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AcidReport

Minneapolis, dos ejecuciones, 375 000 dólares para el asesino

AcidReport – USA – Minneapolis, dos ejecuciones, 375 000 dólares para el asesino

POR

Gabriel Schwarb

26 enero 2026
Minneapolis, dos ejecuciones, 375 000 dólares para el asesino

Ilustración: ©2025 Gabriel Schwarb

Lectura estimada: 8 minutos ·

SÍNTESIS INICIAL

En 2 minutos: en diecisiete días, agentes federales ejecutaron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis por el delito de filmar y existir durante redadas migratorias. Renee Good recibió tres balazos el 7 de enero; Alex Pretti, diez disparos el 24 de enero mientras yacía inmovilizado bajo seis agentes. El gobierno los calificó póstumamente de terroristas. Una campaña de financiación para el ejecutor de Good recaudó 375 000 dólares en cinco días, con mensajes que señalaban explícitamente que el alcalde de Minneapolis “es judío”. Este texto examina el mecanismo mediante el cual el derecho se invierte: las víctimas se convierten en agresores, los testigos en deportados, los asesinos en héroes financiados colectivamente: Las víctimas se convierten en agresores, los testigos en deportados, los asesinos en héroes financiados colectivamente. Si solo puedes leer esto, quédate con esto: Minneapolis es el laboratorio donde se prueba si los estadounidenses tolerarán que su gobierno ejecute ciudadanos en plena calle.

Quien desee comprender cómo se construyó el aparato represivo que hoy mata ciudadanos en Minneapolis puede consultar nuestro análisis previo:
ICE: radiografía de un aparato represivo, sobre la maquinaria migratoria, su financiación bipartidista y el complejo carcelario que la sostiene. Este texto asume ese contexto y avanza hacia la pregunta siguiente: una vez construida la máquina, ¿cómo se normaliza su uso letal contra quienes intentan documentarla?

Tabla de Contenido

Toggle
  • El testigo como objetivo militar
  • La fábrica de terroristas póstumos
  • 375 000 dólares y un recordatorio sobre quién es judío
  • Deportar a los testigos antes de que declaren
  • Conclusión
  • Fuentes

El testigo como objetivo militar

Alex Pretti caminaba por el barrio de Eat Street la mañana del 24 de enero cuando presenció a agentes de la Patrulla Fronteriza empujando civiles frente a una rosquillería. Pretti era enfermero de cuidados intensivos en el Centro Médico de Veteranos de Minneapolis, un profesional cuyo reflejo ante una emergencia era intervenir, no huir. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Cuando un agente derribó a una mujer, Pretti se interpuso, abrazándola para protegerla con su cuerpo. Lo rociaron con gas pimienta. Varios agentes lo derribaron al pavimento. Lo golpearon mientras estaba inmovilizado. Ocho segundos después de quedar reducido en el suelo, rodeado por media docena de uniformados, los agentes comenzaron a gritar que tenía un arma. Diez disparos siguieron en cinco segundos.

Un video verificado por Reuters y The Wall Street Journal muestra a un agente retirando un arma del área donde yacía Pretti y alejándose menos de un segundo antes de que otro agente abriera fuego. La secuencia temporal no admite interpretación inocente; el arma apareció después de que la decisión de disparar ya se había tomado. Pretti poseía legalmente una pistola con permiso de portación, como confirmó el jefe de policía de Minneapolis. No la había desenfundado. No había cometido ningún delito. Su único acto fue interponerse entre el poder y una mujer indefensa, y documentar lo que veía.

DATO CLAVE:
La respuesta de un agente federal a los manifestantes que se congregaron tras el asesinato fue un “boo hoo” burlón. Cuando los ciudadanos exigieron rendición de cuentas, recibieron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. El mensaje era pedagógico.

El Departamento de Seguridad Nacional describió a Pretti como alguien que se presentó a “impedir una operación de aplicación de la ley” y que “resistió violentamente” el desarme. El presidente Trump publicó en redes sociales la imagen del arma supuestamente encontrada junto al cuerpo, preguntando retóricamente qué hacía armado un civil en una zona de operaciones. Acusó al gobernador Walz y al alcalde Frey de “incitar a la insurrección”. La víctima ejecutada se convirtió en insurgente; los funcionarios electos que exigían justicia, en sediciosos.

