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SINTESIS INICIAL
En 2 minutos: el 17 de febrero de 2026, la Sala Tercera del Tribunal Superior de Bogotá impuso a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, ignorando que el 91,7% de la comunidad lo había rechazado en consulta. Este texto demuestra que detrás del fallo existe una red de intereses articulada por el Centro Democrático, una corporación privada que factura más de 300.000 millones de pesos usando el nombre de la universidad, y una estrategia sistemática de captura institucional. Explica cómo la tutela judicial puede sustituir a la democracia interna y qué implica para las universidades públicas latinoamericanas. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: la disputa por la rectoría es la disputa por decidir a quién pertenecen el conocimiento y los recursos públicos.
El 17 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá firmó una sentencia que devolvió la rectoría de la Universidad Nacional a José Ismael Peña Reyes, ingeniero de sistemas que en la consulta universitaria de 2024 había obtenido apenas el 8,3% de los votos. Una semana después, más de 4.000 integrantes de la comunidad se reunieron en asamblea triestamentaria y declararon la anormalidad académica hasta el 20 de marzo. Lo que ocurrió entre esas dos fechas no es una crisis de gobernanza: es una demostración de cómo los instrumentos del Estado de derecho pueden ponerse al servicio de intereses económicos y políticos específicos.
El mecanismo: una tutela como instrumento político
El 21 de marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario eligió a Peña como rector, ignorando la consulta interna que había dado como ganador a Leopoldo Múnera con el 34,3% de los votos ponderados. La ministra de Educación, Aurora Vergara, se negó a firmar el acta de posesión. Peña se posesionó ante una notaría. Lo que siguió fue una cadena de recursos judiciales que durante casi dos años convirtió la rectoría en campo de batalla: el Consejo de Estado anuló en noviembre de 2025 la designación de Múnera en ejercicio; el Juzgado 46 Laboral de Bogotá negó en enero de 2026 la tutela de Peña; la Sala Tercera del Tribunal Superior la revocó el 17 de febrero, con ponencia de la magistrada Luz Marina Ibáñez Hernández, ordenando posesionar a Peña en 48 horas.
El Consejo Superior, cuyos integrantes en mayoría manifestaron su desacuerdo, acató la orden mediante la Resolución 008 del 19 de febrero. Los representantes designados por el presidente Petro votaron en contra pero declararon respetar la decisión. Lo que el fallo consagra no es un triunfo de la institucionalidad. Es la afirmación de que el Acta 05 del 21 de marzo de 2024 prevalece sobre cualquier consideración democrática interna, independientemente del rechazo masivo de la comunidad. La magistrada reconoció que su decisión “no implica pronunciamiento sobre eventuales controversias adicionales”: el tribunal protegió un derecho individual sin examinar el proceso político que lo construyó.
DATO CLAVE
José Ismael Peña obtuvo el 8,3% de los votos en la consulta universitaria de marzo de 2024, frente al 34,3% de Leopoldo Múnera. La Corporación Rotorr, creada en 2023 bajo la rectoría de Dolly Montoya, ha suscrito contratos por más de 300.000 millones de pesos usando el nombre de la Universidad Nacional, con un margen neto de apenas el 2,65%, frente al 32% que la universidad percibe directamente por investigación.
Rotorr: el negocio que explica la disputa
En marzo de 2023, la Universidad Nacional constituyó la Corporación Rotorr-Motor de Innovación, entidad sin ánimo de lucro creada con 1.000 millones de pesos de capital inicial. En teoría, Rotorr debía intermediar entre el conocimiento académico y el sector productivo. En la práctica, acumuló contratos hasta superar los 300.000 millones de pesos facturados, sin claridad institucional sobre el destino real de esos recursos.
Durante los 34 días que Peña ejerció la rectoría en 2024, se concentró en reestructurar la representación de la Rectoría en el Consejo Directivo de Rotorr, designando cinco profesores con períodos de tres años prorrogables. Cuando Múnera asumió en junio de 2024, exigió revertir esos nombramientos y acceder a los contratos. Rotorr se negó. Múnera emprendió acciones judiciales ante la Cámara de Comercio y Supersociedades; todas fueron rechazadas. La corporación modificó entonces sus estatutos para ampliar la autonomía de su director ejecutivo, eliminar límites a la contratación directa y extender su vida jurídica hasta el año 2123.
Revista RAYA documentó 16 contratos de Rotorr que suman más de 90.000 millones de pesos, entre ellos el convenio 12344 con el ICFES por 26.000 millones. Las áreas administrativas de la universidad admiten no tener información precisa sobre los aportes reales de Rotorr a la institución. Tanto Dolly Montoya como el director ejecutivo Jaime Alfonso Restrepo Carmona son señalados como figuras cercanas a Peña, lo que sitúa el control de Rotorr en el núcleo de la disputa por la rectoría.
“El paso definitivo que convierte a la Universidad Nacional en una alianza público-privada fue la creación de Rotorr, empresa creada con recursos públicos que opera desde una perspectiva privada y terceriza recursos que podrían entrar directamente a la universidad.”
