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SÍNTESIS INICIAL
En 2 minutos, la mecánica de una represalia disfrazada de política comercial. El lunes 20 de enero, Gustavo Petro exigió públicamente la liberación de Jorge Glas; el miércoles 22, Daniel Noboa anunció desde Davos aranceles del 30% a Colombia por supuesta falta de cooperación antinarcóticos. Este texto demuestra que el argumento securitario es jurídicamente nulo en el marco andino, que las incautaciones conjuntas aumentaron 36,7% entre 2023 y 2025, y que la verdadera motivación es una vendetta personal elevada a política de Estado. Explica cómo la visita simultánea de Álvaro Uribe a Ecuador revela una coordinación regional de las derechas contra Petro, y qué implica para la Comunidad Andina como institución. Si solo puedes leer esto, quédate con esto; Ecuador acaba de sentar el precedente que permite destruir cualquier acuerdo comercial regional invocando la seguridad nacional.
El lunes Glas, el miércoles los aranceles
Jorge Glas fue vicepresidente de Ecuador durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno entre 2013 y 2017. Condenado a trece años de prisión por peculado en la reconstrucción tras el terremoto de Manabí de 2016, se refugió en la embajada mexicana en Quito hasta que Daniel Noboa ordenó su captura mediante un asalto policial al recinto diplomático en abril de 2024, una violación del derecho internacional que llevó a México a romper relaciones y a la suspensión de los gabinetes binacionales con Colombia. Desde entonces, Glas permanece en la Cárcel del Encuentro, el centro de máxima seguridad que Noboa construyó siguiendo el modelo de Nayib Bukele en El Salvador; no es cualquier preso sino el símbolo deliberado de la política de mano dura que constituye el eje de su campaña de reelección.
El lunes 20 de enero por la noche, Gustavo Petro publicó en X una fotografía de Glas con el uniforme naranja de recluso ecuatoriano. El mensaje era explícito; lo llamó “ciudadano colombiano” en referencia a la nacionalidad que le otorgó en septiembre de 2025, lo comparó con los presos políticos de Venezuela y Nicaragua cuya liberación había exigido, y afirmó que su estado físico evidenciaba “tortura psicológica”. La reacción de Quito tardó menos de cuarenta y ocho horas. El miércoles 22, desde los salones del Foro Económico Mundial en Davos, Noboa anunció una “tasa de seguridad” del 30% a todas las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero. El argumento oficial sostenía que los militares ecuatorianos “siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna” de Colombia.
DATO CLAVE:
Durante la crisis energética de 2024, cuando Ecuador enfrentaba apagones de hasta catorce horas diarias por la peor sequía en seis décadas, Colombia mantuvo el suministro de hasta 450 megavatios incluso atravesando sus propias dificultades hídricas. El ministro de Minas colombiano, Edwin Palma, lo recordó al anunciar la suspensión del servicio el 22 de enero de 2026.
El argumento que no existe
Las cifras del Ministerio de Defensa colombiano desmontan metódicamente la narrativa de Noboa. Las incautaciones de cocaína en operaciones conjuntas con Ecuador pasaron de 86.786 kilogramos en 2023 a 132.354 en 2024 y alcanzaron 195.862 kilogramos en 2025, un incremento del 36,7% en los municipios fronterizos durante el período que Noboa caracteriza como de “cero cooperación”. La Cancillería colombiana respondió con datos adicionales que el gobierno ecuatoriano prefirió ignorar; 91 coordinaciones conjuntas, 26 operativos binacionales, 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y la capacitación de 3.891 policías ecuatorianos en técnicas antinarcóticos. Si esto es ausencia de cooperación, resulta difícil imaginar qué constituiría una presencia.
El déficit comercial que Ecuador mantiene con Colombia, estimado entre 852 y 919 millones de dólares anuales según distintas fuentes, tampoco justifica la medida. Los déficits comerciales bilaterales son fenómenos estructurales que se negocian en mesas técnicas, no se resuelven con aranceles punitivos anunciados desde foros internacionales sin consulta previa. La Federación de Exportadores de Ecuador y la Cámara Colombo Ecuatoriana coincidieron en señalar que la decisión carece de sustento jurídico tanto en los acuerdos de la Comunidad Andina como ante la Organización Mundial del Comercio. El sustento jurídico nunca fue el punto; el punto era el gesto político hacia Washington y la venganza personal hacia Bogotá.
“La decisión de Noboa sobre los aranceles a Colombia busca agradarle al gobierno de Donald Trump, cuando ambos mandatarios amigos están en Davos.”