La fábrica de terroristas póstumos

El mecanismo retórico no es improvisación sino protocolo. Diecisiete días antes de Pretti, Renee Good había recibido tres balazos dentro de su vehículo mientras giraba el volante alejándose del agente Jonathan Ross. La secretaria Kristi Noem la calificó de terrorista doméstica que había “armamentizado su vehículo” para atropellar agentes federales. El video grabado por el propio Ross, con su teléfono celular en una mano y su pistola en la otra, demuestra que no percibía amenaza alguna; nadie filma casualmente aquello que teme. El alcalde Frey declaró públicamente que la narrativa de autodefensa era “basura”. Pero la basura se convirtió en versión oficial.

«El poder no solo reprime; produce realidad, produce ámbitos de objetos y rituales de verdad.»
– Michel Foucault –, Vigilar y castigar (1975)

La inversión semántica cumple una función jurídica precisa. Si Good era terrorista, Ross actuó en legítima defensa. Si Pretti era insurgente armado, los diez disparos fueron proporcionales. La calificación póstuma de las víctimas como agresores no es difamación gratuita; es construcción anticipada de la defensa legal. El Estado no solo mata; reformatea la realidad para que el asesinato nunca haya ocurrido, reemplazado por una neutralización defensiva de amenazas. Los muertos no pueden contradecir su nueva biografía.

375 000 dólares y un recordatorio sobre quién es judío

Cinco días después del asesinato de Renee Good, una campaña de recaudación de fondos a favor del agente Jonathan Ross había reunido 375 000 dólares. Los donantes no financiaban la defensa legal de un acusado; financiaban la celebración de un ejecutor que permanecía en servicio activo sin cargos. Pero el detalle revelador estaba en otra campaña paralela, que describía el tiroteo como “resultado directo de traidores antiamericanos como el alcalde de Minneapolis Jacob Frey (quien es judío) avivando las llamas de la resistencia”.

DATO CLAVE:
El paréntesis no era incidental. La mención explícita de la identidad judía del alcalde, en el contexto de una campaña de apoyo a quien mató a una ciudadana desarmada, conectaba el asesinato con una narrativa antisemita más amplia. El dinero siguió fluyendo. Ningún funcionario federal condenó el mensaje.

El agente Ross, veterano de diecinueve años en la Patrulla Fronteriza e ICE, permanece en servicio. Todos los agentes presentes en el asesinato de Pretti seguían trabajando al día siguiente. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó una demanda para preservar evidencia; un juez federal ordenó que no se destruyera material probatorio. Pero la jurisdicción permanece disputada. El DHS reclama autoridad federal exclusiva. Los ejecutores responden a Washington, no a Minneapolis. El gobernador habló con la Casa Blanca exigiendo el retiro de los agentes; la operación continuó.

Deportar a los testigos antes de que declaren

El mecanismo de impunidad no se limita a la inversión retórica y la protección institucional de los ejecutores. Incluye la eliminación activa de quienes podrían testimoniar. En Camp East Montana, el campo de detención en Fort Bliss que ya documentamos como epicentro del nuevo sistema carcelario migratorio, Geraldo Lunas Campos murió el 3 de enero. ICE declaró que lo encontraron “en estado de angustia”. Un testigo declaró que guardias lo estrangularon hasta matarlo. El médico forense del condado de El Paso dictaminó homicidio por asfixia.

«La destrucción de la memoria es una técnica típica de los regímenes autoritarios.»
– Tzvetan Todorov – , Los abusos de la memoria (1995)

La respuesta del gobierno federal no fue investigar a los guardias sino acelerar la deportación de los testigos. La congresista Verónica Escobar advirtió públicamente que el DHS estaba intentando expulsar del país a quienes presenciaron el homicidio antes de que pudieran declarar en cualquier procedimiento. El patrón es coherente; los muertos no contradicen, los deportados tampoco. La única voz que permanece es la del ejecutor, corroborada por colegas que participaron en el mismo acto.

