacio emocional y la conversación pública de decenas de millones de personas con un contenido que no amenaza ninguna estructura de poder existente. Que el partido es el sábado, que el equipo perdió, que el árbitro fue corrupto, que el técnico debe irse. El estadio produce identidad tribal y un calendario de emociones perfectamente administrado. Lo que no produce, en ningún caso, es conciencia política.
La lavadora más grande del mundo
El mecanismo es sencillo, como lo son todos los mecanismos de extracción bien diseñados. Un club de fútbol recibe dinero de fuentes múltiples y difícilmente auditables, es decir, verificables por organismos externos, entre ellas la taquilla en efectivo, los contratos de patrocinio, las transferencias de jugadores y la mercancía oficial. La valoración de un jugador es, en esencia, subjetiva. ¿Cuánto vale un delantero de veintidós años con potencial? La respuesta puede ser un millón de dólares o diez millones de dólares según quien la formule, y no existe ningún organismo internacional con capacidad real de verificar la diferencia. Ese diferencial de valoración es el espacio donde circula el dinero sucio.
La operación es contable y relativamente simple. Se firma un contrato de transferencia por el doble del valor real, la diferencia se paga fuera de los registros mediante una sociedad interpuesta en un territorio de baja fiscalización como las Islas Caimán o Panamá. El jugador llega, el dinero queda limpio. Las transacciones con clubes extranjeros se hacen en una divisa y se registran en otra, los contratos se firman por cantidades inferiores a las que recibe el futbolista, y la brecha entre ambas cifras desaparece dentro de la opacidad institucional que el fútbol ha cultivado durante décadas con la complicidad de sus propias autoridades reguladoras.
Colombia fue, durante las décadas de 1980 y 1990, el laboratorio más avanzado de este mecanismo. No porque los narcotraficantes colombianos fueran especialmente creativos, sino porque el contexto regulatorio era óptimo para sus propósitos. Un Estatuto Cambiario de 1968 permitía vender divisas extranjeras sin justificar su procedencia. La Dimayor, la División Mayor del Fútbol Colombiano, carecía de capacidad y de voluntad supervisora. Y la prensa deportiva vivía de la publicidad de los mismos clubes que debería investigar. El primer colombiano extraditado a los Estados Unidos no fue un traficante de cocaína. Fue el presidente de un club de fútbol.
Hernán Botero Moreno, dueño del 76% del Atlético Nacional y propietario del hotel Nutibara de Medellín, fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 1985. La justicia norteamericana lo acusó de haber blanqueado aproximadamente 55 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Pasó diecisiete años en prisiones norteamericanas. El club había ganado tres títulos nacionales bajo su dirección. La Dimayor suspendió la fecha del campeonato profesional como señal de protesta contra la extradición, gesto que resume con precisión el lugar que ocupaba el narcotráfico dentro de la institucionalidad del fútbol colombiano en aquel momento.
El América de Cali, uno de los clubes más populares del país, fue manejado por el Cartel de Cali durante más de una década. Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del cartel, era accionista directo del club. La compra de jugadores, el pago de primas y las operaciones financieras del club se realizaban a través de familiares de Rodríguez o de testaferros, es decir, personas que prestan su nombre para ocultar la identidad del verdadero propietario. En 1995, el gobierno de Estados Unidos incluyó al América de Cali en la Lista Clinton, un registro de sanciones por vínculos con el narcotráfico. El club permaneció en esa lista durante diecisiete años.
No fue una excepción. En octubre de 1983, el ministro de justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla declaró que seis de los principales clubes del fútbol profesional estaban en manos de personas vinculadas al narcotráfico. El Envigado FC, un club menor del área metropolitana de Medellín, fue utilizado por Juan Pablo Upegui como vehículo financiero de La Oficina de Envigado, organización narcocriminal heredera del imperio de Pablo Escobar. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que incluyó al club y a sus directivos en la lista de entidades sancionadas en 2014, el mecanismo operaba mediante la compraventa ficticia de jugadores y la venta de boletos en efectivo.
Entre 1983 y 2015, al menos ocho clubes del fútbol profesional colombiano fueron investigados judicialmente por vínculos con el narcotráfico. Hernán Botero Moreno, presidente del Atlético Nacional, fue condenado en Estados Unidos por blanquear aproximadamente 55 millones de dólares y se convirtió en el primer colombiano extraditado a ese país. El América de Cali permaneció diecisiete años en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro norteamericano. El Independiente Medellín habría servido, según el revisor fiscal del club, como vehículo para lavar más de 150.000 millones de pesos colombianos en beneficio de seis grupos criminales distintos entre 1978 y 2008.
La CONMEBOL como sistema
Luis Bedoya fue presidente de la Federación Colombiana de Fútbol entre 2006 y 2015. Era un hombre respetado en los circuitos del fútbol internacional, con vínculos en la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. En mayo de 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que tenía una cuenta bancaria en Suiza donde guardaba los dineros recibidos en concepto de sobornos. Renunció a la Federación ese mismo día y comenzó a colaborar con la justicia norteamericana para evitar la cárcel. Lo que su testimonio reveló no era la historia de un hombre corrupto en un sistema limpio, sino la de una institución donde la corrupción era el modo de funcionamiento ordinario.