– Julio José Prado – , exministro de Comercio Exterior de Ecuador
Un precedente que destruye la CAN
La Comunidad Andina emitió un comunicado tibio solicitando a ambos países “postergar las medidas anunciadas” y ofreciéndose como mediadora. La tibieza del lenguaje revela la impotencia del organismo; después de décadas de erosión gradual, la decisión de Noboa constituye el golpe que convierte a la CAN en un cascarón burocrático sin capacidad de enforcement. Los tratados andinos establecen mecanismos específicos para resolver disputas comerciales; ninguno contempla la imposición unilateral de aranceles por motivos de seguridad nacional sin arbitraje previo ni presentación de pruebas. Ecuador simplemente ignoró esos mecanismos, estableciendo el precedente de que cualquier país miembro puede hacer lo mismo cuando le resulte políticamente conveniente. Si la seguridad nacional puede invocarse para anular compromisos comerciales sin necesidad de documentación, los tratados de integración regional se convierten en papel mojado sujeto al capricho del mandatario de turno.
La respuesta colombiana fue proporcional en la forma pero reveladora en el fondo. El gobierno de Petro anunció aranceles recíprocos del 30% sobre veinte productos ecuatorianos y suspendió las exportaciones de energía eléctrica a partir de las seis de la tarde del jueves 22. Pero la represalia fue más allá de la suspensión; el ministro Palma ordenó además desmontar una resolución recién publicada que habría permitido a empresas privadas vender electricidad a Ecuador, eliminando no solo el suministro actual sino también la infraestructura jurídica para ampliarlo. Ecuador contraatacó anunciando tarifas recíprocas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados. La espiral de represalias convirtió en menos de setenta y dos horas una demanda sobre un preso político en una guerra comercial y energética que afectará a millones de personas en ambos países.
La visita Uribe
El miércoles 21 de enero por la noche, mientras Noboa anunciaba los aranceles desde Suiza, Álvaro Uribe Vélez llegaba a Guayaquil. El jueves 22, el expresidente colombiano dictó una conferencia magistral titulada “Liderazgo y manejo de crisis” en la Universidad Espíritu Santo de Samborondón, ante un auditorio de ochocientas personas que incluía a Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional de Ecuador; Galo Lara, gobernador de Los Ríos; y José de la Gasca, exministro de Gobierno. Al término, la universidad le confirió un doctorado honoris causa y el alcalde lo nombró huésped ilustre de la ciudad. En el mismo evento participó Albert Dahik, el exvicepresidente neoliberal de los años noventa que huyó de Ecuador en 1995 acusado de malversación y hoy ejerce como catedrático en esa misma institución.
Las declaraciones de Uribe durante su visita merecen lectura atenta. Sobre los aranceles, afirmó que le habían “tomado por sorpresa” al enterarse la noche anterior, una afirmación difícil de creer dado que llegó a Guayaquil precisamente cuando Noboa hacía el anuncio. Sobre Noboa, declaró que “aplaudo la determinación del presidente Daniel Noboa” y expresó su deseo de que “ojalá tenga éxito” con sus políticas de seguridad. Propuso además “una especie de Plan Colombia para toda la región, que incluya a Colombia, Venezuela y Ecuador”, una formulación que implica intervención militar estadounidense en tres países andinos. Su llamado a “salvar lo que queda de la Comunidad Andina” resulta particularmente cínico cuando se pronuncia simultáneamente a la destrucción de esa misma institución por un aliado ideológico al que aplaude públicamente.
Subordinación preventiva
El análisis convencional sostiene que Noboa imita a Trump. La realidad es más inquietante; Noboa no imita, anticipa. La lógica de subordinación preventiva que caracteriza a las nuevas derechas latinoamericanas no requiere órdenes explícitas de Washington; funciona mediante la internalización de los deseos del hegemón y su ejecución espontánea como demostración de lealtad. Noboa anunció los aranceles desde Davos, donde coincidía con la delegación estadounidense más numerosa en la historia del foro. No necesitaba instrucciones de Trump; necesitaba que Trump lo viera actuar contra un gobierno de izquierda utilizando exactamente la retórica que la administración estadounidense ha normalizado desde enero de 2025.
La presencia de Uribe en Ecuador el mismo día añade una dimensión adicional. No se trata solo de subordinación al hegemón estadounidense sino de coordinación activa entre las derechas regionales contra el gobierno de Petro. El principal opositor interno del presidente colombiano viaja a recibir honores académicos y aplaudir públicamente al mandatario que acaba de declarar una guerra comercial contra Colombia, mientras propone extender el Plan Colombia a toda la región andina. La ironía temporal es notable; Trump y Petro tienen programada una reunión en la Casa Blanca para el 3 de febrero, apenas días después de que entren en vigor los aranceles ecuatorianos. Las relaciones entre Washington y Bogotá atraviesan un momento de distensión relativa; Noboa eligió precisamente ese momento para atacar, un intento evidente de sabotear ese acercamiento o de posicionarse como el aliado regional más confiable de Washington en la lucha contra las drogas.