Víctor Manuel Díaz, nicaragüense de 36 años detenido en Minneapolis durante las redadas de enero y trasladado a Fort Bliss, murió el 18 de enero. ICE lo atribuyó a “presunto suicidio”. Su autopsia no será realizada por el médico forense civil del condado sino por médicos militares en un centro del ejército, fuera del escrutinio público. En las primeras tres semanas de 2026, seis personas han muerto bajo custodia de ICE. El ritmo es de una muerte cada tres días. Ninguna de estas muertes ha generado cargos contra personal de detención.

Conclusión

Minneapolis no es una anomalía sino un experimento. La pregunta que la administración Trump está respondiendo empíricamente es si la población estadounidense tolerará que agentes federales ejecuten ciudadanos en plena calle, los califiquen póstumamente de terroristas, reciban financiación colectiva como héroes y permanezcan en servicio sin consecuencias. Hasta ahora, la respuesta institucional sugiere que sí. El Congreso no ha recortado presupuestos. Los tribunales federales no han procesado ejecutores. Los testigos están siendo deportados. Los únicos que enfrentan consecuencias son los muertos y quienes exigen justicia por ellos. Cuando filmar a la policía se castiga con diez balazos y proteger a una mujer indefensa se clasifica como insurgencia armada, el Estado de derecho no ha desaparecido. Se ha invertido. Ahora protege exclusivamente a quienes disparan, y persigue a quienes filman…

G.S.

Fuentes

  • Wikipedia, “Killing of Renee Good”, actualizado enero 2026
  • Wikipedia, “January 24, 2026, ICE shooting in Minneapolis”, actualizado enero 2026
  • Wikipedia, “Camp East Montana”, actualizado enero 2026
  • NPR, “Man shot dead by federal immigration officers in Minneapolis”, 24 enero 2026
  • NPR, “Video shows fatal Minnesota ICE shooting from officer’s perspective”, 10 enero 2026
  • PBS News, “Mystery surrounds $1.2 billion Army contract to build huge detention tent camp”, agosto 2025
  • PBS News, “Man is shot and killed during Minneapolis immigration crackdown”, enero 2026
  • ACLU, “Demand Immediate Action After Federal Agents Kill Another Person”, 24 enero 2026
  • ACLU, “Human Rights Groups Urge ICE to End Immigration Detention at Fort Bliss”, diciembre 2025
  • Human Rights Watch, “US: Close Fort Bliss Immigration Detention Site”, diciembre 2025
  • Democracy Now!, “ICE Detention Expands Dramatically; 70,000 Immigrants Now Jailed”, enero 2026
  • The Philadelphia Inquirer, “People are dying in Trump’s squalid concentration camps”, enero 2026
  • El Paso Matters, “ICE’s massive East Montana Detention Facility opens at Fort Bliss”, agosto 2025
  • Common Dreams, “Investigation Demanded as ICE Reports Third Death at Texas Detention Center”, enero 2026
  • Rep. Pramila Jayapal, “Calls for Investigation of ICE Detention Centers and Contracts”, septiembre 2025
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SOBRE EL fundador

Gabriel Schwarb

Fundador y Editor en Jefe

Escritor suizo-colombiano, estratega en comunicación y narrativa, y Fundador y Editor en Jefe del medio independiente AcidReport. Escribe desde la frontera entre la memoria y el cansancio, sin pertenecer a ningún aparato, sin pedir permiso. No busca fama ni redención: busca precisión, contexto, verdad.

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Con una trayectoria de más de dos décadas en el campo visual y narrativo, su trabajo se sitúa en un territorio incómodo para el poder y ajeno al consenso. Publica para no olvidar, para no volverse indiferente, para dejar constancia. Rechaza el optimismo institucional y la neutralidad aparente del periodismo decorativo.

Desde Suiza, pero no desde el silencio, articula una escritura radicalmente independiente, anclada en la experiencia, el rigor y la sospecha permanente hacia todo discurso dominante.

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