– Mesa de Trabajo de la Asamblea Universitaria Constituyente, Facultad de Ciencias Humanas – (Razón Pública, 2024)
El padrino político: el Centro Democrático en la disputa
La conexión entre la causa de Ismael Peña y el uribismo no es conjetural. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, encabezó durante más de un año la campaña para revertir la designación de Múnera. En junio de 2024 protagonizó un debate de control político contra la ministra Vergara, argumentando que el procedimiento había sido idéntico al de la elección de Dolly Montoya; comparación imprecisa, dado que el método Borda se aplicó por primera vez en esa ocasión y producía resultados radicalmente distintos. El fallo del 17 de febrero fue saludado con entusiasmo por la candidata presidencial del uribismo.
La red de académicos ligados a la administración incluye figuras como Moisés Wasserman, defensor de la designación de Peña, e Ignacio Mantilla, señalado como articulador del proceso que la produjo. Esta red ha gobernado la universidad durante más de dos décadas con coherencia en su orientación hacia las alianzas público-privadas. Lo que Valencia denomina defensa de la institucionalidad es, para la comunidad movilizada, la defensa de esa hegemonía y de los intereses económicos que la sostienen.
DATO CLAVE
El Consejo Superior Universitario solicitó a la Corte Constitucional la revisión del caso con seis votos a favor. La vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez, y varios directivos de la sede Medellín renunciaron en protesta el día de la posesión de Peña. La sede Manizales decidió mantener la normalidad académica y no sumarse al paro.
La asamblea del 24 de febrero y la apuesta constituyente
El 24 de febrero, en el Auditorio León de Greiff, la comunidad universitaria deliberó durante nueve horas, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, en asamblea triestamentaria con más de 4.000 participantes presenciales y virtuales. La declaración de anormalidad académica fue aprobada con apenas 10 votos en contra, cifra que desmonta la tesis de que el paro representa una minoría activa. La Asociación Nacional de Profesoras Universitarias, ASPU, el principal sindicato docente, estuvo presente y respaldó la decisión.
La asamblea aprobó una declaración de nueve puntos: anormalidad académica hasta el 20 de marzo, asambleas constituyentes por facultad, rechazo a los señalamientos contra el profesor Francisco Toloza y liquidación de Rotorr. El punto más significativo es el octavo: depositar todo el poder en la Mesa Constituyente. La MECUN recibirá aportes hasta el 5 de marzo, elaborará versiones del estatuto general para su socialización, y el CSU sesionará el 24 de marzo para aprobar el nuevo Estatuto General.
Al día siguiente, el claustro docente del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Humanas formalizó su posición mediante la carta B.FCH.1.144-011-26, firmada por 13 profesoras y profesores de carrera. El documento solicita la renuncia de Peña por tres razones: ilegitimidad de origen, opacidad en la gestión de Rotorr durante su paso por la rectoría en 2024, y riesgo para el Proceso Constituyente en curso. La carta advierte sobre la necesidad de proteger ese proceso “de su marchitamiento y su instrumentalización”, reconociendo que la captura puede reproducirse desde adentro si la comunidad no lo blinda con su participación activa.
Conclusión: la universidad como campo de disputa
El gobierno de Petro queda en posición contradictoria: sus representantes votaron en contra del fallo pero lo acataron, lo cual es formalmente coherente pero políticamente insatisfactorio. La Corte Constitucional tiene la palabra sobre la revisión solicitada; su decisión determinará si existe en Colombia algún mecanismo capaz de reparar el daño institucional causado por una tutela que protegió un derecho individual sin examinar el proceso político que lo produjo.
Lo que no está en disputa es el dato estructural: una corporación privada maneja cientos de miles de millones de pesos con el nombre de una universidad pública, un rector que nadie eligió mayoritariamente controla esa estructura, y la derecha colombiana celebró su llegada como un triunfo propio. Si la Mesa Constituyente presenta un articulado viable el 24 de marzo, el caso de la Nacional podría convertirse en el primer precedente latinoamericano de reforma democratizante del gobierno universitario impulsada desde abajo en respuesta directa a un lawfare institucional. Si fracasa, el modelo de captura quedará consolidado. Las dos posibilidades coexisten, y su resolución dependerá de la capacidad organizativa de quienes decidieron que la asamblea, y no el tribunal, es la instancia soberana…
G.S.
Fuentes
- Declaración de la Asamblea Triestamentaria, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 24 de febrero de 2026 (documento original)
- Carta B.FCH.1.144-011-26, claustro docente Departamento de Literatura, Facultad de Ciencias Humanas, UNAL Bogotá, 25 de febrero de 2026 (fuente directa)
- Comunicado ASPU-UN, 24 de febrero de 2026 (fuente directa)
- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Tercera de Decisión Laboral, sentencia de tutela, 17 de febrero de 2026, ponente: magistrada Luz Marina Ibáñez Hernández
- Resolución 008 de 2026, Consejo Superior Universitario, Universidad Nacional de Colombia, 19 de febrero de 2026
- “Los miles de millones de pesos detrás de la pelea de Ismael Peña”, Revista RAYA, 2025-2026
- “El Centro Democrático busca recuperar la rectoría de la Universidad Nacional”, Revista RAYA, 2024
- “Universidad Nacional: qué hay detrás de la crisis”, Razón Pública, mayo de 2024
- “Indignación en la Universidad Nacional por la llegada de Ismael Peña”, Resumen Latinoamericano / Colombia Informa, 20 de febrero de 2026
- “Consejo Superior de la Universidad Nacional cumplió con fallo judicial”, Infobae, 19 de febrero de 2026
- “Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro”, El Espectador / El Tiempo, 17-19 de febrero de 2026
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