Teatro electoral con daños colaterales
Daniel Noboa enfrenta elecciones este año. Su narrativa de campaña descansa sobre dos pilares; la mano dura contra el crimen organizado, simbolizada por la cárcel estilo Bukele y el conflicto armado interno declarado en enero de 2024, y la confrontación con el “castro-chavismo” regional encarnado en figuras como Petro y el propio Glas. La crisis con Colombia le permite activar ambos pilares simultáneamente, presentándose como el mandatario que defiende a Ecuador tanto de los narcotraficantes que supuestamente cruzan la frontera sin control como del presidente izquierdista que protege al “corrupto” Jorge Glas. Que las cifras desmientan la narrativa es irrelevante para efectos electorales; lo que importa es el gesto, la pose de firmeza, el espectáculo de soberanía.
Los daños colaterales de ese teatro electoral recaen sobre poblaciones que no votarán en las elecciones ecuatorianas. El intercambio comercial bilateral ronda los 2.700 millones de dólares anuales; los sectores más afectados serán el energético, petroquímico, farmacéutico, automotor y de maquinaria, que representan cerca del 49% de las exportaciones colombianas hacia Ecuador. Regiones como Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Bolívar verán impactos directos en empleo y producción. Del lado ecuatoriano, los consumidores enfrentarán aumentos de hasta 30% en productos esenciales importados desde Colombia, incluyendo medicamentos, artículos de limpieza y energía eléctrica en un país que apenas sale de una crisis de apagones masivos.
Conclusión
La crisis comercial entre Ecuador y Colombia no es una disputa sobre narcotráfico ni sobre déficits comerciales. Es la factura que Daniel Noboa le pasa a Gustavo Petro por defender a Jorge Glas, ejecutada mediante la importación del método Trump a las relaciones andinas y coordinada con la oposición colombiana que viaja a Guayaquil a recibir doctorados mientras aplaude la agresión. El precedente que sienta es más grave que los aranceles mismos; a partir de ahora, cualquier país de la región puede invocar la seguridad nacional para destruir acuerdos comerciales sin necesidad de pruebas, arbitraje ni consulta.
Lo que revela el episodio sobre la arquitectura política latinoamericana contemporánea es más perturbador que sus efectos económicos inmediatos. Las oligarquías regionales ya no necesitan órdenes de Washington para actuar contra gobiernos progresistas; han internalizado la lógica imperial hasta el punto de anticipar los deseos del hegemón y ejecutarlos espontáneamente como demostración de lealtad. Pero la novedad de enero de 2026 es la coordinación explícita entre mandatarios de derecha y oposiciones internas de países vecinos. Uribe aplaudiendo a Noboa en Guayaquil mientras Noboa ataca a Petro desde Davos no es coincidencia; es el funcionamiento visible de una internacional reaccionaria latinoamericana que ya no necesita golpes de Estado tradicionales. Basta con presidentes electos que compitan por el favor de Washington destruyendo desde adentro las instituciones de integración regional, mientras sus aliados ideológicos cruzan fronteras para legitimarse mutuamente…
G.S.
Fuentes
- Publicación de Gustavo Petro en X solicitando liberación de Jorge Glas, 20 de enero de 2026
- Publicación del ministro Edwin Palma en X sobre suspensión energética y resolución desmontada, 21 de enero de 2026
- Ministerio de Defensa de Colombia, cifras de incautaciones fronterizas 2023-2025
- Cancillería de Colombia, comunicado sobre cooperación bilateral en seguridad, 22 de enero de 2026
- Ministerio de Minas y Energía de Colombia, resolución de suspensión de TIE, 22 de enero de 2026
- Comunidad Andina, comunicado sobre medidas arancelarias, 22 de enero de 2026
- Declaraciones de Julio José Prado, exministro de Comercio Exterior de Ecuador, recogidas por Primicias
- Diario Expreso, cobertura de la conferencia de Álvaro Uribe en Universidad Espíritu Santo, 22 de enero de 2026
- Diario El Universo, entrevista a Álvaro Uribe sobre crisis bilateral, 22 de enero de 2026
- Revista Semana, doctorado honoris causa a Álvaro Uribe en Ecuador, 23 de enero de 2026
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