El escándalo conocido como FIFAGate, destapado en 2015 por la justicia estadounidense, expuso una red de sobornos que se extendía por al menos dos décadas. El mecanismo era preciso. Empresas de marketing deportivo como Torneos y Competencias de Argentina, conocida como TyC, pagaban sobornos a los dirigentes de la CONMEBOL a cambio de los derechos televisivos de la Copa Libertadores y la Copa América. No era una negociación comercial irregular. Era una tarifa. Alejandro Burzaco, propietario de TyC y testigo clave del juicio de Brooklyn en 2023, declaró haber pagado más de 160 millones de dólares en sobornos a treinta personas distintas durante ese período.
En México, la infiltración no necesitó escandalizarse para ser reconocida. En 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana elaboró un informe interno que admitía, sin eufemismos, que todas las divisiones del fútbol profesional mexicano habían estado involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico. El documento identificaba que en Jalisco, estado donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal conocida por su sigla CJNG, existían 29 franquicias de fútbol concentradas en territorios de disputa activa. Rafael Márquez, capitán histórico de la selección mexicana, fue incluido en la Lista Clinton en 2017 por vínculos documentados con el CJNG. El Estado mexicano no descubrió un problema. Certificó uno que ya conocía.
La fiscalía estadounidense acusó a 45 personas y a varias empresas deportivas en el marco del FIFAGate de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. Veintisiete de los acusados se declararon culpables. El expresidente de la CONMEBOL Juan Ángel Napout y el expresidente del fútbol brasileño José Marin fueron condenados en juicio oral. Alejandro Burzaco, testigo principal y uno de los arquitectos del esquema, admitió haber distribuido decenas de millones de dólares entre treinta dirigentes a cambio de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la Copa América.
El lavado de imagen
Lo que el narcotráfico latinoamericano hizo a escala de club, los petrostados del Golfo Pérsico, es decir, los países cuya economía depende del petróleo y del gas, lo reproducen a escala de nación. El mecanismo es estructuralmente idéntico. Se introduce dinero cuyo origen es políticamente incómodo en una institución deportiva de alta visibilidad pública, se obtiene una legitimidad simbólica que ninguna campaña de relaciones públicas convencional podría generar, y se convierte la pasión de millones de aficionados en un escudo contra las críticas políticas. Los académicos anglosajones llaman a esto sportswashing, es decir, lavado de imagen a través del deporte. Los narcos colombianos lo llamaban simplemente negocio.
Qatar invirtió aproximadamente 220 mil millones de dólares en infraestructura para el Mundial de 2022, el mayor desembolso de un país anfitrión en la historia del deporte. Arabia Saudita había gastado al menos 1.500 millones de dólares en actividades de sportswashing antes de obtener la sede del Mundial 2034, según Grant Liberty. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue acusado de haber manipulado los procedimientos de votación para facilitar esa adjudicación. Ninguna acusación tuvo consecuencias institucionales. La FIFA, que fue el escenario central del mayor escándalo de corrupción en la historia del deporte, continúa siendo el organismo que decide qué países merecen albergar sus torneos.
La conexión entre el sportswashing de los petrostados y la corrupción estructural del fútbol latinoamericano no es metafórica. Es institucional. La FIFA y la CONMEBOL son los organismos que hacen posibles ambos fenómenos, porque son las entidades que otorgan la legitimidad que hace valiosa la inversión, que establecen reglas suficientemente opacas para que el dinero circule sin trazabilidad excesiva, y que producen el espectáculo que hace deseable ese sello de validación. Un club de Medellín en manos del Cartel de Cali y un club de París en manos del fondo soberano de Qatar son la misma operación vista desde dos hemisferios distintos. En ambos casos, lo que se compra no es fútbol. Es respetabilidad.
Lo que diferencia al fútbol de otros instrumentos de poder es su capacidad de producir lealtad genuina, no fingida. Nadie finge amar a su equipo. Esa autenticidad emocional es exactamente lo que lo convierte en el mecanismo de control más sofisticado disponible para cualquier estructura de dominación, sea un cartel narco, una junta militar o un Estado autoritario financiado por petróleo. El estadio no es donde el poder va a esconderse. Es donde el poder va a mostrarse con la cara más amable que tiene, rodeado de noventa mil personas que cantan su nombre sin saberlo…
G.S.
Fuentes
- Influencia del narcotráfico en el fútbol colombiano
- Narcotráfico y fútbol en Colombia: pasado y presente
- El fútbol y el narco: los casos recordados en Colombia
- Los 25 casos de lavado de activos más famosos
- Cinco equipos en la mira por vínculos con narcotráfico
- Ocho clubes de fútbol de Colombia investigados por nexos con narcotráfico
- FIFAgate: juicio en Nueva York por megaescándalo de sobornos
- Revelan millonario soborno en la CONMEBOL durante FIFAGate
- The Latam Officials Implicated in FIFA’s Scandal
- Gobierno de México advierte riesgo de lavado de dinero en el fútbol mexicano
- The Cartel Ties of Football in Guadalajara, Mexico
- Mundial de Qatar: el sportswashing o cuando un gobierno usa el deporte para limpiar su imagen
- Saudi sportswashing plunges new depths
- Caso de corrupción en la FIFA
Completamente interesante, y éso que no soy muy futbolera.
buena investigación!